Trasversales
Fernando Gil

Vencidos por la crisis y por sus errores

Revista Trasversales número 24 noviembre 2012

Textos del autor en Trasversales


Con 15 puntos por debajo del Partido Popular, que le adjudican los sondeos en el momento de escribir este artículo, el PSOE se enfrenta a las elecciones generales con muy malos augurios sobre el resultado, a pesar de los esfuerzos de Rubalcaba por paliar el desastre. Tras la poco deseable victoria de la derecha, Zapatero dejará el Gobierno y el PSOE pasará a la oposición, vencido no tanto por los aciertos de su rival como por sus propios errores, que han dejado en segundo plano los aciertos políticos y legislativos de la primera legislatura. La retirada de tropas de Iraq y de Kosovo y la de la religión obligatoria de las aulas, las leyes de igualdad y contra la violencia de género, de dependencia, matrimonio gay; la reforma de la ley del aborto, la ley antitabaquismo, la de memoria histórica o la de Costas, a pesar de los titubeos denotaban una tendencia progresista y un impulso reformador, que se ha perdido o incluso se ha vuelto en su contrario.
Es obligado señalar que esta legislatura ha transcurrido en una coyuntura muy difícil, al tener que hacer frente como tarea prioritaria a la peor crisis económica desde la IIª Guerra Mundial, y que el Gobierno, y en particular el Presidente, han recibido un trato desconsiderado por parte del Partido Popular, que, desde su derrota electoral en 2004, ha exhibido un comportamiento impresentable y ha ejercido su papel de oposición de una manera feroz, implacable y desleal, más propia de un enemigo que de un adversario. Pero desde el punto de vista de lo que se dirimía, que era responder a la recesión, la actuación de la derecha ha sido feroz pero irrelevante. Sin ofrecer alternativas a las muchas medidas aportadas por el Gobierno, pero criticándolas todas, al Partido Popular le ha bastado aprovechar los errores de su adversario para colocarse sin gran esfuerzo en situación de ganar. Y Zapatero, tras aplicar un duro plan de ajuste impuesto por la derecha europea, se va sin ver el final de la crisis pero dejando expedito el camino a la derecha local y empedrado de obstáculos el de su propio partido, incluyendo el de Rubalcaba, al que en demasiadas ocasiones le ha segado la hierba debajo de los pies.  

¿Qué hacer ante la crisis económica?

La crisis financiera internacional, agravada por el estallido de nuestra burbuja inmobiliaria, ha colocado a España en situación de emergencia, ante la cual el Gobierno, impelido por decisiones del FMI, la OCDE y la Unión Europea, ha tenido que adoptar medidas urgentes y severas, que además han sido muy mal explicadas.
Ante la pregunta de qué hacer, que la crisis nos plantea a todos, pero a la que deben responder sobre todo el partido gobernante y el principal partido de la oposición, mientras éste tenía poco que decir, el Gobierno, y en particular, el presidente han dado la impresión de que tenían todas las respuestas posibles; que disponían de todas las medidas aplicables y de todas las correcciones imaginables a tales medidas. 
La actitud de Rodríguez Zapatero, pero también del resto del gabinete, ante la crisis económica ha sido primero indolente y luego errática, por no decir frívola, frustrante para sus electores y desconcertante para la mayoría de ciudadanos, que, seducidos por el eufórico clima de opinión imperante en los años de auge económico, habían creído que la etapa de bonanza sería imperecedera, pues las crisis cíclicas del capitalismo habían desaparecido del discurso económico.
La secuencia de la cambiante actitud presidencial ha sido la siguiente: asumió, cuando el PIB crecía, el modelo de desarrollo económico de Aznar, basado en el turismo, la automoción y en el desmesurado y rápido crecimiento del sector de la construcción, que ha generado la burbuja inmobiliaria y nuestra particular crisis hipotecaria, con el subsiguiente estrangulamiento del crédito.
Cuando estalló la crisis, negó su existencia cuando nos alcanzó, minimizó su dimensiones y minusvaloró sus efectos por la capacidad (más presunta que real) de la economía española para hacerle frente -hay muy pocas economías con la fortaleza de la española-, pues era la novena potencia mundial (ahora es la duodécima, con tendencia a descender). No había crisis sino desaceleración, dificultades, tendencia al estancamiento, incertidumbre. En diciembre de 2007 afirmó que la economía española podría tener un crecimiento medio del 3%, o incluso superior. Quitó gravedad a la deuda externa y exaltó la fortaleza de la banca española, que luego se ha visto obligado a sanear con dinero público. En febrero de 2008, en el Congreso, dijo: Podemos estar tranquilos. Vamos a tener cuatro años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quienes pueden tener dificultades; de apoyo, no de recortes ni decretazos… En mayo de 2009, en otra sesión del Congreso, volvió a repetir el mismo argumento: Mientras haya una mayoría socialista en el Parlamento, que no sueñen en que haya recortes sociales y en derechos de los trabajadores; que no sueñen, que no va a pasar…
Pero la crisis, imparable, se hizo evidente, y en octubre de ese año el Gobierno creó un fondo de 150.000 millones de euros para sanear la banca. La recesión también se llevó por delante las medidas de tipo social populista, (los 2.500 euros del cheque bebé, el subsidio extra por 6 meses, de 426 euros a los parados, la devolución de 400 euros a todos los contribuyentes) y el efímero programa de matriz keynesiana (el Plan E). Para hacer frente a la recesión, el Gobierno habilitó más de un centenar de medidas [en una entrevista de una hora transmitida por TVE el 9/3/2010, Zapatero admitió haber puesto en marcha 137 medidas contra la crisis], muchas de ellas corregidas acto seguido, planteó un cambio de modelo económico efectuado a la prusiana, que, aparte de su modestia, ha quedado arrumbado por falta de dinero; y, al final, desde mayo de 2010, impelido por el FMI, la OCDE y la Unión Europea, puso en marcha un duro plan de ajuste para reducir el déficit hasta el 6% en 2011, que supuso rebajar el 5% el salario de los funcionarios, congelar las pensiones, reformar el mercado laboral para abaratar el despido y el sistema de pensiones para alargar la vida laboral y reducir el subsidio [un informe de la OCDE de marzo de 2011, indicando que las pensiones serán el 9% más bajas, muestra cuál es el verdadero objetivo de la reforma], eliminar la retroactividad de la Ley de Dependencia, reducir la inversión pública y la ayuda al desarrollo, así como recomendar el uso de medicamentos genéricos, entre otras menores.
Por el lado de los ingresos públicos, sin haber intentado perseguir seriamente el fraude fiscal, gravar las rentas de las grandes fortunas, eliminar los paraísos fiscales internos como las SICAV, menguar las entregas a la Iglesia católica y reducir el presupuesto militar, las medidas adoptadas han seguido la senda conservadora y no han cerrado la brecha que separa la tributación fiscal (12 puntos por debajo) y los ingresos públicos en España (el 34,7% del PIB, en 2009) de los países de la eurozona (el 44% del PIB).
A la hora de hacer la declaración del Impuesto sobre las Rentas de la Personas Físicas (IRPF), sólo el 3% de los contribuyentes admite tener unos ingresos superiores a 60.000 euros anuales, y sólo el 20% lo admite para más de 30.000 euros al año. Los más ricos no suelen tributar como personas físicas sino como personas jurídicas, desdibujan su patrimonio a través de tramas empresariales o se amparan en las sociedades de capital variable (SICAV), que tributan al 1% y son una especie de paraíso fiscal en territorio nacional.
Tras afirmar que bajar los impuestos era de izquierdas, Zapatero, en líneas generales, no se apartó de la agenda fiscal de Aznar, que ha significado reducir el Impuesto de Sociedades, reformar a la baja el IRPF, mantener separadas las rentas del capital y deshabilitar (no derogar) el Impuesto sobre el Patrimonio. La crisis le obligó a modificar esta tendencia y junto con el recorte del gasto, grato a la derecha, subió los impuestos pero sin complacer a las izquierdas, al gravar el consumo y moderadamente las rentas del capital: creció el IVA del 16% al 18%, y el tipo reducido del 7% al 8%, y el impuesto sobre rentas del capital del 18% al 19% para rendimientos inferiores a 6.000 euros y al 21% para los superiores; se han añadido dos tramos al IRPF. En agosto de 2009, el ministro de Fomento, José Blanco, indicó que el Gobierno pensaba subir los impuestos a las rentas más altas. Le contradijo la ministra de Economía, Elena Salgado, pero Zapatero retomó vagamente la idea cuando aludió críticamente a los poderosos en la reunión del Comité Federal de septiembre. Finalmente, ha sido en otoño de 2011, en la precampaña electoral, cuando se ha rehabilitado, moderándolo, el Impuesto sobre el Patrimonio, pero las empresas, teniendo en cuenta la gran cantidad de exenciones, tributan al 10 ó 12%, y las rentas más altas siguen siendo intocables, confirmando la impresión popular de que, desde el punto de vista fiscal, lo más barato es ser rico.
La privatización del 49% del capital de AENA y del 30% de las Loterías del Estado forman parte de previsibles ingresos del erario público.
La resultante de tales medidas es que cargan los costes de la salida de la crisis sobre las clases medias y sobre quienes ya soportan las peores consecuencias de la recesión, que son los trabajadores mal pagados, los funcionarios, los jóvenes, los parados de larga duración, los jubilados, los inmigrantes, las mujeres, los hipotecados, las personas dependientes y todos aquellos que se benefician de servicios públicos que van en retroceso. Medidas, por otro lado, aplicadas sin límite de tiempo ni garantía de éxito (el FMI duda que España logre reducir el déficit al 3% en los próximos cuatro años), pues esas mismas instituciones, y en particular el triunvirato Merkel, Trichet, Sarkozy, siguen exigiendo ajustes aún más rigurosos para aplacar la voracidad de un mercado financiero que es insaciable.
A todo esto, una parte de la ciudadanía, mientras ha visto cómo caían su nivel de vida y sus expectativas, permanecía perpleja ante las evoluciones del que consideraba su Gobierno, y otra parte aceptaba el reiterado argumento del PP de que, dadas nuestras diferencias con otros países de Europa, Zapatero era el culpable de la crisis en España. Pero, desde el Gobierno, o desde el PSOE, no se ha hecho el esfuerzo necesario para explicar largo y tendido cuáles han sido las causas de la crisis española y su relación con la recesión mundial, ni cuáles han sido las responsabilidades en ella; responsabilidades de gobernantes y de gobernados, de empresas y particulares, de bancos y cajas de ahorros, de la administración central y de las autonómicas y municipales (un tercio de ellas al borde de la quiebra), porque en los lugares donde gobierna el PP también se ha gastado dinero sin medida y la deuda de sus instituciones forma parte de la deuda soberana de España. Zapatero ha dado la impresión de que asumía las críticas del PP y se sentía realmente culpable de la crisis y que expiaba su culpa acudiendo aquí y allá en un intento vano de detenerla.
La general ignorancia sobre la profundidad de la crisis por la ausencia de explicaciones gubernamentales -decir que estamos al borde del abismo es una metáfora- puede ser una de las causas de la desafección de los ciudadanos, que, habiéndose entregado al modelo que incentivaba el consumo y el crédito sin haber sido advertidos de los riesgos que acarreaba, han recibido como un castigo inmerecido las medidas del Gobierno para salir de la recesión y se lo han hecho saber en las elecciones del mes de mayo. Pero en el comportamiento de los electores hay que incluir el desigual carácter de tales medidas.
A los ciudadanos les cuesta admitir que los peores costes de la crisis recaigan sobre los perceptores de rentas medias y bajas, mientras quienes disfrutan de rentas altas no sólo están exentos de sacrificios, sino que siguen obteniendo beneficios de la recesión. Ni pueden ver con buenos ojos que el Gobierno pretenda reducir el déficit gastando menos en asistencia social, sin intentar aumentar los ingresos del Estado por vía fiscal gravando los ingresos de las grandes y medianas fortunas, los beneficios empresariales, que los hay (desde 2007 las empresas que cotizan en bolsa han repartido 125.000 millones de euros en dividendos) y permitiendo el reparto de elevadas gratificaciones entre consejeros de grandes empresas y directivos de bancos y cajas de ahorros saneados con fondos públicos, que han creído que recapitalizar los bancos era multiplicar sus sueldos. Entidades, que, con la restricción del crédito han yugulado la actividad de muchas medianas y pequeñas empresas (desde 2008, 450.000 han desaparecido, el 10% del tejido empresarial español, según el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana empresa CEPYME, El País,  9/6/2011) y ejecutan los desahucios (ya van 300.000) por impago de hipotecas de manera inmisericorde, dejando en la calle a miles de familias, que además de perder su casa les siguen debiendo dinero.

Lejos de los ciudadanos

En la pérdida de confianza de sus votantes ha pesado la falta de trabajo pedagógico sobre el origen de la crisis. Habiendo renunciado a explicar a los ciudadanos cómo funciona el sistema capitalista para limitarse a gestionar la economía, las recurrentes crisis del capitalismo han desaparecido de la opinión pública. Privada de ese soporte teórico, dada la extensión y la complejidad del sistema financiero, la comprensión de la crisis es más ardua, pero ni así se ha intentado explicar la situación económica y financiera de España y sus vínculos con el sistema económico mundial, ni las razones de las rigurosas medidas adoptadas para salir de la recesión -salvo que son necesarias-, ofreciendo un relato coherente con información pertinente, continua y veraz, adecuada al nivel cultural de los ciudadanos, que en su mayoría no son economistas y menos aún expertos en finanzas. Lo contrario -las metáforas (los brotes verdes, el abismo, el precipicio, el final del túnel), la información parcial, contradictoria e inconexa, cuando no las medias verdades, la jerga de expertos (que no lo son tanto), los subterfugios, los eufemismos o las trapacerías- ha sido la tónica general. En ausencia de explicaciones, se ha dejado creer a los ciudadanos que la crisis se debe a un desajuste irremediable, casi natural, o a la impericia de Zapatero, como señala Rajoy.
A realizar esa imprescindible labor pedagógica, el Gobierno está obligado por responsabilidad, por lealtad con la ciudadanía y también por su propio interés, para defenderse de la visión falaz, simplista y demagógica que ofrece el Partido Popular. Pero el Gobierno, y en particular los ministros más concernidos y el presidente han olvidado esa tarea educativa, que fue esencial en la fundación y extensión del PSOE -Pablo Iglesias fue educador de multitudes-, para adoptar el modo de gobernar del despotismo ilustrado: todo para el pueblo pero sin el pueblo; gobernar sin dar explicaciones, porque estiman que los ciudadanos no son capaces de entenderlas (la derecha opina que no las merecen) o que esa labor no es necesaria, pues suponen que están debidamente informados por la prensa.
A lo largo de estos años, el Gobierno ha dado la impresión de que sus interlocutores han sido los grandes empresarios nacionales y extranjeros, los banqueros, los expertos financieros, los inversores y los representantes de instituciones económicas internacionales, más que sus votantes, a los cuales no les ha dejado otro papel que el de escuchar, sin entender, el esotérico discurso económico y pagar las facturas de la recesión.
Lo cual es un episodio más de la distancia de la dirección del PSOE respecto a la calle, salvada a duras penas por lo que cuentan los medios de información y por las encuestas, donde los expertos que interpretan lo que opina y desea la gente han ocupado el lugar del pueblo soberano.

NOTAS

(1) La crisis ha afectado a las empresas cotizadas de diferente manera: el Ibex 35, que agrupa a las grandes empresas, ha perdido el 52% del valor alcanzado en noviembre de 2007 (15.945, 7 puntos; 7.640,7 puntos en septiembre de 2011); el Ibex Medium Caps, empresas cotizadas de tamaño medio, ha perdido el 66% desde 2007, y el Ibex Small Caps, que agrupa pequeñas compañías, ha caído el 72%.

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