La situación económica es mala y la coyuntura política también. La recesión sigue su curso y las medidas para combatirla se suceden. Hasta ahora ha habido un aluvión de remedios paliativos, pero se retrasa la gran rectificación que nos aleje del sistema productivo basado, en buena parte, en sectores definidos por la debilidad tecnológica, el empleo poco cualificado, los bajos salarios, la especulación  y la ocupación temporal.

El anunciado cambio de modelo vinculado a una economía sostenible sigue siendo un misterio, pues poco se conoce de la ley que lo ampara, y el proyecto de Presupuestos Generales 2010, en vez de darle un empujón reduce la dotación en investigación, que debería ser uno de sus ejes. Tampoco son coherentes con ese objetivo la ausencia de la fiscalidad verde, la demora de la Ley de la Ciencia, el giro en materia medioambiental y energética y el apoyo a la industria automovilística convencional.

En materia fiscal, el Gobierno ha corregido la tendencia a bajar impuestos y asume la necesidad de subirlos, para alcanzar 11.000 millones de euros adicionales, pero está ausente el deseable objetivo de reducir desigualdades estructurales en la distribución de la riqueza y repartir los costes de la recesión de modo equitativo. Al contrario, con la subida del IVA la reforma fiscal gravaría el consumo de todos, carga más pesada para quienes tienen que gastar todos sus ingresos y medida nada acertada cuando se retrae la demanda. Reduce el impuesto a las pymes que creen o mantengan empleo; sube del 18% al 19% el impuesto para rentas del capital para los primeros 6000 euros y al 21% a partir de esa cifra y se suprime la deducción de 400 euros a todos los contribuyentes. La mayor capacidad recaudadora recae, pues, sobre el consumo general y las rentas del trabajo. En el extremo opuesto, el gran capital seguirá disfrutando de una situación de privilegio, pues las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), donde las grandes fortunas refugian su dinero como si fueran un paraíso fiscal, seguirán con un impuesto de sociedades de sólo un 1%. El incremento que se espera obtener de los impuestos que gravan a las rentas más altas será de 800 millones de euros, mientras que la supresión de la deducción de los 400 euros del IRPF elevará la recaudación en 5700 millones.

Aunque quizá salgan retocados del  Congreso, el proyecto PGE 2010  presentado por el Gobierno es una ocasión perdida para corregir desigualdades y abundan en lo mismo: en tiempos de auge económico se privatiza el beneficio de la bonanza y en época de crisis el coste de la recesión se reparte y recae, sobre todo, en las rentas de la población asalariada y en aquella que más necesita el sustento de los servicios públicos.

Las indiscutidas ayudas a la banca, que conserva altos beneficios y cuyos directivos siguen percibiendo remuneraciones de escándalo, no han ido acompañadas de medidas y condiciones para facilitar el crédito a particulares, autónomos y pymes. Cuando la recuperación económica sigue en buena parte condicionada por las decisiones de los grandes bancos, se echa en falta la intervención de una banca pública que fue privatizada paulatinamente por gobiernos del PSOE y del PP hasta desaparecer.

El Gobierno da la sensación de estar políticamente desnortado y de ceder a la continua presión de la derecha, que ante la recesión carece de alternativas, lo que no obsta para criticar cualquier iniciativa de Zapatero, convertido en el culpable de casi todo lo que sucede. Con un Gobierno de izquierda que gira a la derecha y ha perdido el impulso reformista de la primera legislatura de Zapatero, y con una derecha que se ha mantenido en la vía reaccionaria y extremista trazada por Aznar, sin que escándalos como el caso Gürtel parezcan afectarla electoralmente, el panorama político se torna incierto e inquietante.

Aunque algunas oscilaciones se atribuyan a la forma de actuar de Zapatero, a su afán por estar presente en todas partes y a  la bisoñez de algunos miembros del Gabinete, también hay que tomar muy en cuenta que, en ausencia de mayoría parlamentaria y habiendo renunciado a seguir la senda de un reformismo fuerte, el Gobierno ha optado por la llamada geometría variable, rechazando pactos estables y dejándose manos libres para establecer acuerdos coyunturales con unos u otros, mientras rehuye, siempre que puede, los pactos con las otras fuerzas de izquierda.

En esta legislatura el PSOE está mostrando una seria debilidad política; no sólo no responde de modo adecuado a las críticas de la derecha sino que muestra una patente carencia de ideas sobre los grandes problemas que la crisis económica y la coyuntura política colocan sobre la mesa. Debilidad que se ha manifestado también en la Unión Europea, con el apoyo a directivas claramente reaccionarias y el incomprensible respaldo a Durao Barroso, el cuarto en la foto de las Azores. Con lo cual, Zapatero ha renunciado a ser en Europa un polo de referencia progresista, en el ámbito gubernamental, frente al auge de la derecha

En esta situación, llama la atención la escasa capacidad de otras izquierdas para conseguir una influencia como la que han alcanzado en Francia, Portugal, Alemania o Grecia. Pero el factor clave es la desmovilización ciudadana, salvo en la derecha. Falta un potente movimiento social que presione al Gobierno para evitar que los peores costes de la crisis recaigan sobre los de siempre y para avanzar más en la vía de los derechos civiles. Debemos salir de esa parálisis, sin dejarnos arrastrar por la decepción o por el miedo a una derecha que se crece con nuestra pasividad.

La gran incógnita no está en saber si vamos a salir de la crisis, sino en saber cuándo y, sobre todo, cómo saldremos; es decir, en precisar quiénes y durante cuánto tiempo pagarán los platos rotos de esta profunda crisis del capitalismo español. A lo que debemos sumar otra pregunta: ¿en qué estado van a salir las izquierdas de todo esto si no rectifican?