Trasversales
Andrea Fumagalli

Tres propuestas para un new deal europeo

Revista Trasversales número 19 verano 2010

Andrea Fumagalli, Universidad de Pavia (Italia). Texto original en italiano, publicado en Global Proyect bajo Licencia Creative Commons.



Tras el estallido de la crisis de las subprime y tras la evaporación de la burbuja inmobiliaria, los principales operadores financieros (no existen los mercados financieros o los ahorristas, sino compañías financieras que operan en condiciones de cuasimonopolio en la definición de las estrategias de inversión: L. Gallino, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia, Einaudi, Torino, 2009) se encuentran en la necesidad de encontrar una nueva “convención” para orientar sus actividades especulativas. Una “convención” de ese tipo se produce cuando los principales operadores financieros identifican un ámbito lo suficientemente restringido y homogéneo en el que invertir (véase A. Orléan, Dall’euforia al panico. Pensare la crisi finanziaria e altri saggi, Ombre Corte, 2010). Durante los años noventa, la convención financiera dominante se estableció en torno a las nuevas tecnologías (explotando el general intellect), y en los años 2000 se ha hecho referencia, por un lado, al papel de China como economía motora de la demanda mundial (tras su entrada en la OMC en diciembre de 2001), y, por otro, a la necesidad de las viviendas en propiedad, especialmente en los mercados anglosajones y en España.

Para entender las fibrilaciones de estos días hay que analizar qué nueva o nuevas convenciones pueden emerger. Desde enero de 2010 se está prestando atención a los bonos del Gobierno griego, de modo que el ataque especulativo a sus presupuestos del Estado podría conducir al nacimiento de una nueva convención. Grecia tiene características especiales, que la hacen más susceptible a las actividades especulativas. Su PIB viene a ser un 3% del de la Europa de los 27, por tanto marginal en ella, y el 70% de su deuda pública está contraída con el exterior. En otras palabras, Grecia pesa poco en el ámbito europeo (y por tanto puede ser dejada a su suerte) y depende en gran medida de las jerarquías internacionales financieras.
¿Qué mejor caso para probar la validez de una nueva convención financiera que tiene como objetivo la especulación sobre los presupuestos públicos en Europa y, por tanto, el nivel del welfare (n.t.: bienestar o Estado de bienestar) de los ciudadanos europeos? Un welfare, por otra parte, muy endeudado a causa de las intervenciones a fondo perdido que fueron necesarias para evitar las quiebras bancarias y financieras tras el desastre de Lehmann Brothers.

Sabemos cómo ha ocurrido: desde que en febrero y marzo de 2010 el diferencial entre las tasas de interés públicas griegas y alemanas pasó de dos a siete, el Gobierno griego (que había heredado del Gobierno anterior una contabilidad “creativa” similar a la del ministro de Economía italiano, Giulio Tremonti) choca con la dificultad de vender sus propios bonos públicos, a pesar del aumento de la rentabilidad de los mismos. La dependencia respecto a los inversores institucionales extranjeros ha sido crucial en este caso. La rebaja del rating de la deuda pública griega por parte de las agencias de calificación hizo el resto. Europa no ha reaccionado rápidamente. Los intereses nacionales y empresariales, en particular de Alemania y Merkel, han tenido un papel importante. La tentación de aprovecharse de la crisis griega para poner a prueba la posibilidad de una Europa (y de un euro) de dos velocidades ha sido muy fuerte. La construcción de una Europa restringida, serie A, con base franco-alemana, respecto a una Europa mediterránea serie B, nunca ha desaparecido definitivamente de la escena política, especialmente en un contexto en el que Europa corre el riesgo de ser aplastada en la competencia entre EEUU y China. Ésa es la tentación que justifica la construcción de Europa sólo sobre el pilar monetario y el mantenimiento de las políticas fiscales nacionales. La ausencia de un presupuesto común europeo ha probado ahora que es un boomerang. El retraso de la intervención europea, que sólo ha tenido lugar una vez que el FMI impuso a Grecia el control de su presupuesto público y la obligación de políticas de “sangre, sudor y lágrimas”, ha permitido la ampliación de la especulación del mercado internacional de divisas contra el euro. La crisis griega, el intento de extenderla a otros países de menor peso político, la ausencia de una común estrategia fiscal europea, y el retraso en la reacción europea para hacer frente a esta situación de inestabilidad son factores que han debilitado la imagen del euro y ha creado expectativas de devaluación. No es casual que, tras el paquete de medidas extraordinarias (el denominado plan europeo) por valor de 500 millones de euros (ampliable a 750 millones de dólares si llegase a ser necesaria la intervención del FMI) lanzado en la noche del ocho al nueve de mayo, el euro no se recuperase frente al dólar, manteniendo el mismo valor del viernes anterior. Y esto ocurría en un contexto en el que las bolsas brindaban por la inyección de nueva liquidez, por la privatización del welfare, por las garantías dadas frente a los riesgos bancarios. Una semana más tarde, pese a todas las garantías, el euro siguió depreciándose y las bolsas no han sido capaces de detener la caída. A la especulación contra el welfare europeo, se añadió la especulación contra el euro.

Por tanto, una semana después de una intervención europea con el sello del Ecofin [Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE] la situación no ha mejorado. Los principales operadores financieros dictan aún su ley. Es necesario un cambio de rumbo y hacen falta nuevas propuestas de intervención en la política económica, que pueden discutirse en dos ámbitos: el primero abarca intervenciones técnico-políticas a corto o cortísimo plazo; el segundo presupone un periodo y una acción política y social de mayor alcance.

De forma inmediata se pueden tomar tres trayectos, diferentes pero convergentes sobre el objetivo de mejorar la gobernanza de Europa en la escena mundial y reforzar su credibilidad en los mercados financieros.
1. Constituir una agencia de calificación europea, independiente y fidedigna, efectivamente autónoma respecto a los intereses de los mercados financieros. Para ello, no puede ser privada, sino que debe someterse al amparo del Banco Central Europeo, con expertos propuestos por los bancos centrales de varios países europeos, constituyendo una especie de Authority. Por lo tanto, puede romperse el monopolio hoy gestionado por sociedades anónimas estadounidenses, con la complicidad de los inversores institucionales que allí operan.

 2. Introducir una especie de impuesto sobre la especulación monetaria, en torno al 0,01%, siguiendo el modelo “Tasa Tobin”, propuesta que ya fue presentada por Suecia y Gran Bretaña en la Unión Europea y en el G20 en los momentos más dramáticos de la crisis de 2008-2009. Los ingresos resultantes serían gestionados directamente por la Comunidad Europea, no por cada Estado, para crear un fondo que sea el embrión de un presupuesto europeo como condición previa para establecer una política fiscal común.

3. Presentar un plan para la coordinación de las políticas fiscales nacionales con efecto inmediato y que no se dirija exclusivamente a la reducción del gasto público (tal como se decidió en el Plan de acción europeo) sino que esté orientado a la creación del presupuesto fiscal europeo, la emisión de bonos europeos de deuda y la compra de bonos de los Estados (como ya prevé, a pequeña escala, el plan europeo). Es necesario definir las etapas y plazos para crear un presupuesto público europeo y un único parámetro déficit/PIB.

Las intervenciones citadas requieren una voluntad política para establecer en el ámbito institucional europeo una especie de nuevo “New Deal” a fin de conseguir de manera efectiva la unidad económica y social de Europa. No creo que por el momento haya condiciones para ello. Casi todos los gobiernos europeos tienen matriz liberista o social-liberista (Alemania, España, Portugal, Grecia) o, peor aún, nacional-corporativa (Francia, Italia). Lo que le falta a una Europa demasiado encerrada en sí misma y en sus instintos individualistas es una visión cultural y social que le permita intervenir, analizar e investigar las nuevas formas de acumulación y valorización, y la nueva composición del trabajo vivo, cada vez más condicionada por la precariedad. El campo de acción y de lucha política es la definición de un bienestar (welfare) que favorezca la construcción de un amplio frente antiliberista y, al mismo tiempo, la superación de la fase de oposición y resistencia a una medidas recesivas y regresivas que se están aplicando en nombre de la estabilidad de los presupuestos. Nuestro horizonte de welfare es diferente del workfare (1) y del welfare público-keynesiano de la postguerra. Se trata del hacer común (común-fare), del welfare europeo de lo común.

Su primer pilar es la garantía incondicional e individualizada de una renta para cada persona residente (no sólo para las que gozan de ciudadanía), por un importe sometido a debate social, financiada con los impuestos generales (no con las cotizaciones sociales), gracias a una fiscalidad progresiva en el ámbito de la propiedad intelectual, del espacio como factor productivo y como objeto de especulación, de las rentas financieras y de todas las formas patrimoniales de riqueza.
El segundo pilar es la prestación de los servicios públicos (vivienda, transporte, educación y salud) y comunes (bienes ambientales, como el agua y la energía; bienes relacionales, como la socialidad, el alojamiento y los cuidados; bienes cognitivos, como el conocimiento y la formación).
Ese tipo de propuesta de welfare es hoy una herramienta posible para que no sólo haya una distribución más equitativa de las rentas, sino también para que se desarrollen las condiciones reales de elección respecto al trabajo, la vida y la sostenibilidad social, de forma que puedan tener repercusiones positivas sobre la actual estructura económica, único antídoto para combatir la especulación y vadear de una vez la crisis.

Nota
(1) Nota traducción. Aunque existen matices entre quienes utilizan el término welwork, habitualmente se refiere a una variante del Estado de bienestar en la que las ayudas públicas están condicionadas a la prestación de trabajos, habitualmente en los servicios públicos. Algunas versiones del término incluyen también, como contrapartida a las ayudas, la participación en actividades de formación continua o reciclaje profesional.



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