Comprendo el profundo dolor y la rabia de quienes pierden a sus seres queridos a causa de un brutal asesinato o sufren graves agresiones. Entiendo y comparto su lucha para que los verdaderos culpables sean descubiertos, procesados y condenados con la mayor pena posible entre las previstas por la ley. Incluso entendería que, si tuviesen posibilidad de ello, se tomasen venganza por su mano, aunque su acto deba ser condenado por la ley, con los atenuantes que pudieran corresponder.

Pero la ley no puede hacerse a la medida del "ojo por ojo" ni de la furia y desesperación de las víctimas. Y menos aún a la medida de la forma de entender el mundo y la convivencia social que tengan las víctimas, que pueden ser muy diferentes entre sí. Nadie tiene derecho, por ejemplo, a decir que los familiares de las víctimas reclaman la cadena perpetua o la pena de muerte. No, eso lo harán los familiares de algunas víctimas, influidas por su dolor pero también, claro está, por su previa manera de pensar. Solicitar la pena de muerte o la cadena perpetua es una opción política, cuya respetabilidad no aumenta ni disminuye porque quien lo demande sea víctima o simplemente partidario de la ley del talión. Rechazar ambos tipos de penas también es, claro está, una opción política, la mía.

Sí, entiendo a quien se arroja al cuello del asesino de un ser querido -no a los linchadores populistas- y tomaría en consideración su lugar de víctima si yo fuese juez o jurado; pero si alguien propone modificar las leyes que rigen nuestra convivencia no le reconozco ni un milígramo de autoridad adicional por haber sido víctima de una tragedia.

Yo estoy en contra de la cadena perpetua, incluso para mis peores enemigos. Lo estoy de forma absoluta, es decir, ahora no la apoyaría ni para Hitler, Franco, Pol Pot o Stalin redivivos. Hace ya muchos años, una querida amiga, Yolanda González, con la que compartía activismo en un partido político hoy disuelto, el Partido Socialista de los Trabajadores, fue secuestrada, torturada y asesinada por varios fascistas. Peleamos hasta la extenuación para lograr que éstos fuesen condenados y para que cumpliesen el máximo de pena posible. Pero en ningún momento pedimos cadenas perpetuas o penas de muerte. Sus asesinos están hoy en libertad.

La cadena perpetua es inhumana y cierra toda posibilidad de reforma o rehabilitación. La legislación española admite penas de hasta 30 años y prisión continuada durante 40 años. Imagínemos lo que son 40 años en la cárcel. ¿De verdad alguien cree necesario más castigo? ¿Qué se pretende con ello? Creo que toda persona, incluso aquellas de muy difícil rehabilitación, como es el caso de los maltratadores, los violadores, los asesinos en serie y los criminales inducidos por fanatismos políticos y religiosos, debe tener alguna oportunidad de cambio.

Algunos dirán que no piden la pena de muerte por odio y afan de venganza, sino para evitar que los asesinos vuelvan a matar. Pero eso carece de sentido, es una coartada ideológica sin sustento real. ¿Alguien puede decirme cuántos asesinatos se cometen en España cada año siendo el criminal alguien liberado tras cumplir al menos 30 años continuados en la cárcel? Alguno puede haber de vez en cuando, sin duda, pero se trata de casos absolutamente excepcionales; sería interesante que alguien hiciese un estudio al respecto. Desde luego, ninguno de los casos que más han conmocionado al público en los últimos años habría sido evitado por la cadena perpetua. Sin embargo, en uno de ellos habría bastado para impedirloSí, entiendo a quien se arroja al cuello del asesino de un ser querido
-no a los linchadores populistas- y tomaría en consideración
su lugar de víctima si yo fuese juez o jurado; pero si alguien propone
modificar las leyes que rigen nuestra convivencia no le reconozco ni un milígramo
de autoridad adicional por haber sido víctima de una tragedia. algo tan simple como un juez hubiese ejecutado una sentencia; y en otro, aunque nada puede asegurarse, tal vez habría sido útil que los jóvenes asesinos implicados hubiesen recibido durante varios años, en la escuela, en la familia y en la sociedad en general, buenas dosis de educación en eso que los obispos, despectivamente, tildan como "ideología de género", es decir, una educación no machista e igualitaria. A veces las pequeñas soluciones son mucho más eficaces que las propuestas "milagreras" y desmesuradas.

Se insiste en que en que "la cadena perpetua habría evitado muchas muertes". Digan cuántas. Digan cuántos asesinatos hay al año cometidos por personas que hayan pasado 30 años seguidos en prisión. Y si salen diciendo que lo que evitaría muertes sería el "efecto disuasión", ¿realmente alguien piensa que parará a un asesino pensar que en vez de 30 años de cárcel pueden ser 40, 50 o todo lo que le quede de vida?

Ya sé que ante la evidencia de lo dicho antes, también saltarán algunos diciendo que muchos asesinos no cumplen sus penas íntegras casi nunca y salen antes de los treinta años. Lo cierto es que en los últimos años ha aumentado considerablemente el grado de cumplimiento de penas para ciertos delitos, pero en todo caso tal argumento no se sostiene, ya que entonces el debate no debería plantearse en torno a la cadena perpetua sino al cumplimiento de las penas; pero éste se ha estirado ya tanto, al alargar la prisión continuada hasta 40 años y al establecer que los beneficios penitenciarios podrán aplicarse sobre cada pena y no sobre el tiempo máximo de estancia en prisión, que apenas les queda margen para seguir insistiendo en ello y muchos optan por pasar a palabras mayores, es decir, a aquello que realmente siempre han tenido en mente: la cadena perpetua o la pena de muerte, según los casos.

Todo esto no quiere decir que no se requieran reformas, especialmente en torno a los delitos fundamentados en una ideología violenta machista, racista, fundamentalista, homófoba o de terrorismo político. Así, por ejemplo, los criterios de evaluación de rehabilitación de este tipo de personas deben ser totalmente distintos, pues sólo pueden basarse en evaluaciones sobre el grado de ruptura con esas ideologías agresivas. Poco importa que hagan siete carreras en la cárcel y sean reclusos ejemplares si siguen pensando que las mujeres se merecen una "zurra", que un negro es "inferior", que a los "españolistas" hay que matarles, que a un "maricón" hay que exterminarle... Eso requiere un nuevo enfoque.
Soy consciente también de que con ciertos tipos de delincuentes violentos, con muy bajo índice de rehabilitación, se presentan serios problemas. Me refiero, por ejemplo, a  los violadores. Hay que tener en cuenta la seguridad de las mujeres, pues la reincidencia es muy alta y las supuestas alternativas "químicas" no serán eficaces, ya que la violación no responde a un impulso "irresistible" de gratificación sexual sino a un impulso político de dominación. Por ello, en estos casos creo que habría que estudiar la posibilidad de que, en base a una evaluación sicológica y bajo control y seguimiento judicial, puedan establecerse ciertas formas de discreta vigilancia policial tras el cumplimiento de las penas.
Tampoco niego que en algunos delitos se requiera una revisión de penas. Por ejemplo, me han llamado mucho la atención las escasas penas por abuso sexual de menores de 13 años, delito que en la mayor parte de los casos es cometido por personas con cierta autoridad sobre las criaturas: familia, amistades de la familia, etc. Me parece inadmisible que un padre culpable de abusos sexuales contra una hija menor de 13 años pueda salir con condena de un año (y la patria potestad no se le puede quitar por un período mayor a seis años) mientras que, por ejemplo, un "mantero" puede tener una condena de hasta dos años. Una sociedad que pondera así la criminalidad de los delitos es una sociedad enferma. A mí entender, las penas altas de nuestros código penal no requieren especial revisión, pero en las penas menores hay algunas escandalosamente bajas y otras excesivamente grandes, reflejando una sociedad más preocupada por la propiedad que por la libertad y seguridad de las personas. Desde luego, me parece mucho más importante y razonable elevar las condenas por abusos sexuales a menores de 13 años, que actualmente están entre uno y tres años solamente, que hacer paripé electoralista hacia la galería elevando la edad de consentimiento de los 13 años a los 14 ó 15 años (edades también protegidas si media engaño), que es de lo que se está hablando en las Cortes últimamente. Me parece simplemente escandaloso, y revelador de una moral hipócrita, que llegase  a tener la misma calificación penal la relación sexual consentida entre una persona de 18 años y otra de 15 que los abusos sexuales de un padre sobre su hija de ocho años. Carnaza electoralista.
Esto, por cierto, liga con otro debate social que resurge cada cierto tiempo: el trato penal a los delitos cometidos por menores. ¿Demasiado duro, demasiado suave? Yo creo que, sin duda, requieren un trato especial, más abierto a la rehabilitación, de forma que un chaval de 14 años no se encuentre con toda su vida echada abajo. También es cierto que algunos se ven implicados en crimenes horribles. Mi opinión es que todas las responsabilidades deben ir juntas, siendo partidario de establecer la mayoría de edad en los 16 años, con todos los derechos y deberes que eso implica. Lo defendí de joven y lo defiendo de sesentón. Por debajo de esa edad, sin duda, hace falta un régimen diferente al de los adultos, mucho más fléxible y reeducador. No creo que haya que endurecer las normas vigentes al respecto, sino hacer un esfuerzo mucho mayor en cuanto a medios humanos y materiales en la tarea de atención a esos menores, y no sólo una vez que ya han delinquido.

Sí, son muchas las cosas que hay que hacer en el ámbito de la Justicia. Pero entre ellas no se cuenta la instauración la cadena perpetua, que, al fin y al cabo, es una especie de "pena de muerte" social.