Entre 2004 y 2008, España tuvo por primera vez al frente del Ministerio de Medio Ambiente a alguien que sabía de lo que hablaba y creía en lo que decía. Era un paso de gigante en un área que hasta ahora había sido considerada como un adorno. Si la gestión del equipo de Cristina Narbona no fue más lejos, fue por falta de competencias de su Ministerio y la resistencia en el resto del Gobierno.
En 2008 no solamente desaparece el Ministerio de Medio Ambiente, integrado en Agricultura, sino que además se pone al frente del mismo a una persona particularmente significada en la anterior legislatura por su oposición a la Nueva Cultura del Agua o su defensa de un modelo agrícola insostenible, basado en una sobreexplotación de recursos, uso abusivo de fertilizantes y pesticidas, vía libre a los cultivos transgénicos, ganadería intensiva o sobrexplotación de caladeros pesqueros.

Únicamente en el sector enegético se mantienen objetivos como el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética, aunque sólo sea por la necesidad de reducir la enorme dependencia energética exterior. Mientras, el lobby pro-nuclear sique presionando para alargar la vida de las centrales existentes en contra del compromiso del Gobierno de respetar los planes para su progresivo cierre al expirar su ciclo de vida útil. Ahora, alentados por los planes nucleares de otros países europeos como Italia.
Dicen que Narbona pisó muchos charcos y que la vicepresidenta acabó hartándose. A la guerra del agua, la defensa del litoral, las críticas a los transgénicos o el agotamiento de los caladeros pesqueros, se sumaron cuestionamiento de la caza o los toros, ese tótem sagrado de la más rancia cultura carpetobetónica.
Uno de los propósitos de la Nueva Cultura del Agua impulsada por Narbona consistía en el pago por el consumo real de agua en el sector agrícola frente al actual pago por derecho de riego, como forma de impulsar el ahorro y la eficiencia en el consumo de un bien tan escaso. Tras el retroceso de la Nueva Cultura del Agua, que se queda sin defensores dentro del Gobierno, pocos avances cabe esperar en las necesarias “nuevas culturas” del territorio, del transporte, del consumo o la generación de residuos.
La irrupción de la crisis parece haber dado nuevos argumentos a los defensores del crecimiento a toda costa (nunca mejor dicho si pensamos en el litoral mediterráneo). Como resultado volvemos a los trasvases, a las grandes infraestructuras, a la inversión en obra pública sorteando la legislación en materia de protección ambiental.
Algunos pensamos que la crisis, más allá del capitalismo de casino con sus escandalosas quiebras financieras, es una crisis civilizatoria, que muestra claramente los límites del crecimiento vaticinados hace ya más de medio siglo por la comunidad científica. Mientras, otros siguen pidiendo, como los hermanos Marx, más madera, olvidando que cuando hayamos quemado todo el tren ni siquiera la locomotora podrá seguir circulando.
El pasado 12 de febrero Andrés Rábago, ‘El Roto’, recibió el Premio para la Nueva Cultura del Territorio de la Asociación Española de Geógrafos y del Colegio de Geógrafos de España. Yo veo que nuestro Medio Ambiente es nuestra mente y es la transformación de la mente la que transformará nuestro entorno, porque nuestro entorno es nuestra forma de pensar y de ser. Lo que vemos son nuestros deseos expresados en ladrillos, manifestó El Roto al recibir este galardón. Él mismo ha señalado que mediante sus dibujos trata de canalizar emociones que preocupan a la sociedad.
Durante el evento autoridades del campo de la geografía analizaron la gestión del territorio en tiempos de crisis, así como la especulación urbanística del país y la visión desde Europa de la ocupación territorial española, e hicieron una llamada ante la necesidad de transmitir un mensaje claro sobre el territorio a los ciudadanos. El presidente del Colegio de Geógrafos, Antonio Prieto, afirmó que es el momento de reconocer, tanto políticos como ciudadanos, los errores cometidos en cuanto a la gestión del territorio se refiere.

Pocos días antes en Bruselas, se votaba en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el tercer informe sobre el Urbanismo en España, extremadamente crítico, que fue aprobado por mayoría pese a la oposición del PP y el PSOE. Eurodiputados socialistas manifestaban en privado que “los trapos sucios hay que lavarlos en casa”, pero socialistas y populares británicos, alemanes, etc., alarmados por la vulneración de derechos de sus ciudadanos residentes en España aprobaron el informe que pasará ahora al pleno del Parlamento para cuestionar por tercera vez el urbanismo en España.
Es cierto que los desastres urbanísticos suceden en todos los estados de la UE, pero ninguno tiene las dimensiones de la urbanización desbocada en España, particularmente en el litoral mediterráneo y las islas Baleares y Canarias, vulnerando todo tipo de directivas europeas, desde la Directiva Marco del Agua -300 proyectos urbanísticos en Murcia, Valencia, Castilla La Mancha y Andalucía no tienen garantizado el abastecimiento de agua- o la Directiva Habitat, que protege los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000, hasta directivas que regulan la contratación pública y hasta el sacrosanto derecho de propiedad.
Aquí también una de las iniciativas del extinto Ministerio de Medio Ambiente a fin de proteger el litoral, deslindando el terreno de uso público, impidiendo la compraventa de viviendas construidas en el mismo y propiciando la compra de terrenos por parte del Ministerio para su protección, ha sido sorteada por la puerta de atrás, a través de la legislación sobre navegación marítima, que legaliza de hecho cientos de miles de construcciones en primera línea del litoral que ahora podrán ser vendidas sin cortapisas.

Lo lógico sería aprovechar la crisis para cambiar un modelo de desarrollo insostenible que nos lleva al desastre. Una economía como la española, que ha basado su crecimiento en el ladrillo, el enriquecimiento rápido por la vía del “todo urbanizable”, con una gravísima afectación a su patrimonio natural y su futuro, ve ahora agravada la crisis por el parón del sector de la construcción y una tasa de paro a la cabeza de la UE.
Sin embargo la crisis debería hacernos reflexionar sobre el despilfarro que supone nuestra manera de producir, consumir, transportar, en un mundo con recursos finitos cada vez más agotados. Una respuesta ecológica ante la crisis pasa necesariamente por la eficiencia y el ahorro, pero también permite el desarrollo de nuevos empleos, en sectores como la reutilización y el reciclaje, imprescindibles para reducir la generación de residuos, la rehabilitación de los cascos históricos de ciudades y pueblos en el sector de la construcción, el desarrollo rural a través del impulso de los productos autóctonos agrícolas y ganaderos de calidad y bajo impacto ecológico, o el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la comunicación.

En el sector del Transporte, el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) apuesta por la idea de autovías y AVE para todos, como motor de la vertebración del territorio y el desarrollo. Sin embargo, la carretera está enormemente sobredimensionada frente al ferrocarril, tanto en tráfico de pasajeros como de mercancías, con las conocidas consecuencias de emisiones de CO2, dependencia energética y brutal impacto de las infraestructuras sobre el territorio. Por otro lado, el AVE, indudablemente más eficiente que el avión, ha relegado a un segundo plano el ferrocarril convencional, reduciéndose la oferta con la desaparición de servicios, líneas o estaciones, lo que expulsa del transporte ferroviario a una importante masa de usuarios y amenaza el futuro de las pequeñas poblaciones en las que nunca parará el AVE.

Por último, el Gobierno ha anunciado su propósito de incumplir el compromiso de impulsar una ley de bienestar animal. Un “sector” en el que también España se halla negativamente a la cabeza de Europa, con el mayor número de animales domésticos abandonados y maltratados.
Mientras la derecha moviliza a sus lobbies taurino o cinegético –recordemos la manifestación de cazadores en plena campaña electoral en las generales de 2004- el Gobierno pierde a su ministro de Justicia en un episodio que recuerda a “La escopeta nacional” de Berlanga. Más allá de la imprudente coincidencia de Bermejo y Garzón en un acto público, lo verdaderamente obsceno es verles disfrutando junto a los cadáveres de sus indefensas víctimas por mero deporte. Algo que sin duda ofende la sensibilidad de un creciente número de ciudadanos en este país. Aquí, el Gobierno y una parte significativa de la izquierda tradicional, tanto socialista como comunista, se halla muy lejos de los nuevos valores que cuestionan una visión antropocéntrica del mundo y ponen en valor no solamente los ecosistemas de los que dependemos para nuestra supervivencia sino también el respeto hacia otras especies no humanas que sienten y sufren la crueldad y la avaricia del mayor depredador del planeta. En cuanto a la tauromaquia y pese al fervor taurino de algunos iconos de la cultura progresista, una nueva cultura del trato hacia los animales va abriéndose camino en la sociedad superando el ámbito minoritario del activismo para saltar al debate público. Así lo pone de manifiesto la Iniciativa Legislativa Popular ante el Parlament de Catalunya para suprimir las corridas de toros en esta Comunidad.
Puede que el sufrimiento de los animales no sea una prioridad para una sociedad abrumada por la crisis económica y el aumento del paro, sin embargo en el imaginario colectivo existe cierta relación entre el “derecho” del ser humano a sacrificar en la plaza pública a un animal no humano, sin plantearse siquiera su innecesario y brutal sufrimiento, y el derecho a modificar hasta el mismo clima del planeta, por no hablar del sacrificio de ríos, mares, océanos, montañas, para satisfacer supuestas necesidades en muchos casos totalmente supérfluas y prescindibles.
Frente a la crisis: menos cemento y más conocimiento Es hora de hablar del decrecimiento: consumir y despilfarrar menos a fin de lograr una sociedad más equilibrada y en armonía con el planeta.