Desde que un grupo de amig@s creamos, en la primavera de 2006, la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid (ALRV, en adelante), y a pesar de nuestro escaso bagaje teórico en materia de laicismo, tuvimos conciencia de la importancia de la defensa de “lo público”, no sólo para el desarrollo del laicismo como movimiento, sino también para avanzar en la laicidad de las instituciones públicas.
Ello era la lógica consecuencia de nuestra concepción del laicismo como un movimiento social que trabaja para establecer las condiciones jurídicas, políticas y sociales adecuadas para el pleno desarrollo de la libertad de conciencia de los individuos (LC, en adelante).
Pero esta LC, que es el eje motriz de todos los derechos humanos, porque la conciencia individual es el punto del que parte todo nuestro sistema de libertades y derechos, no puede desarrollarse sin una igualdad efectiva en el ejercicio de dichas libertades, de manera que quede arrinconado cualquier intento de discriminación por razón de nacimiento, etnia, sexo, creencias o cualquier otra circunstancia personal o social.
Así pues, este binomio de LC e igualdad nos exige la búsqueda racional de lo universal, de lo que nos une, de los asuntos que configuran lo que podríamos entender como “bien común”, contribuyendo a construir un ámbito de “lo público”, dentro del cual la acción del Estado adquiere consistencia y legitimidad, contribuyendo al reforzamiento de la democracia.
A esto se refiere Henri Peña-Ruiz cuando afirma que la teoría y la práctica del laicismo van indisolublemente unidas a la construcción y mantenimiento de un espacio público como vector que el laicismo apunta hacia la emancipación de los seres humanos.

Y con esta aproximación entro en el núcleo de nuestra Semana: los servicios públicos. En la ALRV creemos que el Estado (en todos sus niveles administrativos) debe establecer políticas para hacer realidad el derecho al acceso a los bienes públicos sanitarios, educativos, económicos y sociales. Pero como no se cansa de plantear ese magnífico constitucionalista italiano que es Ferrajoli, reconocer derechos (derechos-) no es lo mismo que promoverlos (derechos +). Que se reconozca el ejercicio de tener “libertad para…” es una condición necesaria, pero no suficiente, si los poderes públicos no promueven las condiciones apropiadas para su desarrollo. Por tanto, estamos planteando la necesidad de promover las condiciones sociales y políticas que hagan posible el ejercicio efectivo de los derechos individuales.
Desde nuestro punto de vista, cualquier creencia, sea o no de naturaleza religiosa, puede degenerar en clericalismo en la medida en que irrumpa en la esfera pública, tanto en sus instituciones como en sus servidores públicos, para utilizarla e imponerse a todas las conciencias. Esta voluntad de poder absoluto y de coacción ha caracterizado a lo largo de la historia no sólo a las creencias religiosas (especialmente las monoteístas) sino también a algunas ideologías políticas. Y tanto unas como otras deben se objeto de nuestra atención y de la actividad del movimiento laicista.

Si extensa ha sido la historia de los destrozos humanos provocados por todos los clericalismos (tanto los de origen político como religioso) en los albores del siglo XXI, y desde el último cuarto del siglo pasado, en la actualidad nos presenta sus credenciales esta variedad del capitalismo en su, por ahora, última fase que conocemos como neoliberalismo. Los nuevos “mandamientos” de este nuevo imaginario que se nos impone como el “único posible”, predican la liberalización de todos los mercados, la desregulación del funcionamiento de la economía y de la sociedad y la privatización de todo lo privatizable y, en consecuencia, el Estado mínimo.

En este contexto, el derecho a la enseñanza, a la salud, a un trabajo digno, a la protección social, sucumben ante el desmantelamiento de bienes comunes y públicos conseguidos a través de muchos años de luchas sociales. El paisaje después de esta batalla sería un mundo al servicio de los grandes intereses económicos privados, en aras de un supuesto “buen” funcionamiento de los mercados.
De esta manera, los Estados democráticos constitucionales quedan deslegitimados y los sistemas democráticos demediados, atrapados en su aparente representatividad formal, pues acaban representando exclusivamente los intereses de los grandes grupos económicos y financieros. Así el debate democrático deviene inexistente y la participación política queda reducida al simulacro electoral cada cuatrienio en la mayoría de los países.

Con todo, no es esto lo peor. Es mucho más grave que este pensamiento único en contra de todo lo público y, en última instancia, anti-Estado en todo aquello que no favorezca los grandes intereses económicos, haya calado en importantes fuerzas políticas denominadas “de izquierda”. Buena prueba de ello es que tantos años de ejercicio de gobierno de estas izquierdas no han impedido, en la mayoría de los países, un potente impacto negativo sobre unos servicios públicos cada vez más abandonados a la lógica de la liberalización, la desregulación y la privatización. Por eso pienso, y lo digo claramente, que el pensamiento neoliberal es el clericalismo del siglo XXI.
Porque creemos en la ALRV que la teoría y la práctica del laicismo van indisolublemente unidas a la construcción y mantenimiento de un espacio público, de interés general, como vector de ejercicio de nuestros derechos y, por tanto, de emancipación, hemos querido que el hilo argumental de nuestra Semana nos permitiera reflexionar sobre “lo público”. Y qué mejores motivos para ello que hablar de la enseñanza y de la sanidad.