Este es un trámite muy importante. Nosotros hubiéramos deseado que se produjese, además del dictamen de Comisión, el debate plenario. No es así, pero no acabamos de explicarnos cómo es posible que una ley de esta importancia termine en la Comisión, por muy importante que sea la Comisión. Creemos que a lo largo de todo este tiempo, desde el Pacto de Toledo a la tramitación parlamentaria, deberíamos habernos dado también un tiempo para el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados, y no hacer este trámite con agosticidad y alevosía para una ley tan importante que modifica aspectos fundamentales de los derechos de los ciudadanos.
Anuncio que votaré en contra del dictamen porque supone un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores y en los derechos ciudadanos, retroceso histórico que se simboliza en el retraso en la edad de jubilación conquistada hace cien años, hace un siglo, y además votaré en contra porque se trata de una razón más para la indignación ciudadana y para la desafección de la política. En ese sentido, el Congreso de los Diputados se hace el haraquiri con este tipo de medidas situándose con los mercados, como intermediario de los mismos y no como representante o como mediación de los ciudadanos. Señorías, un retroceso histórico en primer lugar. No cabe duda de que lo es, no cabe duda de la importancia de la conquista hace un siglo de las ocho horas de trabajo, como tampoco cabe duda de la importancia de la jubilación a los 65 años. De alguna manera, significaba aquel ideal socialista, aquel ideal de la izquierda de las ocho horas de trabajo, ocho horas también para el ocio o para la formación y ocho horas para el descanso. También formaba parte de esta conquista histórica de la incorporación de los trabajadores a la política la conquista de la jubilación a los 65 años, que hoy, de manera matizada por la intervención positiva de los sindicatos, derogamos de alguna manera y sustituimos por la jubilación a los 67 años.

Señorías, además de un retroceso histórico es un sacrificio inútil para los mercados dado que, al igual que con la reforma laboral, no se sentirán satisfechos y continuarán los ataques interminables contra nuestra deuda porque los mercados han demostrado ser insaciables.
Tampoco tendrán suficiente con este retroceso histórico del retraso en la edad de jubilación a los 67 años; querrán más porque nunca tienen suficiente. Imponen un recorte de las pensiones públicas, cuando son mucho más eficientes y mucho más justas que los fondos de pensiones privados, y además imponen la búsqueda de un mercado privado en cuanto a la responsabilidad pública que provocará y está provocando ya una fractura social con los pensionistas mediante la congelación de las pensiones, pero también con generaciones que en estos momentos se sienten alejadas del Estado del bienestar, del Estado social y que sienten cómo la incertidumbre es el principal factor de su presente y de su futuro y cómo el Estado social no les protege y esas conquistas de sus padres y de sus abuelos también están en cuestión. Señorías, en tercer lugar se trata quizás, como decía antes, de una de las razones fundamentales para la indignación ciudadana. El 80 por ciento de los ciudadanos está en contra de esta medida por su carácter antisocial pero también porque esta medida no ha podido formar parte del debate público: nadie la ha presentado en su programa electoral. Esta medida no estaba prevista, sino que ha venido a ser una imposición del golpe de mercado a los ciudadanos y a los parlamentos. Por tanto, señorías, no nos extrañemos de la indignación ciudadana ni de la desafección de los ciudadanos respecto a la política y a este Parlamento. Como he dicho antes, es también un motivo más para la fisura, para la sima que separa ya la política de la ciudadanía.

Creo que este tipo de medidas de recorte inexplicables e inexplicadas, este tipo de medidas que socializan el sufrimiento en el contexto de la crisis pero que además privatizan la política, que convierten la política en la mediadora de los mercados, deterioran nuestra convivencia de manera muy importante y deterioran también nuestra democracia, que pasa de ser una democracia representativa a una democracia corporativa y a veces a una plutocracia que tiene muy poco de participativa y de representativa, a una democracia únicamente de los poderosos.
Señorías, mi última y quinta razón es que este texto significa el haraquiri del Parlamento español, el suicidio del Parlamento al final del periodo legislativo, cuando el Parlamento se convierte en portavoz fundamentalmente del golpe de mercado —y sin matices— y, por otra parte, además es sordo a las voces indignadas que piden una salida más social de la crisis y una verdadera representación del Parlamento con respecto a la ciudadanía.

Esta iniciativa, señorías, es un escándalo; es un escándalo, en resumidas cuentas, porque no hay un problema en nuestro sistema de pensiones que requiera una medida de estas características, tan dura, tan drástica, y es un escándalo desde el punto de vista democrático porque no tiene en cuenta a los ciudadanos y solamente tiene en cuenta a los poderosos y a los mercados.
En nuestra opinión, este sería el momento para recuperar por parte del Parlamento la representación de la ciudadanía, para no situarnos en medio de los indignados y los mercados. Nosotros no estamos a medio camino de unos y de otros, nosotros somos los mediadores de los ciudadanos, no los intermediarios de los mercados. Por tanto, es una oportunidad para recuperar la representación de la ciudadanía y para no reaccionar de forma corporativa como si la ciudadanía nos ofendiera a nosotros, los políticos; no es verdad, la ciudadanía lo que contesta es una determinada política que se pone al servicio de los mercados y lo que reclama es otra política, la política de la representación de sus aspiraciones y de sus derechos. Por eso, en nuestra opinión, deberíamos parar esta tramitación que creemos que solamente nos piden los mercados, nos la imponen unos pocos y no la quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos; no nos la piden, no nos la exigen, no la hagamos, si somos sus representantes.

Deberíamos someter iniciativas de estas características, que no han formado parte del programa electoral, que no han sido debatidas públicamente, que aparecen súbitamente como propuesta o, mejor dicho, como imposición de los mercados, a una participación amplia de los ciudadanos sin descartar una participación directa, mediante referéndum, en temas que tienen un hondo calado y una trascendencia política muy importante para sus vidas en el presente y en el futuro. Creemos que sería el momento de incorporar estas propuestas a las próximas elecciones generales, en el marco de los programas electorales, en el caso de que los partidos las tengan por buenas. Nosotros no las incorporaríamos a nuestro programa electoral, muy al contrario, incorporaríamos lo opuesto: mantener la jubilación a los 65 años y consolidar el Estado social y el sistema público de pensiones, y sería el momento del debate público y después de adoptar las medidas necesarias. Señorías, llamo a los parlamentarios a ejercer de tales, a ejercer de representantes de los ciudadanos y a ser insumisos frente al golpe de los mercados que hoy se nos propone aquí como si fuera una iniciativa nuestra. No lo es, señorías; hay una parte de este trabajo muy importante que hemos hecho en el Pacto de Toledo y en ponencia y en Comisión, pero hay propuestas —como la de los 67 años de edad de jubilación— que no nos pertenecen, que nos son ajenas y que son impuestas, y por tanto que no deberíamos en ningún caso asumir.
Señorías, tengo reservas con respecto a enmiendas transaccionales que se han producido a lo largo de la tramitación parlamentaria, y que voy a votar en contra del conjunto del dictamen pero en particular de la enmienda transaccional sobre las mutuas, que me parece contradictoria con el AES y con la propia reflexión del Pacto de Toledo; la voy a rechazar. Voy a rechazar también una enmienda que pretende transferir el patrimonio de la Seguridad Social a la Administración, y de la Administración a las administraciones autonómicas. No me parece una enmienda clara. Creo que tiene una voluntad contable, pero me plantea muchas dudas. Por otra parte, tanto la enmienda transaccional relativa a la viudedad como la relativa también a maternidad y paternidad nos parecen confusas y, en nuestra opinión, no satisfacen las orientaciones del Pacto de Toledo.

Termino diciendo que con respecto a las últimas transaccionales que se han visto en el día de hoy, en primer lugar nosotros apoyaremos la relativa al Sáhara y la relativa a las empleadas de hogar. Nos parece que van en la orientación de las recomendaciones sobre las que hemos reflexionado ya en distintas ocasiones tanto en la Comisión del Pacto de Toledo como aquí mismo. Sin embargo, mi grupo —en concreto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya— no estará de acuerdo y va a votar en contra de la propuesta que se nos hace sobre un seguro sobre dependencia. Nos parece que es contradictorio con la Ley de Dependencia y que pretende cargarse el carácter público del servicio de dependencia. En nuestra opinión, no solamente estamos ante un ajuste del sector público sino ante una pretensión de privatizaciones de segmentos muy importantes que creemos que no son segmentos de mercado sino derechos sociales de los ciudadanos y, por tanto, nosotros vamos a votar en contra.

Señorías, en este sentido, creemos que el dictamen no nos representa y que tampoco representa a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, que no entienden cómo tienen que retrasar su edad de jubilación de los 65 a los 67 años únicamente por el capricho de los mercados.