La jornada de huelga general, convocada en la Unión Europea para el próximo 29 de septiembre, se plantea con carácter meramente defensivo. No es una huelga general que pretenda derribar al Gobierno y mucho menos acabar con el sistema productivo; no es una huelga política y menos aún revolucionaria, aunque seguramente tendrá consecuencias políticas; las está teniendo ya. La huelga general es una respuesta a las medidas políticas de ajuste que siguen el guión de una ofensiva patronal -de las grandes patronales internacionales- disfrazada de racionalidad para salir de la crisis.

Desde los foros económicos internacionales, desde las patronales, desde las instituciones de la Unión Europea se plantea con insistencia que una de las medidas centrales para salir de la recesión económica es la reforma laboral, como si el llamado mercado laboral (suena a mercado de esclavos) fuera la causa principal -y para algunos única- de la crisis; parece como si el mercado laboral frenase la productividad y asfixiara la producción, y por lo tanto, la solución estuviera en aliviar esa presión perversa liberalizando o flexibilizando las relaciones laborales, que bastante flexibles son, pues no parece difícil contratar trabajadores en condiciones muy ventajosas para las empresas, ni despedirlos con poco coste como muestra el vertiginoso aumento del paro.

Culpabilizados los trabajadores -"trabajan poco para lo que cobran y defraudan al Estado cuando están desempleados"-, la reforma laboral se presenta como ineludible. Es la gran reforma pendiente desde la Transición, se aduce, como si toda España se hubiera puesto al día, pero, sobre todo, como si no hubiera habido reformas en este terreno. Y este es un argumento falaz.

Hagamos memoria, pues el mercado laboral no ha dejado de reformarse desde hace 30 años. Según los sindicatos, ha habido unas 90 reformas parciales, pero sin necesidad de ir al detalle recordemos los grandes acuerdos que refrendaron algunas de ellas. La primera estaba contenida en el Pacto de la Moncloa, en 1977, pacto social atípico, se dijo, porque que estuvieron ausentes los agentes sociales. Le siguieron el Acuerdo Marco Interconfederal, en 1980, año en que, por cierto, entró en vigor el Estatuto de los Trabajadores; luego el Acuerdo Nacional de Empleo, en 1981; el AES en 1984; el acuerdo sobre el control de los contratos laborales, en 1990; el acuerdo sobre la "Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales" en 1996, o el Acuerdo para la Estabilidad del Empleo y la Negociación Colectiva, en 1997.

Hay que señalar que han existido otros intentos gubernamentales de reformar el mercado laboral que no han contado con el acuerdo de los sindicatos, lo cual ha tenido como efecto la convocatoria de huelgas generales como las siguientes: el 20 de junio de 1985, contra la reforma de las pensiones; el 14 de diciembre de 1988 contra el Plan de Empleo Juvenil; el 28 de mayo de 1992 contra el “decretazo” (Decreto de Medidas urgentes sobre el fomento de empleo), que reducía las prestaciones por desempleo; el 14 de diciembre de 2000, huelga general en el sector público reclamando una subida salarial igual al índice de inflación; el 27 de enero de 1994 contra la reforma laboral; el 20 de junio de 2002, contra el inconstitucional “decretazo” del PP, que facilitaba el despido.

Seguro que en el mismo período de tiempo no ha habido tantos intentos de reformar la función gerencial de los empresarios.