Dos años y ocho meses han tenido que pasar para que los tribunales reconozcan la evidente verdad: el "caso Isadora" era un montaje, contra las y los competentes profesionales de esa cínica madrileña, contra las mujeres que habían abortado y contra los derechos de todas las mujeres. "No existe el más mínimo indicio de que en la clínica Isadora se haya practicado un solo aborto fuera de los casos permitidos por la ley", dice el auto del juez García de Dios. Reciban nuestra felicitación las y los profesionales de Isadora.
Sin embargo, pese a la sentencia, estamos padeciendo los efectos políticos de ese montaje y, si el Parlamento no rectifica el proyecto de nueva ley, podemos padecerlo por décadas. Aunque los falsarios han “perdido el juicio”, han sacado mucho rédito político. Pues fue ya en esos momentos cuando el Gobierno decidió liberalizar el aborto durante un corto período pero restringirlo en otros aspectos. Por eso han hablado de "acotar" el aborto.
A partir de aquellos momentos el Gobierno actuó como si fuese cierta la acusación, infundada, de que se estaban cometiendo muchos excesos bajo el supuesto de grave riesgo para la vida o salud de la mujer embarazada. La consecuencia de eso es que el proyecto de Ley de Salud Sexual presentado en el Congreso recorta gravemente los derechos de las mujeres en esa situación, en dos sentidos: a) durante las primeras 22 semanas, se les exigirá más dictámenes médicos que los que actualmente pide la ley; b) a partir de las 22 semanas, se les prohibirá, sin excepciones, la interrupción voluntaria del embarazo. Paradójicamente, el Gobierno ha optado por recortar derechos precisamente en aquel caso en que el aborto voluntario cuenta con mayor consenso social: cuando hay riesgo para la mujer embarazada. Y lo ha hecho con argumentos que resultan retrógrados incluso en comparación con lo que, en ese aspecto, dice la sentencia de 1985 aprobada por el sector conservador del Tribunal Constitucional. Según algunos sondeos, cerca del 90% de la población está de acuerdo con este supuesto en su actual fórmula.
La otra lección a sacar del caso Isadora es que ni la actual ley ni el proyecto presentado en el Congreso dan seguridad jurídica a las mujeres que deciden abortar ni a las/los profesionales. Las mujeres visitadas en su casa por la Guardia Civil, las citadas ante el juez o aquellas cuyos expedientes fueron reclamados en un sumario en el que un juez llegó a admitir la personación como parte acusadora de un grupo derechista, así como el personal de la clínica Isadora, no habían participado en ningún aborto fuera de los casos permitidos por la ley. Este montaje se puede repetir siempre que el aborto voluntario siga en el código penal. Sólo habrá seguridad jurídica si, sea cual sea la regulación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo, ésta es despenalizada.
¿Qué nos dirán cuando una mujer muera en un aborto clandestino realizado en la semana 15 de su embarazo? ¿Qué cuando una mujer se suicide tras haber sido obligada a parir sin tomar en cuenta, por ejmplo, graves riesgos psíquicos aparecidos después de la semana 22? ¿Qué cuando un nuevo montaje vuelva a llevar a mujeres que han abortado y a profesionales ante los juzgados? Lo que es un exceso es una ley que lleve a tales situaciones.