Algunos analistas participan de la reflexión de que los graves problemas de la economía española se deben exclusivamente a la crisis financiera internacional. Mas, al contrario, el haber apurado los márgenes de un modelo productivo concentrado en el continuo incremento del precio de la vivienda y en las operaciones inmobiliarias ha derivado en una insuficiente capacidad para competir con terceros de los bienes y servicios españoles, como lo demuestra el abultado déficit de la balanza de pagos, el fuerte endeudamiento de familias y empresas y una gran deuda de las entidades financieras. Y como nada en economía sucede impunemente, al final la cadena se rompe por el eslabón más débil: los trabajadores. Somos conscientes de que será necesario cambiar muchas cosas, y algunas las apuntaremos brevemente en esta opinión, pero nuestra prioridad, por encima de cualquier otra, será atender las demandas de los asalariados, especialmente las de aquellos y aquellas que la crisis y un modelo de crecimiento injusto han expulsado del mercado de trabajo.

En julio de 2008, el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales suscribieron la denominada “Declaración por el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social”. El Ejecutivo, entonces, se resistía a hablar de crisis como insistían los sindicatos (prefería referirse a la desaceleración) y todos compartían la necesidad de reforzar la concertación social.
En menos de un año la situación económica se ha deteriorado hasta tal punto que ya superamos los cuatro millones de parados, hemos entrado en recesión y la inflación que hace un año se desbocaba amenaza ahora con derivar en deflación. Por otro lado, el diálogo social mantenido hasta la fecha no sólo no ha arrojado resultados positivos sino que ha cosechado sonoros fracasos: no se ha podido renovar el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva dadas las pretensiones empresariales de abaratar el despido, reducir las cuotas a la Seguridad Social, generalizar los descuelgues o congelar los salarios, mientras el Gobierno decidía aumentar la protección al desempleo e incentivar la contratación sin el acuerdo de sindicatos y organizaciones empresariales. El diálogo social, en su versión convencional, no pasa por su mejor momento.
Si a todo ello sumamos las iniciativas políticas del G20 para hacer frente a la crisis económica y financiera, con algunos avances pero todavía descoordinadas e inconexas, no parece fácil ver el final del túnel.

En estas condiciones, CCOO considera imprescindible dar un nuevo impulso a la concertación social y propone un Pacto por la Economía, el Empleo y la Cohesión Social para cambiar el patrón de crecimiento que ha seguido la economía española, apostar por una base industrial sólida que invierta en I+D+i, mejorar el sistema educativo y consolidar y ampliar nuestro sistema de protección social.

Lo primero, las personas

La caída de la actividad económica está suponiendo una destrucción de empleo a un ritmo de 150.000 parados mensuales. Una parte significativa de ellos son jóvenes, mujeres e inmigrantes. En estos momentos, cerca de un millón de personas no cobran prestación del sistema público y el riesgo de exclusión social es evidente. Para evitarlo tenemos que ampliar y mejorar la protección al desempleo; incentivar la Renta Activa de Inserción; coordinar con las CCAA los subsidios que dispensan; conseguir una mayor integración de las políticas activas de empleo y  reformar la legislación concursal.
Se trata de responder a las necesidades de familias y personas que por la precariedad de sus contratos, bajos salarios y escaso tiempo de cotización no acumularon suficientes derechos de protección por desempleo, lo que hace que tengan escasas expectativas de garantizar unas mínimas condiciones de vida.

Y si la primera responsabilidad es atender a las personas que más directamente están sufriendo los efectos de la crisis, simultáneamente hay que actuar para evitar que el desempleo siga creciendo e incluso para que se generen nuevos puestos de trabajo, y ello sólo es posible si intervenimos para reanimar la actividad económica. Una intervención que requiere nuevos programas de inversión pública, el mantenimiento integral del stock de infraestructuras existentes, la adopción de medidas encaminadas al aumento del parque de viviendas en alquiler, un plan de rehabilitación urbana, la construcción de nuevos centros educativos y sanitarios, y la aplicación de la Ley de Dependencia.
En las actuales condiciones resulta imprescindible, igualmente, normalizar el funcionamiento del sistema financiero español como intermediario entre el ahorro y el crédito, que presenta sus propias deficiencias como suma de causas bastante complejas.

Sistema educativo y protección social

Cambiar el patrón de crecimiento para que España aborde en mejores condiciones los retos de la competitividad exige desarrollar la sociedad de la información y afrontar el diseño industrial y la calidad de bienes y servicios, además de crear un marco regulador de la política energética que asegure el abastecimiento, la reducción de emisiones de GEI, la eficiencia y el ahorro energético.

La cualificación de trabajadores y trabajadoras es una de las claves fundamentales para el cambio de patrón de crecimiento. La formación de la fuerza laboral junto a los necesarios cambios tecnológicos y de la organización del trabajo son las bases para incrementar la productividad y competitividad que necesita nuestro aparato productivo. En el mismo sentido, la formación continua de los trabajadores ha experimentado un alto nivel de desarrollo desde que opera en España, pero en términos comparativos tampoco ha llegado a las cotas que nos permitan homologarnos a los países de nuestro entorno.
Para ello, CCOO se propone incrementar las plazas de educación infantil, atajar el abandono escolar, extender los programas de aprendizaje de idiomas y de nuevas tecnologías, incentivar y diversificar los programas de cualificación profesional inicial y la oferta de ciclos de grado medio de FP, impulsar una red pública de centros integrados de FP, potenciar la faceta investigadora de las universidades y mejorar su financiación, y favorecer la formación de los trabajadores y trabajadoras con más dificultades para encontrar empleo.

Uno de los objetivos del nuevo modelo productivo es, a nuestro juicio,  que la riqueza generada se distribuya más equitativamente para avanzar en cohesión social y evitar el riesgo de exclusión social. En consecuencia, los servicios públicos que conforman el denominado Estado de Bienestar, además de jugar una poderosa función anticíclica, son una garantía de que el crecimiento viene acompañado de mayor justicia social.

Especial atención concedemos al desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia y a la mejora del sistema público de pensiones que, pendiente de lo que puedan debatir y acordar en el Pacto de Toledo,  concrete definitivamente la integración de los Regímenes Especiales en el General de la Seguridad Social, aborde la jubilación anticipada por realización de trabajos penosos, tóxicos o peligrosos, mejore la protección social a las familias y modifique la estructura del sistema de pensiones complementarias.

Todas estas iniciativas y propuestas requieren de una negociación y compromiso, en el marco del llamado diálogo social reforzado, de Gobierno, patronal y sindicatos para enfrentar la crisis y sus efectos más negativos en términos de destrucción de empleo y tejido productivo y, a la vez, sentar las bases de un nuevo patrón de crecimiento que garantice más y mejor empleo, mayor riqueza y cohesión social.

Una propuesta sindical que debe distinguir entre lo urgente y lo necesario. Que concrete la extensión de las prestaciones por desempleo –un millón de personas en el paro no han generado derecho a la prestación por la precariedad de sus contratos- y reforme los Servicios Públicos de Empleo para que activen su función de intermediación en el mercado de trabajo y ajusten su política de formación a las necesidades reales del tejido productivo. Y, a la vez, avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento con fuerte presencia de bienes y servicios de mayor valor añadido, que necesita de voluntad política, pero también de inversiones en infraestructuras físicas, telecomunicaciones y recursos humanos.