La holgada victoria electoral del Partido Popular, con 186 diputados y 136 senadores, nos ha situado a “nivel europeo”. Estamos homologados. Ya somos otro país -¿y van…?- donde la crisis económica se ha llevado por delante y con prisa -las elecciones se han adelantado- un gobierno de izquierda, dicho sea en sentido amplio y con gran benevolencia, para sustituirlo para un gobierno de derecha, muy de derechas.

De poco ha servido la rápida aceptación por Zapatero de los dictados que llegaban de Bruselas y la aplicación por el Gobierno socialista de las recetas prescritas por el triunvirato de curanderos (Merkel, Trichet y Sarkozy) para tranquilizar a las agencias de “rating” (¿viene de rata?) y aplacar la gula de los llamados mercados financieros. Todo ha sido en vano, porque España no ha salido de la zona de riesgo.
Como en Grecia, en Portugal, en Italia o en Irlanda el esfuerzo ha sido baldío, porque desde Bruselas no se pretende tanto poner fin a la crisis económica, ni salvar a la Unión ni salvar el euro, objetivos discutibles, pues antes que el mercado europeo o la moneda están las personas, como salvar a la banca, que gestiona inversiones privadas hábilmente convertidas en deudas públicas. Capitales que intentan evitar el riesgo y tener asegurado el cobro del principal y los intereses de la deuda a su vencimiento; capitales libres que apuestan sobre seguro -¡con garantía del Estado!- y sólo admiten la posibilidad de ganar.

Crecido en un mercado desregulado, el capital financiero campa a sus anchas por el mundo sin reconocer otra soberanía que la suya, dictada por el objetivo primordial de aumentar la ganancia. No respeta fronteras nacionales ni marcos jurídicos; ni límites espaciales, racionales o morales, y en su enloquecida y arrolladora carrera pretende configurar el mundo a su imagen y semejanza desregulando gobiernos, instituciones y sociedades.
A la brava, ha desarbolado la Unión Europea, sustituyendo la actividad de sus órganos ordinarios por las decisiones de un triunvirato dirigido de forma ejecutiva por Angela Merkel, ha obligado a cambiar gobiernos con precipitadas elecciones o con decisiones aparentemente técnicas, reemplazando gobiernos elegidos democráticamente por tecnócratas designados a dedo, y finalmente está desregulando las sociedades, destrozando el tejido productivo, la vertiente más social de la banca (las cajas de ahorros), menguando la función asistencial del Estado y de las asociaciones solidarias y cargando sobre las familias la tarea de paliar el desamparo de millones de personas.

El pago de la deuda es la coartada que todo lo justifica, y la crisis, la coyuntura propicia para acumular riqueza y concentrarla cada vez en menos manos; es un marco de excepción que permite modificar drásticamente las condiciones laborales y comerciales, subvertir el vigente (des)orden económico, suprimir derechos, reducir la autonomía de los individuos y la soberanía de los ciudadanos. Y los gobiernos si quieren sobrevivir deben convertirse en vasallos de los mercados y aceptar la función de revestir de legitimidad democrática la voluntad de quien realmente manda adoptando la única opción permitida: salir de la crisis pagando el precio que exijan los usureros.
En España, tras las elecciones del domingo, el capital financiero ha encontrado su mejor valedor en el Partido Popular, alineado de forma incondicional con los dogmas neoliberales. Sin los escrúpulos de Zapatero, el gobierno de Rajoy aplicará con decisión y dureza -y además con sumo gusto- las medidas dictadas por los especuladores. El anonimato de los inversores se verá favorecido por la opacidad, la condescendencia con la corrupción y el gusto por el estilo autoritario para gobernar. Y es inútil esperar otra cosa.