El Gobierno del Estado ha dictado un Real Decreto para aplicar una parte de la llamada "ley de la memoria histórica". Se trata, en concreto, de aquella disposición que preveía el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal o familiar de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, como consecuencia de sus opciones políticas, ideológicas o religiosas.
Este decreto viene condicionado por las limitaciones de la ley, las cuales en su momento ya fueron objeto de muchos comentarios por parte de quienes aspirábamos a más, especialmente en la cuestión de la revisión de los procesos represivos, consejos de guerra, o, también, en la exigencia de responsabilidades. Partiendo pues de este punto de partida y de que hoy podemos ya pedir la aplicación de la ley, desde cuya aprobación ha pasado un año, redacto estas notas, a los efectos de la inmediatez practica.
Pues bien, el decreto del que estamos hablando, cuya publicación se produjo el 17 de noviembre de 2008, establece el procedimiento “reparador”, una especie de tramite en manos del Ministerio de Justicia, en tanto que administración, señalando los documentos a aportar, indicando quienes pueden iniciar las actuaciones así como otros detalles. El resultado final es una declaración formal sin efectos económicos, ni anulatorios de sentencias o sanciones. Debemos reparar como muchos actos considerados ilegales se sancionaban gubernativamente con multas, coincidentes con privaciones de libertad, como yo mismo sufrí.
De especial interés puede ser el apartado correspondiente a la legitimación, es decir, aquello que afecta a quien puede pedir la reparación, o sea, las personas que pueden considerarse como perjudicadas por los hechos injustos que entran en el ámbito de la ley, y aquí, precisamente, creo que hay una vía muy positiva y que podría dar mucho juego, siempre y cuendo concurra la voluntad de recuperar la memoria y no su ocultación, como pretende nuestra derecha. Veamos pues.
Obviamente, las victimas directas pueden ser las primeras peticionarios de la reparación, o también sus familiares o herederos o  aquellas instituciones públicas en las que hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante, previo acuerdo de su órgano colegiado de gobierno, respecto de quienes carezcan de cónyuge o de los familiares hasta el segundo grado que puedan hacerlo. La aplicación de este supuesto último alcanzaría a muchas victimas que lo fueron por su trabajo y compromiso con las instituciones, tales como concejales, alcaldes, gobernadores civiles, miembros de gobiernos y órganos parlamentarios, gobiernos autonómicos, rectores o decanos, directores de centros públicos, etc.
Podríamos confeccionar una larga  lista de personas relevantes que merecerían la rehabilitación. Seguramente, los familiares de muchas de éstas, en la medida que se vaya conociendo el camino a seguir, tomarán iniciativas. Restarían los casos de personas sin familiares próximos, y en estos casos la tarea que se abre implicaría que la ciudadanía debería asumirla, exigiendo a ayuntamientos y a las otras instituciones que pidan la reparación.
No somos optimistas, va a haber dificultades, pues continuaran las resistencias a pesar de la timidez de la ley, que, por ejemplo, no ha resuelto el problema de. Tenemos en estas latitudes una derecha muy  dura, reacia a seguir el camino de sus homólogos europeos Ahí tenemos, como se sabe,  las excusas que se están poniendo en muchos ayuntamiento para no retirar honores  al dictador y represor Franco, o a cambiar nombres de calles; baste  constatar como en el País Valenciano, o Comunidad Valenciana, todavía podemos circular por calles con los nombres de la  dictadura.
Así pues, seremos nosotros, ironías del presente, los más críticos con la ley por sus límites, quienes tendremos que insistir en aplicarla en aquello que es posible, y no bajar la guardia, todo ello sin renunciar a que cuando haya ocasión se pueda revisar y ampliar la ley de la memoria, haciendo posible una real justicia histórica, con la revisión de los procesos o nulidad de los fallos arbitrarios, o el reconocimiento de los derechos de la guerrilla o maquis.