Lo que tenía que pasar, pasó. Y no cabe sorprenderse -si acaso, por la dimensión alcanzada-, porque estaba cantada la derrota electoral del PSOE, que ha perdido casi un millón y medio de votantes.
Las derrotas en las urnas, igual que las victorias, no suelen ser el resultado de una buena o mala campaña electoral, que tampoco ha sido buena, sino del esfuerzo realizado previamente. Y en este aspecto, hay que decir que en el PSOE han trabajado tesoneramente a favor de la derrota, al haberse colocado desde hace tiempo en el terreno del adversario.

En su estrategia de desgastar al Gobierno para llegar a La Moncloa, el Partido Popular ha planteado las elecciones autonómicas y municipales como si fueran la primera vuelta de unas elecciones generales, cuyo adelanto pide desde hace años. Por lo cual, la campaña electoral ha seguido el mismo guión de culpar al Gobierno, en particular al presidente, de todos los males del país (incluso imaginarios) y, naturalmente, de la crisis económica, convertida en la crisis de Zapatero; también atribuye el desempleo a la mala gestión del Gobierno, que ha dilapidado la formidable herencia de Aznar. Cuando gobierna el Partido Popular hay pleno empleo y cuando gobierna el PSOE aumenta el paro, han dicho y repetido hasta la saciedad los dirigentes de la derecha, o han alardeado de que el PP nunca congeló las pensiones o de que nunca negoció con ETA.
Claras mentiras y argumentos falaces de una simpleza insultante, pero que, machaconamente difundidos por una extensa red de medios, han producido el efecto esperado en un público ignorante, que ha sido mantenido en estado de movilización constante con baratijas ideológicas sobre los derechos de los fetos, la afrenta a la familia por el matrimonio homosexual, el imprescriptible derecho a fumar donde sea y a circular por carretera a la velocidad que a cada cual le venga en gana, la dictadura que supone la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la permanente y secreta negociación del Gobierno con ETA para llevarla a las instituciones. Con todo ello, el PP ha evitado tener que dar cuenta de sus actos, porque cualquiera que sea la situación local y autonómica donde ha gobernado, los resultados se han imputado a la mala gestión del Zapatero.

Frente a todo esto, el Gobierno ha reaccionado mal, porque ha desconcertado a sus votantes, sembrado la desconfianza y luego ha recogido su indignación.
La crisis financiera internacional con el estallido de la burbuja inmobiliaria ha colocado a nuestro país en una situación de emergencia, que ha sido muy mal explicada y peor comprendida. Cuando un gobierno advierte que el país ha contraído una deuda fabulosa, que costará mucho tiempo y esfuerzo devolver a unos mercados financieros que constantemente ponen en duda su solvencia, y no lo hace saber a sus ciudadanos, no sólo actúa de manera irresponsable y desleal, sino que está buscando su relevo. Y si esa crisis obliga a cambiar el modelo económico y entonces no se hace sonar la alarma y se abre un debate nacional, entonces ese gobierno debe dimitir de inmediato.

Afirmar que hay que cambiar el modelo económico y no convocar un debate nacional es de una frivolidad temeraria. Cambiar el modelo económico supone alterar la vida de todo el país, y, por tanto, concierne a todo el país la discusión de tal proyecto. Haberlo hecho hubiera obligado a todos los partidos políticos a manifestarse al respecto y también al PP, donde se hubieran visto obligados a salir de su cómoda posición y a decir algo más que las vaguedades que repite su máximo dirigente: para salir de la crisis hace falta generar confianza, crear empleo, incentivar la inversión, contener el gasto y tener planes como Dios manda.
La actitud del Gobierno ante la crisis ha sido desconcertante. La secuencia es la siguiente: ha asumido, cuando el PIB crecía, el modelo económico de Aznar, montado sobre el crecimiento desmesurado del sector de la construcción; luego negó la crisis cuando llegó, minimizó su dimensión y minusvaloró sus efectos  por la (presunta) capacidad de la economía española para hacerle frente, pues éramos la novena potencia mundial (ahora somos la duodécima); promulgó algunas medidas de tipo social-populista, que duraron un suspiro; después habilitó decenas de medidas para paliar la crisis, muchas de las cuales fueron  corregidas acto seguido; negó la gravedad de la deuda externa y exaltó la fortaleza de la banca española, que luego se ha visto obligado a sanear con dinero público, y, finalmente, a partir del 9 de mayo de 2010 puso en marcha un duro plan de ajuste, que ha cargado los peores efectos de la crisis sobre los trabajadores, los jóvenes, los parados, los jubilados, los funcionarios y los dependientes.

A todo esto, la inmensa mayoría de la ciudadanía in albis o aceptando el argumento del PP de que la crisis es culpa de Zapatero, pero viendo como se caía su nivel de vida y como se venían abajo sus expectativas, porque no se han explicado cuáles son las causas de la crisis de nuestra economía y su relación con la crisis internacional, ni cuál ha sido la responsabilidad de cada uno en ella; responsabilidad de gobernantes y de gobernados, de empresas y de particulares, de bancos y de cajas de ahorros, de la administración central y de las administraciones locales (un tercio de ellas al borde de la quiebra) y autonómicas, porque en los lugares donde gobierna el PP también se ha gastado dinero sin medida y su deuda forma parte de la deuda soberana de España. El misterio es que durante los años de bonanza hemos crecido, pero invirtiendo un dinero que no teníamos y que hemos pedido prestado. Hemos vivido a crédito y ahora hay que devolver los préstamos a unos acreedores que dudan de nuestra solvencia.

Esta ignorancia por falta de necesarias explicaciones gubernamentales puede ser una de las causas de la desafección ciudadana, que ha recibido como un inmerecido castigo las medidas contra la crisis, pero también hay que añadir el carácter desigualitario de tales medidas. 
A los ciudadanos les cuesta admitir que los peores costes de la crisis recaigan sobre los perceptores de rentas más bajas, mientras los que perciben rentas más altas no sólo salen indemnes sino beneficiados de ella. Ni pueden ver con buenos ojos que el Gobierno pretenda reducir el déficit gastando menos, en particular en asistencia social, sin intentar aumentar los ingresos del Estado por vía fiscal, gravando las rentas de las grandes y medianas fortunas, los beneficios empresariales, que los hay, y permitiendo el reparto de elevadas gratificaciones entre los directivos de las grandes empresas y de unos bancos que han sido saneados con dinero público, pero han estrangulado la economía de miles de medianas y pequeñas empresas con la restricción de créditos, y ejecutan los desahucios por el impago de hipotecas de modo inmisericorde, dejando en la calle a miles de familias (90.000 en 2010), que además les siguen debiendo dinero.

A grandes rasgos, en la derrota electoral del PSOE pesan dos grandes factores. El primero ha sido la falta de trabajo pedagógico, de información pertinente, continua y veraz adecuada al nivel cultural de los ciudadanos, que en su mayoría no son expertos en finanzas ni economistas, suponiendo que tales profesiones permitan conocer realmente lo que ocurre. A esta labor, el Gobierno está obligado por responsabilidad, por lealtad hacia los ciudadanos y, a la vez, por propio interés, como autodefensa ante la visión simplista y falaz de la crisis que ha ofrecido el Partido Popular.
El segundo tiene que ver con el desdibujamiento del programa socialista. Se ha dicho que Zapatero ha vaciado el ideario PSOE; puede ser cierto, en parte, pero es más grave. Zapatero ha desnaturalizado el erosionado programa socialdemócrata convirtiéndolo en otra cosa, casi en su contrario, al aplicar con mano firme y sin objeciones el programa neoliberal que le han exigido desde el FMI, la OCDE, el Ecofin y el Banco Central Europeo para salir de la crisis. Ha aplicado, en gran medida, el programa exigido por la derecha europea. Quizá no lo ha hecho con gusto, pero lo ha hecho. Y a una buena parte de sus lectores no les ha gustado.