Trasversales
Carlos Bravo Fernández

El futuro de las pensiones ante el Plan de Ajuste del déficit

Revista Trasversales número 19 verano 2010

Carlos Bravo Fernández es Secretario Confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO



Los planes económicos de los gobiernos de los últimos meses parecían campañas publicitarias. Su objetivo más que solucionar problemas era el de intentar convencer de que se hacen cosas o, al menos, llamar la atención de un cliente temido, los mal denominados mercados, sobre cuyos excesos aún no han sido capaces de actuar con normas regulatorias precisas que los eviten.
El Plan de Ajuste del Gobierno viene a ser, en algunas de sus medidas, la segunda o la tercera edición (ya he perdido la cuenta) de una serie folletinesca que tiene por objeto presentar al Ejecutivo ante sus socios europeos y los mercados internacionales como grandes estadistas capaces de dar soluciones a la crisis. Desgraciadamente en esta ocasión no les vale ya con el efecto anuncio en este juego, han entrado en medidas con efectos socialmente duros y dañando gravemente la confianza de los interlocutores sociales en importantes mecanismos de concertación: la negociación colectiva, incumpliendo el Acuerdo alcanzado en septiembre de 2009 en el ámbito de la función pública; el Pacto de Toledo y el Acuerdo de Pensiones alcanzado en 2006 entre el Gobierno, organizaciones empresariales y sindicales.
Se trata de medidas que, aunque algunas gravemente lesivas para los derechos sociales de los más débiles, tienen como principal argumento servir de coartada en el nuevo escenario político-económico que se ha abierto en la esfera internacional. Girando 180 grados, las recetas keynesianas que hace poco más de un año se nos presentaban como fundamento para servir de “paréntesis” y “refundación” del capitalismo (en palabras de Díaz Ferrán y Sarkozy, respectivamente), hoy parecen papel mojado y se opta por virar hacia las soluciones clásicas de recorte agresivo y lineal de gastos centrados en derechos de protección social y salariales.
Sin embargo, se equivocan quienes se tienen a sí mismos por estadistas creyendo que estas soluciones pueden hacerse con tiralíneas, sin al tiempo saber medir (negociar, acordar, consensuar) dónde y cómo han modularse para optimizar o minimizar sus efectos sociales.
Europa debe elegir bien cuál es la mejor manera de seguir siendo un actor protagonista en el escenario mundial y, al tiempo, mantener la identificación de sus ciudadanos con el modelo social europeo. Las medidas impulsadas en estas últimas semanas en Europa van en dirección equivocada en ambos casos.

En España, crisis económica y reforma de las pensiones son dos debates diferentes


Tanto el Plan de Ajuste presentado para reducir el déficit público en mayo, como la propuesta para la renovación del Pacto de Toledo remitida al Congreso en febrero, se han servido de las pensiones públicas para utilizarlas como argumento con otros fines que están lejos de asegurar un mejor y más fuerte sistema de pensiones. La medida de congelar las pensiones contributivas en 2011 y la propuesta (todavía no retirada) de retrasar la edad de jubilación a los 67 años, se han presentado respectivamente como elementos necesarios para reducir el déficit público y salir con ello de la crisis, pero no lo harán. No pueden hacerlo.
El Gobierno pretende confundir a la opinión pública entremezclando el debate de la crisis, el déficit público y los retos de futuro que tiene nuestro sistema de pensiones, cuando en realidad se trata de cuestiones que deben abordarse separadamente.

Hace 10 meses el Gobierno proponía reducir cotizaciones, decía que podíamos permitírnoslo; hace 4 meses proponía jubilarnos a los 67 años, no podíamos pagar más; ahora hay que congelar las pensiones en 2011, pese al superávit en su financiación, para reducir el déficit público a corto plazo. La improvisación y utilización oportunista de las pensiones es una mala práctica de Gobierno.

Respecto de la crisis, el Gobierno equivoca el tiro. En torno a 8 millones de personas que han cesado en su vida laboral tienen en la pensión su única o principal fuente de ingresos. El mantenimiento y refuerzo del Sistema de Pensiones debe ser un objetivo prioritario de una sociedad que, además de atender dignamente a sus mayores, sepa entender el papel económico y para el empleo que tiene este colectivo cada vez más numeroso, su importancia en el mantenimiento de la demanda interna de bienes y servicios, algo que conviene que no debilitemos de manera innecesaria. La congelación de las pensiones va precisamente en sentido contrario.

Respecto de la incidencia de la congelación en la reducción del déficit, el Gobierno olvida que en nuestro sistema de Seguridad Social las pensiones contributivas se financian con cargo a cotizaciones sociales. Son actualmente autosuficientes, por lo que no han generado déficit público en los últimos años, al contrario, presentan superávits sucesivos y reducen, en términos de contabilidad nacional, el déficit público.
Esta indebida utilización de las pensiones, que no contribuyen al déficit público, sólo puede ser entendida para transmitir a terceros (FMI, UE, OCDE, Agencias de Calificación…) una voluntad inequívoca de nuestro Gobierno para abordar reformas estructurales de contención del gasto, tal y como parece que se nos ha exigido.

Sin embargo, la realidad es que el conjunto de medidas que se nos imponen, además de utilizar indebidamente el superávit actual de nuestro sistema de pensiones, van a deprimir la demanda interna y van a retrasar la recuperación económica en nuestro país. La experiencia de crisis anteriores y de la primera fase de la actual, nos demuestra que el esfuerzo en la inversión y gasto públicos son herramientas imprescindibles para la recuperación. Ciertamente el déficit y la deuda son problemas que no se nos pueden escapar de las manos, pero, para actuar sobre ellos, las medidas adecuadas pasan por actuar de manera concertada, es decir con consensos políticos y acuerdos en el Diálogo Social, para reducir gastos que no debiliten nuestros sistemas de protección social y reforzando la estructura de ingresos del Estado reconstruyendo nuestro sistema fiscal, tan maltratado en las últimas dos décadas por los sucesivos gobiernos, tanto de Aznar como de Rodríguez Zapatero.

El reto de la reforma de las pensiones que viene

El reto demográfico que plantea el incremento de la longevidad y las posibles reformas que para abordarlo requiere el sistema de pensiones, es una cuestión que merece una reflexión en la lógica del medio y largo plazo. En ningún caso las reformas del sistema de pensiones deben realizarse en la idea de que sus retos son consecuencia de la situación de crisis económica actual, ya hemos visto que esta relación no se sostiene.
Aun a pesar de que desde hace ya dos años sufrimos la mayor crisis económica y financiera de la historia, nuestro sistema de Seguridad Social (gracias a los mecanismos anticíclicos que hemos sabido arbitrar en él) ha presentado un superávit de 8.500 millones de euros en 2009, tiene previsto 2.700 millones para 2010 y dispone de un Fondo de Reserva de 62.500 millones de euros. La salud financiera de las pensiones en los próximos años es buena.

Sin embargo, como hemos dicho, esta buena salud financiera actual no impide que desde CCOO seamos conscientes de los retos que tenemos en el largo plazo. Nuestra esperanza de vida es, afortunadamente, creciente, lo que exige que las pensiones deban pagarse durante más años. Además, el acceso a la jubilación de generaciones más numerosas exige que tengamos que pagar más pensiones. Por último, la evolución de bases de cotización de los trabajadores activos dan como resultado que las nuevas pensiones sean más elevadas que las que dejan de pagarse por el fallecimiento de sus beneficiarios, generadas cuando la situación económica de nuestro país y de las personas que en él vivimos, eran más débiles.

No obstante, esta previsión sobre el número de pensionistas y el esfuerzo económico que precisamos para financiar las futuras pensiones es una realidad sobre la que podemos actuar con tiempo y de manera concertada, tal y como venimos haciendo en los últimos 15 años con buenos resultados en el marco del Pacto de Toledo y el Diálogo Social.
Calcular el número de pensionistas en las próximas décadas es sencillo y fiable, partimos de la población actual y de su índice de supervivencia, datos que conocemos o estimamos con bastante precisión. Sin embargo, la evolución del empleo en España en las próximas décadas, su calidad y retribución media; el incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar el objetivo compartido del 60% del salario medio; la evolución de la tasa de actividad femenina, aún más de 20 puntos porcentuales inferior a la masculina; la edad de acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, muy tardía hoy contra la voluntad de ellos mismos; la evolución del PIB; las tasas de natalidad y su relación con el refuerzo de medidas de protección a la familia, especialmente por hijos a cargo; la llegada continuada de población inmigrante para incorporarse a nuestro mercado de trabajo... son variables sobre las que debemos actuar y que determinan también nuestra capacidad de financiación futura de nuestros sistemas de protección social.

También a través de la Negociación Colectiva y el Diálogo Social, actuando sobre la estructura y funcionamiento del mercado de trabajo, abordando las reformas estructurales que necesitamos en el terreno educativo, sanitario, industrial, energético… debemos mejorar la calidad y cantidad de empleo.
El superávit actual del sistema de pensiones debe reforzarse en los próximos años al aumentar sus ingresos en más de 7.000 millones de Euros anuales. Para ello, debe cumplirse lo pactado en el Acuerdo de Pensiones de 2001 y dejar de pagar con cotizaciones sociales los complementos hasta la pensión mínima garantizada, cuando la base reguladora de la pensión de una persona se sitúa por debajo de aquella; así como dejar de asumir los gastos de estructura de la propia Seguridad Social, financiándola como el resto de servicios públicos. Sabemos que en la actualidad esta última medida es difícil de concretar dada la situación de fuerte déficit público que debemos afrontar. Sin embargo, la buena salud financiera del sistema hoy nos permite actuar sobre esta medida en un marco temporal compatible con la recuperación económica.

En cuanto al gasto, debemos velar por seguir manteniendo el control sobre su crecimiento, al tiempo que reforzamos los niveles de protección de las personas que más lo necesitan (las que se ven obligadas a abandonar el mercado de trabajo en los últimos años de su vida laboral, las pensiones de viudedad que son única renta, orfandad, pensiones mínimas…)
También debemos promover comportamientos de cotización equilibrados, impedir aún más los mecanismos de planificación personal con la Seguridad Social, reforzar la relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización realizado por cada persona… No podemos desconocer que la Base de Cotización media de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General prácticamente duplica la Base de Cotización media del resto de regímenes. Esto no significa que los primeros ganen el doble. La posibilidad de elegir la base de cotización en unos casos y la existencia de bases preestablecidas, independientes de los que se gana, en otros, provocan ese efecto.

Si bien el Sistema de Pensiones, como ya hemos visto, no se encuentra en dificultades financieras en el corto y medio plazo, las necesidades del largo plazo hacen necesario mantener las cotizaciones sociales. Su reducción, como proponen algunos, provocaría un debilitamiento financiero de la Seguridad Social, con consecuencias en el futuro y supondría una injustificada trasferencia de rentas de trabajadores a beneficios empresariales, cuando el propio Gobierno ha reconocido en sus documentos que el esfuerzo en cotizaciones se sitúa en la media de los países de nuestro entorno y el agregado de salarios y cotizaciones es inferior en España.
La mejor forma de proteger nuestro sistema de pensiones contributivas es su autofinanciación en la mayor medida posible desde las cotizaciones de empresas y trabajadores, manteniéndolo al margen de las necesidades, oportunidad o coyuntura económica-política en cada momento. Justo lo contrario de lo indicado por las exigencias de la Unión Europea y la actuación del Gobierno de España en estos días. El recurso a otras fuentes de financiación debe ser, si resultase preciso tras la aplicación del conjunto de medidas que proponemos, puntual y con criterios de equidad sobre quién financia el sistema. Si el Gobierno quiebra esta fórmula, como está haciendo al congelar las pensiones en 2011, está rompiendo compromisos adquiridos en el Pacto de Toledo.

Para CCOO cualquier reforma debe partir del acuerdo social y político. El principal logro del Pacto de Toledo fue sacar las pensiones de la confrontación política y social, instaurando un mecanismo de reforma del sistema desde consensos amplios. Sus resultados han sido espectaculares y un modelo reconocido en todo el mundo. De los pronósticos sobre la inviabilidad de nuestro sistema de pensiones, hemos pasado a una envidiable situación financiera actual y una elevada capacidad de actuación sobre los retos que tenemos que afrontar en las próximas décadas.
Por ello, hemos criticado la forma y la oportunidad en la que el Gobierno está actuando, sus propuestas e iniciativas, rompiendo el marco de negociación y acuerdo que ha garantizado el Pacto de Toledo y creando una alarma injustificada en la sociedad sobre la solvencia y fortaleza de nuestro sistema público de pensiones.


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