El consejo editorial de la revista Trasversales pide al Gobierno español la inmediata retirada de su propuesta de aumento de la edad legal de jubilación así como de aquellas que puedan contribuir a disminuir el importe de las pensiones o dificultar su consecución. Se suma, también, a toda iniciativa de rechazo y de movilización que puedan emprender las centrales sindicales u otras organizaciones sociales. Una respuesta masiva y contundente es necesaria, tanto para derrotar el "pensionazo" como para frenar y revertir la marcada inclinación hacia la derecha que ha tenido lugar durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

El pensionazo es inoportuno. Justo cuando más cuatro millones de personas buscan empleo y muchas personas de más de 50 años están quedando en paro, se lanza un ataque a los derechos sociales argumentando que dentro de algunas décadas no habrá suficiente gente para trabajar y pretexto defender  defender las futuras pensiones de una juventud que ahora no puede cotizar por la escandalosa tasa de paro que sufre.

El pensionazo es precipitado. Las medidas puestas en marcha para acercar la edad media real de jubilación a la edad legal están dando resultados. Además, aún no se han cumplido acuerdos como el que obliga a determinar aquellos colectivos laborales que por las condiciones de su trabajo deben tener una edad de jubilación más baja, ni se han desvinculado de las cotizaciones sociales los complementos a mínimos y los gastos de gestión de la Seguridad Social.

El pensionazo es fatalista e impresionista. El Gobierno ha dado por hecho que el incremento de la esperanza de vida llevará a una fuerte caída de la proporción entre cotizantes y pensionistas, sin asumir que esa tendencia puede ser contrarrestada, al menos en parte, por el aumento de la tasa de actividad entre la población en la edad de trabajar, por medio de políticas que fomenten la equiparación de la tasa de actividad de las mujeres con la de los hombres y el acogimiento digno y reconocimiento legal de las personas de otros países que quieran trabajar en·España. Igualmente, una eficaz persecución de la plusexplotación del trabajo en la economía sumergida puede permitir que afloren como cotizantes personas que ahora están trabajando pero sin reconocimiento de sus derechos. Además, cualquier previsión de población para el año 2060 es arbitraria, como bien prueba el hecho de que la previsión de Eurostat sobre población en España para el año 2050 haya cambiando, entre 2004 y 2008, en más de diez millones de personas.

El pensionazo es mentiroso, pues pretende que el progresivo aumento de la proporción entre el gasto en pensiones y el PIB lleva automáticamente a la insostenibilidad del sistema, ocultando que el incremento de la productividad y de la riqueza social global pueden permitir que todo el mundo se beneficie de esa riqueza. Tras el pensionazo no hay una exigencia técnica sino la decisión política de que los frutos del incremento de la productividad social sean acaparados por el capital, como viene ocurriendo.

El pensionazo es antisocial, ocultando el hecho de que en España la diferencia entre la esperanza de vida de los sectores más acomodados y los peor situados alcanza los diez años, por lo que el aumento generalizado en dos años del periodo de trabajo sólo significa que los más pobres deberán trabajar más para que los más ricos cobren durante muchos más años que ellos pensiones que en realidad no necesitan. Ignorando también la diversa penosidad de los trabajos y el hecho que los grupos sociales de menor renta suelen ser también los que antes empiezan a trabajar por lo que aún durante bastantes años habrá personas que lleguen a los 65 años con 51 años de cotización, si es que no han sido despedidas a los 55, por ejemplo.

El pensionazo es conservador y reaccionario, ya que el Gobierno renuncia a explorar nuevas fuentes de financiación del gasto social, a través de una reforma fiscal progresista, a diferencia de la regresiva aprobada en 2010. No hay ninguna razón para que las pensiones deban financiarse sólo con las cotizaciones sociales ligadas al trabajo y no, por ejemplo, con impuestos sobre el patrimonio, sobre los beneficios y sobre las grandes rentas. Los que insisten en el aumento de la proporción pensiones/PIB callan sobre la disminución de la proporción salarios/PIB. El fondo de este debate es que el capital quiere aumentar su cuota sobre la tarta, por mucho que esta crezca, y que para ello ha encontrado un aliado en el Gobierno.

El pensionazo es una iniciativa vergonzosa, que, de imponerse, tendrá dos efectos: en primer lugar, provocará un grave deterioro social, no sólo en la condición de las personas pensionistas del futuro sino también en los derechos sociales de todas las personas trabajadoras; en segundo lugar, asegurará la victoria electoral del PP en los próximos procesos electorales, lo que acarreará ataques sociales aún más duros. Apoyar el pensionazo es favorecer a los privilegiados y hacer el juego a la derecha. Hay que montarla. Tal y como se hizo en 1988, con la huelga general del 14 de diciembre, que forzó a Felipe González a retirar el "plan de empleo juvenil" y, de paso, al ser una rebelión activa desde la izquierda, consiguió posponer hasta 1996 la llegada al poder del Partido Popular.