Desde hace demasiado tiempo la respuesta a las principales reivindicaciones feministas es ‘no es el momento’. Este latiguillo se ha ido convirtiendo en algo habitual en la práctica política, en la económica y en la acción social. A través del uso y costumbre se ha ido predeterminando esta percepción de que siempre hay algo más importante o más urgente que acometer y que si sabemos ser pacientes alcanzaremos el futuro prometido. La irresponsabilidad de quienes siguen utilizando este subterfugio con la pretensión de suavizar las propuestas-protestas ‘impacientes’ es tal que con su acción están sentenciando a la sociedad a un futuro más desequilibrado, misógino e insostenible que el presente. La decisión de mantener en suspenso reformas que sabemos pueden facilitar avances significativos en igualdad pone en evidencia la debilidad de los compromisos institucionales con la igualdad real. Ya ocurrió en la Revolución Francesa: ‘no fue el momento’ para hacer efectiva la vindicación de los derechos de las mujeres. Desde entonces, ni las mujeres ni la igualdad han sido nunca una prioridad política. Da igual lo que se haya dicho en los discursos politicos, en las declaraciones oficiales y en los programas aprobados. La evidencia de hechos y cifras nos revela el orden de importancia real que se le da a la igualdad.

En el ámbito internacional se ha constatado a través del seguimiento de los ODM que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es el objetivo que menos ha progresado. El dato más espeluznante: menos de un tercio de los 171 países que integran Naciones Unidas han conseguido que haya el mismo número de niñas que de niños en la escuela.
Es una cuestión de sentido común: los problemas que ocasiona la desigualdad existente no se arreglan con soluciones técnicas ni con ‘acciones parche o limosna’, sino con importantes cambios culturales y de conducta que se han de impulsar desde las politicas públicas, hoy, en el presente. En este momento, en el que los gobiernos están abducidos por la necesidad de reactivar crecimiento y desarrollo, se olvidan que la igualdad de género es imprescindible para sentar las bases de otro modelo de desarrollo. Por eso, sí, precisamente ahora es necesario incluir en la agenda política la igualdad y actuar en consecuencia, otorgándole un lugar de preeminencia también en la distribución presupuestaria. Por coherencia, por responsabilidad, por justicia social, por sostenibilidad humana.

Pero el sentido común no existe en las estructuras patriarcales y la tendencia actual es de retroceso, por muchas pantallas que pretendan nublar las evidencias. Y, además, la persistencia de las desigualdades se atisba que va para largo, con los efectos perversos que tendrán gran parte de las políticas aprobadas como respuesta a la crisis.
En España, sin ir más lejos, la decisión de suspender la ampliación del permiso de paternidad a 4 semanas, que estaba prevista para el año 2011, representa un quiebro importante. La excusa es ahorrar los 200 millones de euros que representaría la ampliación. Un importe insignificante cuando se compara con otras partidas presupuestarias no orientadas a la igualdad. Y más insignificante aún cuando se tiene en cuenta el análisis coste – beneficio de tal medida. ¿Dónde ha quedado el criterio de la rentabilidad social? ¿y la coherencia con la igualdad proclamada por ley? Porque el permiso de paternidad, aprobado por la Ley de Igualdad (Ley 3/2007), ha sido la medida más efectiva para la corresponsabilidad (desde su existencia se lo tomaron aproximadamente el 80% de los hombres con derecho), y la más reclamada y aceptada por la población (según el barómetro del CIS de marzo de 2010, el 88,7% de las mujeres y el 88,5% de los hombres españoles se muestra muy de acuerdo o bastante de acuerdo).

No es de extrañar que, ante la inconsistencia de dicha excusa, se haya calificado esta decisión del Gobierno de España como un atentado contra la democracia y la igualdad entre mujeres y hombres.
Identificados los síntomas que afloran en la situación actual, el diagnóstico es inaplazable: falta de transparencia y coherencia en todo lo que se relaciona con el avance en igualdad. Algo que ya denunciaba UNIFEM en la presentación del informe ¿Quién responde a las mujeres?