Algunos gestos en política tienen un calado mayor de lo que a simple vista pueda parecer. El ‘tijeretazo’ aprobado ha escenificado algo más que un giro político: ha representado una ‘performance’ exclusivamente dirigida a las instituciones internacionales que han asumido el gobierno: El FMI y el Banco Central Europeo (fuertemente influenciado por el Bundesbank).

El problema no es tanto la necesidad de reformas sino más bien tener claro qué se quiere que provoquen dichas reformas; y por ello la cuestión clave sigue siendo cuál es el modelo de sociedad que queremos proyectar y cuál el guión necesario para darle coherencia. Algo que se ha olvidado en España. Atrás queda ya esa ilusión de creerse que íbamos a cambiar el sistema ; la (sin)razón de los poderes fácticos de este siglo, mercado incluído, ha ganado la baza ante un gobierno ya tocado por su falta de reacción.

Que tenemos un problema (por simplificar) es algo más que evidente; la factura que nos ha pasado la crisis es bastante abultada como para digerirla en una siesta: un 18,4% de desempleo femenino y un 17,7% de desempleo masculino en el 2009 (suma y sigue), con un elevadísimo desempleo juvenil (41%). A ello se añade un desbordamiento del déficit público provocado: 1.- por el mayor gasto que han representado las políticas de estímulo adoptadas (inyección de liquidez al sistema bancario, las versiones sucesivas del ‘Plan E’ y el refuerzo de las prestaciones por desempleo, principalmente); 2.- por el mantenimiento de políticas mal orientadas, ineficientes y devastadoras para el avance en equidad (como el cheque bebé o la desgravación por declaración conjunta en el IRPF) y 3.- por los menores ingresos en las arcas del Estado como consecuencia de la recesión y de la ausencia de una reforma fiscal necesaria. Y así llegamos a acumular un déficit público del 11,2% del PIB en 2009, el cuarto peor de la UE, por detrás de Irlanda, Grecia y Reino Unido.

Vista la necesidad de hacer reformas para mitigar los problemas existentes y orientarnos hacia un escenario de recuperación y crecimiento, y ya que está en juego el desarrollo y evolución del estado de bienestar, aún embrionario, ¿qué es mejor: dejarse convencer por las necesidades de la economía liberal o apostar por un modelo social moderno, sostenible, en el que la innovación alimente el espíritu emprendedor, con una redistribución equitativa de los recursos al estilo de la tradición socialdemócrata nórdica? Una vez más habría sido coherente mirar a países como Suecia y aprender de la orientación y diseño de aquellas políticas que ofrecen resultados deseables. Este país es de los que tienen mayores tasas de participación en el mercado de trabajo, con un desempleo bastante ‘controlado’ y una brecha de género en el mismo prácticamente inexistente (8,6% de desempleo masculino y 8% de desempleo femenino). Suecia es, además, el país con el menor déficit público de la UE (apenas un 0,5%), de los mejores situados en el ranking de competitividad y de los menos contaminantes en el mundo.

Pero las instituciones que han asumido el gobierno y la gestión de esta fase de la crisis querían mensajes claros, tranquilizadores en primer término de que España podría hacer frente al pago de liquidación de la deuda ya colocada en el mercado financiero. Y ahí está una de las claves para entender que la prioridad (impuesta) haya sido aprobar una política antidéficit que consiga resultados a corto plazo, casi de manera inmediata, para garantizar la capacidad del Estado de devolver los más de 9.000 millones que vencían en mayo, los más de 8.000 millones en junio y los casi 25.000 millones que España tendrá que refinanciar en julio.
Así que el Gobierno de España cambió el rumbo desde la política de expansión de gasto público que había llevado hasta el momento por precisamente todo lo contrario.

La pregunta es bastante evidente, ¿tenía el Gobierno otra posibilidad que la del Plan de ajuste anunciado? Por supuesto que ¡SÍ! Que hay propuestas para otro recorte de gastos más ‘solidario’ es algo que ha quedado claro con la iniciativa presentada por los partidos de la izquierda parlamentaria y que supondría una ‘liberación’ de 8.000 millones. Además, ya que se trataba de reducir el déficit, se deberían haber contemplado, desde el principio, medidas fiscales tendentes a mejorar los ingresos y a proyectar cambios y resultados tanto en el corto como en el medio plazo; a través de una distribución más equitativa de las aportaciones y esfuerzos a realizar desde los diferentes ámbitos de la sociedad.

Ante la necesidad de inmediatez de resultados para minorar el déficit público, podría haberse considerado la reducción de otro tipo de gastos para una mayor coherencia de la ‘política de bienestar’ que se pretendía desarrollar hasta ahora: más de 7.000 millones de euros es el importe de la financiación pública a la Iglesia católica: ¿qué sigue justificando ese trato de favor? 30.000 millones se destinan a subvencionar actividades empresariales (por ejemplo, al sector de la ‘moda’): ¿qué indicadores de rentabilidad y eficiencia sostienen este gasto? 2.000 millones nos cuesta mantener la desgravación por ‘declaración conjunta’ que existe en el IRPF, que es un gasto antieconómico, antisocial y discriminatorio para la igualdad de género como reconoce la propia Ley de Reforma del IRPF (2006) en su exposición de motivos. Más de 20.000 millones es el importe que se destina a gasto militar y armamentístico. También podrían reducirse los gastos de la ‘Casa Real’ o poner algo de coherencia al gasto corriente de los Ministerios; racionalizando, por ejemplo, los gastos en comunicaciones (algunas de las aplicaciones de software libre para videoconferencias y videollamadas a través de internet son especialmente interesantes para la reducción de gastos corrientes y una buena alternativa al actual sistema presencialista de las reuniones). La utilización de software libre en toda la Administración Pública permitiría ahorrar unos 2.000 millones en el coste actual de licencias y mantenimiento; y al mismo tiempo fomentarían un modelo de producción de conocimiento colaborativo más coherente con los valores democráticos.

Pensando en el medio y largo plazo, sería conveniente abordar la necesidad de racionalizar la estructura de la Administración Pública y corregir la duplicidades de gastos; ¿es coherente la co-existencia de la administración central, autonómica, provincial y municipal en el mapa actual de distribución de competencias o puede ser simplificada? El debate sobre el papel de las diputaciones provinciales y el modelo organizacional de Estado se sigue aplazando eternamente, mientras el contador de gastos sigue corriendo.

La vía de obtención de ingresos en un plan de ajuste es fundamental, ya que representa el input necesario para que el Estado desarrolle su función de redistribución. Para dinamizar una mayor recaudación a medio plazo, podría haberse optado por: recuperar el Impuesto de Patrimonio; aumentar la tributación de las SICAV; establecer una tasa a los grandes bancos siguiendo la línea del Partido de Socialistas Europeos que propugna una tasa en las transacciones financieras del 0,05% sobre las operaciones especulativas realizadas en microsegundos; subir la tarifa del IRPF a las rentas más altas; subir el impuesto de sociedades para grandes empresas, etc.

Algunos países como Suecia han incluido en su plan de ajuste un impuesto a la Banca (0,035% sobre el pasivo de las entidades) para financiar el Fondo de Estabilidad Financiera, uno de los instrumentos activados para prevenir futuras crisis financieras. En otros países como Francia se ha creado un impuesto sobre los bonus de los ejecutivos bancarios (50%) que excedan de determinado importe y cuyas actividades representen una exposición no justificada al riesgo.

Hay, pues, indicios suficientes de que hubiese sido posible otro giro, de haberse querido hacer en España. Entonces, ¿qué puede motivar al Gobierno elegir el tipo de reforma aprobada, aún a costa de que ésta empeora las previsiones de desempleo y de crecimiento? Es como si hubieran considerado que el mensaje tenía que ser rotundo; que no hubiera atisbo de duda de que serán capaces de acometer los ‘sacrificios’ necesarios para que el desarrollo del estado de bienestar ‘no interfiera más’ en las prioridades de quienes deciden y determinan el ‘modelo de convergencia europea’. Y para ello, ¿qué puede ser más efectivo que ejemplificar la supuesta insostenibilidad del Estado de bienestar tocando directamente dos de los pilares del sistema de protección social español, como son pensiones y atención a la dependencia? Todo un gesto vaticinador de las débiles perspectivas de nuestra sociedad de bienestar.

Las consecuencias de este ‘adelgazamiento’ del gasto social son poco favorables para la igualdad. El régimen de género de España se caracteriza por la reducida participación laboral de las mujeres y el mantenimiento de estructuras familiares tradicionales; esto se complementa con la orientación de las políticas públicas (política social y politica fiscal) y su evidente influencia sobre el modelo de reparto de tareas y funciones entre hombres y mujeres. En el contexto actual aumenta el riesgo de refuerzo de las inercias patriarcales y vuelta al ‘familismo’ característico de la Europa Mediterránea que, ante la insuficiencia de servicios públicos, atrapa a las mujeres en la prestación del cuidado y atención a los/las menores, personas enfermas y mayores que integran la unidad familiar.