Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias también al Consejo de la Juventud por acogernos. A continuación intervendrán Lorena Abascal, Lucía Mazarrasa, Isabel Soriano, Justa Montero y Margarita Pintos. Estas compañeras tratarán con mucho detalle los aspectos principales del tema que nos ocupa, así que yo me voy a limitar a comentar los orígenes de este acto y a señalar, desde mi punto de vista, algunos de los aspectos  que nos preocupan y nos han unido.

Convocamos este acto desde la plataforma Mujeres ante el Congreso, formada por más de cincuenta organizaciones -posteriormente, ya unas ochenta- firmantes del manifiesto del mismo nombre y del que presentamos una primera versión el 11 de marzo en el Congreso de diputados.
Nos hemos unido porque hay síntomas de que la reforma de la ley del aborto puede ser insuficiente e incluso regresiva en algunos aspectos respecto a la legislación actual. Tenemos esa inquietud sobre todo tras la salida del informe de la Comisión experta y los comentarios que al respecto se hicieron desde el Gobierno, así como por lo que sabemos sobre el anteproyecto que al parecer mañana mismo aprobará el Consejo de ministros (como efectivamente ocurrió el 14 de mayo).

Lo primero que quiero decir es que no vamos a admitir que casos que hoy tienen solución en la ley se queden sin ella. No es justo ni hay razones para ello. Me preocupa de forma especial el que se proponga recortar el supuesto de riesgo para la salud de la mujer. Como sabéis, ahora en caso de grave peligro para la vida o salud de la mujer el embarazo se puede interrumpir voluntariamente durante toda la gestación. Pues la Comisión experta ha propuesto limitar ese derecho a las primeras 22 semanas. El Gobierno ha asumido esa propuesta e incluido en el anteproyecto esta indicación supuestamente permisiva pero restrictiva respecto a la regulación vigente: “Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija”. Pero eso es un retroceso, porque antes este supuesto abarcaba todo el embarazo y porque, incluso en las primeras 22 semanas, se pasaría a exigir dos dictámenes previos donde ahora sólo se exige uno. No se puede admitir que la reforma se haga a costa de las mujeres en peligro. No puede ser que ellas paguen el pato de la campaña demagógica sobre las “trituradoras” que hizo la derecha, quitándolas su derecho a partir de 22 semanas y un día de embarazo y, hasta la semana 22, alargando la ruta del calvario por el que pasan las mujeres que deciden abortar por estar en riesgo su salud.

Y no nos sirve que nos digan que el informe de la Comisión de expertos sugería, no muy claramente, la posibilidad a partir de la semana 22 de un “parto inducido”, entre otras cosas porque sólo se relaciona con la “prevalencia de la vida de la madre” y no, como la legislación vigente, también con los graves peligros para la salud no inmediatamente letales. Por otra parte, el anteproyecto del Gobierno ya no nombra estas situaciones, así que nos encontramos ante una clara restricción de un derecho existente que, además, abre la posibilidad de denuncias contra partos inducidos alegando que no había riesgo para la vida y que son abortos encubiertos en condiciones no protegidas por la ley.

Es muy importante recordar que el derecho a abortar durante todo embarazo por razones de salud ya cuenta con el visto bueno del Tribunal Constitucional, así que sería un disparate recortarlo ahora por decisión política parlamentaria de la mayoría progresista, cuando algunas de las otras propuestas se están justificando con las dificultades que puede haber ante el TC. No sé cómo lo ven las amigas juristas, pero me preocupa en que situación horrorosa nos encontraríamos si la nueva ley elimina el supuesto actual de riesgo para la salud de la mujer durante todo el embarazo, que ya cuenta con el aval del TC, pero éste se carga el periodo de libre decisión, sobre lo que aún no hay opinión de ese tribunal con lo cual podríamos quedarnos con una situación muy complicada y mucho peor que la actual.

A cambio de ese recorte, proponen un plazo libre de 14 semanas. Es muy restrictivo. Debería primar la libre decisión de la mujer durante todo el embarazo, pero incluso dentro de las leyes de plazos no proponen imitar a las  legislaciones más avanzadas de nuestro entorno, sino a las más restrictivas. Las 14 semanas dejan fuera a muchas situaciones, especialmente a las más vulnerables. Por ejemplo, puede ser el caso de algunas mujeres jóvenes o mujeres en situación de marginación social, pues mientras comnocen o aceptan su situación, buscan ayuda, información, etc., pueden sobrepasar este plazo fácilmente.

Además, estoy en contra de que se ponga el foco en unos supuestos  derechos del feto por encima de la decisión de la mujer, y en estas propuesta de reforma a partir de las 22 semanas las mujeres prácticamente desaparecen y la situación del feto prima sobre todo lo demás, incluso sobre la salud de la mujer embarazada. En realidad se sigue queriendo imponer a las mujeres “causas buenas “ y “causas malas” ajenas a su opinión.

Un plazo que no alcance las 22 semanas obliga para no perder más derechos a que se mantenga como causa el riesgo de malformaciones fetales. Eso nos coloca en muy mala posición, porque no es posible defender éticamente que un feto con anomalías tiene menos derechos que otro feto sin ellas. Para salir de esa trampa en que se meten quienes limitan el derecho a elegir hay que hablar de los derechos de las mujeres. Las únicas causas validas son las que en cada momento tenga la mujer. Y no tiene que dar cuenta de ellas. La causa es que ella tiene sus motivos y ella lo decide. No asumir eso nos mete en un callejón sin salida.

Tampoco parece sensato que se proponga que las mujeres que decidan abortar tengan que volverse a casa tres días a “reflexionar”, como si fuésemos irresponsables. Ni que la información sobre las diferentes ayudas a la maternidad se den justamente a las mujeres que han tomado la decisión de interrumpir su embarazo en lugar de dársela a las que han tomado la decisión seguir adelante con él, que sin duda va a serles más útil.

Sí estoy muy de acuerdo con que las jóvenes mayores de 16 años tomen su decisión, y, dicho de paso, con la venta en farmacias de la píldora del día siguiente. En esto hay que pedir que no retroceda el Gobierno. Más aún, hay que pedir que se considere la situación de las mujeres menores de 16 años, porque sea cual sea tu edad el parir o abortar no es algo que nadie pueda decidir por ti. Y hay casos muy graves, como las jóvenes tuteladas por las comunidades autónomas o las que sufren abuso sexual y violación familiar, que a veces da lugar a embarazos.

Termino recordando que con estas propuestas queda sin resolver uno de los motivos que llevó al Gobierno a reformar la ley, la inseguridad jurídica de las mujeres y la desprotección de su intimidad. Mientras la interrupción voluntaria del embarazo quede como delito en el código penal, en todo lo que no sea el plazo de libre decisión la mujer está expuesta a sufrir denuncias y a tener que demostrar que ha actuado dentro de alguno de los supuestos permitidos por la ley, así el resultado va a ser que, una vez pasada la semana 14, la situación empeore en unos casos y en otros siga la inseguridad. Además, aunque en el caso de las mujeres que abortan el anteproyecto elimina la pena de cárcel y deja sólo la de multa, para el personal sanitario se mantiene la de cárcel y se crea una figura de inhabilitación si no se entrega a la mujer embarazada el sobre informativo o no se esperan los tres días de “crucifixión”, digo, de reflexión.

Aquí termino. A los grupos y asociaciones os propongo que os unáis a la plataforma Mujeres ante el Congreso, para seguir presionando y con movilización lograr una ley avanzada. Las cosas pueden empeorar, quedarse como están o mejorar. Depende de lo que hagamos ahora. No hay que pararse, porque lo que salga ahora va a afectar a la vida de muchísimas mujeres durante muchos años. Y también debemos buscar puntos de acuerdo entre diversas plataformas, aunque haya matices entre nosotras, por ejemplo con el manifiesto de nosotrasdecidimos.org hay bastantes puntos de convergencia, desatendidos casi todos ellos por el anteproyecto, así que bien podríamos hacer juntas bastantes propuestas.

Me diréis que no he hablado de la derecha y de la Iglesia. Pero ahora hay un gobierno de izquierda y una mayoría de izquierda en el Parlamento, así que lo que debe preocuparnos no es tanto que la Iglesia diga los disparates que siempre ha dicho sino que corrompa la ley que necesitamos. No debe preocuparnos la Iglesia, sino que se ceda a las presiones de la Iglesia. Trabajar por una buena ley es la mejor respuesta que podemos dar a esa gente.