Trasversales
Armando Montes

Legal e inmoral, Ilegal y moral

Revista Trasversales número 23,  verano 2011

Textos del autor
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Ejecutar las órdenes judiciales de deshaucio es un mandato legal.
Dejar en la calle a personas sin recursos para conseguir otra vivienda es inmoral.

Impedir que se ejecute un desahucio es ilegal.
Ayudar a que unas personas sigan teniendo un techo bajo el que vivir es moral

Así pues, ¿usted qué prefiere? ¿Lo legal inmoral o lo ilegal moral?

La desobediencia civil reside en preferir lo ilegal moral, pero no de manera clandestina ni embozados. La desobediencia civil da la cara. Lo hace precisamente para poner al descubierto el carácter inmoral de algo legal, para forzar a los gobernantes a dar la cara también, para poner al descubierto la miseria de cierta legalidad, para ponerles en la encrucijada, ante la necesidad de optar por permitir actos ilegales pero morales o por reprimir esos actos abiertamente.

Y, en este caso, también para poner al descubierto la ilegalidad de cierta legalidad. Pues si bien la Constitución no prohibe los desahucios, también afirma el derecho a disponer de una vivienda digna. La lectura que se viene haciendo de ese mandato constitucional es que no se puede prohibir a alguien tener casa. Esa lectura es una burla insostenible, un acto continuado de inconstitucionalidad. El derecho a una vivienda es un derecho material que debe ser garantizado por el Estado. Efectivamente, es legal desahuciar a alguien, pero es anticonstitucional hacerlo sin poner a su disposición un lugar en que vivir.

Ante todo, más allá de disquisiciones jurídicas, dejar a alguien en la puñetera calle es inmoral, es inhumano, es miserable, es una canallada, es asocial. Vergüenza.

Sepan que sus promesas electorales no nos interesan, ya sabemos que no las cumplirán. Si el 20 de noviembre han sido capaces de dar un lugar en que vivir dignamente a todas las personas que lo necesitan, tal vez les escuchemos, pero si no lo han hecho sepan que nada tiene que decirnos.

¿Qué no pueden? Claro que sí. Sólo con el dinero público que se van a gastar en recibir al líder de una organización privada y de un Estado oligárquico podrían construir, o incluso comprar, unos 400 pisos modestos pero dignos. Incluso podrían pedirle que su inmensa y riquísima organización contribuya a ello con parte del gran patrimonio inmobiliario de que disponen como consecuencia de siglos de connivencia con los poderosos.

En todo caso, entre unos y otros, han tenido más de 30 años para cumplir la Constitución, así que no nos vamos a tragar lo de "vuelva usted mañana".


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