Antes de que los primeros efectos de la crisis económica tuviesen consecuencias sobre el empleo, desde CCOO denunciábamos la necesidad de corregir un modelo productivo caduco que había configurado un mercado de trabajo dual y desigual, dividido en sectores de importante valor productivo con trabajadores y contratos fijos y jornadas regladas, por un lado, y por sectores con mano de obra intensiva y bajo valor añadido, caracterizados por la temporalidad y la precariedad laboral, ocupados mayoritariamente, exceptuando a la construcción, por mujeres, jóvenes e inmigrantes, por otro.
La destrucción de empleo que ha acompañado en España a la crisis económica, ha modificado el mapa del empleo debido al incremento de paro entre los varones, de tal modo que ha sido esta coyuntura la que, al desdibujar las desigualdades entre mujeres y hombres creadas en el crecimiento económico de los últimos años, ha propiciado que en la crisis aparezcan los trabajadores varones como protagonistas de la demanda de soluciones al desempleo y de protección social, aunque hasta ahora ocupaban mejor situación en el empleo y contaban con mayor protección social que las mujeres.

Durante los últimos años las tasas de empleo femenino en España se aproximaban a los objetivos de participación equilibrada de mujeres y hombres de Lisboa 2010; sin embargo, las condiciones laborales precarias han caracterizado la situación laboral de las mujeres en nuestro país: temporalidad, jornada a tiempo parcial, discriminación salarial. Además, la total carencia de políticas fomentadoras de la corresponsabilidad en el trabajo y en la sociedad entre hombres y mujeres hace que sean las mujeres mayoritariamente las que resuelven las necesidades y responsabilidades familiares.
La discriminación laboral de las mujeres se concreta también en el efecto discriminatorio a partir del embarazo y la maternidad, y se manifiesta en la segregación ocupacional y sectorial, la jornada a tiempo parcial de modo involuntario, el acceso a los trabajos peor remunerados y el empleo doméstico como una de las pocas alternativas para las mujeres emigrantes. Todo ello, a pesar de los avances y logros alcanzados en educación y formación.

Estas características del empleo femenino visibles desde el análisis de género han sido precisamente las que han definido las diferencias más sustanciales entre el modelo de mercado de trabajo español y el de la UE. Mientras que los hombres en España alcanzaban tasas medias de empleabilidad, condiciones laborales y salariales comparables a la media de la UE, las mujeres representábamos la diferencia, la desigualdad: más paro, más temporalidad, más discriminación salarial, menos protección social y menos medidas de conciliación familiar y laboral.

Uno de los cambios más llamativos registrados en el panorama del mercado de trabajo, respecto de crisis anteriores, es el aumento constante de la población activa femenina en todos los grupos de edad, siendo muy significativa la importante incorporación de mujeres de más de 45 años. Esta circunstancia pone de relieve la puesta en marcha, por parte de las mujeres, de las estrategias que adoptan en situaciones de crisis económica ante la pérdida de empleo de la “persona principal” (1). Este fenómeno no es nuevo, pero adquiere una importante relevancia en el caso de las mujeres mayores de 45 años que inician la búsqueda de oportunidades en el empleo.

Este crecimiento de las tasas de actividad femenina, con más mujeres que quieren encontrar trabajo remunerado y con derechos, repercute en que las ya persistentes dificultades para conciliar trabajo y atención a las responsabilidades familiares se convierta en una enorme carga para estas mujeres pues son ellas quienes hasta ahora realizan este trabajo en el entorno familiar. Ello da cuenta de la relevancia que adquiere la demanda, realizada desde hace mucho tiempo por los sindicatos y la sociedad, de creación de servicios de atención a las personas dependientes y de educación de 0 a 3 años, como factores dinamizadores de la economía y el empleo, como instrumento básico de impulso a la actividad de las mujeres y como mejora de la calidad de vida de las familias. Algo impensable en estos momentos, debido al freno en la inversión pública y, por lo tanto, el cambio en las prioridades económicas del Gobierno.

Dado que la crisis económica y sus negativas consecuencias sobre el empleo afectan a los hombres y a las mujeres de manera diferente, conviene reflexionar sobre las necesidades desiguales de mujeres y hombres, mediante el análisis del impacto de género de las propuestas de las políticas encaminadas al cambio del modelo productivo, el empleo y la protección social.
Las políticas de empleo que se proyecten para la salida de la actual crisis han de tener en cuenta la dimensión de género como un medio decisivo para lograr la reducción de la pobreza y el crecimiento equitativo e incluyente. Para lograr mejoras de la productividad y el crecimiento económico y para asegurar que los mercados de trabajo funcionen más eficazmente con la participación equilibrada de mujeres y hombres, deben abordarse medidas relativas a la igualdad de género. Esta integración del enfoque de género debe ser un elemento central en todos los componentes de la creación de empleo y de protección social, en los marcos macroeconómicos, en las políticas activas de empleo, en el desarrollo y adecuación de las cualificaciones y la empleabilidad, en la creación de empresas y las políticas de desarrollo de infraestructuras.

Las políticas de empleo deben tener en cuenta las desigualdades estructurales con que se enfrentan las mujeres, que van desde la segregación ocupacional por motivos de género o las propias relaciones desiguales de poder que se dan en el mercado de trabajo. Por último, con el objetivo de evitar la acumulación de desventajas de las mujeres, las políticas de educación y formación profesional deberían orientarse a corregir la actual segregación que se produce en la enseñanza y a garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la participación de un nuevo modelo productivo más equitativo e inclusivo.

Las medidas del Plan de Austeridad del Gobierno son fundamentalmente injustas y contrarias al fomento de la igualdad entre mujeres y hombres.

Las medidas promovidas por el Gobierno para reducir el déficit público a través de la congelación de las pensiones, la disminución de los salarios a las personas del conjunto de las administraciones públicas, la supresión de la retroactividad del pago por atención a las personas en situación de dependencia, el ajuste del periodo de carencia para tener derecho a la percepción de la pensión hasta 15 años y la reducción de la inversión pública (sanidad, enseñanza, infraestructuras, etcétera), son medidas, todas ellas, que afectan negativamente a las personas más vulnerables socialmente: pensionistas, dependientes y mujeres.
El “decretazo” del pasado 27 de mayo, aprobado por el Congreso con los votos del PSOE y la abstención de CIU, UPN y CC, viene a resquebrajar todavía más la brecha de bienestar que nos separa de los países europeos con niveles de desarrollo económico comparables al nuestro, colocándonos a la cola de todos ellos en la financiación de los servicios públicos. Empezando por la casi ausencia de servicios para la atención y cuidado de las personas en situación de dependencia en el país con mayor esperanza de vida de la UE, la total insuficiencia de escuelas infantiles, un mayor deterioro en las infraestructuras y recursos de los servicios sanitarios, el incremento en la insuficiencia de servicios sociales o la carencia de inversión en educación.

A todo ello va a contribuir, sin lugar a dudas, el recorte del 5% del salario del personal de las plantillas públicas, que se convierte en un desincentivador del compromiso profesional, ya deteriorado por falta de estímulos al personal en formación e investigación y por las importantes cargas de trabajo que soportan las plantillas en los diferentes servicios de atención a las personas, debido al escaso desarrollo de los mismos por el insuficiente gasto público de carácter social que en España se ha realizado. Hasta ahora ese gasto representaba el 21%, 6 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE-15, que actualmente es del 27%, y donde las plantillas de nuestro “Estado de bienestar” superan escasamente el 9%, frente a la media europea del 15%; es decir, otros 6 puntos de diferencia.
La reducción del déficit público que está realizando el Gobierno del Estado, basada en la reducción del gasto público, es profundamente injusta, pues redundará en el incremento del debilitamiento de nuestro ya escuálido Estado del bienestar y, por lo tanto, afectará más a quienes menos recursos tienen. Ésta es una de las más graves consecuencias del “decretazo” y de las políticas de contención del gasto público, que hará que la población en general retroceda en atención, cuidados y educación; es decir, redundará en pérdida de riqueza social y en menor desarrollo económico y de capital humano, con peores empleos, personas menos cualificadas, menos cuidadas y deficientemente atendidas.

El Plan de Austeridad, además de socialmente injusto, es también discriminatorio si tenemos en cuenta, y es necesario hacerlo, el impacto que va a tener sobre el trabajo no remunerado que realizan las mujeres. El debilitamiento, por la vía del recorte del gasto público, en los servicios de atención a las personas recaerá sobre las mujeres, que son las que en nuestro país soportan la mayor carga del trabajo reproductivo o del también conocido como trabajo de cuidados.
Según los estudios realizados por el CIS, mediante una encuesta a la población adulta en 2008, conocemos que el 89% de los hombres en España invierten menos de cuatro horas en el trabajo no remunerado [nota editores: sólo el 48% en el caso de las mujeres]. También se ha demostrado que en nuestro país, con los niveles de gasto en servicios públicos, cada hora de trabajo remunerado está sustentada por dos horas de trabajo no remunerado, es decir, el que se realiza fundamentalmente dentro de los hogares y en atención y cuidados a las personas y que es el que realizan mayoritariamente las mujeres. Por tanto, nos hacemos una idea del impacto de género que supone el recorte del gasto público.

Para CCOO es compatible reducir el déficit manteniendo los derechos sociales, mediante la reducción de gastos que son fruto de las ineficiencias del sistema y, sobre todo, aumentando los ingresos. Sin embargo, el Gobierno actúa en sentido contrario ya que ha optado por reducir el gasto público y no ha abordado ningún objetivo tendente a incrementar los ingresos mediante el impuesto de patrimonio, sucesiones, elevación del IRPF a las rentas más altas, impuesto de sociedades, etcétera.
Es necesario un Pacto de Estado por la economía, el empleo y la cohesión social atravesado por la dimensión de género, que genere las bases de un nuevo modelo de crecimiento que garantice mayor riqueza y un mejor reparto de la misma, asegurando la cohesión social. Para ello se requiere del esfuerzo de toda la sociedad a través de una negociación y del compromiso de partidos políticos y sindicatos con el liderazgo del Gobierno.

La transversalidad de género ha de integrarse en las medidas impulsoras que se aprueben para un crecimiento sostenible, productivo y con un alto coeficiente de empleo, necesarias para crear oportunidades de trabajo decente y mediante las cuales la sociedad podrá concretar sus objetivos de desarrollo económico y buenas condiciones de vida y progreso social.
Una herramienta poderosa de lucha contra la pobreza y la desigualdad es precisamente la Seguridad Social. Sin embargo, muchas mujeres se encuentran en los límites de la misma, expuestas con gran riesgo a la exclusión social. Justamente la participación femenina en el empleo ha provocado la reflexión y replanteamiento de los sistemas de protección, de manera que protejan la diversidad que supone el empleo femenino.

La actual crisis económica, en ningún caso, debe utilizarse como excusa para ahondar en la situación de desventaja y discriminación en la que se encuentran las mujeres en el ámbito laboral y social. Ni para socavar los derechos adquiridos por las mujeres en materia de acceso, formación, promoción en el empleo, protección a la maternidad y frente al acoso sexual, o frente a la compatibilidad de la vida de trabajo y personal, o para lograr la representación y participación paritaria en todos los ámbitos de la sociedad.

Notas
(1) Definición de la EPA. Según esta fuente, esa definición se corresponde con la persona que mayor aportación hace al mantenimiento del hogar. Desde la Secretaría Confederal de la Mujer nos parece poco adecuada, dada la realidad social y porque ignora la contribución en términos de renta de las mujeres en los servicios necesarios para el mantenimiento de las familias.