Si no rectifica, Cospedal no puede seguir siendo secretaria general del PP ni un minuto más. Y si no hace lo propio, tampoco Trillo puede seguir como portavoz de Justicia del PP en el Congreso. Las ofensivas declaraciones de Cospedal, si es que no lo eran, ya se han convertido, por razón de su cargo, en opinión general del partido: ya forman parte de la línea política, y lamentablemente son coherentes con la trayectoria del PP. En este aspecto, nada nuevo bajo el sol. El mismo sol que alumbra los desvaríos y la cara dura de Trillo, un auténtico especialista en defender labores de “fontanería” con argumentos patrióticos, y un verdadero agravio para la justicia mientras siga encargándose de ella.

O ambos se retractan de lo que han afirmado o aportan en los tribunales las pruebas de los delitos de los que acusan al Gobierno. No puede haber término medio. Y si no dimiten, deben ser cesados por Rajoy, si es que tiene agallas para eso.

Y si no dimiten ni son cesados, el que tiene que actuar es el Gobierno, que, en nombre de la ciudadanía -toda, no sólo de sus votantes- y de las instituciones atacadas por el PP, debe acudir a los tribunales para defenderse y defenderlas. No puede aguantar estoicamente que el PP le acuse, sin pruebas, de cometer hipotéticos delitos ni consentir que los genoveses utilicen la calumnia en la confrontación política. En política, la mentira y mucho más la calumnia no pueden quedar impunes. También debe desterrarse de la confrontación política el ataque infundado del PP a las instituciones, sólo porque las cosas no le salen bien. Como cuando perdió las elecciones de 2004, ya tenemos de nuevo al equipo dirigente del PP propalando mentiras y denunciando una conspiración universal contra su partido, y como entonces, sin aportar ni una sola prueba. Hay que terminar de una vez con el jueguecito de acusar sin pruebas y dejar para los demás el ímprobo trabajo de desmentir las mentiras y de probar la falsía de las falsedades. Ese no es un juego político decente.

Ni la cortesía parlamentaria, ni la tolerancia en el debate político, ni tampoco el buen talante con quienes lo tienen tan malo, son admisibles en este caso. Allá cada uno de los miembros del Gabinete si personalmente deciden responder con el desdén, con sonrisas o con muecas, a tales ataques, pero en nombre de instituciones que representan a toda la ciudadanía, el Gobierno debe de actuar y llevar ante la justicia a quienes han hecho de su desprestigio una parte de su estrategia política, porque, en realidad, las instituciones les importan muy poco.

La conclusión es que el derecho, la justicia, el interés nacional, la legitimidad del sistema representativo y el arteramente invocado Estado de Derecho, a los dirigentes del PP les importan poco, porque poco hicieron para traerlos.

Ese meritorio trabajo -duro, arriesgado, ilegal y perseguido- recayó en la izquierda antifranquista, y Alianza Popular, el antecedente del PP, durante la Transición fue a rastras tratando de frenar la reforma, de conservar lo más posible de la legislación franquista, y eso se sigue notando años después. En el PP añoran la dictadura, en la cual podían hacer lo que querían, cuando querían y cómo querían. Y en la que no existía la corrupción, porque no se podía hablar de ella. Ahora pretenden que no se pueda juzgar a los corruptos.