Rajoy propone disminuir el número de escaños del Congreso desde 350 a 300. Dado el hartazgo de la sociedad española con el comportamiento de sus “representantes” políticos y con el papel de "promoción social", cuando no de enriquecimiento, que juega la "política profesional" en demasiados casos, es posible que esa propuesta sea vista en un pimer momento con simpatía por parte de la población.
Sin embargo, apoyar la propuesta de Rajoy sin previa reforma constitucional y legislativa de los procedimientos electorales sería un gravísimo error, ya que fortalecería la partitocracia, el bipartidismo y la desigualdad del valor de los votos ciudadanos.

En primer lugar, aumentaría la desigualdad territorial del voto. Actualmente, 102 escaños corresponden al mínimo legal por provincia (uno para Ceuta y Melilla, dos para el resto), quedando 248 a repartir de forma proporcional a la población. Con la propuesta de Rajoy serían 102 y 198, disminuyendo la parte vinculada a la población, por lo que las provincias menos pobladas serían aún más favorecidas.
Por ejemplo, de modo aproximado porque los datos de población que he usado quizá no sean ya exactos, 18 de las 52 provincias mantendrían exactamente el mismo número de escaños, mientras que las otras 34 perderían escaños.
Madrid y Barcelona perderían 7  y 6 escaños, respectivamente. Si actualmente el número de habitantes por escaño de Madrid multiplica por 3,8 al de Soria, con la reforma de Rajoy aumentaría ese factor de desigualdad a 4,7. Es decir, un habitante de Soria tendría una cuota de "representación" casi equivalente a la de cinco habitantes de Madrid. Entre 9 de las 52 provincias perderían 25 escaños, la mitad de los 50 suprimidos.
Así se agravaría una situación de desigual representación territorial, incrementando la subrepresentación de las provincias más pobladas.

En segundo lugar, fortalecería el sistema bipartidista (o tetrapartidista si tomamos en cuenta al PNV y CiU como fuerzas hegemónicas en dos comunidades) e incrementaría la subrepresentación de otras fuerzas políticas, que ha alcanzado cotas escandalosas en el actual Congreso, en el que PSOE y PP obtienen un escaño por cada 67.000 votos mientras que IU-ICV tiene un escaño por cada 485.000 votos y UPD un escaño por cada 306.000 votos. Un voto PP o PSOE vale 7 votos IU. Esa desigualdad se debe, ante todo, a que en las circunscripciones pequeñas las "terceras fuerzas" tiene que obtener porcentajes muy elevados para sacar escaño, por lo que sus posibilidades de obtener presencia parlamentaria están limitadas a las provincias más pobladas... que serían las que perderían más escaños con la reforma propuesta por Rajoy, por lo que ésta contribuiría a la exclusión de fuerzas políticas como IU, ICV, UPD, Equo...
Tomemos el caso de Madrid, con 36 escaños. Supongamos que cinco candidaturas obtienen un 42%, 37%, 8%, 6% y 3% de los votos, repartiéndose el 4% restante otras formaciones que no alcanzan el 3% requerido. Les corresponderían a las citadas cinco candidaturas 16, 14, 3, 2 y 1 escaños. Pero con la reforma propuesta por Rajoy sólo habría 29 escaños que se repartirían 14, 12, 2, 1 y 0. Como puede verse, una fuerza política perdería su representación. Los dos partidos más votados perderían, en conjunto, el 13% de sus escaños, pero los otros tres perderían un 50%.
Este ejemplo no demuestra nada en sí mismo, pues podemos suponer combinaciones de resultados con otras consecuencias, pero la tendencia general es esa: con la actual ley electoral, si sólo se modifica el número de escaños (a la baja) la pluralidad política del Congreso se reducirá aún mucho más. Téngase en cuenta además que en las provincias más pequeñas, en las que sólo obtienen representación por lo general PSOE y PP (con las excepciones propias de Catalunya, País Vasco y, en menor medida, Galicia o Canarias), no bajaría el número de escaños o bajaría poco, mientras que el recorte se centraría precisamente en aquellas provincias en las que más factible es que alcancen representación las fuerzas políticas externas al tetrapartidismo PP, PSOE, CiU, PNV.

A decir verdad, en el actual marco constitucional la única manera de favorecer el pluralismo parlamentario y debilitar el bipartidismo es aumentar el número de escaños a 400 y reducir a uno el mínimo de escaños por provincia. Puede decirse, y no negaré su parte de verdad, que con la indignación social hacia la "clase política" parece incoherente aumentar el número de quienes "no nos representan". Sin embargo, la realidad es que lo que ha indignado a la población no es el coste estricto del del Parlamento, sino el comportamiento político y personal de muchos parlamentarios. Es decir, la situación no es que la gestión de las élites políticas nos parezca aceptable pero dado que hay crisis queramos reducir lo que nos cuesta, sino que, con independencia de que sean 350, 300, 400 o 250, nos indigna el comportamiento mantenido por muchos diputados. Me refiero ante todo a su actuación política y a su connivencia con las élites económicas, pero también en particular a lo que hemos ido sabiendo sobre sus vínculos económicos, sus actividades paralelas o sus inversiones, a mi entender incompatibles en muchos casos con la participación en muchas de las votaciones que tienen lugar. Por ejemplo, me parece inmoral que cualquier diputado o senador que tenga intereses en empresas en las que hay trabajadores asalariados voten a favor de leyes en las que se facilita el despido y se subvenciona parte de éste. Me parece inaudito que partidos endeudados con los bancos y que obtienen moratorias para el pago de su deuda puedan, por ejemplo, tomar la decisiones sobre la dación en pago de las viviendas hipotecadas por bancos. También me parecen escandalosos los numerosos casos de ingresos múltiples y muchas de las compatibilidades concedidas. Esos son los problemas verdaderamente graves, no tanto el salario o el número de diputados.

Rajoy es demagogo, pero no tonto. Sabe lo que ha propuesto: reforzar el bipartidismo. A diferencia del PSOE, el PP si ha tomado nota de que hoy por hoy, en Europa, la socialdemocracia no es capaz por sí sola de ganar a la derecha conservadora, que ésta sólo puede perder mayoría cuando obtienen representación significativa varias formaciones en el ámbito de las izquierdas, la ecología política o la democracia radical. Eso es así incluso allí donde no hace tanto tiempo la hegemonía socialdemócrata en el movimiento obrero era aplastante, como Alemania o los países nórdicos. Desde luego es así en Francia. En Italia, las grandes derrotas del berlusconismo han tenido lugar en ciudades en las que personas independientes o vinculadas a pequeños partidos ganaron las primarias del polo progresista a los candidatos del PD. Rajoy sabe todo eso y apuesta por el bipartidismo decididamente. Quiere cerrar el paso a lo nuevo, o incluso a aquello que sin ser nuevo y estar bastante anquilosado puede ser al menos algo diferente y no supeditarse a los intereses de las élites económicas.
Rajoy, con sus 300, no busca aligerar el Estado. Busca hacerse con él más fácilmente, asegurarse una larga hegemonía con un PSOE desprestigiado y sin perspectiva como única "oposición política", para hacer frente más cómodamente a la oposición social que se está construyendo en las calles y las plazas de España.

La democratización del sistema electoral no pasa por quitar 50 escaños, sino, al menos, por una reforma de la ley electoral que haga el sistema todo lo proporcional que sea posible dentro del marco constitucional; pasa también, aunque será más difícil de conseguir, por la reforma de la Constitución, sin la que no es posible una regulación plenamente democrática.
Ambas cosas no están desvinculadas. En el transcurso de una asamblea, una vecina contestó, a quienes decían que votar a candidaturas minoritarias no valía para nada, que "las candidaturas minoritarias son minoritarias hasta que dejan de serlo". Efectivamente, las candidaturas sólo son minoritarias... una vez realizadas las elecciones, no antes, y eso no depende de un "fenómeno natural", como la lluvia o un terremoto, sino simplemente de que lo que cada persona haga y de que lo haga sin miedo, eligiendo libremente lo que prefiere.

Todo indica que un Congreso más plural y más proporcional es actualmente la única alternativa en lo institucional a una mayoría absoluta del PP con el PSOE como oposición devaluada, no sólo en términos cuantitativos sino también política y éticamente. A su vez, en ausencia de mayorías absolutas sería más fácil ejercer presión social sobre el PSOE para que se sume a una reforma de la ley electoral, lo que contribuiría a aumentar de nuevo la pluralidad, en un camino, en el, por qué no, la reforma de la Constitución deje de ser un imposible, como ha sido hasta ahora salvo, claro está, para entregar el país a "los mercados".

Por descontado, toda esta espuma institucional será mera utopía si no sigue avanzando la corriente transformadora de fondo, el movimiento social a través del que la gente común trata de hacerse dueña de su destino. Un movimiento que va mucho más allá de lo institucional y que afrontará el reto de crear nuevas instituciones, pero al que no debe ser indiferente la composición de parlamentos, instituciones y gobiernos, pues aunque ninguno representará realmente a la gente común sus matices sí pueden dificultar más o menos la tarea.
Por poner sólo un ejemplo: me habría gustado que el Congreso hubiese habido 35 diputadas y diputados que hubiesen impuesto el referéndum constitucional frente a quienes han convertido en mandato constitucional la prioridad del pago de la deuda pública sobre cualquier gasto social. Eso no habría cambiado el mundo, pero habría estado bien, ¿no es así?
No me representarán (*), pero no me da igual quienes sean.
No a Rajoy. No a la trampa de los 300.

(*) Cuando digo que no me representan no me refiero a que el actual Congreso no me representa, lo que es lógico. Tampoco me representaría un Congreso formado por las personas a las que votaré.
A mi entender, es la propia idea de "representación" la que hay que poner en cuestión, lo no debe interpretarse como una negación de la democracia parlamentaria mientras no construyamos alternativas realmente más democráticas por ser más amplias, no más restrictivas. Toda persona, todo colectivo, toda sociedad es irrepresentable. Lo que si podemos hacer es delegar tareas y votar a quienes se las delegamos, pero bajo control social. "No nos representan" tiene muchos significados: que nadie externo al movimiento social al que se ha denominado 15-M puede representar a éste, pero también que ese movimiento no puede generar desde dentro formas de autorepresentación, por lo que todo debate sobre cómo conseguirlo lleva a dar vueltas y vueltas sin llegar a conclusión alguna. Y más importante aún, quiere decir que el "movimiento 15-M" tampoco representa a nadie ni pretende ni puede representarlo. Si el 15-M se convierte en vanguardia, el 15-M muere. No hay vanguardias cuando nadie queda atrás.