Trasversales
Fernando Gil

El capitalismo indómito

Revista Trasversales número 19, verano 2010

Textos del autor en Trasversales



El fin de una utopía


La crisis económica avanza a paso de carga, sembrando el caos a su paso, sin que hasta ahora nadie parezca capaz de detenerla. Con notable rapidez se ha transformado -de crediticia a financiera, inmobiliaria, económica-, pasando desde la esfera de ese casino global que es el mercado de capitales hasta la economía real, la economía productiva, a la que ha sumido en una grave y extendida recesión.
Durante 30 años hemos vivido una utopía, fabricada por fundaciones privadas, universidades, escuelas de negocios, simposios y congresos, difundida por los principales medios de información del mundo y aplicada con determinación implacable por organismos mundiales, bancos nacionales e internacionales, empresas y gobiernos. Pero esta utopía, que, contra la lógica y la experiencia, sostiene que un mercado sin reglas es la mejor manera de producir y repartir la riqueza, ha llegado a su fin de manera catastrófica empujada por el capital financiero. La mano invisible del mercado, lejos de repartir felicidad para todos, ha despojado de riqueza individual y colectiva a las clases medias y a los trabajadores para entregarla a los ricos, y ha repartido penuria a raudales en el tercer mundo. Utopía que poderes financieros e instituciones internacionales intentan ahora reanimar con severas medidas de ajuste, que van a incidir en los sectores sociales menos favorecidos por los tiempos de bonanza. La crisis no la van a pagar los que la han provocado, sino los que ya han resultado perjudicados por tres décadas de neoliberalismo económico.

También ha cambiado la percepción de la crisis. Al comienzo, en los principales foros políticos y económicos internacionales se hablaba incluso de refundar el capitalismo, tan maltrecho lo veían sus más fieles seguidores. Se hablaba del ocaso de un modelo, que había que sustituir por otro, mediante correctivos keynesianos, y se miraba con ojos acusadores a los causantes del desastre, a los que, utilizando en su favor la desregulación generada en la prolongada etapa de hegemonía conservadora, con sus arriesgadas operaciones bursátiles habían llevado el sistema a la bancarrota, y nunca mejor dicho, porque fue preciso salvar a grandes bancos con ingentes aportaciones de dinero público. Las décadas en las que se suprimieron normas reguladoras o se redujo su función, junto con una extendida manga ancha en la aplicación de las que quedaban por gobiernos inspirados en el dogma neoliberal del mercado que se regula por sí mismo, habían generado un capitalismo sin freno ni control y un clima de opinión en el que la ostentación de una riqueza súbitamente adquirida gracias a la especulación se contemplaba con anuencia y hasta era apreciada como prueba de inteligencia y valía personal. En un mundo escindido entre triunfadores y perdedores, el que triunfaba en la bolsa, acumulando más dinero en menos tiempo, era el auténtico campeón.

No hubo una autocrítica general sobre la responsabilidad contraída en todo lo ocurrido por instituciones internacionales y por gobiernos que habían aplicado a rajatabla las recetas ultraliberales, ni nadie, por supuesto, renegó del sistema sino de sus excesos y anomalías, pero, mientras crecía la indignación popular contra los especuladores y los privilegios de los más beneficiados, algunas élites políticas y económicas mostraron cierta reprobación moral sobre los excesos de los aprovechados. Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006, achacó la crisis a la extensión de la codicia, no a la desregulación que él había impulsado. No obstante, salvo los raros casos que, en EEUU, han acabado en la cárcel (Bernard Madoff por la estafa perpetrada con su negocio piramidal; Allen Standford por la venta de certificados de depósito que eran papel mojado; Raj Rajaratnam por utilizar información privilegiada), directivos y ejecutivos que han hundido negocios y dilapidado los ahorros de miles de familias no sólo han quedado impunes, aunque hayan tenido que comparecer en el Senado o ante comisiones de investigación (en otros lugares, ni eso), sino que siguen viviendo como antes, pues conservan sus ganancias, o han sido contratados por otras empresas, incluso algunos han incrementado su fortuna contando a los lectores sus aventuras financieras.

De la expansión a la contracción

La medida de destinar 700.000 millones de dólares de dinero público para rescatar los fondos hipotecarios de los bancos norteamericanos, adoptada en otoño de 2008 por el saliente gobierno de G. W. Bush, contradecía el principio neoliberal de mantener los negocios lejos del control del Gobierno (hands off), vigente desde los tiempos de Reagan, y dejar que corrieran la suerte que les deparara el mercado, pero era coherente con esa ley del embudo que consiste en privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Cuando llega la crisis y hay que pagar la factura, el empresario neoliberal olvida su individualismo y se acuerda de que pertenece a la comunidad, a la que trata de cargar con un coste que para él sería demasiado oneroso.

La reunión del G-20 del 15 noviembre de 2008, en Washington, en la que los países emergentes se sumaron a los desarrollados para buscar salidas a la crisis, en su declaración de intenciones saludó la ayuda a la banca con fondos públicos y a los países emergentes, ratificó el papel del FMI, recomendó el uso de medidas fiscales para incentivar la demanda, la vigilancia sobre las agencias de crédito, la transparencia de los mercados financieros y la protección de los intereses de inversores y consumidores.

Unos días antes de la segunda reunión del G-20 (Londres, 2 de abril, 2009), Barack Obama instaba a emprender una acción audaz, amplia y coordinada para poner en marcha la recuperación e iniciar una nueva era de compromiso económico, que EEUU estaba dispuesto a dirigir junto con otros países. En ese mismo artículo (“La hora de la acción mundial”, El País, 24-3-2009), reconocía: Hemos aprendido que el éxito de la economía estadounidense está inextricablemente unido a la economía mundial. No hay una línea que separe las acciones para restablecer el crecimiento dentro de nuestras fronteras y las acciones para conseguirlo en el resto del mundo. Señalaba tres prioritarias tareas -estimular el crecimiento y reactivar la demanda, restablecer el crédito para empresas y consumidores, y tender la mano, por motivos económicos, morales y de seguridad, a los países y personas en mayor situación de riesgo- y concluía con un llamamiento a ir más lejos: No debemos conformarnos con una vuelta al statu quo. Debemos acabar con la especulación temeraria y con el gasto por encima de nuestros medios; con el crédito basura, la ayuda excesiva a los bancos y la falta de supervisión que nos condenan a burbujas que inevitablemente terminan estallando (…) Todas nuestras instituciones financieras -en Wall Street y en todo el mundo- necesitan una vigilancia firme y unas normas que se atengan al sentido común. Todos los mercados deben tener criterios de estabilidad y un mecanismo de transparencia (…) Debemos atacar los refugios fiscales y el blanqueo de dinero. Los abusos deben evitarse mediante la transparencia rigurosa y la responsabilidad, y los días del descontrol tienen que acabar.

Con la crisis agravada y extendida a los países en desarrollo, el G-20 abordó en Londres la reforma del sistema financiero mundial para sustituir al surgido en Bretton Woods, aunque ese nuevo sistema reforzó el papel central del viejo FMI, cuyo presupuesto se triplicó, con más de 750.000 millones de dólares, que junto con otros destinados a préstamos adicionales, derechos especiales de giro, fomento del comercio y ayuda a países en desarrollo suponían un programa adicional de 1,1 billones de dólares. Admitidos “los fallos del sistema financiero” como origen de la crisis, gran parte de la reunión se dedicó a señalar la necesidad de controlarlo para instaurar un capitalismo igualitario y prudente, promovido por Obama. En consecuencia, sobre todo a instancias de la Unión Europea y en particular de Francia y Alemania, fue prioritaria la recomendación de adoptar medidas -que no se concretaron- para regular los mercados financieros y acabar con sus zonas más opacas -paraísos fiscales, fondos de alto riesgo, sueldos de altos ejecutivos, agencias de calificación-. La época del secreto bancario se ha terminado, señaló Sarkozy, pero la presión del capital financiero impidió precisar medidas encaminadas a ese fin.

Con el objetivo de garantizar una recuperación justa y sostenible para todos, la declaración final insistió en la necesidad de incentivar la expansión, promover el comercio y la inversión mundiales y restaurar el crecimiento y el empleo.

La tercera reunión del G-20, celebrada en Pittsburgh, en septiembre de 2009, reconocía el comienzo de la recuperación, que debía ser duradera, sostenible y verde, y proponía generar un fuerte crecimiento global, sostenible y equilibrado. Había que rechazar cualquier estímulo hacia prácticas que habían conducido a la crisis y dejar atrás una era de irresponsabilidad, para lo cual presentó un amplísimo programa de actuaciones que comprendía medidas para regular el mercado financiero y el de materias primas, aumentar la transparencia y la estabilidad el mercado energético, apostando por el uso de energías limpias y renovables. De cara al trabajo, el G-20 preveía crear o salvar (no son lo mismo) entre 7 y 11 millones de puestos de trabajo a finales de 2009 y adquiría el compromiso de priorizar la creación de puestos de trabajo, conservar el empleo y apoyar el trabajo honrado. En sus conclusiones reconocía que la recesión no había terminado, por tanto los estímulos públicos debían mantenerse al menos durante otro año, sostenía que había que devolver la solvencia a los bancos mediante la exigencia de elevar su capital y sanear sus activos. Reafirmaba la posición del FMI para mejorar la estabilidad financiera mundial y el reequilibrio del crecimiento, y adoptó, a sugerencia de Estados Unidos, designar al G-20 como órgano coordinador del esfuerzo mundial para salir de la recesión, en perjuicio del G-8.

Tras casi tres años de veloz evolución y de gastar ingentes cantidades de dinero público en salvar instituciones de crédito, el gran problema es la deuda. En primer lugar, la deuda de particulares y de bancos (en España, además, de las cajas de ahorros), que ha alimentado durante años la burbuja inmobiliaria. La enorme deuda de millones de particulares, titulizada, dividida, vendida y repartida, junto con otros productos financieros, por todo el mundo mediante fondos de inversión que tenían como última garantía a quienes habían suscrito una hipoteca para adquirir una vivienda que ahora vale entre un 15% y un 40% menos que cuando se compró. Y en segundo lugar, la deuda de los Estados, contraída para afrontar la crisis una vez que reventó la burbuja inmobiliaria; la deuda contraída para sanear bancos y cajas y para incentivar la demanda mediante el gasto público, adoptada como primera providencia para evitar la recesión. Y como todas las deudas, éstas tienen sus acreedores, que son prestamistas internacionales con tendencia a la usura, que en unos casos son capitales privados y en otros entidades bancarias que han adquirido fondos derivados de hipoteca titulizadas y grandes cantidades de deuda pública. Y existen unas agencias de evaluación de riesgos, que, en régimen de oligopolio (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch), orientan a los acreedores sobre el estado de financiero de los deudores, con lo cual tenemos ahí los factores que presionan a los gobiernos y explican el cambio de orientación en las medidas aplicadas para salir de la recesión, desde la inicial expansión del gasto público a su posterior contracción mediante las duras medidas de ajuste adoptadas recientemente.

Ha bastado una drástica y repentina bajada las bolsas para dejar al descubierto la precariedad no sólo económica de muchos países europeos, especialmente meridionales, empezando por Grecia y terminando por España, que junto con Irlanda forman el denostado grupo de los PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España), sino la debilidad de la inacabada construcción de la Unión Europea frente a la presión del capital especulativo internacional, que, después de tanta retórica, sigue sin ser domado.

 

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