| Luis M. Sáenz Pensiones y Capitalismo: ¿por qué nos hacen esto? Revista Trasversales número 21, invierno 2010-2011 Textos del autor en Trasversales Al terminar este artículo, no sé cómo habrán acabado las conversaciones entre Gobierno, UGT y CCOO, o las huelgas generales convocadas por otros sindicatos para el 27 de enero en Galicia, País vasco, Navarra y Cataluña. Creo que hay que luchar contra el pensionazo y que en eso no se puede ceder, pero mi propósito aquí no es evaluar tácticas sindicales. Otra vuelta de tuerca. La primera fase del giro conservador del Gobierno fue el Plan de ajuste, mayo 2010. La segunda, la contrarreforma laboral. La tercera, la cancelación de algunas ayudas a personas desempleadas, la reducción del impuesto de sociedades a unas 40.000 empresas, la autorización de privatización parcial de Loterías y AENA, los aumentos abusivos en las tarifas eléctricas o de los trenes de cercanías, los retrocesos en políticas de igualdad. La cuarta fase se concentra en la reforma de la negociación colectiva para precarizar las mejoras obtenidas en convenio y la reforma de la jubilación para que las pensiones sean menos y menores. En resumen: a) La contrarreforma del sistema de pensiones sólo urge a las élites económicas y políticas que quieren hacerlo en beneficio propio aprovechando una correlación de fuerzas ventajosa para ellas; b) El objetivo de la contrarreforma es una duradera transferencia de rentas en favor del capital. c) La viabilidad del sistema de pensiones no está amenazada por la evolución demográfica, sino por la lógica capitalista y por la connivencia entre élites políticas y élites económicas. d) Hay alternativas realistas que fortalecerían la viabilidad del sistema de pensiones sin recortar éstas. e) La viabilidad política de tales alternativas depende del alcance de la movilización social y política. ¿Qué nos quieren hacer? Del documento que envió el Gobierno a la Comisión del Pacto de Toledo, del informe que ésta aprobó el 29/12/2010, con la oposición de Gaspar Llamazares, Joan Tardà y Olaia Fernández, y de la información que se filtra de las conversaciones entre Gobierno, CCOO y UGT, deduzco que el Gobierno trama lo siguiente: - Elevación de la edad de jubilación a 67 años, quizá manteniendo los 65... ¡a partir de 39 o 41 años cotizados! Se baraja una menor edad de jubilación en ciertos oficios, viejo mandato incumplido del Pacto de Toledo. - Elevación, de 35 a 37 años, del tiempo de cotización necesario para cobrar el 100% de la base reguladora (BR). - Elevación a 20 o 25 del número de años utilizados en el cálculo de la BR, actualmente 15 años. Quizá elevación del número de años necesario para tener pensión contributiva (periodo de carencia), actualmente 15. - Modificación de la escala entre 50% y 100% de la BR según número de años cotizados, estableciendo un ritmo de cambio uniforme (ahora es más rápido en los 10 primeros años), lo que perjudica a muchas personas y no beneficia a ninguna. - Reforzar el apoyo fiscal a los fondos privados de pensiones, considerados una “determinación estratégica”. En resumen: menos personas con derecho a pensión contributiva, acceso más tardío a ellas, pensiones menores y sacrificio de lo público ante el negocio privado. ¿A qué tantas prisas? El presidente del Gobierno ha dicho que la reforma no responde a coyunturas o exigencias de “los mercados”. En 2008 el programa electoral del PSOE apostaba por la prolongación voluntaria de la vida laboral. Habrá elecciones generales en marzo de 2012, como muy tarde. ¿Por qué tanta prisa si dentro de pocos meses cada partido podrá explicar su proyecto y recabar el voto para él? Son prisas de los estratos sociales privilegiados, que quieren imponer ahora el recorte de pensiones porque creen que ahora pueden. Sólo falta un año para las elecciones. Hay que exigir que se paralice la reforma en esta legislatura y que cada partido se comprometa a incluir su propuesta en el programa electoral. Democracia ahora. ¿Por qué dicen viabilizar si proponen recortar? La solidez del sistema de pensiones depende de muchos factores, mas el Gobierno se centra en dificultar o retrasar el acceso a la jubilación y en disminuir el importe de las pensiones. Dice que busca la viabilidad del sistema, pero, si no se fijan mínimos sociales a proteger, recorte tras recorte el “sistema” siempre será “viable” reduciendo derechos... pero será otro sistema. Dicen que será el mismo porque sólo cambiarán parámetros: el que las personas que mueren a los 65 y 66 años (ocho mil al año) lo hagan sin un solo día de jubilación es cambio de parámetros, pero si crease un miserable impuesto adicional del 0,01% sobre las rentas financieras para financiar pensiones sería un “cambio de sistema”. Esa es la diferencia entre una lógica humanista y una lógica capitalista. Rechazan todo lo que se puede hacer para reforzar este sistema de pensiones, pues quieren otro. Su enfoque conlleva una “contrarreforma permanente”. Cada docena de años dirán que hay que volver a recortar en bien de quienes se jubilen 40 años más tarde. En 1985 el periodo de cómputo de la BR pasó de 2 a 8 años, en 1997 de 8 a 15 años y ahora quieren pasarlo a no menos de 20 años. En 2007 se decidió aumentar en 775 días el periodo de carencia, con una transición paulatina de 77 días por semestre hasta alcanzar 5475 días en 2013, lo que el Gobierno adelantó al 25/5/2010. ¿Adivinos? Los escenarios en que el Gobierno se basa hacen suposiciones sobre los valores de algunas variables durante décadas. Por ejemplo, que la tasa de variación del PIB real será un 1,6% en 2060 y un 1,1% en 2050, la tasa de paro se mantendrá en un 6,2% ¡entre 2020 y 2060!, etc. Los pronósticos derivados de esas arbitrariedades son poco duraderos y cambian sobre la marcha. Según Eurostat Europop 2008, la población de España en 2050 será 53,29 millones de personas, pero cuatro años antes decía que 42,83 millones. Fingen saber lo que pasará en 2060 para tomar ahora medidas políticas. Es una política de clase, que rectifica pronósticos pero mantiene la misma conclusión: recortar pensiones, salarios y servicios sociales. Las estrecheces de hoy. Esos augurios pueden atinar alguna vez, no seré yo quien diga que la tasa de paro en 2047 no será 6,2%, es como una lotería. Ahora mismo la Seguridad Social (SS) pasa horas bajas, con ingresos estancados y una afiliación que ha caído 1,7 millones entre 2005 y 2010. ¡Pero eso no tiene nada que ver con el envejecimiento de la población: 32% de paro en la población activa menor de 30 años [EPA 3T 2010] y 60% entre la menor de 20 años! Las estrecheces de hoy están bien cubiertas por el Fondo de Reserva (FdR) y sus intereses (la SS ha dado en 2010 superávit de unos 2.400 millones). No tienen nada que ver con una crisis demográfica, sino con una crisis capitalista, de las que siempre pagan la clase trabajadora y algunos de los “obrero-patrón” de que hablaba Marx, pero está en juego en qué grado y con qué efectos a largo plazo. No trataré, por tanto, la coyuntura de la SS, sino su futuro. Demografía y clase social. Los argumentos contra el actual sistema de pensiones giran en torno a una sola idea: el aumento de la esperanza de vida conlleva envejecimiento poblacional. Pero la “esperanza de vida” va por clases: “Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EEUU son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años” (Vicenç Navarro, www.vnavarro.org/?p=3839). Según la Encuesta Nacional de Salud 2006, que considera seis niveles de clase social (I, II, III, IVa, IVb, V), en la clase I el 83% de las personas perciben su salud como buena o muy buena, frente a un 62% en la clase V. El 34% de las personas mayores de 65 años en la clase I tienen algún tipo de dependencia funcional, frente al 56% en la clase V. La desigualdad social es desigualdad de ingresos, pero también apropiación de tiempos vitales, incluso de tiempos de vida. Aumentar la edad de jubilación es hacer que personas con menores medios y peor salud curren casi hasta morir para que otras, que ni necesitarían pensión, la cobren veinte o treinta años más. España en el entorno europeo. Dicen que el envejecimiento de la población llevaría a que en la España de 2060 el gasto en pensiones fuese un 15% del PIB (actualmente debe andar por el 9%). En realidad eso no sería tan grave, Francia ya está en un 13% y para 2060 la productividad puede crecer mucho. España tiene un gasto en pensiones moderado, por debajo de la media de la UE, en la que España es uno de los países con menor edad media de jubilación, sólo por detrás de Suecia, Suiza, Holanda y Letonia, y el que, con Holanda, más ha elevado ese promedio desde 2001, gracias a la incentivación de la prolongación voluntaria de la vida laboral. En vez de obligar a jubilarse más tarde, como quieren hacer, podrían eliminar la obligación de jubilarse en determina edad para personas aún capacitadas para su trabajo. ¿El gasto en pensiones que nos anuncian sería insostenible desde el punto de vista del bienestar de la población no jubilada? ¿Si aumentan los gastos, qué posibilidades habría de aumentar los ingresos? Demografía y riqueza social. Supongamos que sí, que el gasto en pensiones en 2060 sea el 15% del PIB, y asumamos otras previsiones de Eurostat o de la Comisión Europea sobre crecimiento del PIB real, proporción pensiones/PIB, población absoluta y población mayor de 65 años. En tal caso, entre 2007 y 2060 el PIB real se multiplicaría por 2,23, el gasto real en pensiones por 4, el gasto en pensiones por persona mayor de 65 años lo haría por 2,05, el PIB per cápita por 1,95, el PIB no dedicado a pensiones per cápita (incluyendo a los propios pensionistas) por 1,80 y el PIB no dedicado a pensiones por persona menor de 65 años se multiplicaría por 2,16. Como puede verse, si excluimos el gasto en pensiones que ellos mismos prevén, el PIB real restante por habitante aumentaría un 80%, y eso que en tal distribución no tenemos en cuenta las pensiones pero sí a las personas pensionistas. Claro está que el problema real no es la cantidad de riqueza social, sino su distribución. Un 80% más de riqueza no significa que todas las personas vivan mejor, podríamos vivir peor por falta de justicia, lo que no depende de tecnicismos económicos sino de confrontaciones políticas y sociales. Ni la patronal ni el Estado nos regalarán nada. Salarios y pensiones, la misma causa. Quieren convencernos de que lo que vaya en pensiones lo perderán los salarios. Quieren dividirnos. Pero no es así. El peso de las pensiones respecto al PIB disminuyó entre 1995 y 2007, periodo en que, según el Ministerio de Economía y Hacienda, el peso de los salarios sobre el PIB disminuyó 2 puntos. Salarios, prestaciones al desempleo y pensiones no son migas que caen de la mesa de los opulentos y por las que debamos pelear entre nosotros y nosotras. Cuando bajan los salarios no aumentan las pensiones, sino que bajan, al depender la BR de la base de cotización. Y cuando bajan las pensiones, baja el nivel de vida de las personas trabajadoras jubiladas y también la de sus descendientes, que tendrán que dedicar una parte de sus recursos a ayudar a sus madres y padres, y algunos intentarán sacar, de donde no hay, un ahorro para la vejez, con el riesgo de perderlo si han invertido en esos fondos privados a los que gobernantes irresponsables les incitan a acudir. El timo de la contributividad. Junto a viabilidad la otra invocación mágica es contributividad. Quieren que pensemos que hablan de premiar las largas carreras de cotización. No es así. Para premiar largas carreras se podía, por ejemplo, rebajar la edad de jubilación un mes por cada tres meses trabajados por encima de los 35 años. Pero eso beneficiaría a la gente trabajadora, no a las élites. Lo que quieren es bajar las pensiones. La Comisión del Pacto de Toledo acaba de dar claro ejemplo en su reaccionario informe, sólo rechazado por IU, ICV, ERC y BNG (no lo olvidaré en 2012). Sus recomendaciones sobre Contributividad dicen: “La Comisión está a favor de que el cálculo de la pensión de jubilación –que, actualmente, se realiza sobre un porcentaje de la base reguladora a percibir por cada año cotizado, a partir del periodo mínimo exigido (15 años) de un 3% entre los 15 y 25 años de cotización, y de un 2% desde los 25 años en adelante- se modifique para responder a un esquema homogéneo de equiparación de los años cotizados, con un mismo porcentaje”. Esa medida bajaría todas las pensiones, salvo las que tengan exactamente el mínimo y el máximo de años en la escala, que quedan igual. Es fácil de entender: si te suman 2,5 puntos, en vez de dos, a una cantidad que ha perdido más de 0,5 puntos, no ganas, sino que pierdes. Por ejemplo, con el sistema actual, se llega al 80% con 25 años, y a quien tiene 26 le toca 80+2 = 82%. Con el sistema que ellos proponen, manejando los actuales rangos 15-35 años de cotización y 50%-100% BR, con 25 años cotizados se llegaría al 75% y con 26 años se llegaría a 75+2,5= 77,5%, 4,5 puntos menos, perdiendo un 5,49% de pensión. Incluso con 34 años cotizados se perdería, pasando de un 98% a un 97,5%. Nadie gana, muchos pierden, desde 0,51% que se perdería con 34 años cotizados o 0,94% con 16 años, hasta 6,25% que se perdería con 25 años, 5,84% con 24 o 5,49% con 26. Lo venden como “avanzar en una mayor adecuación entre la pensión y el esfuerzo de cotización realizado por cada trabajador”, pero mienten: pura y simplemente, quieren bajarnos las pensiones. Sabemos hacer cuentas. Alternativas. Dicen que no hay alternativas. En realidad, eso es trampa, porque quienes tienen que justificarse son los que se empeñan en cambiar el sistema. Impera el engaño y la manipulación. Aparecen titulares diciendo “Los expertos piden cambios en las pensiones para evitar el déficit”, cuando centenares de expertos tienen otra opinión. Por mi parte creo que la alternativa realista, en el sentido de objetivo inmediato, debe ser mantener el sistema como está, dado que no hay condiciones políticas ni fuerzas sociales dispuestas a movilizarse con el suficiente empeño como para mejorarlo. Ahora bien, la capacidad de movilización social surge de la transformación de nuestras mentalidades, y por ello, para demostrar que sí se podrían tomar medidas que fortalecerían la viabilidad y fortaleza de nuestro sistema de pensiones y para levantar esa losa de resignación que nos aplasta por haber asumido que “es inevitable” y “no queda más remedio”, es necesario adelantar propuestas aplicables, no utópicas, que fortalecerían nuestro sistema de pensiones, sin necesidad de recortes. Si va creciendo una reacción social y política ante la agresión, lo que hoy parece imposible puede hacerse posible. Alternativas I: la deuda con la Seguridad Social. El Pacto de Toledo ha insistido muchas veces en que las pensiones contributivas deben pagarse con cotizaciones sociales, las no contributivas con impuestos generales. Pero aún se paga con cotizaciones sociales la mayor parte de los complementos no contributivos que se suman a las pensiones contributivas que no alcanzan la pensión mínima. Entre 2000 y 2010 la SS ha pagado más de 40.000 millones de euros en complementos a mínimos, un 79% de su importe, cantidad muy cercana a la ingresada en el FdR. En 2011 está presupuestado que se paguen así 4.200 millones, un 60%, pese a que el objetivo que fijó el Pacto de Toledo es que a partir de 2013 cesen esas aportaciones. Por otra parte, el FdR, desde su creación, ha recibido poco más de 50.000 millones de los excedentes presupuestarios generados por el sistema contributivo, superiores a esa cantidad en varios miles de millones, ya que el Gobierno decide el cuánto y el cuándo de esas aportaciones. Todo ello configura una deuda, sino legal sí moral, con el sistema contributivo de la SS. Por otra parte, en los años anteriores a la creación del Fondo de Reserva nadie se preocupó en pedir que el superávit se guardase para sostener el sistema en caso de apuros futuros. Además, la SS paga sus propios gastos de personal y de gestión, unos 4000 millones al año, lo que es una anomalía ya que los servicios públicos no los pagan directamente quienes los usan. En consecuencia, hay propuestas realistas y acordes a la lógica de sostenimiento de las pensiones contributivas con cotizaciones sociales: a) De inmediato, pago íntegro de los complementos a mínimos con fondos del Estado; b) Reconocimiento de la deuda contraída con la SS, en torno a 40.000 millones, a causa del pago de complementos a mínimos por ésta, y obligatoriedad de aportación inmediata por el Estado de la parte de esa deuda que sea necesaria en caso de que algún año haya déficit; c) Similar reconocimiento de la deuda contraída por los excedentes no ingresados en el FdR desde su creación; d) Modificación de la Ley de la SS y de la Ley del Fondo de Reserva para que sea obligatorio el ingreso en el FdR de todos los excedentes de la SS, ahora a criterio arbitrario del Gobierno; e) Financiación por el Estado de los gastos de gestión de la SS, al menos los de personal. Eso sería tomarse en serio la “contributividad”. Alternativas 2: más cotizantes. Dicen que la proporción afiliados/pensionistas va a disminuir. Hasta ahora no ha ocurrido, en 1988 era 2,34 y en 2007 era 2,71, ha bajado hasta 2,57 en 2010 pero a causa de la crisis capitalista, no del envejecimiento. No obstante, es posible que la población pensionista crezca considerablemente. Sin embargo eso se podría compensar con el incremento de población cotizante, para lo que en España hay considerable margen, pues estamos muy por debajo de los estándares de la Europa más avanzada, siendo la tasa de población activa un 60% [EPA 3T 2010], la causa de la muy baja tasa de actividad de las mujeres, un 52%, escandalosamente menor a la que existe en Suecia. Si la tasa de actividad de las mujeres igualase a la de los hombres habría unos tres millones más de población activa. La clave estratégica para un rejuvenecimiento de la población y para el crecimiento de la población activa pasa por políticas de igualdad entre mujeres y hombres, las más decisivas para el futuro del bienestar social. Y esas políticas no pueden orientarse a facilitar el descuelgue laboral de las mujeres o a incentivar, como ha propuesto el Gobierno, pensiones para las mujeres subsidiarias de las que generan hombres, creando así relaciones de dependencia, sino a lograr la corresponsabilidad en los cuidados, la equiparación laboral, la igualdad en los permisos de maternidad y paternidad, la corresponsabilidad pública en la atención a la infancia y a las personas dependientes, etc. Si una respuesta hay al riesgo de un envejecimiento excesivo de la población, no es la de recortar el nivel de vida de las personas mayores ni la de hacerles trabajar más, sino la igualdad entre mujeres y hombres. Ese es el gran silencio clamoroso del discurso oficial. En las discutibles previsiones de Eurostat se supone que la proporción pensiones/PIB pasará en España, en los próximos 40 años, de un 9% a un 15% mientras que en Suecia prevén que pase de un 9,5% a un 9%. Y es que la igualdad es la mejor garantía para las pensiones. Alternativas 3: políticas de empleo. Más población activa, que quiere trabajar, no es lo mismo que más población ocupada o más población cotizante, sobre lo que se influye con políticas de empleo y antifraude, pero el Gobierno de las primeras no quiere ni oír hablar, mientras que en las segundas es timorato. Es dudoso que vaya a darse ninguna situación estructural de insuficiencia de mano de obra, no forma parte de la lógica objetiva del capitalismo, que, por el contrario, conlleva la creación sistemática de desempleo. Si hay paro, el problema no será la insuficiencia de población en edad en trabajar, sino la incapacidad de generar empleo de este sistema económico basado en la jerarquía y la apropiación privativa. No será, por tanto, un problema demográfico. Por otra parte, resulta paradójico que quienes más insisten en la amenaza demográfica que pesaría sobre el sistema de pensiones sean también los que aplican o reclaman políticas restrictivas para las personas de otros países que quieren trabajar aquí. En un país en el que millones de personas buscan un empleo y decenas de miles están perdiendo los suyos e incluso sus casas, no podemso dejar que unos cuantos privilegiados, banqueros con jubilaciones de 80.000 millones de euros y presidentes de Gobierno que tienen garantizados 80.000 euros anuales de por vida, nos metan miedo en el cuerpo con la idea de que dentro de treinta o cincuenta años no habrá gente para trabajar. Alternativas 4: otra financiación. El sistema de cotizaciones sociales actual es regresivo, ya que el tipo de cotización es fijo, se gane lo que se gane, pero mucho más por la base máxima (3.198 euros mensuales). El tipo por contingencias comunes es 28,3% (23,6% empresa y 4,7% trabajador), igual sobre un salario bruto de 1.000 euros que sobre uno de 3.198 euros. Pero para un salario de 6.000 euros el tipo real es un 10% y para uno de 9.000 sale a un 7,5%. Esto es muy injusto y una sangría de ingresos. Además, dificulta el aumento de los salarios menores: a una empresa aumentar en 300 euros el salario bruto mensual de alguien que gana 9.000 euros le sale por 300 euros, pero si se los aumenta a alguien que gana 2500 le costaría 371 euros. Algunas propuestas: a) Aplicar a las cotizaciones sociales una escala progresiva y (o al menos) eliminar el concepto de base máxima (de eso se habla a veces en el Pacto de Toledo, pero ligado a una elevación de la pensión máxima, cosa que no creo necesaria aunque sería admisible si fuese muy moderada); b) Elevar el salario mínimo, lo que de paso daría un impulso a la productividad ya que limitaría la competencia desleal de empresas cuya ineficacia se compensa con muy malas condiciones laborales. Con las medidas adecuadas las cotizaciones sociales pueden garantizar durante mucho tiempo las actuales prestaciones de jubilación, pero diré también que no hay razón para que, si en algún momento fuese preciso, el bienestar de las personas mayores no reciba también el apoyo de aportaciones del Estado, como ocurre en otros países. Pero no es el momento de abrir ese melón. Los riesgos para el sistema de pensiones. Sí, hay riesgos para el sistema de pensiones. De momento, una amenaza inminente, el golpe que el Gobierno y la derecha quieren asestarle. Como afiliado de UGT espero que mi sindicato, al igual que CCOO, no acepten los recortes planteados. En cualquier caso, siempre habrá riesgos para el sistema de pensiones, mientras haya capitalismo y jerarquía, y me temo que va para largo. Habrá riesgos porque cada cierto tiempo atacarán para imponer nuevos recortes y si no respondemos lo lograrán, y porque un sistema de pensiones basado en la dedicación de una proporción dada de la masa salarial a cotizaciones sociales entra en conflicto con la tendencia del capitalismo a reducir el peso de las retribuciones salariales sobre el conjunto del valor añadido anual. El resumen ejecutivo del Informe mundial sobre salarios, 2008/09, señala: “Los salarios crecen menos que el PIB per cápita. Durante todo el periodo comprendido entre 1995 y 2007, en que el PIB per cápita creció un 1% adicional, los salarios medios sólo aumentaron un 0,75% adicional (...) Cabe señalar el hecho de que los salarios, durante los periodos de expansión económica, crecen más lentamente que el PIB per cápita, mientras que, en periodos de recesión económica, caen más rápidamente que el PIB per cápita”. En esa dinámica influyen coyunturas y relaciones de fuerza, pero es un rasgo estructural del capitalismo, de su tendencia a la acumulación ilimitada, de la competencia entre capitales y del incremento de la productividad, tendencia sólo suspendida o moderada en excepcionales periodos de intensa asalarización y/o conquistas salariales. Expresa la tendencia a que el tiempo de trabajo medio durante el que una persona asalariada incorpora un valor añadido equivalente al salario medio, o nivel de vida estándar, ocupe cada vez menos porción de la jornada laboral media. Eso tiene dos caras. Por un lado indica que el trabajo tiende a crear más riqueza social en menos tiempo, lo que permite generar un excedente para atender mejor a menores y mayores o promover bienes comunes cuyo disfrute no esté ligado a los ingresos personales, pero la otra cara es que tal “riqueza social” no es social, sino plusvalor que se realiza en tanto que ganancia y cuyo uso es decidido por una minoría social. Si la proporción salarios/PIB disminuye y si las pensiones debieran pagarse con una proporción fija sobre los salarios, difícilmente podrá asumirse una significativa elevación de la proporción pensiones/PIB si no se abordan medidas progresivas de redistribución de la riqueza. Si algún problema de futuro hay para el sistema de pensiones, es ese, no “la vejez”. Pero no hay que desesperarse, eso tiene soluciones a corto, medio y largo plazo (y no me refiero a una “abolición del capitalismo” que es deseable pero aún lejana), aunque requieren movilización social y defensa de lo adquirido. Ahora la tarea es parar lo que se nos viene encima. Pero no está de más conocer qué es y qué hace el capitalismo, aunque de momento no tengamos fuerzas para abolirle ni sepamos muy bien con qué sustituirle. Lo que no quiere decir que no sepamos cómo defender el sistema de pensiones, pues medidas para ello hay muchas, medidas aplicables aquí y ahora, medidas que se podrían conseguir si contásemos con la fuerza política y la capacidad de movilización necesarias, medidas compatibles con el capitalismo, aunque no del agrado de los capitalistas y por tanto siempre dependientes de que seamos capaces de defenderlas. Algunas propuestas
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