Trasversales
Esteban Ibarra

Contra la impunidad de los crímenes neonazis

Revista Trasversales número 16, otoño 2009

Esteban Ibarra es presidente del Movimiento contra la Intolerancia  acción popular en juicios contra crímenes de odio

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La reciente sentencia por el asesinato de Carlos Palomino mostraba por primera vez, en la historia judicial madrileña, la aplicación del agravante por motivos ideológicos, avanzando en España el reconocimiento de los delitos de odio. No hubo legítima defensa, ni tampoco miedo insuperable, ni estado de necesidad, tampoco fue un delito común, el motivo fue el odio por ideología de un neonazi hacia un joven antifascista. Una sentencia clarificadora de 26 años de prisión, frente a lo especulado por quienes trivializaban el crimen, además de congruente con la interpretación de los ciudadanos que pudieron ver por el video grabado en el metro, el asesinato de Carlos Palomino de una sorpresiva puñalada al corazón, y observar como la ideología ultra de Josué Estébanez se mostraba en su estética skin y el saludo nazi de las SS realizado en el vagón.

Hace unos meses Naciones Unidas, en una importante conferencia sobre racismo, pedía a los Estados acciones firmes frente a lacras lacerantes de la intolerancia extrema y requería que “los Estados deben castigar las actividades violentas, racistas y xenófobas de grupos que se basan en ideologías neonazis, neofascistas y otras ideologías nacionalistas violentas”. Unos meses antes, la Unión Europea aprobaba la Directiva Marco de Derecho Penal, obligando a los Estados a sancionar penalmente a quienes inciten al odio, violencia y discriminación por motivos raciales, xenófobos, antisemitas y de intolerancia cultural o religiosa. Sin embargo en España, la permisividad “de facto” que han gozado los grupos neonazis resulta incomprensible. Una situación que comenzó a cambiar en julio, tras sentencia condenatoria por asociación ilícita a los quince integrantes de la sección española de Hammerskin.

La sentencia de Hammerskin pone fin a un periodo de impunidad que han disfrutado las organizaciones de este tenor en nuestro país. Visibles en los campos de futbol, en internet o en las calles, aunque todo el mundo conocía la naturaleza de estas organizaciones y el alcance de sus actos en cuanto a promover el odio, la discriminación y la violencia hacia inmigrantes, homosexuales, indigentes, jóvenes antifascistas y periodistas, disfrutaron de una permisividad en modo alguno explicable desde nuestro ordenamiento jurídico. La declaración de ilegalidad de este grupo neonazi traslada un mensaje: en la España democrática no son posibles estas organizaciones; pertenecer a un grupo que incita al racismo y la xenofobia merece una sanción penal. Esto lo plasmó el legislador en el Código Penal en defensa de los derechos y libertades fundamentales de las personas; en democracia el derecho de asociación es muy amplio pero limita con la discriminación, el odio y la violencia.

Fin del discurso de “tribus urbanas”

Las imágenes del asesinato del menor antifascista Carlos Palomino, además de conmocionarnos, van a cambiar la conciencia social sobre este problema. Es verdad que desde los años 90 mantenemos en la memoria a la dominicana Lucrecia Pérez, al independentista Guillem Agulló, al aficionado donostiarra Aitor Zabaleta, al menor angoleño Augusto Dnombele, a la indigente Rosario Endrinal y otras víctimas, de las más de 80 que hasta la fecha tenemos identificadas como crímenes de odio por racismo o intolerancia, pero, a diferencia de las anteriores, este asesinato y sus imágenes serán un testimonio determinante en la conciencia ciudadana frente a la intolerancia criminal.

La violencia neonazi existe y está entre nosotros desde hace años. Se alimenta de xenofobia, racismo, homofobia, antisemitismo, islamofobia, odio al diferente y a la convivencia democrática. La agitación neofascista en su intento de aprovechar conflictivamente la crisis económica está en una fase de crecimiento inquietante. En varias ciudades se han realizado provocadoras manifestaciones xenófobas, conciertos racistas, numerosas webs incitan al odio racial, las gradas ultras del fútbol son viveros de grupos violentos, se realizan conferencias con exSS y hay un proceso continuo de organización de grupos antidemocráticos. De esta semilla donde solo germina violencia o intolerancia.

Tras el visionado del asesinato de Carlos Palomino y la condena a Hammerskin, el discurso oficioso de las “tribus urbanas” no tiene sentido, pues es obscena una interpretación que minimice y banalice este problema. En Europa diversos países han adoptado medidas preventivas profundas, con instituciones y programas especiales en colaboración con organizaciones cívicas especializadas, como Alemania y Gran Bretaña; la OSCE y el Consejo de Europa han emitido declaraciones y señalan su gravedad en el Este y la persecución de inmigrantes, judíos y gitanos. En España pese al desmantelamiento de diversos grupos, su militancia prosigue su actividad. Mientras, las víctimas sufren incomprensión, soledad y ausencia de reconocimiento, se las criminaliza después de muertas o tienen que soportar la agitación de apoyo a los agresores.

Legalidad democrática frente al neofascismo


No somos un país racista, ni xenófobo, ni antisemita. Nuestras leyes e instituciones no se orientan en esa proyección antidemocrática, pero hay conductas y expresiones organizadas de intolerancia peligrosas en momentos de crisis económica donde esta lacra organizada opta no sólo por atacar a colectivos vulnerables de inmigrantes, negros, homosexuales, musulmanes, judíos, indigentes, jóvenes de izquierdas sino por golpear un edificio democrático al que odian con todas sus fuerzas, contaminan su interior y se conjuran para su derribo.

La defensa de los valores democráticos y los derechos humanos de todas las personas, en el marco de la legalidad del Estado de derecho y del ordenamiento jurídico internacional, requiere prohibir manifestaciones xenófobas, cerrar webs neonazis e ilegalizar organizaciones racistas, además de adoptar una legislación integral que ampare a las víctimas del odio, alcance a la educación, impulse una sensibilización preventiva y una Fiscalía especial para actuar contra el racismo y la intolerancia, colaborando a nivel internacional para desmantelar las tramas y redes neonazis organizadas. En definitiva, situarnos en los mandatos de Naciones Unidas promoviendo una respuesta democrática, cívica y política, legal y sin violencia, pero con profundidad y extensión a todos los ámbitos sociales, incluidos los medios de comunicación.
La presencia de organizaciones que defienden los derechos humanos personadas en los juicios como ACCION POPULAR es imprescindible por la defensa de los derechos de las víctimas y de los valores cívicos. Este ejercicio es un derecho constitucional, legitimado por la sociedad civil democrática, y es garantía añadida en el camino de la denuncia, vía de quienes defendemos la legalidad democrática para luchar contra el neofascismo.

La aplicación de la legalidad democrática y del Código Penal es una esperanza para personas y colectivos que son víctimas de la intolerancia extrema, ciudadanos que sufren sus zarpazos por el solo motivo de tener un color de piel oscura, un acento extranjero, una orientación sexual diferente, por sus ideas democráticas, por su religión o por cualquier motivo que el nazismo señale como sucede con los periodistas que son agredidos. Con estas condenas aunque aún queda un largo camino a recorrer, comienza a hacerse justicia con las víctimas y además, la sociedad democrática defiende su futuro.
 

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