Ante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 hay una crítica reaccionaria, que busca ventajas para los ricos y dar el gobierno al PP, con una cantinela antirecaudatoria que genera una confusión social a la que no es ajena la izquierda con responsabilidades de gobierno. Hace falta otra crítica, desde la izquierda.
En España apenas pagan impuestos los que más tienen: según los datos fiscales, la clase asalariada tendría más ingresos medios que los empresarios, pero la realidad es que éstos tienen un nivel de vida e ingresos muy superiores a la clase trabajadora, que paga los impuestos que no pagan los ricos, como pagan  las personas exentas por sus bajos ingresos, porque ese fraudefiscal redunda en ausencia de prestaciones sociales e inversiones públicas que podrían paliar sus dificultades, y porque, sin capacidad de ahorro, pagan IVA por todos sus ingresos, no desgravan por comprar casas, no tienen ventajas fiscales por invertir en fondos de pensiones... El problema no es la prestación extraordinaria para personas desempleadas, sino que los que más tienen seguirán pagando nada o muy poco, pese a los avances en la persecución del fraude.

El 29 de septiembre la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, entregó el proyecto al presidente del Congreso. Inmediatamente comenzó la refriega, entre las furias de la derecha, que azuza a las supuestas “clases medias”, y el malestar de las izquierdas, que consideran que mantiene los privilegios fiscales de los más ricos. Comparto ese malestar, aunque sea moderamente positivo que el gasto social pase de un 49,7% en 2009 a un 51,6% en 2010. Es difícil evaluar el impacto de los PGE en la Sanidad y la Educación, ya que, aunque las transferencias a las comunidades autónomas crecerán un 10,8%, la inversión en esos sistemas sociales básicos depende de los gobiernos autonómicos y no hay una porción destinada obligatoramente a los servicios públicos fundamentales, para impedir desmantelamientos como el que tiene lugar en Madrid, con la pasividad de la “izquierda oficial” de la región, si es que existe tras su mutismo político absoluto y el vergonzoso pacto con el PP en torno a Caja Madrid. Notas moderadamente positivas son la prestación de 422 euros para personas desempleadas que hayan terminado las prestaciones regulares después del 1 de enero, el aumento de las pensiones mínimas o del presupuesto para becas. Sin embargo, el proyecto reitera errores en cuanto a la forma de afrontar la crisis y renuncia a reformas estructurales estratégicas.

En el Gobierno hay cierta sensibilidad social -disminuida tras la salida de Caldera-, pero asistencialista, no emancipadora. Pondré un ejemplo. El presupuesto del Ministerio de Vivienda se reducirá un 7%. Sin embargo, la partida de ayuda a jóvenes para el alquiler de vivienda aumentará un 13%; parece buena noticia, pero es como beber agua a chorro. No da solución duradera y deriva en aumento de los alquileres, que los caseros incrementan para “repartir” la ayuda. Garantizar el derecho a la vivienda requiere una oferta pública directa de alquiler con cuota ligada a los ingresos de las personas que la ocupen. Pero el Gobierno insiste subvencionar ciertos bienes y servicios sin recortar el margen de beneficios del capital.

Otro ejemplo revelador es la Ley de Dependencia. Su presupuesto aumentará un 36%, pero mucho se gastará en retribuciones a las personas, mujeres en su inmensa mayoría, que renuncian a trabajar para cuidar a algún familiar, en vez de crear un servicio público y profesional de atención y cuidados que construya una verdadera autonomía personal de las personas cuidadas y de las hoy obligadas a hacer de “cuidadoras”, marginadas  de un mercado laboral en el que, llegado el momento, les será difícil reintegrarse, aunque el ministerio de Educación facilite la convalidación de ciertas experiencias “domésticas” en estudios de formación profesional. Este esfuerzo financiero público incentivará la masculinización del mercado laboral y no consolidará el derecho al cuidado y a la autonomía personal, en un ámbito que podría ser un gran yacimiento de empleo si el  Gobierno no cediese al dogma capitalista según el cual el empleo público es un parásito socia. Los PGE 2010 optan por la disminución del empleo público, pues la oferta anual sólo recogerá un 15% de las plazas que quedarán vacías.

No contribuirá al “nuevo modelo” la disminución de la inversión en I+D+i; la ministra Cristina Garmendia dice que no se reduce el dinero para investigación, pero los números indican otra cosa, así que comparto las precupaciones del Manifiesto por la Financiación de la Ciencia, firmado por personas nada sospechosas de querer derrumbar al Gobierno. Tampoco anuncia nada bueno la inversión en infraestructuras, con un 20% de caída en hidraúlicas y un 7,5% en medioambientales, mientras que aumentan un 5% en aeropuertos y un 7% en ferrocarriles, esto excelente si no fuese porque casi todo se lo lleva el AVE. Así se consolida la tendencia regresiva en política medioambiental desde la salida de Cristina Narbona, como vienen denunciado las organizaciones ecologistas. El proyecto incumple los compromisos de ayuda al desarrollo, para los que faltan unos 800 millones de euros, según la CONGD.

Más debate que el uso de fondos públicos ha suscitado la política fiscal, en el terreno elegido por la derecha. El mayor error en política económica cometido por Zapatero es no haber hecho una reforma fiscal progresista cuando contaba con amplio respaldo social, ahora muy erosionado tras el cúmulo de errores cometidos desde 2007 y el giro a la derecha al que responden, con excepciones positivas como las decisiones de Trinidad Jiménez sobre la “píldora del día siguiente”. No hicieron la reforma fiscal, dijeron que “bajar impuestos es de izquierdas” y suprimieron el Impuesto sobre el Patrimonio, que en 2005 daba a las arcas públicas cerca de 1.500 millones de euros, cantidad que en 2010 habría costeado la prestación extraordinaria a personas desempleadas, por no hablar de la función ética y ejemplificadora que ese impuesto tenía.

Para 2010 tampoco hay giro fiscal progresista. Repasaré las medidas fiscales propuestas, con el deseo de que las presiones ciudadanas y de otras fuerzas de la izquierda parlamentaria aún puedan darles mayor progresividad.

a) Retirada de la deducción de 400 euros. Además del evidente electoralismo, se criticó que la reducción fuese igual para todos, pero esa era su cara buena, ya que para los menores ingresos representaba un superior descenso proporcional. Era criticable porque dejaba fuera a quienes tenían tan pocos ingresos que no podían beneficiarse de esa reducción y porque no eran tiempos para reducir ingresos, pero eliminar ahora la deducción es regresivo si no se acompaña de una redistribución de la carga para que paguen más quienes más tienen.
Al parecer, las presiones de otros grupos de izquierda pueden llevar a que el PSOE acepte mantener esa deducción para las rentas más bajas.

b) Subida del IVA, del 16% al 18%, del 7% al 8% el reducido. Sobrecarga a quienes tiene que consumir más parte de sus ingresos, porque pueden “ahorrar” menos. Ese efecto se palia al congelar el IVA de los productos básicos en el 4%, sin embargo bastantes productos cargados con tasas más altas también son son realmente básicos.

c) Subida del tipo a aplicar a las “rentas del ahorro”, del 18% al 19% para los primeros 6.000 euros y el resto al 21%. Se trata de las rentas derivadas de intereses, dividendos, ganancias patrimoniales, operaciones de capitalización de productos financieros, cobro de seguros de vida o invalidez, etc. La subida es insuficente y mantiene un modelo equivocado. La opción más justa sería incluir todos los ingresos, sea cual sea su procedencia, en una misma “cesta fiscal” con escala progresiva unificada.

d) Mantenimiento del régimen fiscal de las Sociedades Anónimas de Inversión de Capital Variable. Consideradas instituciones de inversión colectiva, pagan impuesto de sociedades al 1%, aunque cuando el inversor retira sus beneficios paga como “rentas del ahorro”. ¿Cuál es entonces el problema?: se han convertido en “una institución personal o familiar con importantes ventajas fiscales pensadas para otra cosa”, como escribía Luis Solana en su blog. A diferencia de un fondo, los inversores dirigen la sociedad y, aunque la ley exige un mínimo de 100 socios, lo habitual es que la mayor parte del capital esté en manos de un inversor o de una familia, que toma las decisiones y, dado que no necesita cobrar dividendos para vivir, no tienen que pagar impuestos por los beneficios, salvo el 1% citado, lo que les permite diferir el pago de impuestos y aumentar su capacidad inversora y el monto de sus ganancias. Otro elemento a tener en cuenta es que, al estar bajo mando “personal o familiar”, aumenta la posibilidad de que muchos gastos personales se anoten como gastos de la sociedad. Quizá la reforma más necesaria no sea la impositiva, aunque hay margen para un aumento de su impuesto de sociedades, sino la funcional: o son verdaderas instituciones de inversión colectiva o deben recibir el mismo trato que cualquier otra sociedad. Aunque la mejor solución es suprimir este tipo de entidades.

e) Bajada en el Impuesto de Sociedades del 25% al 20% para pymes con menos de 25 trabajadores e ingresos menores de 5 millones de euros, que mantengan o creen empleo. No me parece una iniciativa condenable si hay control del mantenimiento del empleo, pero tengo dos objeciones: la primera, que lo que necesitan las pymes en dificultades es acceso al crédito, no rebajas fiscales en los beneficios, así que mejor sería que el Gobierno condicionase las ayudas al sistema financiero a una función crediticia finalista y adaptase el papel del ICO para que, en ausencia de una banca pública que habría que rescatar, pueda dar créditos de forma directa; la segunda, que una reorganización de los impuestos societales debe hacerse de forma que lo que  capitales dejasen de pagar en función de ciertos criterios sociales debería ser pagado por otros, a través de instrumentos como la fiscalidad ecológica o el aumento de los impuestos para las empresas que realizan despidos improcedentes o mantienen altas tasas de temporalidad.

f) No se crean nuevos tramos ni se eleva el tipo máximo del IRPF. La reducción del número de tramos para el cálculo del IRPF así como del tipo máximo ha  ido recortando la progresividad del sistema. La actual estructura tiene cuatro tramos, cuando ha habido más de diez, y un tipo máximo del 43%, cuando ha estado por encima del 50%. Es una estructura radicalmente injusta, favorable a la franja más alta. No es razonable que se tenga la misma carga fiscal con 54.000 euros que con más de cinco millones de euros que gana algún banquero en concepto de “salario” (en su caso una manera de apropiarse de más beneficios). No habrá política fiscal de izquierda si no hay osadía para revertir esta dinámica regresiva. Hay que aumentar los tramos y elevar los tipos para los tramos más elevados.

La reforma fiscal está pendiente. Con los impuestos no se puede alcanzar una sociedad igualitaria y justa sin trastocar los regímenes de dominación y producción. Pero la política fiscal es una pieza clave de una política emancipadora, aunque no sea una panacea universal. Permite mejorar situaciones, generar nuevos bienes comunes y transformar mentalidades y fuerzas sociales.