Con motivo de la celebración del 8 de marzo, el Delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, escribió un artículo en Público llamado ‘Machismo y Terrorismo’.
Indudablemente es un avance que el máximo responsable contra la violencia de género en España haga esa comparación. Una comparación que las feministas llevamos haciendo décadas. Porque verdaderamente es escandalosa la comparación entre ‘victimas’ y ‘víctimas’; entre rechazo social (al terrorismo) y tolerancia ante la violencia machista; entre medidas de protección a las personas amenazadas por ETA y desprotección de las mujeres amenazadas por sus parejas o ex-parejas. Es una buena noticia que alguien más, fuera del estrecho círculo del feminismo, por fin empiece a repetir estos argumentos. Nunca es tarde si la dicha es buena.

Sin embargo, Miguel Lorente Acosta no es un ciudadano cualquiera sino, precisamente, la máxima autoridad encargada de proteger a las mujeres españolas de la violencia que los hombres ejercen contra ellas (nosotras). Con todos los respetos, creo que su función no es (solo) escribir artículos de opinión. Se da la circunstancia de que ese artículo aparecía justamente un par de días después de que contáramos en España la tercera mujer que, en 2011, ha sido asesinada teniendo su asesino una orden de alejamiento en vigor. La situación era extremadamente grave: en solamente dos meses, habíamos acumulado tres casos en los que fallaron todas las medidas de protección ordenadas por los jueces. Sin embargo, el Delegado del Gobierno no compareció para dar cuentas y rectificar los protocolos de actuación. Tampoco el artículo contiene reflexiones sobre cómo proteger efectivamente a las mujeres. En cambio, señala a 'la cultura' como culpable. Ya que se trata de comparaciones, podríamos preguntarnos qué tal nos parecería si el Director General de Tráfico, en lugar de tomar medidas, escribiera un artículo quejándose de la pasividad de la ciudadanía frente a la conducción temeraria. ‘Terrorismo y conducción temeraria’, podría titularse.

Estas comparaciones, sin embargo, son muy productivas, sobre todo porque ponen en evidencia el diferente rasero y la excepcionalidad presente en todo lo que tiene que ver con la violencia de género, tanto en cuanto a la persecución y prevención del delito como al castigo de los culpables y a la protección social de las víctimas.  Tomemos por ejemplo el caso de Susana, asesinada por su ex-pareja en febrero de 2011. A raiz de ese caso, tuvimos oportunidad de enterarnos de que su asesino, José R. C, tenía una condena llamada por 'maltrato simple' (sic) y había eludido la condena a 14 meses de prisión por el simple mecanismo de apuntarse a un curso de igualdad, aunque luego no lo hizo. Según El País, la suspensión de las condenas con la condición de no volver a delinquir en un plazo determinado -en este caso dos años- y por seguir programas formativos, contemplado en el Código Penal, es muy habitual en las condenas de violencia de género.
A raíz del mismo caso, también hemos sabido que el servicio de teleasistencia no protege ni siquiera a las mujeres a las que se les concede. En efecto, a raíz del caso de Susana, el Delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, declaraba: "La teleasistencia, en este caso, no habría servido para nada ya que el agresor la atacó por la espalda. La teleasistencia no es un sistema de protección. De esa agresión premeditada no la hubiera podido salvar nadie. Me preocupa que se haya transmitido a la sociedad que el homicidio se ha producido por unos supuestos errores y no por la decisión de un hombre de acabar con la vida de su mujer". Lo más curioso es que, después de estas declaraciones, no parecen haberse habilitado medidas de protección que sean efectivas ‘incluso’ cuando el agresor ha decidido premeditadamente matar por la espalda.

Hay que atajar las causas de la violencia de los hombres contra las mujeres, que son complejas y difíciles de erradicar. Pero esa dificultad y complejidad no exime a las autoridades de proteger la vida y la integridad física y psíquica de toda la ciudadanía. En cuanto a la protección inmediata a las víctimas con órdenes de protección, las feministas llevamos mucho tiempo diciendo que, a diferencia de las amenazas por terrorismo, cuando una mujer está amenazada por su pareja o ex-pareja tenemos la ventaja de que el agresor está identificado y, generalmente, localizado.

Si las órdenes de alejamiento se tomaran tan en serio como cualquier otra orden judicial, sería muy simple hacerlas cumplir. Bastaría con entender que la orden pesa sobre el agresor y obrar en consecuencia. Si se entendiera esto, la vigilancia se ejercería sobre el delincuente, y para ello hay muchos mecanismos, desde pulseras, chips, presentación en comisaría del itinerario previsto... hasta, por supuesto, aprisionamiento a la primera infracción. En lugar de ello, se emiten órdenes de alejamiento que en muchos casos no se siguen; y cuando los maltratadores las quebrantan se habla de consentimiento o colaboración por parte de la víctima (curiosa paradoja, que la Autoridad atribuya responsabilidad en el quebrantamiento de una orden a persona distinta de aquella sobre la cual pesa dicha orden).
Aunque para Susana y para muchas otras mujeres ya sea demasiado tarde, no hay tiempo que perder. Es necesario tratar con seriedad las órdenes de alejamiento y sus violaciones. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué el Delegado del Gobierno ni siquiera lo propone? Deberíamos exigir una medida tan elemental como esta, inmediatamente. Y si el actual Delegado no puede hacerlo, deberíamos exigir su dimisión.