La democracia en España tiene problema estructurales que vienen de lejos, pero últimamente están volviendo episodios que ya se habían dado en el pasado. La sospecha de que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña sea negativa ha disparado las declaraciones más desaforadas de las fuerzas políticas catalanas. De nuevo vuelve el ruido y la furia que acompañó a la aprobación del Estatuto. La corrupción está presente desde hace tiempo en la vida política de ayuntamientos y comunidades autónomas, la concesión de licencias de construcción y en general en todos los concursos favorece a grupos de empresas que se mueven entre el caciquismo y la compra de favores. Ahora el caso Gürtel toca a comunidades emblemáticas para el Partido Popular, pero también aparece implicado el tesorero del PP, Bárcenas, con indicios de que pueda haberse dado financiación ilegal del partido, de otra forma son incomprensibles las posiciones que han tomado sus dirigentes, empezando por Rajoy. Vemos al PP volver a las andadas, a sus tendencias más regresivas y desestabilizadoras del Estado. Igual que tras el atentado de Atocha, se vierten acusaciones y sospechas sobre la policía, los fiscales y el Gobierno, declarando que los espían y persiguen. Con la ayuda de su escuadra mediática (El Mundo sigue con Atocha) se trata de enfangarlo todo para no asumir sus problemas. El no reconocimiento de los hechos más evidentes y la mentira repetida muchas veces se convierte en una anestesia para mantener a sus votantes. En este país la derecha demuestra no confiar en el Estado o estar dispuesta a deteriorarlo siempre que no lo controla. Uno de los mayores males de esta dinámica es que una gran parte de los votantes de la derecha asumen la corrupción como un tributo normal a los políticos.

El desarrollo de la democracia en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que se ha extendido a los países del Este, es una democracia de partidos. Los partidos políticos, de funcionamiento oligárquico, no sólo se reparten el gobierno del Estado en todos sus niveles, sino que delimitan en gran parte otros espacios económicos, sociales y jurídicos. De forma que los ciudadanos participan democráticamente en las elecciones y  poco más.
Otro factor esencial en la constitución de las democracias modernas es el gran peso de los medios de comunicación. Estos crean la opinión pública, proporcionan los temas y las respuestas que van a tener en cuenta los ciudadanos en sus decisiones electorales, acotan el marco de lo que puede decidirse.

España ha participado del Estado mediático de partidos pero con el agravante de 40 años sin libertades. Una población que no había decidido políticamente, un Estado y una Constitución que surgen desde el pacto con fuerzas del franquismo y con ruido de sables de fondo.
La evolución social, los objetores a la mili, el aumento de los que eligieron el servicio social sustitutorio y la entrada en la OTAN ha cambiado al Ejército, de ser base de la dictadura ha pasado a ser constitucional y profesional. Sin embargo otros aparatos del Estado, especialmente el judicial, no han sufrido una transformación semejante. La judicatura es una organización corporativa y autorregulada, por lo tanto con muchos jueces prepotentes y alejados de la sensibilidad social. Además está tocada por los partidos políticos, especialmente por los dos mayoritarios, directamente con el nombramiento del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. La situación actual es de gran deterioro de la legitimidad del Constitucional, debido a la maniobra del PP, que no le ha permitido renovarse antes de dictar la sentencia del Estatuto de Cataluña. Casos como la imputación al juez Garzón muestran las parcialidades y la falta de ruptura con el franquismo. Indirectamente los partidos también influyen, ya que la asociación mayoritaria de los jueces, la APM, está alineada con las posiciones de la derecha. A esta situación debe añadirse que periódicos, radios y TV están, en su mayor parte, en posiciones de derecha, pocos de ellos son favorable a las del PSOE y no digamos a las que están más a su izquierda.

La Iglesia católica ha sido durante el franquismo casi una organización del Estado, comenzó una evolución hacia posiciones más abiertas con el derrumbe de la dictadura, pero los papados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI la han devuelto a posiciones más reaccionarias. Así que está siempre a la vanguardia o a la retaguardia del Partido Popular, queriendo influir en el ámbito de los derechos civiles, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la asignatura de Educación para la Ciudadanía y ahora la reforma de la ley del aborto. Una institución de hombres, no democrática, influye en los valores de una parte importante de la población española y no solamente entre las gentes de la derecha.
La Constitución, a través del título VIII, abrió la posibilidad de reestructurar el Estado hasta llegar a la situación de federalismo de hecho en que nos encontramos. Este proceso de descentralización de poder y administrativo se ha dado sin planificación y a través de acontecimientos azarosos. Se ha tratado igualmente a Cataluña y a Euskadi que a otras comunidades, cuando los sentimientos de identidad de sus poblaciones son muy diferentes. Esta reestructuración ha producido oligarquías locales de los partidos, que se han convertido en los únicos polos de poder alternativos a sus direcciones. Este Estado que tiene una estructura casi federal carece de órganos de consenso: un Senado territorial, que no está contemplado en la Constitución, y unas reuniones de los Consejeros autonómicos con el Gobierno que tomen resoluciones aplicables. En general estas reuniones sirven para que los partidos mayoritarios se tiren los trastos a la cabeza, hay que saludar la excepción de las consejerías de Sanidad con motivo de la gripe A, que han sido fructíferas por primera vez. La ausencia de instituciones de consenso y decisión favorece las tendencias centrífugas, las fuerzas locales tienden a que sus comunidades tengan cada vez más competencias y recursos, al tiempo que se establece una carrera con las demás para estar en la primera fila.

La teoría era que las comunidades autónomas deberían haber acercado las decisiones políticas a los ciudadanos, la práctica no ha sido así, han servido para producir nuevas oligarquías regionales. Tampoco lo han hecho los Ayuntamientos, las comisiones de participación no funcionan, ni otros métodos de consulta, y los presupuestos participativos apenas se han puesto en marcha.

La Constitución habla de proporcionalidad en la representación política, pero la ley electoral existente desde Suárez ha producido un sistema casi mayoritario, con dos partidos como únicos candidatos a gobernar. La adjudicación de dos diputados como mínimo por provincia, hace mayoritaria las elecciones en las provincias menos pobladas y favorece al PP y al PSOE. Esta situación ha hecho imposible la consolidación de un partido bisagra a escala estatal y ha disminuido el peso de IU enormemente. Los debates sobre la Ley que se dan en el Congreso no parecen conducir a ningún cambio. Es difícil pensar que los dos grandes partidos y los nacionalistas hagan posible una disminución de su representación.
No cabe esperar una renovación de las fuerzas política desde adentro. El sistema de nombramiento del líder es monárquico en el PP y también ha abandonado la elección directa en el PSOE, después del fiasco ocurrido cuando Borrell. Un sistema abierto, como el que ha permitido a Obama ganar la elección en el Partido Demócrata, está muy lejos de las intenciones de las direcciones de los partidos españoles.
Sobre esta situación se ha proyectado el hiperpresidencialismo de Zapatero, parece que ni el partido ni el Gobierno cuentan salvo para cerrar filas ante sus decisiones u ocurrencias. El último cambio de Gobierno ha eliminado cualquier voz autónoma. Nadie parece capaz de pensar en el absurdo de rebajar 400 euros en los impuestos para luego quitarlos, en loar la bajada de impuestos como de izquierdas para que ahora al subirlos sea... ¿de derechas? El Gobierno carece de un plan y las propuestas legislativas se van presentando en función de quién les apoyan, fuerzas nacionalistas o grupos de izquierda. En el intervalo entre dos elecciones, el presidente del Gobierno decide sin contrapesos ni debate político en su propio partido, el PSOE, ni claro está entre los variados grupos que puedan apoyarle.

Los medios de comunicación pueden servir para enfrentar a los partidos y a sus líderes con los problemas reales, pero cada vez más los comunicados se elaboran desde dentro de los partidos y se suministran a los periodistas para su publicación, también han aumentado la presencia de dirigentes que no permiten preguntas. En España la mayor parte de los medios y de los periodistas toman partido, se alinean con alguna de las posiciones renunciando a su objetividad. De esta forma se acentúa el papel parcial de los medios.
Así que sólo podemos concluir, sin pecar de catastrofismo, que la democracia en España es muy escasa. Sólo desde instancias cívicas puede pensarse en presionar para poder renovar el sistema. Organizaciones como los sindicatos han pasado a formar parte del sistema y tampoco desarrollan en su seno la participación de los afiliados, con un funcionamiento que es cada vez más burocrático.

Para mejorar la situación hay que llevar presión e iniciativas desde movimientos y organizaciones transversales, ONG, asociaciones de vecinos y consumidores, movimientos coyunturales de protesta, rechazo o iniciativa. Hay que presionar sobre los propios partidos, en las instituciones más permeables como los municipios, pero sobre todo hay que ganar la opinión pública en este terreno de la democracia, del derecho a decidir en el ámbito de lo político. De la misma forma que se ha conseguido cambiar las mentalidades en cuanto a los derechos de las mujeres o de la conservación del medio ambiente, el derecho y el deber de decidir debe de penetrar todas las instancias.
Los nuevos medios, a través de internet o de los móviles permiten la extensión de iniciativas rápidas, la organización de campañas y demandas centradas en problemas concretos. Aunque es una tarea de futuro diseñar una organización de la participación política en formas alternativas o complementarias  a la de los partidos políticos.