Las constituciones surgen en un contexto histórico determinado, expresan una correlación de fuerzas determinada, una situación social. Después la Constitución puede ser una norma bastante abierta, como para adaptarse a diferentes situaciones con pequeñas modificaciones o necesitar cambios profundos o incluso estar totalmente inadaptada a los cambios sociales.
La Constitución española se aprueba al final de la dictadura franquista en la llamada Transición. Se elabora cuando no se ha desmantelado el Estado franquista, heredero de la Guerra Civil, con el peso de sus aparatos presente, especialmente del Ejército. Recoge las aspiraciones de una sociedad que había alcanzado durante el franquismo un desarrollo económico y una exigencia de mayores libertades incompatibles con el Régimen. Concreta en lo político la confluencia entre sectores del Régimen, que van a desembocar en AP y UCD y después en el PP, con fuerzas de la oposición y el peso de cada campo dependió de la correlación de fuerzas en esos momentos.

La Constitución aborda cuestiones pendientes desde la II República, la estructura del Estado, las relaciones con el Ejército y con la Iglesia y la creación de un marco para el desarrollo pacífico de los conflictos sociales. Impone la monarquía de Juan Carlos, como la única posibilidad de sumar a las principales fuerzas franquistas al proceso democrático y es deliberadamente imprecisa en la articulación del Estado autonómico en el título VIII.
De tanta importancia como la Constitución para el desarrollo posterior ha sido la ley electoral y el Concordato con el Vaticano. La primera ha propiciado un sistema bipartidista con la única influencia adicional de los partidos nacionalistas, sobre todo de Cataluña y Euskadi, el segundo ha preservado la influencia de la Iglesia en la Educación y permitido su actuación política. Sin embargo, el Ejército ha cambiado en este periodo radicalmente debido, en parte, a su inserción en misiones internacionales.

Existen rasgos en la evolución social, unos más de fondo y otros más coyunturales, que han puesto en crisis la adecuación de la Constitución al momento actual.
Uno de los caminos que se ha abierto ha sido la distribución de las competencias del Estado central hacia las autonomías. De tal forma que el Estado español es prácticamente federal, sin que existan órganos para negociar acuerdos con las autonomías, como puede ser una segunda Cámara. Al tiempo se ha dado una presión continua de los partidos nacionalistas hacia la confederación y más allá hacia la independencia de los territorios donde estaban implantados. Este proceso ha tenido que ser contenido por el Tribunal Constitucional, que actuando como una tercera Cámara ha impuesto los límites. Estamos ahora ante una resolución pendiente sobre el Estatuto de Cataluña que puede ser claramente disfuncional: en primer lugar porque enfrenta al Tribunal con el Congreso, el Parlamento catalán y los votantes catalanes en el referéndum, en segundo lugar porque el Tribunal está tocado por la división político-ideológica que atraviesa a los órganos principales de la justicia. Estamos ante una resolución que tendrá consecuencias sobre el resto de los Estatutos que se han aprobado recientemente y planteará los límites que tiene la Constitución actual. La posición del Partido Popular dificulta cualquier solución, ha impedido la renovación del Tribunal, ha impugnado el Estatuto y no quiere hablar de reformar la Constitución, aunque en este último aspecto acompañado por el Gobierno.

La presión de las naciones y nacionalidades para constituirse en Estados podría ser compensada por el de la unión de los actuales Estados en la Unión Europea y el fortalecimiento político de ésta. El frenazo que experimenta crea mayores tensiones entre la dinámica globalizadora y las respuestas identitarias.

Otra problema de fondo está producido por la existencia de nuevas generaciones que no vivieron la Transición, ni asumieron como propios los compromisos de esta etapa. A partir de las reclamaciones de los familiares de los asesinados y desaparecidos por el franquismo ha surgido la exigencia de ajustar cuentas con la dictadura. Más allá del juicio que nos merezca la Transición, actualmente la opinión pública apoya la identificación de las fosas donde están las víctimas, la anulación de condenas como las de Companys o Miguel Hernández y la condena de los verdugos, al menos como reparación moral. No puede entenderse la ley de Amnistía como un indulto al franquismo, tampoco se trata de condenar la Transición o de abrir la guerra civil como sostiene el PP, se trata de una nueva mirada sobre el pasado. El Partido Popular está empeñado en echar un manto de olvido sobre el franquismo del que se considera en parte heredero y parece que a ello contribuye también la judicatura. Los órganos fundamentales de ésta, Tribunal Supremo y Consejo del Poder Judicial no sólo están divididos por influencia de los partidos políticos y de la ideología de sus miembros, sino que parecen recoger la continuidad del aparato judicial de la dictadura. Esto es evidente en cuanto que no quieren revisar los juicios políticos de esa etapa, aceptándola como legal. Este conflicto se expresa, con máxima tensión en el juicio del juez Garzón por querer abrir fosas y revisar la causa de las víctimas, que por encima de justificaciones técnicas, es la acusación de Falange, heredera del partido de los asesinos contra el juez que osó replantear esta etapa. Este juicio pretende inhabilitar a Garzón, pero también hacer imposible otros empeños parecidos y más bien va a deteriorar al Tribunal Supremo y al órgano de gobierno de los jueces. También puede llegar a afectar al prestigio democrático de España, sobre todo si se abren juicios sobre los crímenes en algún país de América Latina. Así que va a ser uno de los poderes del Estado, el judicial, el que se va a poner en duda, el que va a perder su legitimidad, aunque sus sentencias sigan siendo legales no serían aceptadas por los ciudadanos. El empeño del PP de no desmarcarse del franquismo, para recoger a la ultraderecha, es uno de los causantes de la crisis, ha reforzado a los sectores más conservadores de la judicatura y apoyado, a través de sus voceros mediáticos, el revisionismo de la guerra civil. A ello ha contribuido la debilidad de la izquierda, ya que incluso el Gobierno actual ha hecho una ley de la Memoria Histórica que no ha permitido solucionar ni siquiera la búsqueda de las tumbas de los represaliados.

Crisis también del Estado surgido durante la transición y de la Constitución es la del sistema de partidos políticos. Los partidos como organizadores de las demandas de los ciudadanos están en crisis en todos los países democráticos. En España y en los momentos actuales esta crisis se ha acentuado, aumentando la separación entre partidos y ciudadanos. El funcionamiento de los partidos es cada vez más oligárquico, sin acercar las propuestas políticas a la población y sin ser capaces de aglutinar los intereses sociales. En esta legislatura la derecha ha continuado deteriorando las instituciones democráticas, del mismo modo que sostenía que había una conspiración para ocultar la relación de ETA con el atentado del 11 M, igualmente comienza una estrategia para ocultar su participación en la corrupción. La trama Gürtel, especialmente en Madrid y en Valencia, representa la colusión entre la financiación del PP y el latrocinio de los miembros de la trama. El problema de la corrupción, que afecta actualmente sobre todo al PP, es que se diluye con otras corrupciones municipales de otros partidos. A pesar de las diferencias, la situación objetiva de deterioro y el esfuerzo del PP de hacer funcionar el ventilador, produce entre los ciudadanos la convicción de que “todos son iguales”, el alejamiento de lo político e incluso de la participación electoral. Así el sistema de partidos que se configuró en la Transición está siendo desestabilizado. En esto, como en los problemas de Estado, el PP ha sido incapaz de una mínima responsabilidad, impidiendo cualquier tipo de acuerdo.

La propia institución monárquica empieza a ponerse en duda. El rey se consolidó por su intervención en el 23 F, pero ésta era una consolidación personal y no de la monarquía como institución. Las nuevas generaciones y la situación sucesoria ponen en marcha fuerzas que plantean la República.
Desde 1978 en que se aprueba la Constitución hasta ahora se han producido cambios profundísimos en la sociedad española. Un desarrollo del país y de la población, basado sobre todo en el crecimiento especulativo de la construcción y en un consumismo desaforado. Un desarrollo que ha favorecido la corrupción y la valoración del éxito por el dinero y los bienes que se poseen. Situación que hace difícil la asunción de la crisis económica actual, sobre todo si el Gobierno se empeña en no enfrentar a los ciudadanos ante su gravedad.
De igual forma hay que resaltar la disminución del poder del Estado. El proceso de globalización económica ha desplazado los centros de decisión hacia el sistema global, las multinacionales, los organismos internacionales y la UE. Del mismo modo mucha de la legislación española viene obligada por la de la Unión.
Así el pacto de la Transición y su Constitución han entrado en crisis. Una crisis de inadecuación a la evolución de la situación española y mundial. Una crisis no tiene por qué ser destructiva, siempre que haya elementos para darla respuesta. Desgraciadamente no parece que se den las condiciones para su resolución.

Cualquier cambio constitucional exige un consenso de los dos grandes partidos, pero el PP a la vez que contribuye a dinamitar el Estado de derecho es incapaz de proponer alternativas. El gobierno del PSOE por su parte sólo se mueve en respuesta a la coyuntura más inmediata. Los partidos nacionalistas sólo piensan en avanzar hacia la independencia de sus territorios de referencia.
Últimamente han comenzado movilizaciones ciudadanas pero no parece que haya respuestas articuladas ante la crisis estatal que se nos viene encima. El capitalismo de consumo ha creado individuos cerrados en su condición personal, mientras muy pocos se interesan en problemas más generales. Lo común que está presente en la vida de cada individuo no es asumido como tal y lo político es rechazado como algo enfermo y que no nos afecta.
La crisis podría ser una ocasión para plantearse nuevas formas de crecimiento, donde el de tipo cualitativo y la inserción del individuo en lo común fueran predominantes. Para esto hace falta nuevos focos de propuestas, tanto desde el activismo social como desde los medios de comunicación y desde las fuerzas políticas.