Sin general sorpresa -¿por qué será?-, hemos conocido el auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la causa seguida contra el presidente, Francisco Camps, y otros altos cargos de la Comunidad Valenciana y del Partido Popular.
Lo primero que llama la atención es que uno de los jueces, Juan Luis de la Rúa, que además preside el tribunal, no haya objetado su condición de amigo, más que amigo, de Camps para evitar pronunciarse en este auto. Desconozco los entresijos del sistema judicial, pero algún mecanismo de sustitución debe de estar previsto para alejar las sombras de parcialidad que puedan empañar la administración de justicia en casos como este.
Dos de los tres magistrados, un tercero disiente, se han comportado como hábiles alfayates y le han cortado a Camps un auto a la medida: que el presidente y otros cargos de la Comunidad reciban regalos no es delito, por lo tanto el caso debe archivarse, y a otra cosa.
El tribunal no ha querido ir más allá investigando los indicios para hallar las pruebas, y de un hábil tijeretazo ha cortado cualquier vínculo entre los regalos recibidos por altos cargos políticos valencianos y una extensa trama empresarial que está siendo investigada por corrupción.
A los jueces no les ha suscitado la menor sospecha la actitud de Camps, que no recibió los regalos por sorpresa, sino al contrario se prestó a colaborar con las dádivas: los zapatos eran de su número y los trajes eran de encargo y se los probaba, a veces de madrugada, hasta que le sentaban como un guante; eran trajes a medida; regalos a medida, a medida de su cuerpo y de su cargo. Lo que el TSJV no ha querido investigar es si también eran a medida de los negocios de Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo. El que Camps, primero,  haya negado haber recibido los regalos y saber algo de la trama, para luego reconocer que tiene en el Bigotes a un amigo del alma y afirmar, sin pruebas, que ha pagado los trajes, no les ha merecido a los jueces la menor consideración.  
Tampoco les ha suscitado la menor sospecha que Orange Market también haya enviado regalos a otra decena de personas que ocupan cargos públicos valencianos o son dirigentes del Partido Popular, ni que la trama tenga su continuación en la Comunidad de Madrid. Ni tampoco les ha generado la mínima alarma conocer que la Comunidad valenciana ha adjudicado a las empresas de Correa 45 contratos, de los cuales 30 han sido a dedo, después de haber sido troceados para evitar su adjudicación mediante concurso público.  
Para Rajoy, que cree que la justicia es sólo para los pobres, la decisión del tribunal valenciano es el triunfo de la justicia. Se equivoca. No es el triunfo de la justicia, sino de su concepción de la justicia; es el triunfo de la presión política de sobre una administración de la justicia en la que predominan los valores conservadores. Rajoy saluda el auto, porque es la negación de la justicia, ya que sustrae a miembros del PP de su campo de acción y, además, a sus cargos públicos de la obligación de rendir cuentas. Saluda la decisión del tribunal porque es un auto a la medida de Camps, a la medida del PP, y sobre todo, a su medida, a ver lo que puede rebañar, pues Rajoy sigue suspendiendo en las encuestas (en la última del CIS, va en cuarto lugar en la valoración de dirigentes).
Con este auto, los jueces valencianos han dado un paso adelante para alentar la corrupción, en vez de combatirla. Hoy puede ser un buen día para Rajoy y sus adeptos, pero es un mal día para los ciudadanos que desean que la justicia alcance a todos por igual y que la gestión de lo público sea más transparente.