Trasversales
Anne Vernet

Los derechos humanos, entre los Estados lacayos y los Estados canallas

Revista Trasversales número 20 otoño 2010


Anne Vernet (1953) es doctora en Ciencias del Lenguaje y escenógrafa. Profesora de teatro durante 20 años. Autora de numerosos artículos sobre filosofía política, historia del arte y dramaturgia. Autora de las novelas La Seconde Chance (2009, éditions Sulliver) y Un trop-plein d’espace (2010, éditions Sulliver). Traducido del francés por Trasversales, con autorización de la autora.



Desde que el concepto de universalidad ha sido negado por un comunitarismo que, a partir de 1992 y del colapso de la URSS, se ha convertido, tanto en democracias como en dictaduras, en el único fondo de comercio de los políticos, cabía esperar que los derechos humanos fuesen menoscabados de sesión a sesión por el Consejo de la ONU supuestamente encargado de velar por ellos.
El relativismo cultural se ha erigido como una nueva ética tolerando aquí y allá la influencia del particularismo religioso sobre el Derecho, así como apresurándose a servir a la universalidad del capitalismo en cualquier lugar y sin vacilar. En consecuencia, el Derecho comercial y el Derecho basado en la costumbre tienden a desplazar al Derecho civil. Actualmente, la realidad fundadora de los derechos humanos está siendo cosificada: “lo que fundamenta la universalidad de los derechos humanos es la universalidad del sufrimiento” (Robert Badinter, abogado, ministro de Justicia en el primer gobierno de Mitterrand, que abolió la pena de muerte). Sufrimiento físico, moral y social. Una evidencia antropológica.

Desde hace ya mucho tiempo, la Iglesia ha asumido en Francia la formación de personal docente. Desde hace más de 20 años, los Instituts Universitaires de Formation des Maîtres convalidan cursos para enseñantes impartidos por instituciones privadas, en su mayor parte católicas. Este acuerdo con el episcopado fue hecho por la izquierda en el poder, antes de que Jack Lang, al cofinanciar la construcción de la catedral de Evry, pisotease la ley de 1905, garante de la separación entre Iglesia y Estado y del laicismo de la educación. En aquel momento, los pocos librepensadores franceses lo suficientemente valientes como para desafiar el ridículo y protestar contra estos abusos fueron tratados de arcaicos comecuras [NT: la palabra usada por Anne es laïquards, que no figura en ninguno de los diccionarios de la lengua francesa que hemos consultado; su uso más habitual lo hace la reacción clericalista en términos despectivos hacia las personas y asociaciones laicistas, papel que en España suele jugar la palabra “anticlerical”, pero dado que Anne utiliza algo más adelante anticléricalisme en sentido positivo hemos preferido recurrir al término aquí utilizado aunque sea una traducción no literal].

Hoy, la propaganda religiosa ha inundado los medios de comunicación, “la crisis” explota a sabiendas las arbitrarias bases de la meritocracia religiosa y, en la mayor parte de las luchas sociales, el anticlericarismo es considerado como superfluo. ¿Para que nos preocupemos seriamente por todo esto habrá que esperar a que algún ateo sea condenado en nombre de la prohibición de la “difamación de las religiones” aprobada en la penúltima sesión [25/3/2010] del Consejo de Derechos Humanos de la ONU bajo la presión de los Estados petroleros islamistas?
En la última reunión de dicho Consejo, los mismos Estados han exigido esta vez la prohibición de la blasfemia. Aterrorizadas, las democracias les han concedido el derecho a reprimir la homosexualidad a cambio de renunciar a esa condena: ahora, la homosexualidad ya no es uno de los derechos humanos, cada Estado es libre de resolver la “cuestión” a su voluntad.

Siete países castigan la homosexualidad con la muerte (incluida Libia, que presidió el último Consejo y hacia la que Italia ha enviado veinte migrantes el pasado 10 de mayo). La emigración de residentes gays hacia Europa se acentuará. Desafortunadamente, en virtud de ese terrible no-derecho, los países “de acogida” (es un eufemismo) no podrán considerar que las personas homosexuales son merecedoras de asilo político dada la represión que sufren, ya que ésta ha sido autorizada por las Naciones Unidas. Las dictaduras podrán querellarse contra el derecho de asilo e incluso solicitar la extradición de estos “criminales”. Habida cuenta de la homofobia que prevalece en las filas de la policía, podemos temer lo peor, pese a que los propios procedimientos de extradición vendrán a corroborar las razones de las peticiones de asilo.

Hay que afirmar la incompetencia absoluta de los Estados para legislar sobre este tema. Pues estas repetidas renuncias del Consejo consagran la soberanía del Estado sobre los seres humanos. En tales términos puede medirse la terrible perspectiva abierta de omnipotencia del Estado sobre el símbolo, ante la que los representantes de las ONG son impotentes porque, en su calidad de no gubernamentales, tienen derechos al comentario pero no al voto, lo que contraría el espíritu de la Declaración Universal de 1948 en el momento de su proclamación.
La involución de los derechos humanos en el sentido de un código penal universal es un total contrasentido. Aún no hemos terminado de sufrir y todavía tendremos que soportar muchos dolores y crímenes antes de que el Consejo, en el que cada orador islamista comienza proclamando su sumisión religiosa, afirme el principio universal del laicismo y se ajuste a la Declaración que garantizaba la libertad de conciencia de cada persona.

Lo peor está por llegar. La mayoría de los países que integran el Consejo son dictaduras, estando en minoría las “democracias”. La prohibición de difamación de las religiones fue aprobada por 21 votos contra 11, con el apoyo de los estados islamistas, China, Cuba y Rusia. Esta regresión, que también afecta a los derechos económicos y a las libertades civiles (derecho de huelga, derecho de petición, etc.), se acomoda al intento de crear las condiciones “sociales” a las que aspira el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), que siguió al Acuerdo Multilateral de Inversiones que fue bloqueado por el veto del Parlamento Europeo en 1995. El AGCS, firmado por los gobiernos y no sujeto a las instituciones parlamentarias, obliga a los Estados a apoyar la inversión privada, a asegurar a los inversores la paz civil y considera como bienes de inversión todo lo que afecta a los servicios públicos y a los activos intangibles como derechos y contratos. La crisis no es más que la culminación de este universal mercado de saldos: los préstamos suscritos por las personas endeudadas (subprimes o hipotecas de alto riesgo) son la perfecta expresión de estos contratos revendibles como mercancías permitidos por el tratado.

Creado un año después de la entrada en vigor de este acuerdo, el Consejo, en nombre de la democracia, desmenuza sesión tras sesión los artículos de la Declaración.
Los EEUU no se sientan en el Consejo, al que no reconocieron validez desde su creación (y con motivo, habida cuenta de las infracciones de la administración Bush en materia de derechos humanos). Las últimas medidas en favor de éstos en territorio estadounidense (cierre de Guantánamo, prohibición de la tortura, posibilidad de persecución de los crímenes de la administración Bush) muestran que la administración Obama limpia sus establos de Augías para unirse al Consejo con las “manos limpias” en la próxima sesión. Vale. ¿Pero para decir qué? Pues es preocupante que el discurso de investidura de Obama fuese jalonado por un aluvión de referencias e intervenciones religiosas acompañadas por himnos (!), mientras que el de Kennedy en 1961 afirmó la primacía de la libertad de conciencia y el retorno de lo religioso a la esfera privada, considerando incluso la posibilidad de afirmar el principio laicista en las instituciones gubernamentales... Veinte años más tarde, Carter, gran promotor de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz, había completado la recristianización de la política estadounidense y el Occidente “multicultural” seguía su ejemplo.

Con veinte años de retraso, como de costumbre, Francia acelera ahora su imitación estúpida inventando, excepción cultural obliga, una mezcla de Carter con los dos Bush...
Otro giro de tuerca más. Un bebé de 4 meses y nacido en Francia está en un centro de detención con sus progenitores tras la apelación de la Fiscalía contra la decisión de conceder asilo a su familia; represión anunciada sobre los pobres que hayan osado endeudarse con los usureros que cotizan en Bolsa; anuncio del “flagelo” de una gripe que ya amenazaba a los movimientos sociales de otoño pero que indultó nuestras vacaciones de verano, pues al virus no le gustaba el calor (no sabía que México fuese un país frío); por no hablar de las dificultades de acceso al aborto voluntario, el no reembolso de los medios anticonceptivos, la eliminación de los subsidios a la planificación familiar y una reescritura de los movimientos feminista y LGTTB que les presenta como sometidos a la influencia maoísta.
A petición de un Conseil National de l’Ordre des Médecins cada vez más reaccionario, el Ministerio de Sanidad excluye ahora a los homosexuales de la donación de sangre como “medida cautelar”, con el pretexto del periodo de latencia entre la transmisión del VIH y su detección: de forma implícita, la persona homosexual es presentada como irresponsable. La medida fue tomada después del cierre del último Consejo de las Naciones Unidas.
La triquiñuela es enorme, pero cuanto más grande sea mejor cuela. Un nuevo caso de sangre contaminada permitirá, bajo pretexto de control sanitario, fichar a esos “irresponsables”, aunque la contaminación sea causada -y sin duda lo será- por un nuevo crimen comercial.

El ministro de Salud ha sumado lo abyecto con lo odioso “moderando” esta medida con un bonito gesto: la transfusión de sangre de homosexuales está permitida entre homosexuales. En otras palabras, si se produce contaminación en ese caso, ya no es tan grave (¿por qué no contaminarles intencionadamente?, ya puestos). Estas medidas conllevan graves consecuencias para todos, aunque la hipócrita mayoría ciudadana no lo comprenda hasta que sea demasiado tarde:
Pese a lo que él mismo pueda imaginar, sabiéndolo o no, el sujeto sólo pensará y hará aquello que es socialmente obligatorio pensar y hacer. Ésta es la faceta social-histórica del mismo proceso que, psicoanalíticamente hablando, denominamos la represión”, escribe Castoriadis [las citas son de Castoriadis, Fait et à faire, París, Seuil, 1997].

Debe quedar claro, sin embargo, que la regresión en la que nos encontramos no habría encontrado las condiciones de cobardía colectiva que necesitaba si antes más de 30 millones de personas en todo el mundo, incluyendo a muchos artistas, intelectuales y activistas, no hubieran sido diezmadas por un virus respecto al cual aún no termino de creer que haya sido creado por la naturaleza por sí sola sin que nadie haya ayudado un poco a ello, de forma deliberada o no. Es muy poco probable que un virus sufra dos mutaciones simultáneas “naturales”, tales como la posibilidad de transmisión del mono al humano, por una parte, y la transmisibilidad exclusiva a través de la sangre o sexual por otro lado... Ni una ni otra de estas mutaciones se han observado en los monos o en los seres humanos antes de su asociación.

Cuando Sarkozy clama que él sólo puede tomar, como justa medida social contra la crisis, decisiones que permitan al Estado ganar dinero a través de inversiones lucrativas, eso dice mucho sobre el orden simbólico al que los Estados lacayos del AGCS nos someten.
Los derechos fundamentales son atacados por un lobby estatal “sin inhibiciones”, en el que la antigua patria de los derechos humanos quiere ser cabeza de cartel. Los primeros que han sido vendidos y sacrificados han sido los homosexuales. Berlusconi tiene previsto multar a los inmigrantes “no deseados” con 10.000 euros, y nos preguntamos cómo podrán pagarlos personas que ya están esclavizadas por las redes de traficantes a través de las cuales cruzaron las fronteras, a menos que se derive el pago hacia el país de origen, agravando así la represión local, o que estos inmigrantes sean obligados a trabajar en Italia a cambio de nada, por ejemplo durante las huelgas.

Una pedagogía por la violencia, la estupidez y la codicia se desata en nuestras pantallas: la información conjuga economía, terrorismo ecolosanitario, delincuencia y apología de los amos del mundo; el ocio conjuga series policíacas, crónicas traumatizantes de crímenes “reales” y juegos de azar; el debate político conjuga cifras y calumnias; la cultura conjuga la reescritura de la historia con la glorificación de la caridad y el teatro burgués filmado. Crece la represión de los activistas, de los sin papeles, de las personas sin hogar y pronto crecerá la ejercida sobre las personas endeudadas. Llueven amenazas contra los huelguistas: condenas judiciales, intervención militar, represalias financieras. Y aún somos privilegiados...
Toda sociedad privilegia lo que favorece un status quo de sus modelos, statu quo defendido en primer lugar por aquellos a los que esos modelos privilegian. Pero hay que entender que ninguna sociedad llegaría a formarse si no pudiese actuar sobre la compulsión y la violencia (de cuyo mayor o menor éxito dependerá su estabilidad) que ejerce para que aquello que, de hecho, está al servicio de su intención conservadora se vuelva ilusoriamente conforme a las exigencias de la estructura psíquica" [Piera Castoriadis-Aulagnier, psicoanalista, fundadora del Cuarto Grupo de psicoanálisis, al que contribuyó Castoriadis. Una de sus obras más notables es La Violence de l’interprétation, de donde he sacado estas líneas].

La represión de la homosexualidad no sólo pone en tela de juicio la libertad de sexo (formula que prefiero a “libertad sexual”, ya que incluye, en un plano más simbólico que el de la sola actividad sexual, la elección de sexo en igual medida que su igualdad). Pone en cuestión la libertad de cada persona en su esencia. Esta represión afirma el odio al amor y al deseo, a la vez que es motivada por ese odio. Pues no se es hetero, homo o transexual tanto a causa del gen o cromosoma, ni incluso de la reivindicación identitaria ante los roles que nos asigna el orden moral. El encuentro amoroso, el fulgor del otro que nos devuelve, libre, a nosotros mismos, es lo que decide lo que cada cual es.
Reprimir la libertad de sexo es dejar campo libre a todos los crímenes y abusos sexuales que el autoritarismo se permite, crímenes y abusos cuya lista crece cada día en todo el mundo: matrimonios forzados, esclavitud sexual, pederastia, incesto, ablaciones, lapidaciones, ahorcamientos, decapitaciones.

El encuentro amoroso nos devuelve libres a nosotros mismos abriéndonos el tiempo. El sexo forzado nos lo cierra, sea cual sea la edad en la que lo sufrimos, seamos hombre o mujer, niña o niño. Así, la criatura violada por su padre se ve forzada por esta violación a abrazar el más acá de su propio pasado, es decir, para ella, la nada.
La coerción sexual, ya sea represión o abuso, rompe el psiquismo. La represión sexual, de la que el abuso sexual es la peor expresión, fractura el imaginario colectivo trabando en cada uno de nuestros cuerpos la cualidad de objeto.

Bajo la presión del imaginario capitalista “total”, la humanidad no pueden tomarse tiempo para una deliberación real, pese a que la urgencia de ésta resulta angustiosa. Lo arbitrario instituido, por la vía de una universalidad simbólica, nos prohibe la libertad de disponer de nuestra propia experiencia para generar sentido a partir de ella. Nos la prohibe desposeyéndonos de nuestro tiempo y de nuestros cuerpos. Las personas desempleadas a consecuencia de los “ajustes” de plantilla, la mujer esclava sexual, el inmigrante rechazado y el homosexual ejecutado lo saben. ¿Qué pasa con una organización social que impone sus representaciones identificatorias y prohíbe a los individuos toda libertad para reconocerse o no reconocerse en ellas?

El individuo que intenta generar sentido a partir de su propia experiencia, en una confrontación crítica con lo instituido, aquel que es portador del significado profundo de los derechos humanos, pone su vida en juego literalmente. La democratización de esta censura se constata todos los días. No hay necesidad de un orden visible de lo totalitario: sea cual sea su lugar en la jerarquía social, cualquier persona que haya integrado en sí misma la armadura de las constricciones del terror liberal (sobre todo si está endeudada hasta las cejas) actúa como un controlador, como un repetidor que difunde esas constricciones en su entorno: proliferación de “moderadores” en los debates, institucionalización de la delación en la empresa y en la vida civil, estructuras piramidales de tipo sectario que organizan la captación de sentido en beneficio de la autoridad que lo manipula en las empresas, entidades educativas y formativas, administraciones, organizaciones políticas y asociaciones... Esta “democratización” del poder totalitario es el rostro contemporáneo de la barbarie. Quizá sea reveladora de lo que el propio modo de organización social del Estado capitalista sabe sobre su carácter absurdo y sobre su colapso, antes o después inevitable. Pero también es signo de una emergencia sociológica: la capacidad instituyente de cada persona. No sólo ante los fundamentalismos religiosos y ante el orden económico, sino también frente al Estado y las entidades supranacionales. Esta capacidad significa, en cada persona, una nueva cualidad, individual, de conciencia política: alimentada con toda la intensidad de su presencia en el mundo, presencia directa y completa, no mediatizada ni desviada por un aparato de poder, ya sea iglesia, partido o Estado.
Ojalá esta conciencia pueda crecer lo suficientemente rápido y con la suficiente fuerza como para evitar una experiencia universal de sufrimiento a una humanidad que ha olvidado la universalidad de los derechos humanos.

NOTA. Pocos días después de terminar este artículo hubo una gran noticia, descrita como “un gran avance en materia de derechos humanos”: Francia había “eliminado la transexualidad de la categoría de enfermedades mentales, siendo el primer país del mundo en hacerlo” (recordemos que en Irán, que persigue la homosexualidad con la pena de muerte, la transexualidad se considera como una enfermedad de la identidad y, como tal, las operaciones de cambio de sexo están permitidas). Pero las enfermedades mentales y los cuidados e intervenciones conexas a ellas eran 100% cubiertas por la Seguridad Social francesa. Así que, hasta ahora, las operaciones de cambio de sexo eran pagadas por la Seguridad Social, dada su clasificación en esa siniestra categoría. A partir de ahora, eso se ha acabado. Gran progreso en materia de derechos humanos, sin lugar a dudas.


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