El 2 de febrero de 1011 el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT firmaron el Acuerdo Económico y Social. Posiblemente será la base de un proyecto de ley que, entre otras cosas, establecería modificaciones esenciales en nuestro sistema de pensiones. Hago una primera y provisional valoración.

a) Los contenidos del AES 2011, de convertirse en ley, representarían un grave y duradero deterioro de las condiciones sociales, a través de un conjunto de reformas entre las que el aumento de la edad de jubilación no es la peor, pese a ser muy mala. Me cuesta comprender que alguien, incluso alguien que considere que había que firmar para evitar males mayores, niegue el duro retroceso social que representa la conjunción de medidas como las siguientes:

- Número de años previos a la jubilación utilizado para el cálculo de la base reguladora: pasaría de 15 a 25 años.  Según estimaciones de UGT previas a la firma del AES 2011, eso generaría un descenso de la pensión media en torno al 5%.
- Número de años cotizados que hacen falta para que no se aplique penalización sobre la base reguladora: pasaría de 35 a 37 años. También se modificarían los criterios de elaboración de la escala que define esa penalización según el número de años cotizados. La combinacón de ambos cambios daria lugar a una  disminución generalizada de las pensiones, que en algunas franjas de cotización llegaría al 9%, lo que se sumaría al efecto señalado en el párrafo anterior.
- Edad ordinaria de jubilación: pasaría de 65 a 67 años, salvo para quienes tengan 38,5 años cotizados.
- Jubilación anticipada: se retrasaría también dos años, salvo si está motivada por crisis, se incrementarían sus penalizaciones y se suprimiría el derecho a percibir el complemento a mínimos si el cómputo de la pensión no alcanza la pensión contributiva mínima vigente.
- Se instauraría un mecanismo semiautomático quinquenal, a partir de 2027, de revisión del sistema si aumenta la esperanza de vida.
- Como contrapartida a todo lo anterior, se ofrecen compromisos incumplidos derivados de acuerdos anteriores, como la reducción de la edad de jubilación en profesiones especialmente penosas, firmado en 2006.
- En el AES 2011 el Gobierno no asume ningún compromiso efectivo sobre aumento de los ingresos del sistema (como la revisión de las bases máximas de cotización), ni sobre la aceleración de la financiación íntegra de los complementos a mínimos con aportaciones del Estado. Ni siquiera se explicita una decisión firme de cumplir lo mandatado por la Ley General de Seguridad Social, que obliga a que el Estado financie el 100% de dichos complementos no más tarde del 1/1/2014. En el período 2000-2011 se habrán gastado en complementos a mínimos unos 45.000 millones de euros, que si se hubiesen ingresado en el Fondo de Reserva se habría convertido en más de 50.000 millones con los intereses generados, con lo que el Fondo de Reserva estaría actualmente en unos 120.000 millones, casi el doble de su monto actual, lo que rendiría el doble de intereses anuales.
- Menos aún se da ningún paso hacia el reconocimiento de esa deuda del Estado con el sistema de pensiones contributivas, ni hacia la reforma de la Ley del Fondo de Reserva para que el ingreso en el Fondo de Reserva de los excedentes del sistema contributivo de pensiones sea obligatorio y no siga quedando, en cuanto a momento y cuantía, a criterio del Gobierno.

Incluso aquellas medidas que nos presentan como mejoras sociales son claramente insuficientes para paliar los retrocesos o incluso reaccionarias. Por ejemplo, la contabilización como tiempo cotizado de una parte del tiempo en que las mujeres dejen su empleo para cuidar hijos tiene un máximo de dos años que sólo es alcanzable si la mujer ha tomado esa decisión para tres hijos, por lo que incluso en los raros casos en que se alcance ese tope en ningún caso se mejoraría, dado que precisamente pretenden exigir dos años más de cotización. A su vez, esa medida toma sesgo reaccionario y machista al no aplicarse a hombres que abandonen el trabajo para cuidar hijos, consolidando así el "mandato social" de que son las mujeres las que deben cuidar. La obligación de cotizar en el marco de los programas formativos de formación profesional o universitarios, que es una medida positiva, es muy poco ante tan graves recortes.

b) El que los contenidos del AES 2011 se conviertan en ley y lo hagan con el apoyo de nuestras dos mayores centrales sindicales conllevaría un debilitamiento aún más intenso de la capacidad de resistencia ante una ofensiva brutal de las élites económicas y políticas, cuya hegemonía "cultural" y material se está fortaleciendo a pasos agigantados. Se ha generalizado un "sálvese quien pueda" en el que cada cual está echando sus cuentas sin perspectiva transformadora alguna e incluso sin conciencia de que lo que está en juego no es sólo la edad de jubilación sino también el importe de la correspondiente pensión.
El que esta política la esté llevando a cabo el gobierno del PSOE y parezca que el único recambio posible sea el PP, junto al que ahora aparezca avalada por las dos mayores centrales sindicales de clase, crea una atmósfera de "no hay salida", sin horizonte ni perspectivas, salvo que en algún momento cuaje una rebelión "a la tunecina". A romper esa situación no está ayudando en nada el que los dos principales sindicatos asuman ahora como suyos los pseudoargumentos de la CEOE y del Gobierno que, hasta hace pocas semanas, habían sido rebatidos con muy buenas razones en numerosos documentos sindicales en los que se demostraba que las medidas de recorte no eran necesarias y que había alternativas eficaces para consolidar el sistema de jubilación vigente. De una derrota puede salirse poco a poco, e incluso de una rendición necesaria para "salvar los muebles", pero a condición de que las cosas se reconozcan como son y de que las derrotas no se presenten como victorias. Cunde el sentimiento de impotencia y la idea de que la acción colectiva no sirve para nada, por lo que, sin descartar las movilizaciones de protesta que puedan organizarse desde otras organizaciones sindicales y que merecerán apoyo si se plantean en términos razonables, tal vez no haya tarea más importante que el esfuerzo analítico, pegadógico y de diálogo social para entender y explicar el alcance de las medidas contenidas en el AES, de manera que, incluso aunque de momento no pudiésemos impedir su aplicación, crezca la indignación por ellas y la conciencia de que había y hay otros caminos diferentes al que han logrado imponer las élites, pues si eso se logra no puede excluirse que, al menos, podamos parar una parte de estos recortes en el proceso que aún les queda por recorrer.

c) Siendo afiliado a la UGT, no comparto la decisión tomada por mi sindicato y menos aún las explicaciones triunfalistas que se están dando. Creo que ha sido un gravísimo error la firma de ese acuerdo, que UGT y CCOO pueden/podemos pagar muy caro, pero que, sobre todo, pagará el conjunto de la población trabajadora. De lo regresivo del AES estoy absolutamente convencido, pero podría revisar mi oposición a su firma si ambos sindicatos aportasen argumentos demostrando que ha sido una rendición necesaria para evitar una masacre y si explican las amenazas que pueda haber realizado el Gobierno y que tal con tal acuerdo pudieran haber evitado, aunque de la lectura del AES no se desprende compromiso alguno del Gobierno en cuanto a respetar la ultraactividad de los convenios colectivos, rectificación de la reforma laboral, etc. Más aún, el AES 2011 implica a CCOO y UGT en el apoyo a determinadas medidas de la reforma laboral contra la que hicimos la huelga del del 29/9/2010, como por ejemplo el Fondo de capitalización "sin incremento de las cotizaciones empresariales".
Sí, ya he dicho que es legítimo y a veces necesario rendirse para evitar una masacre, pero no tomaré en cuenta tal hipótesis mientras que los dirigentes de ambas centrales sindicales, que cuentan con todo mi respeto aún en la diferencia, no la utilicen. En estos momentos están reivindicando los contenidos del acuerdo. Por ejemplo, según la prensa mi secretario general, Cándido Méndez, opina que "Es un remedio eficaz para combatir la crisis social, económica y de confianza". En definitiva, el mensaje que hoy se emite es que se ha firmado un buen acuerdo, y yo pienso que es un muy mal acuerdo. Tampoco comparto la excesiva ligereza y la pizca de prepotencia con que se emplaza ahora a las escasas fuerzas políticas que apoyaron las reivindicaciones sindicales a que se sumen a un pacto que marcha en sentido contrario a ellas. Para CCOO y UGT sería conveniente que hubiese voces críticas aún en el caso de que hubiesen tenido que firmar para evitar males mayores. Honestamente, entendería que se dijese que había sido necesario rendirse ante el Gobierno del PSOE, pero festejarlo con éste y pedir que participen en la celebración IU, IC-V, ERG o BNG me parece excesivo, un tanto de mal gusto y una mala manera de conservar a quienes se han mantenido como aliados de los sindicatos "en la riqueza y en la pobreza".

Querría aclarar que no tenía gran optimismo en las posibilidades de parar, de inmediato, al Gobierno con una nueva huelga general. Ni antes del AES ni después tuve claro si había condiciones para ello, es algo demasiado importante como para juzgarlo desde mi pequeña atalaya. Sí he echado mucho de menos, sin embargo, un esfuerzo para mantener después del 29-S un diálogo profundo con nuestra gente, aquella a la que los sindicatos debemos representar, una movilización sindical permanente en nuestra sociedad, una superación de rutinas y acomodamientos nunca positivos pero letales en momentos como éstos, cosas todas ellas en las que asumo mi parte de responsabilidad como miembro de un sindicato. En todo caso, no comparto de ninguna manera la disyuntiva simplista que presentaba dos únicos caminos: o huelga general o firma del acuerdo.
Todo esto dicho desde el convencimiento de que, pese a los errores que puedan cometerse, los sindicatos de clase, ya sean CCOO y UGT (soy y pienso seguir siendo miembro de uno de ellos), ya los que critican el AES (comparto gran parte del contenido de esas críticas -no siempre sus formas- y he participado en movilizaciones de protesta convocadas por CGT), son herramientas y puntos de convergencia sin las que los desmanes que estamos sufriendo se habrían multiplicado por 10, aunque a veces parezca que "peor, imposible". Soy consciente de la gravedad de la brecha abierta con el AES 2011 y de lo inevitable e incluso necesario de confrontaciones en torno a él. Pero creo imprescindible mantener todos los márgenes de unidad de acción que aún sean posibles y, sobre todo, no romper puentes recurriendo a las habituales descalificaciones mútuas como "traidores", "irresponsables", "colaboracionistas", "aventureros", "vendidos", "marginales" e improperios similares. El recurso a tales maneras no ayuda en nada a propiciar la imprescindible confrontación de pensamientos y propuestas, por el contrario la nubla y nos arrastra en común hacia un pozo de desafección hacia los sindicatos.

No se entienda esto como un llamamiento al borrón y cuenta nueva. Por mi parte, en mi sindicato, en mi trabajo y en la sociedad haré lo que pueda para compartir mi opinión crítica ante el AES, para resistir al proyecto de ley que pueda presentar el Gobierno, para tratar de pararle o de modificarle en sentido más positivo. Mi sindicato ha tomado una decisión a través de los procedimientos que para ello tiene establecidos. Pero como trabajador y ciudadano no voy a apoyar ni a quedarme pasivo ante proyectos legislativos que representen una regresión social. Y, desde luego, apoyaré toda movilización de protesta que se proponga en términos razonables, como ya hice el 24 de noviembre o el 27 de enero, incluso aunque no siempre me gusten ciertos tonos o propuestas, al igual que seguiré en mi sindicato pese al inmenso cabreo que tengo ahora y que creo va a durar mucho tiempo.