Carmen
Castro
De
la reforma constitucional, el déficit democrático
y la recesión económica
Revista Trasversales
número 23 septiembre 2011
Otros
textos de la autora
Carmen Castro es fundadora de singenerodedudas.com
¿Qué
hace un gobierno socialdemócrata
(o lo que queda) liquidando a corto plazo el estado de bienestar
embrionario de España, cercenando las posibilidades de
recuperación futura y secuestrando las vías de
participación democrática?
La reforma constitucional exprés pactada entre los dos
grupos mayoritarios (gobierno y oposición)
incluirá el objetivo de estabilidad presupuestaria en la
Carta Magna, supeditando a una futura Ley orgánica en 2012
la concreción de las cifras del déficit
público. Este pacto no es el desarrollo de ninguno de los
programas electorales, ya que ni PSOE ni PP lo incluyeron en su
programa electoral; tampoco surge de un debate previo sobre la
necesidad o conveniencia de la misma. Así pues, coincido con
quienes como primera reacción a esta noticia lanzaron la
pregunta de si era realmente necesario. Pues bien, lo cierto es que no,
ni en el fondo ni mucho menos en la forma.
La estabilidad presupuestaria ya es uno de los principios de buen
gobierno incluidos en nuestro ordenamiento jurídico y, por
lo tanto, sólo había que cumplirlo.
Así que, si este no era el verdadero objetivo de la reforma,
habrá que preguntarse de qué se trataba
realmente. La explicación la aporta el propio texto del
nuevo artículo 135 al establecer la prioridad absoluta del
pago de los intereses y la devolución de la deuda (a
inversores y especuladores del mercado). Es decir, que si en
algún momento el déficit (diferencia entre gastos
e ingresos) se evidencia de manera que el Estado no dispone de ingresos
suficientes para hacer frente a todos sus compromisos de pago
(servicios públicos de sanidad, educación,
dependencia, prestaciones económicas por pensiones, por
desempleo, por maternidad/paternidad, transferencias a las CCAA,
devolución de la deuda pública, etc.) la
prioridad sería el pago de los intereses y la
devolución de la deuda antes que los servicios
básicos que garantizan los derechos de la
ciudadanía. Es patético que en aras de intentar
tranquilizar a ‘la voracidad de los mercados’ se
haya optado deprisa y corriendo por constitucionalizar el abandono del
Estado de Bienestar sin permitir a la ciudadanía opinar al
respecto de una decisión que tendrá consecuencias
sobre las condiciones de vida de esta y próximas
generaciones. Esta reforma significa: reforzar el gesto
político iniciado hace ya más de un
año, consolidar el desarrollo de las políticas
neoliberales, a través de su imposición
constitucional, y por supuesto alejar la posibilidad de que
España pueda llegar a actuar como Islandia o como en su
momento hizo Argentina negándose a pagar la deuda ante una
situación de máxima gravedad económica.
Pero la ciudadanía social ha ido despertando su hambre de
democracia económica, el 15M está siendo un
convulsivo social importante y como tal está reaccionando
ante esta democracia secuestrada . Cada vez son más las
voces críticas que aportan argumentos políticos y
económicos contra esta reforma que representa la
culminación de un giro en la politica económica
hacia planteamientos neoliberales. El profesor Vicenç
Navarro, impulsor de la campaña de recogida de firmas
exigiendo la celebración de un referendum para ratificar la
constitución, habla deun suicidio económico y
francamente, creo que no está exagerando. Esta reforma
dejará al Estado sin política fiscal y,
“al establecer un límite de gasto
público, condenará a España a
permanecer a la cola del gasto público social de la
UE”, lo que, “además de debilitar en
gran medida el Estado del Bienestar español, elimina de
facto una herramienta del Estado para estimular la economía
que requiere un crecimiento muy notable del gasto
público”.
Han sido muchas las voces críticas partidarias de
políticas fiscales contracícilicas, es decir, que
en situación de caída de la actividad
económica la expansión del gasto
público, bien orientado, puede actuar como factor
multiplicativo de la economía facilitando la
creación de empleo, la inversión y el consumo; y
el aumento de impuestos, contribuye a financiar el mayor gasto
realizado. Sin embargo, salvo el rescate de la banca para evitar el
‘colapso financiero’ (Jean Clude-Trichet reconoce
que los gobiernos, en Europa y Estados Unidos, habían
movilizado el 27 % del PIB para este cometido) y una primera fase
precipitada de políticas de gasto, la mayor parte de las
políticas de ajuste se han realizado sobre la
reducción del gasto público, un error recurrente
y denunciado ampliamente por economistas nobeles como Paul Krugman y
Joseph Stiglitz, reconocidos altereconomistas comoJuan Torres y
economistas feministas como Lourdes Benería, Carmen
Sarasúa, Lina Gálvez, María Pazos,
Bibiana Medialdea y yo misma, en mis propuestas de andar por casa .
Era de esperar que las políticas de ajuste realizadas no
permitirían la salida de la crisis. Para que esto hubiera
sido posible habría sido necesario, por una parte, facilitar
la creación de empleo y el cambio de modelo productivo desde
las políticas de gasto y, por otra, mejorar la
recaudación de ingresos tributarios del Estado, a
través por ejemplo de mayores impuestos para las rentas
más altas y el capital, la recuperación del
impuesto sobre el patrimonio, la eliminación de los
paraísos fiscales y la economía sumergida, la
articulación de una nueva tasa sobre las transacciones
financieras o la regulación de las operaciones especulativas
en los mercados financieros, por citar algunas de las
propuestas.
Y
así estamos, como se dice, ‘de esos barros,
estos lodos’. Que no nos extrañe pues que los
datos de evolución del crecimiento económico del
segundo trimestre del año muestren el estancamiento de la
economía. Es la consecuencia lógica de las
decisiones de politica económica adoptadas. En la Eurozona
del 0,3 % de crecimiento del PIB durante el primer trimestre se ha
pasado a un 0,2% en el segundo trimestre, anunciando una tendencia
preocupante que se refleja en gran parte de los países
incluyendo Alemania, que ha pasado del 1,1% al 0,1% e incluso Francia
que ha pasado del 0,9% al 0,0%. En España el PIB ha pasado
de crecer el 0,4% al 0,2% intertrimestral.
La perspectiva económica es preocupante, y más
aún porque la reforma constitucional anunciada nos
empujará a una dinámica perversa de
recesión económica, mayor fractura
democrática y fuerte conflictividad social.
En cambio, Islandia, que estuvo en bancarrota, decidió el
impago de la deuda y estableció controles al capital
está experimentando ya los resultados exitosos de su
política de ajuste realizada al margen de las
recomendaciones del FMI. El factor distintivo entre este y los
países mencionados antes es que en Islandia se mantuvieron
las bases de su estado de bienestar y la ciudadanía
tomó el control de la situación incluso en la
redacción de una nueva constitución.
¿Quieren que les diga más? #yoquierovotar
¿Y ustedes?
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