Las elecciones del 22 de mayo y las
perspectivas para las generales próximas significan un cambio de ciclo
político para una buena temporada. Es evidente que la nueva situación
puede reforzar la estrategia de privatización neoliberal de sectores
fundamentales: socializar las pérdidas y privatizar los beneficios,
expropiar lo común para beneficio de unos pocos. Privatización
que David Harvey llama acumulación por desposesión y
que no es otra cosa que el despojo de un patrimonio social creado durante
generaciones (educación, sanidad, pensiones, transporte, espacios públicos,
etc.), que se entrega al capital privado para su explotación. Que
cuando se implanta es un fiasco: ni benefician al usuario-consumidor ni funcionan
mejor ni mejora la gestión.
En educación, de momento, no venden las escuelas e institutos. Las
cosas son más sutiles: deterioran los centros públicos con los
recortes de profesorado y de medios, aumentan las ratios, desmantelan la
atención a la diversidad… Los convierten en guetos y los vacían
de alumnado que huye hacia la privada concertada. Desprestigiar primero al
servicio público para privatizar después.
Eso es lo que viene sucediendo en la Comunidad de Madrid. El último
atropello se ha producido una vez acabado el curso, cuando la consejería
de educación de la Comunidad de Madrid ha hecho públicas las
instrucciones para el comienzo del curso próximo y ha remitido el cupo
de profesores a los centros. La principal novedad es: una elevación
del horario al menos a 20 períodos lectivos, a 18 a los jefes de departamento
y a 21 los profesores de formación profesional. Las horas de tutoría,
las jefaturas de departamentos didácticos o extraescolares no tendrán
consideración de horas lectivas. Tampoco tienen reducción horaria
los responsables de las TIC. Pero, eso sí, se apunta al pago de las
tutorías y alguna otra función, sin decirse cuánto (el
rumor es de 25,40 euros al mes por las 12 horas que los tutores hemos venido
dedicando a tutoría con alumnos, a su preparación y a atención
a padres) y sin entender que lo que queremos es tiempo para hacer bien nuestra
labor.
Esto supone un empeoramiento de las condiciones de trabajo, una destrucción
de empleo, la desaparición de funciones educativas prestigiosas y un
ataque sin precedentes a la enseñanza pública que reducirá
la calidad educativa.
a. La jornada laboral lectiva sufrirá un aumento
de 2 horas semanales mínimo por profesor y de tres horas para los tutores,
que en su caso representa pasar de 16 horas a 20 en tan solo dos años
por el recorte que ya hubo el año pasado. Es una modificación
de condiciones de trabajo unilateral que va a disminuir la calidad de la tarea
educativa y aumentar la penosidad de la función docente: más
trabajo, menos tiempo de preparación y organización de las clases,
más corrección de exámenes y más alumnado. Porque
viene a equivaler a tener un grupo más de unos 30 alumnos por profesor,
a añadir al centenar largo que se suele tener por cada profesor.
Para los jefes de departamento didácticos se convierten en horas
complementarias las de dedicación al departamento, que siempre han
sido consideradas lectivas (disponían de tres períodos lectivos
a la semana, según la Orden del MEC de 29 de junio de 1994 –BOE del
5 de julio-, que regula el funcionamiento de los IES)
Hay que recordar que la jornada de los enseñantes de secundaria es,
como la de todo funcionario, de 37,5 horas semanales, de las cuales 27 son
presenciales y dentro de ellas entre 18 y 21 lectivas, compensándose
a razón de dos horas complementarias por cada período lectivo
mayor de 18. Hacer demagogia subliminal con la jornada del profesorado, como
es el caso de la consejería de educación, es intolerable ya
que no explica que detrás de cada clase hay mucho trabajo de preparación
y organización de las mismas, corrección de exámenes,
participación en proyectos, entrevistas con alumnos, labor tutorial,
etc. Sería lo mismo que decir que el trabajo de un periodista es únicamente
el tiempo en el que se tarda materialmente en escribir un artículo.
b. La consecuencia directa del aumento de jornada lectiva
es la supresión masiva de puestos de trabajo, porque no se trata de
aumentar la jornada con los mismos profesores del curso pasado para mejorar
la calidad. La destrucción de empleo se ha reflejado en los cupos enviados
por la administración educativa a los centros: recortes de entre el
10 y el 12% de las plantillas, lo que supone un volumen agregado de 2.500
a 3.000 docentes menos en secundaria. Una auténtica y brutal reestructuración
de plantillas que afectará al funcionariado interino con el despido
y a otros funcionarios de carrera que se verán desplazados de sus
actuales destinos. Es un auténtico Expediente de Regulación
de Empleo, con rescisiones de contratos, que no se ha negociado con nadie.
Los compañeros/as interinos ya han sufrido un recorte de empleo de
un volumen similar el curso anterior y han pasado de tener vacantes anuales
a cubrir sustituciones de semanas, de cobrar las vacaciones a no cobrarlas
y de tener trabajo a muchos no tenerlo. La situación para ellos se
agrava en el marco del cerrojazo que se va a producir los próximos
años como consecuencia de la finalización de las jubilaciones
LOE a los 60 años y de la inseguridad que se ha generado sobre la convocatoria
o no de oposiciones, las limitaciones de la tasa de reposición y los
cambios en el sistema de acceso.
c. Una de las medidas más grave es el proceso de
degradación hasta hacer desaparecer la función tutorial. Primero
quitaron las tutorías en bachillerato, el curso pasado redujeron una
hora en la ESO y ahora las consideran no lectivas para el tutor, pero sí
lectivas para el alumnado que en la hora de tutoría recibirán
refuerzo de Lengua, Matemáticas e Inglés ¿por quién?.
Es una medida disparatada e ilegal, que contraviene los principios de jerarquía
normativa, que deja sin efecto los Planes de Acción Tutorial a pesar
de su carácter prescriptivo y que cuestiona el papel de los departamentos
de Orientación.
La desaparición práctica de la tutoría no es sólo
por una visión tecnocrática, lo hacen también por razones
ideológicas. Piensan que lo mejor es dedicar el tiempo de la tutoría
a dar materia: instruir en vez de educar; no les gustan algunas de las actividades
que se suelen realizar en las tutorías; saben que es una función
que marca la diferencia con los privados y concertados en favor de la pública.
Se niegan a entender que en la ESO se educa y no sólo se enseña,
que es fundamental la tutoría para que crezcan como personas, que los
resultados académicos dependen también del nivel de convivencia
en el centro y ésta a su vez de los valores que se trabajan, mucho
de ellos en las tutorías.
Olvidan que es básica para conocer al alumnado, integrarlo y atenderlo,
desarrollar su participación, su motivación y su autoestima,
generar dinámicas de grupo positivas, trabajar la convivencia y la
resolución de conflictos, organizar la clase, relacionarse con las
familias, realizar los viajes de fin de curso y las extraescolares, abrir
la educación a la sociedad con la entrada de otros agentes y expertos
educativos y, en definitiva, para mejora la calidad y hacer escuela pública.
Más ideología: suprimen las tutorías pero mantienen
las horas de Medidas de Atención al Estudio, que son la alternativa
obligada a la existencia de la religión católica en las escuelas
públicas, sin que se puedan utilizar para ningún tipo de refuerzo
curricular.
Otro ejemplo. En la Orden 2458-01/2011 (BOCM 24 de junio de 2011) que establece
los módulos de financiación aplicables a los contratos de gestión
de servicios públicos educativos en escuelas infantiles y casas de
niños, se reducen los módulos económicos para el curso
próximo y para ello se suprimen las actuaciones para las familias
de los alumnos en horario de tarde. Más ideología firmada por
la consejera Figar: parece que no les gusta la participación de los
padres y unas casas de niños públicas más abiertas.
Es resumen, es una barbaridad dejar sin asistencia al alumnado de la ESO,
desde 12 a 16 años, en lo que podríamos llamar el desfiladero
de la adolescencia, que como bien saben las familias son años
decisivos en la formación y crecimiento de los jóvenes y donde
se juegan el fracaso escolar y su formación integral como personas.
Llevo catorce años consecutivos siendo tutor en secundaria y sé
de lo que hablo y, también, de lo positivamente que valoran las familias
y los centros el buen trabajo tutorial. Espero que las asociaciones de AMPAS
pongan el grito en el cielo y se movilicen contra esta medida.
d. Ataque a la calidad de la enseñanza pública,
porque la escasez del cupo de profesores impedirá bajar la ratio de
alumnos organizando desdobles y grupos flexibles en asignaturas instrumentales
como Lengua y Matemáticas o en Inglés, tener apoyos, recuperación
de pendientes, laboratorios en ciencias, etc.
Porque bajará la calidad del profesorado cuando para completar horarios
se amplían las materias “afines” y tengan que dar otras materias no
propias de su especialidad; por ejemplo clases de inglés los de filosofía,
clases de tecnología los de plástica, clases de lengua los de
francés y todos son situaciones reales que conozco directamente. Porque
tendrán menos horas para preparar su clases, para corregir con prontitud,
para atender a los alumnos y explicarles lo que no entienden, para entrevistas,
control del absentismo, llamada las familias, etc. Porque seguirá
golpeando a uno de los colectivos más afectado en los últimos
años: los profesores de atención a la diversidad (compensatoria,
trabajo social, orientación, etc.)
Pero sobre todo supone una estocada a la educación pública
porque desmotiva e intenta desmoralizar al profesorado, que es un factor fundamental
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las medidas son propias de
una mentalidad de contable neoliberal y son exactamente lo contrario al reconocimiento
social de profesorado con el que se llenan la boca todos los partidos
políticos en campaña electoral. Lo único cierto es que
en Madrid se destruye empleo, aumenta su inseguridad, sube la jornada, se
bajan las retribuciones y se selecciona negativamente el alumnado de la enseñanza
pública al escolarizarse de forma desequilibrada los alumnos con necesidades
de compensación educativa entre la doble red con financiación
pública.
Lo curioso de la situación es
que era la crónica de una agresión anunciada. Ya habían
suprimido las tutorías con carácter lectivo en bachillerato,
ya se habían perdido muchos empleos el curso pasado al elevarse la
jornada en ciclos formativos y a 19 horas a bastantes profesores; apenas se
había aplicado la reducción de jornada a los mayores de 55
años; se habían degradado las condiciones de trabajo y retributivas
de los interinos; se redujeron los recursos para la atención a la diversidad.
Pero no hubo respuesta suficiente y toda agresión no contestada se
considera debilidad e invita a nuevos ataques. Lo mismo que todo recorte de
derechos sin movilización se consolida y se puede perder para siempre,
con la excusa de la crisis, sin que se recuperen aunque algún día
ésta se supere.
¿Qué hacer ante esta situación?
Todo menos desmoralizarse, todo menos acabar instalados en la queja y en
la impotencia en las salas de profesores. Que no nos quiten la motivación
y el compromiso con la educación pública. Tampoco limitarnos
al regateo (en el que nos quiere meter la consejería) sobre los flecos,
de tal manera que en vez de recortar diez profesores en un centro al final
solo sean 7 u 8 y parezca que encima ha sido un triunfo. Se trata de plantar
cara a los recortes en vez de estar quejándonos todo el año.
Porque en la educación no se puede aplicar aquella máxima
de nos engañarán en el sueldo, pero no en el trabajo, dicha
al tiempo de encender un cigarro y tomarse una larga pausa. Los alumnos son
personas, no ladrillos ni papeles y tendremos que seguir haciendo bien, con
profesionalidad, nuestra tarea. Nuestro malestar debe de volcarse hacia los
responsables del mismo, nunca deben de pagarlo el alumnado ni sus familias.
Pero sólo estaremos tranquilos con nosotros mismos si hemos hecho todo
lo que está en nuestras manos por combatir las agresiones, por protestar
el máximo posible, por animar a otros compañeros a hacerlo.
Protesta y oficio, es nuestro derecho y nuestra obligación.
Han tomado las medidas con la alevosía
propia de otros tiempos, cuando no hay capacidad de respuesta. La reunión
de directores se quedó en el rechazo y en la exigencia a la administración
de que revise las instrucciones y el cupo, pero muchos lo firmarán
una semana después haciendo constar los planes y proyectos que no se
pueden desarrollar por la escasez de medios. Los sindicatos (no todos) también
han expresado su desacuerdo y han anunciado algunas medidas legales y ya
veremos qué movilizaciones.
Creo que se debe de producir un movimiento de base en defensa de la escuela
pública que responda a las agresiones. Algo así como el movimiento
que pusimos en pie en Vallecas el curso pasado de Vallecas no se calla. Se
puede demostrar que la educación pública, es mejor, con más
calidad, con un profesorado más seleccionado y con más democracia
en el funcionamiento de los centros que en la privada. Por eso y porque es
de todos los ciudadanos hay que defenderla. No debe estar sometido a un régimen
de control privado que tiene la búsqueda de beneficios económicos
como algo consustancial a su carácter. Lo público debe de permitir
centrarse en el bienestar social y en el caso de la educación en asegurar
el acceso a ella de todas las personas y formar a ciudadanos preparados, críticos
y participativos.
A la espera de la propuesta de movilización y de huelga que deberán
realizar los sindicatos, creo que podrían desarrollarse acciones como
las que siguen, la mayoría debatidas en mi instituto estos días
y llevadas a la asamblea de educación del movimiento 15-M:
1. Negativa del profesorado a asumir las jefaturas de
departamento y las tutorías por no poderse realizar en condiciones
dignas al no disponer de tiempo específico para ejercerlas por no
reconocerse su carácter lectivo: Estas decisiones individuales y colectivas
deberían adoptarse en las reuniones de los departamentos que se celebrarán
tras los claustros de principio de septiembre para distribuir los horarios.
2. Convocar a las familias de cada centro a asambleas
para explicar la nueva situación, cómo les afectará
a sus hijos y a ellos, y debatir iniciativas movilizadoras.
3. Constitución de los claustros en sesión
permanente en los centros protestando por las medidas y su conversión
en encierros con la participación de toda la comunidad educativa, que
enlazaría con la siguiente propuesta:
4. Realizar una gran Jornada de Protesta contra los Recortes
y en Defensa de la Escuela Pública el 14 de septiembre, día
del comienzo de curso, para expresar que así no es posible comenzar
un año lectivo con garantías de calidad y de éxito escolar.
Con mucho color verde de las camisetas “Escuela Pública de tod@s
y para todo@s”
5. Llenar la Puerta del Sol (donde se encuentra
la sede del gobierno de Esperanza Aguirre, responsable primera de la agresión)
de manifestantes el 15-S en defensa de la enseñanza pública
y de todo lo público.
El profesorado, las familias y el alumnado,
los sindicatos, la asociación de directores, las plataformas por la
escuela pública y el movimiento 15-M. tienen el reto de levantar la
bandera de la defensa de lo público y aplicar una estrategia de resistencia
contra las políticas conservadoras. Hay que pelear por una educación
pública digna y de calidad, porque hay que considerar la escuela como
el lugar de encuentro de la comunidad educativa, con multitud de voces e intereses,
lugar de plasmación de pensamientos, de ideas y de sueños. Desde
abajo seguimos creyendo en lo que hacemos y seguimos trabajando para mejorar,
pese a las dificultades. Es demasiado importante lo que está en juego
para dedicarnos a llorar por los rincones.