México es el mundo, o el jardín del Edén o ambas cosas a la vez. México es paradisíaco e, indudablemente, infernal.

Malcolm Lowry, 1946.

En las primeras horas de la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla, cura del poblado de Dolores, lanzó el llamado que dio inicio al movimiento por la independencia de México. 200 años después, la asignatura sigue pendiente. Las fastuosas ceremonias de conmemoración -un dispendioso pastiche sin contenido histórico y carente de sabor popular- no pudieron ocultar la realidad de un país sometido a múltiples dependencias, desgarrado por la violencia y sumido en la peor crisis económica en décadas. Un país en donde un grupo de poder, especialmente rapaz e irresponsable, impone un modelo de expoliación social que sólo tiene precedentes en el Porfiriato.

Orden y progreso

En el transcurso de 1910, poco antes de cumplirse el primer centenario de la Independencia, el periodista norteamericano John Kenneth Turner, publicó una serie de crónicas que hacia finales de año reunió en un libro, México bárbaro, inicialmente editado en Inglaterra y poco después en los Estados Unidos. Turner no era un reportero común y corriente, sino un estrecho colaborador de los hermanos Flores Magón que impulsaban una revolución socialista y libertaria desde su exilio en los Estados Unidos. Haciéndose pasar por un respetable hombre de negocios, Turner había logrado documentar la espantosa situación en que se encontraban los trabajadores bajo el régimen del dictador Porfirio Díaz. El resultado es una de las obras más devastadoras jamás escritas sobre un país y, a pesar de que en México no se publicó sino hasta mucho tiempo después, el escándalo que causó fue mayúsculo [John Kenneth Turner, México Bárbaro, Costa Amic, México, 1965. Hay Edición virtual].
Como los gobernantes actuales, Díaz era muy sensible a su imagen en el extranjero. Recién el primero de julio, había sido elegido presidente por octava vez gracias a un fraude y pretendía convencer a los inversionistas de que bajo su divisa, Orden y progreso –no muy distinta a la de Felipe Calderón, Orden y legalidad-, México se había convertido en un país próspero en donde reinaban la paz y la estabilidad social.

El tirano había dilapidado una verdadera fortuna en los festejos del Centenario de la Independencia, culminados el 16 de septiembre con desfiles militares y ceremonias patrióticas. Quería exhibir sus avances modernizadores: más de veinte mil kilómetros de vías férreas, una amplia red telegráfica, líneas telefónicas, alumbrado eléctrico y grandiosas obras públicas como los flamantes puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y Salina Cruz. De la misma forma, los ciudadanos adinerados podían adquirir costosas mercancías importadas de Europa y Estados Unidos en las casas comerciales El Palacio de Hierro y El Puerto de Liverpool.

Ahora, Turner revelaba la existencia de otro México, un México feroz en donde imperaba una desigualdad brutal; un país sin libertad política, sin libertad de palabra, sin prensa libre, sin elecciones libres, sin un sistema judicial digno de este nombre, sin garantías individuales y sin libertad para conseguir la felicidad; un país en donde el poder ejecutivo gobernaba por medio de la corrupción y de un ejército omnipresente; un país en donde los puestos políticos tenían un precio y los jueces se vendían al mejor postor.

Gran parte de la población vivía en condiciones lamentables. Verdadera máquinas devoradoras de vidas humanas, las haciendas se habían convertido en el modelo de la explotación en el campo. Los esclavos mayas de Yucatán morían más rápidamente de lo que nacían, y dos tercios de los esclavos yaquis importados de Sonora morían durante el primer año después de su llegada a la región. En Valle Nacional (Oaxaca) la situación era incluso peor: todos los esclavos, con excepción de muy pocos -acaso el cinco por ciento- rendían tributo a la tierra en un lapso de siete u ocho meses. La situación no era mejor en las minas, ni en las fábricas en donde los obreros padecían jornadas de más de 12 horas, sin libertad de huelga y sin libertad alguna.

Turner no se limitaba a desplegar un inventario de las desgracias nacionales; opinaba que la esclavitud, el peonaje, la pobreza, la ignorancia y la postración general del pueblo tenían nombre y apellido: se debían a la organización económica y política del país, una forma de capitalismo especialmente perversa y dañina.

El libro concluía con una profecía: México era un polvorín a punto de reventar. Cuando, muy pronto, la profecía se cumplió, la revolución irrumpió en la historia mexicana con una violencia sin precedentes. En 1910, el país contaba con 15,2 millones de habitantes; en el lapso de los 10 años siguientes hubo por lo menos un millón de muertos (algunas fuente hablan de 2 millones) y un millón de desplazados a los Estados Unidos.

Son cifras aterradoras, incluso en un siglo ardiente como el siglo XX. ¿Con cuáles resultados? “Un triunfo de papel”, según la expresión de James Cockroft [James Cockroft, Precursores intelectuales de la revolución mexicana. 1900-1913, Siglo XXI Editores, México, 2004, pág. 4 (primera edición en inglés, 1971)]. El artículo 1 de la Constitución promulgada en 1917 prohibía la esclavitud; el 3 instituía la educación primaria pública, laica y gratuita; el 27 consagraba el derecho a la tierra y permitía las expropiaciones “por causa de utilidad pública” abriendo la posibilidad legal de la reconstitución de las comunidades indígenas; el 123 instituía la jornada laboral de ocho horas, el derecho de asociación, el derecho de huelga y la prohibición del trabajo infantil.

Los constituyentes sancionaban así la liquidación del porfiriato y, temerosos de otro incendio, hacían importantes concesiones a los movimientos populares. Sin embargo, el sueño magonista de soldar las luchas comunitarias de los campesinos indígenas –esos hombres y mujeres que “no querían cambiar y que por esto mismo hicieron una revolución” [John Womack, Zapata y la revolución mexicana, Siglo XXI Editores, México, 1969, pág. XI]- con las luchas de los obreros industriales y ambas con el movimiento libertario internacional quedó como una letra muerta. Muy pronto, la revolución mexicana se trocó en la dictadura de un partido –la dictadura más larga del siglo XX- pasando a engrosar la abultada lista de las revoluciones derrotadas.

El pueblo nunca olvidó del todo sus sueños emancipadores y ahí están las numerosas rebeliones armadas que ensangrentaron a México después de la revolución: el movimiento cristero, la insurgencia jaramillista, el Movimiento 23 de septiembre, el Partido de los Pobres, la Unión Popular, el Frente Cívico Guerrerense, sólo para nombrar a las más conocidas [Carlos Montemayor, “La guerra rural”, Revista Proceso, nº. 1136 y 1137, 9 y 16 de agosto de 1998; Laura Castellanos, México Armado. 1943-1981, Editorial Era, México 2007. Por haber escrito este libro, la autora ha sido objeto de repetidas amenazas]. Las últimas expresiones de esta que se podría llamar la historia del México subterráneo -el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en Chiapas; el Ejército Popular Revolucionario, EPR, y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, en cuatro o cinco estados de la República- son una muestra de la persistencia de cuadros guerrilleros que actuaron durante varias generaciones y se enlazan con las luchas del presente.

Montañas de dinero

¿Cómo explicar esta situación en un país que desde 1994 forma parte de la OCDE, el exclusivo club de las naciones ricas? La respuesta es sencilla: el México feroz que describió Turner con tanta crudeza nunca dejó de existir. La diferencia es que ahora, junto a los pobres de siempre, encontramos a individuos extraordinariamente poderosos y acaudalados.

En una época caracterizada por desigualdades lacerantes, hay contadas economías tan polarizadas como lo mexicana. Según cifras del Banco Mundial, la décima parte de los mexicanos que está en el vértice de la pirámide, monopoliza 439.597,2 millones de dólares, o sea el 41,3% del ingreso total nacional, mientras que la población más pobre recibe el 1,2%. México es la decimotercera economía del mundo, pero la número 75 de 186 países con respecto a la capacidad de compra del ingreso de sus habitantes [La Jornada, 21/4/2010].

Si imaginamos el paisaje social como una cordillera empinada, en el pico más alto, encontramos al magnate de las telecomunicaciones, Carlos Slim, que la revista Forbes clasifica como el hombre más rico del mundo [“The World's Billionaires”, Forbes, 3/3/2010]. Vale 53 mil millones de dólares y vende el servicio de Internet más lento del planeta al precio más caro. Muchos miles de millones más abajo, pero también presentes en la lista, figuran, entre otros, los reyes del duopolio televisivo, Emilio Azcárraga Jean, de TELEVISA, y Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, quienes se contienden el honor dudoso de adormecer al pueblo y envenenar el debate político.

La mujer más rica es María Asunción Aramburuzabala, dueña de la Cervecería Modelo, fabricante de la mundialmente famosa (y transgénica) cerveza Corona. Lorenzo Zambrano, monarca del cemento (CEMEX), ensanchó su fortuna vendiendo caro en el mercado mexicano en donde goza de una cuasi-monopolio y barato en el extranjero en donde tiene que luchar con la competencia. Jerónimo Arango, señor de los supermercados, es socio de Wal-Mart, el más grande minorista del planeta y líder mundial en recorte de salarios. Aquí inventó un ingenioso sistema de pago de sueldos con vales de supermercado que restaura las tiendas de raya abolidas por la revolución.

El millonario más buscado es un narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, jefe del tristemente célebre cártel de Sinaloa quien, con una fortuna calculada en 1000 millones de dólares, ocupa un modesto lugar 937 en la lista de los ricos, pero un vistoso 38 en la de los poderosos [“Nº.937 Joaquin Guzman Loera”, Forbes]. Se escapó de una prisión de alta seguridad en 2001 y es señalado como el narcotraficante favorito del Partido Acción Nacional, actualmente en el poder. Originario de la sierra de Badiraguato, Sinaloa, Guzmán Loera, de 54 años, no terminó la educación primaria, pero es el protagonista de un mito nacional: las canciones escritas en su honor, conocidas como narcocorridos.

Los bancos son casi todos consorcios transnacionales. Cobran intereses inauditos, pagan muy poco el ahorro y venden carísimo sus servicios logrando aquí ganancias impensables en otros países. La agroindustria (Monsanto), el agua (VIVENDI) y la energía (FENOSA, Iberdrola y Repsol, esta última concesionaria de la Cuenca de Burgos, uno de los mayores yacimientos de gas natural de América Latina) también se hallan en manos extranjeras. El botín más codiciado es la industria petrolera (PEMEX), legalmente propiedad de la nación, pero desde hace un par de décadas, en parte concesionada a la iniciativa privada gracias a artimañas legales. Hay una novedad: mientras en el pasado la inversión foránea provenía de un solo país, Estados Unidos, ahora destaca la presencia -no menos voraz- de capital europeo, particularmente español, lo cual da un tono grotesco a la retórica bicentenaria del gobierno y explica por qué el “socialista” Rodríguez Zapatero fue uno de los primeros en felicitar al “liberal” Felipe Calderón cuanto este se adueñó de la presidencia por medio de un fraude en 2006.

La minería merece un discurso aparte. Se encuentra en gran parte acaparada por empresas canadienses como la Minera San Xavier en San Luís Potosí, la Black Fire en Chicomuselo, Chiapas, y la Continuum, en San José del Progreso, Oaxaca. Todas ostentan un historial negro en los rubros de represión laboral y contaminación ambiental, pero la situación no es mejor en el Grupo México, tercer productor mundial de cobre, cuyo presidente y accionista mayoritario es el mexicano Germán Larrea. Tan es así que sesenta y cinco trabajadores murieron en febrero de 2006 tras una explosión originada por negligencia de la empresa en la mina Pasta de Concho, Coahuila. El trágico accidente dio pie a una lucha sin éxito por la recuperación de los cuerpos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. En junio de 2010, hubo un movimiento de huelga que desembocó en una confrontación abierta hasta que los días 6 y 7 la policía desalojó a los trabajadores en el propio Pasta de Concho y además en Cananea, Sonora, con una saña como para evocar los hechos sangrientos de 1906, también en Cananea, considerados uno de los antecedentes de la revolución mexicana [El Universal, 9 de septiembre de 2010].

El escenario actual es diferente, por supuesto, y algunos piensan que la industria minera está ensayando un experimento de ingeniería social. Los aparatos de poder fabrican conflictos para favorecer las mineras y mantener el control sobre la fuerza laboral. “El método es conocido: promover que las autoridades asuman el bando de la corporación; impulsar la división en la comunidad; buscar el mejor momento para montar una provocación y estar listos para asesinar incluso a sus propios correligionarios para que la comunidad en resistencia quede fragilizada, llena de acusaciones e incluso con gente en la cárcel” [Ramón Vera, “San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca. Modelo de ingeniería de conflictos”, La Ojarasca. 159, suplemento mensual de La Jornada, julio de 2010].

Si continuamos con nuestra altimetría social, mucho más abajo, encontramos a una clase media exprimida, agotada y en estado de postración permanente, pero siempre proclive a la servidumbre voluntaria. Al fondo del abismo, arrinconados en los márgenes de las metrópolis, en las laderas de las montañas o en páramos desérticos yacen los mexicanos que la pasan mal o muy mal. Son mayoría. Según datos oficiales, apenas el 18 por ciento de la población total (unos 105 millones de habitantes) cuenta con ingresos suficientes para cubrir los derechos sociales básicos (alimentación, vivienda, educación y salud). En cambio, 47,2 millones de mexicanos viven en la pobreza extrema y 35 millones más son vulnerables a sufrir carencias. Unas carencias que pueden resultar letales, como en el caso del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 9 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, con un saldo de 49 niños y niñas fallecidos y 76 heridos. ¿La razón? Carente de presupuesto, el Instituto Mexicano del Seguro Social contrata a empresas privadas para administrar las guarderías públicas y éstas, en contubernio con las autoridades, no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad. ¿Quién sale afectado? Ciertamente, no los hijos de los ricos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señala que México concentra el 18% por ciento de toda la población infantil de América Latina: 15,8 millones, de los cuales 4 en pobreza extrema [La Jornada, 24/6/2010].

Eterna aliada del poder, la jerarquía católica bendice la injusticia. Recrudece, a la par, sus viejas batallas antihumanas encubriendo las infamias abominables de sus curas pederastas, denigrando a los homosexuales y conduciendo una apasionada cruzada contra la despenalización del aborto. Recientemente, el gobierno clerical de Guanajuato condenó a 35 años de prisión a 7 mujeres por “delito de homicidio en razón de parentesco”, es decir aborto. Afortunadamente, todas salieron el pasado 7 de septiembre, gracias a una larga lucha por la reforma al Código Penal estatal que ahora “sólo” impone penas de tres a ocho años por el mismo delito. Una de las mujeres liberadas, Yolanda Martínez Montoya, purgó siete años tras las rejas. “No nos vamos a dar por vencidas. Falta mucho por hacer y por cambiar", dijo al salir de la cárcel con el puño en alto [La Jornada, 8/9/2010]. A la Iglesia y a sus encubridores es bueno echarle en la cara las palabras certeras del cura Hidalgo: “abrid los ojos, americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos: ellos no son católicos; su dios es el dinero, y las conminaciones sólo tienen por objeto la opresión” [“Manifiesto de Miguel Hidalgo en que contesta cargos de la Inquisición”, 15/12/1810].

Daños colaterales

Carente de legitimidad, entronizado en 2006 gracias a un sucio juego mediático y una descarada manipulación de votos, el presidente Felipe Calderón (del PAN), inventó rápidamente una burda guerra contra el crimen organizado a sabiendas de que “la seguridad del poder se fundamenta en la inseguridad de los ciudadanos” (Leonardo Sciascia). Esta guerra, que en la actualidad acapara la atención mundial, se libra entre cárteles de la droga que se disputan el control del territorio y entre algunos de ellos y el Estado [Le Monde, 11/8/2010, “Le Mexique miné par les barons de la drogue” y New York Times, 22/9/2010, “Mexico Paper, a Drug War Victim, Calls for a Voice”]. Carece de ideologías y de héroes, pero ha ocasionado unos 28 mil muertos entre diciembre de 2006 y la actualidad, según cifras oficiales [El Universal, 3/8/2010]. ¿Cuántos de ellos son inocentes, sin nexo alguno con el narco? No existen datos al respecto, aunque a diario nos enteramos de que el ejército mató “por accidente” a un niño travieso, a una familia desdichada, a un automovilista imprudente.

Sesenta periodistas han sido ultimados desde el año 2000, once de los cuales en lo que va del año; once más permanecen desaparecidos. El último, trágico, episodio es la muerte de Luis Carlos Santiago, un fotógrafo de tan sólo 21 años, matado por sicarios el 19 de septiembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. Trabajaba por El Diario de Juárez que en 2008 ya había sufrido el asesinado de un empleado, Armando Rodríguez Carrión, mientras que su colega, Jorge Luis Aguirre, solicitó y obtuvo asilo político en los Estados Unidos tras sufrir amenazas [Véase al respecto “¿Qué quieren de nosotros?”, editorial de El diario de Juárez, 19/9/2010]. Según el Instituto Internacional de la Prensa, con sede en Austria, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Utilizando el lenguaje orwelliano que empleó Bush en Irak y sigue utilizando Obama en Afganistán, Calderón habla de “daños colaterales”.

En la actualidad, 96 mil militares patrullan las calles de México bajo la argumentación de que combaten a los cárteles de la droga. ¿Sirven de algo? Claro que no. La guerra de Calderón no es creíble porque los cárteles de la droga cuentan con la complicidad de policías, oficiales del ejército, miembros de cuerpos especiales, retirados e incluso activos. Informes de inteligencia revelan que un 62% de los agentes policiales, son controlados por el narcotráfico y las sumas que reciben mensualmente alcanzan los 70 mil pesos, unos 3500 Euros [La Jornada, 1/2/2009]. La revista Contralínea señala que, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, los juzgados sólo dictaron 735 sentencias de última instancia por el delito de delincuencia organizada. Esto es únicamente el 0,6% de las 121.199 personas detenidas en el mismo periodo por presuntos vínculos con el crimen organizado [Nancy Flores, “Una farsa, la «guerra» contra el narcotráfico”, Contralínea, 23/5/2010]. ¿Y los demás? Son inocentes o cuentan con la complicidad de alguna autoridad que acabará por liberarlos.

El delito más grave es ser pobre y el castigo incluye la cárcel, la tortura, la desaparición y el asesinato. Detrás de la guerra contra el narcotráfico se esconde otra guerra, la guerra del Estado contra la sociedad que resurge de los años setenta cuando cientos de mexicanos fueron desaparecidos a manos del ejército y de los cuerpos policiales. Una reciente investigación periodística señala que entre diciembre de 2006 y la actualidad han ocurrido unas 3 mil desapariciones por razones políticas, trata de personas y lucha contra el narcotráfico [Sanjuana Martínez, “Van tres mil desaparecidos en el sexenio de Calderón", La Jornada, 30 y 31 de agosto de 2010]. La fecha que marca ominosamente el regreso de la guerra sucia es el 25 de mayo de 2007 cuando dos dirigentes del EPR, Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya, fueron detenidos en Oaxaca y desde entonces permanecen desaparecidos [Véase al respecto mi libro: El espejo de México. Crónicas de barbarie y resistencia, Alter Costa Amic.].

¿Cuál es la base social del crimen organizado? En México, hay 7 y medio millones de jóvenes que no trabajan ni estudian [La Jornada, 24/8/2010]. Tienen un sueño: salir de la miseria. Algunos depositan sus esperanzas en entidades sobrenaturales como la Santa Muerte, un esqueleto con toga larga y guadaña, que distribuye milagros en Tepito, el barrio desafiante de la Ciudad de México. Por otra parte, el narcotráfico genera ingresos equivalentes a 40 mil millones de dólares anuales (de los cuales un 70 por ciento regresa a la economía formal), algo así como el equivalente de lo que aportan las remesas de los migrantes, más el total de las exportaciones petroleras [El Universal, 13/2/2010; George Friedman “Mexico and the Failed State Revisited”, Stratfor, Global Intelligence, 6/4/2010]. Es el único sector en donde el trabajo abunda pues México ya no es únicamente un país de paso, sino un importante centro de consumo (cocaína en primer lugar, pero también opiáceos, anfetaminas, éxtasis y las nuevas drogas sintéticas).

La recién estrenada película Infierno capta admirablemente la ominosa fascinación que el mundo del narco ejerce sobre la juventud. Un emigrante, Benjamín García, regresa a su pueblo después de haber sido deportado de los Estados Unidos. Llega con muchas ilusiones, pero ante un panorama desolador se involucra con una banda de narcotraficantes logrando por primera vez una radiante, aunque efímera, prosperidad. El final es trágico y el mensaje clarísimo: el crimen organizado siempre existió, pero ahora se sobrepone a una clase política especialmente codiciosa y a una crisis económica devastadora creando un ambiente apocalíptico.

Otra opción es emigrar. ¿Cuántos desdichados mueren en el intento de cruzar la frontera norte? Las fuentes discrepan; lo cierto es que se cuentan por miles cada año. Aun así, las políticas migratorias de Estados Unidos -la mal afamada ley SB1070 de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, el Operativo Guardián y la construcción del muro de la vergüenza a lo largo de la frontera- no consiguen detener el flujo migratorio porque la presión es enorme. Lo único que sí logran es que los migrantes busquen formas cada vez más arriesgadas de cruzar la línea cayendo en las manos de mafias cada vez más asesinas. En los últimos años, se ha asistido a la multiplicación de asesinatos de migrantes, especialmente mujeres, no únicamente en los Estados Unidos, sino también al interior del país. Muchos no son mexicanos, sino jóvenes centro y suramericanos en busca del mismo sueño. En Ciudad Juárez, lugar de paso hacia los Estados Unidos, se han registrado 7649 homicidios de mujeres desde 1993. ¿A quién pertenecen las manos asesinas que segaron sus vidas? Nadie lo sabe a ciencia cierta, aunque la complicidad de autoridades locales, estatales y federales es un secreto público.

El más reciente y oprobioso crimen contra los migrantes se perpetró el 24 de agosto pasado, cuando 72 personas (58 hombres y 14 mujeres; la peor masacre en México desde 1968) que iban rumbo a Estados Unidos fueron brutalmente asesinadas en San Fernando, Tamaulipas, por pistoleros perteneciente a los Zetas, un cártel especialmente truculento que integra sus ingresos por concepto de narcotráfico con la trata de personas [La Jornada, 25/8/2010]. ¿La razón? No pagaron su rescate. El secuestro –es útil recordarlo- es un negocio próspero en el México del bicentenario. Según el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, en el primer semestre de 2010 se reportaron 10 mil casos tan sólo en el rubro de los migrantes [La Jornada, 27/8/2010].

Mientras todo esto pasa, es curioso enterarse de que la agencia internacional de inversiones Morgan Stanley eleva su recomendación para México de "ponderación de mercado" a "alta ponderación" [El Financiero en línea, 21/9/2010]. Es decir, el país está en ruinas, pero los negocios caminan bien.

Las otras guerras de México

En años pasados -desde aquel memorable 1 de enero de 1994, día de la rebelión indígena de Chiapas, hasta la no menos gloriosa insurrección protagonizada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO (2006)-, México no ha sido únicamente un país de injusticias lacerantes, sino también un laboratorio social y político de importancia internacional. Hoy, los movimientos sociales se encuentran apaleados y malheridos, pero no sometidos. Ante el naufragio de la Otra campaña –que en 2006 buscó, sin mucho éxito, una alternativa no electoral a los grandes problemas nacionales-, las comunidades agrupadas en el EZLN se replegaron a sus territorios en las montañas del sureste y ahí siguen, a pesar de la guerra encubierta que el gobierno nunca dejó de librar en su contra. Organizadas en los llamados Caracoles o Juntas de buen gobierno, fortalecen su autonomía, implementan proyectos productivos y afinan sistemas alternativos de educación y salud. El prolongado silencio del subcomandante Marcos no debe engañar; a todas luces, se agotó su función como portavoz del EZLN y las comunidades rebeldes dispusieron tomar un control más directo de sus asuntos internos. Es una resolución sabia, en la situación actual. Es verdad que ahora su presencia nacional e internacional es menor, pero también lo es que siguen brindando un ejemplo de lucha libertaria, particularmente a los 15 millones de indígenas que, en distintos lugares, permanecen expuestos al peligro del etnocidio silencioso, cuando no directamente al exterminio físico.

San Juan Copala, una comunidad triqui de Oaxaca, se ha convertido en la sucursal latinoamericana de la franja de Gaza. ¿Por qué? Porque sus habitantes cometieron el doble crimen de luchar contra los caciques afiliados a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), -dependencia local del Partido Revolucionario Institucional, el partido que monopolizó el poder federal hasta el año 2000 y acaba de perder las elecciones estatales- y de proclamarse autónomos.

La respuesta del gobernador Ulises Ruiz, el mal afamado represor del movimiento de 2006, ha sido contundente: promover y solapar grupos de paramilitares armados hasta los dientes que mantienen cercado al pueblo, cortan el flujo eléctrico, clausuran escuelas y suprimen el servicio de salud en total impunidad. No satisfechos, matan cobardemente a 15 personas en lo que va del año (entre ellas a dos activistas humanitarios, Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola) y violan a un número imprecisado de mujeres. Ahora mismo, impiden la entrega de víveres y agua y controla la entrada y salida de personas. El 13 de septiembre, mientras los reflectores mediáticos, se concentraban en la fiesta nacional, se apoderaron del palacio municipal amenazando con masacrar a todos los autónomos si no abandonan la región a la brevedad. El día 18, cumplieron la promesa matando a dos comuneros, Paulino Ramírez y David García Ramírez y desapareciendo a Eugenio Martínez López [Municipio Autónomo de San Juan Copala, comunicado del 25/9/2010].

Esta situación no es privativa de Oaxaca. Escenario similares, se reproducen en Chiapas, Veracruz, Puebla, Nayarit, Jalisco e, incluso, Guerrero y Michoacán, Estados gobernados por el Partido de la Revolución Democrática que se define de izquierda. En Xochistlahuaca, Guerrero, el pueblo amuzgo lucha contra caciques protegidos por el gobernador perredista Zeferino Torreblanca y Radio Ñomndaa (la palabra del agua), una emisora que da voz a los pueblos indios, mestizos y negros de la región, vive sometida a en estado de sitio permanente.En Santa María Ostula, pueblo nahua de la costa michoacana, los comuneros publicaron en junio de 2009 un manifiesto de alcance histórico que reivindicaba el derecho de los pueblos indios a defender la vida, la libertad, la cultura y la tierra. Acto seguido, recuperaron más de 700 hectáreas de propiedad comunal ilegalmente ocupadas por caciques mestizos. Desde entonces, viven acosados por ejército, policía y grupos de choque. El saldo es lamentable: ochos comuneros asesinados y tres más desaparecidos.

En la Ciudad de México, que la izquierda gobierna desde 1997, la represión se dirige principalmente contra jóvenes integrantes de los colectivos libertarios y anarcopunks que se han multiplicado en años recientes y son percibidos como un peligro por el actual jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Con el asesoramiento del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, este implementa el plan “Cero Tolerancia” lo cual implica que ahora los jóvenes son considerados culpables hasta que no demuestren su inocencia. La irresponsabilidad policial es notable. En junio de 2008 un operativo policial desplegado en la discoteca News Divine dejó un saldo de 3 policías y 9 muchachos muertos, tres de ellos menores de edad.

Muchos activistas que ejercen su derecho a protestar acaban presos por el único delito de encontrarse en el lugar equivocado, en el momento equivocado y no tener el dinero para comprar la justicia. Actualmente hay 5 jóvenes anarquistas detenidos en las cárceles del Distrito Federal [“Entrevista a Cruz Negra Anarquista (CNA) del DF”. La Cruz Negra es una organización libertaria surgida precisamente para enfrentar la situación de represión que enfrentan los jóvenes]. Ellos son: Abraham López Martínez, Fermín Gómez Trejo y Carlos de Silva Orozco, encarcelados desde el 15 de diciembre de 2009 bajo la acusación de haber lanzado cócteles molotov en contra de varios automóviles; Adrián Magdaleno, acusado de intentar detonar explosivos caseros en el interior de un vagón del metro; Víctor Herrera Govea, estudiante encarcelado por ejercer su derecho a protestar contra la represión en la marcha del 2 de octubre de 2009 [Sobre el caso de Víctor véase: Carolina S. Romero, “La gente exige y Marcelo reprime. Mitin por la libertad de Victor Herrera encapsulado por granaderos del DF”, 9/9/2010].

La expoliación social va a la par con la catástrofe ambiental. Desde hace tiempo, la deforestación hace estragos en el mundo entero, pero especialmente en México en donde alimenta un ciclo infernal de calamidades “naturales” en que las sequías se alternan a las inundaciones. Por un lado avanza la desertificación y por el otro, cada vez que llueve más de lo normal, se desgajan cerros, se desbordan ríos y se sumergen ciudades enteras. (la última temporada dejó un millón de damnificados tan sólo en el Estado de Veracruz). Para colmo, el gobierno federal fomenta un Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) en que empresas altamente nocivas compran y venden legalmente el derecho a contaminar con el subterfugio de que plantan árboles en otra parte del mundo [Silvia Ribeiro, “Vendiendo aire”, La Jornada, 11/9/2010 y Ana de Ita, “REDD++ y pueblos indígenas”, La Jornada, 18/9/2010].

Estos gravísimos problemas ambientales se agudizan de cara a megaproyectos turísticos que devoran recursos naturales y reverdecen la esclavitud porfiriana: privatizaciones de los servicios del agua en biorregiones enteras; construcción de represas y desviación de ríos que destruyen microclimas (La Parota, Guerrero; Paso de la Reyna, Oaxaca; El Zapotillo y Arcediano, Jalisco; El Cajón, Nayarit); parque eólicos que arrasan con la fauna y devoran tierras comunales (La Ventosa, Oaxaca); basureros a cielo abierto que contaminan cultivos y mantos freáticos (Tlaquiltenango, Morelos; Tulum, Quintana Roo; Guadalcazar, San Luis Potosí y Tlaxcala, entre muchos otros); cultivos transgénicos que envenenan la madre tierra. Todos son negocios jugosos, pero pueden convertirse en factores de revuelta como se aprecia en la multiplicación de movimientos en defensa del agua, la tierra, el aire, la biodiversidad, los alimentos y la salud. Algunos se hermanan en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) que coordina y da visibilidad a sus luchas. La respuesta del gobierno es la de siempre: encarcelar o asesinar a luchadores ambientales y, bajo el pretexto del combate al crimen organizado, militarizar regiones enteras.

Las fábricas tampoco están en paz. La ofensiva antilaboral del gobierno panista es tremenda y todos los días nos enteramos de que desaparece una fuente de trabajo, un sindicato o un contrato colectivo. Destaca la lucha heroica -y en gran parte solitaria- de los trabajadores del Sindicato Mexicanos de Electricistas –uno de los gremios más antiguos del país- que exigen conservar su fuente de trabajo en Luz y Fuerza del Centro, industria pública, ilegalmente clausurada por el gobierno federal.

Hoy, México se antoja un precipitado de todas la adversidades que acechan el planeta: totalitarismo económico, devastación ambiental, una polarización social obscena, partidos “canalla” que se disputan el poder con el objetivo de enriquecerse, televisoras que ponen y quitan gobernantes, mafias sanguinarias que corrompen el tejido social. Sería aventurado, por lo tanto, concluir renovando la profecía de John Kenneth Turner sobre la inminencia de una revolución redentora o apostándole a la renovación centenaria del metabolismo político: 1810, 1910, 2010 [John Ross, “1810! 1910! 2010! The Timeline for a New Mexican Revolution Comes Due”].

Nuestra historia, sin embargo, no termina así. “El estadio supremo de la producción mercantil y el proyecto de su negación total, igualmente ricos en contradicciones en sí mismos, están creciendo juntos”, escribió Guy Debord [Guy Debord, El planeta enfermo, Editorial Anagrama, Barcelona, 2006 (original en francés de 1971); hay edición virtual]. México tiene un fondo tenaz y una dialéctica reacia, aunque para muchos incomprensible, justamente por hallarse en el ojo del ciclón. Recordemos las palabras de B. Traven: “Somos el mañana. En nuestro continente se decidirá el sino del próximo milenio; se prepara la cuna de una nueva cultura. Y nacerá en México, porque ahí es donde se experimentan los dolores del parto”.[B. Traven, Tierra de Primavera, México, Conaculta, 1996, pág. 25 (primera edición en alemán, 1928)] Ese mañana no acaba de amanecer. Queda poco tiempo.

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2010