Trasversales
Luis M. Sáenz

La reforma constitucional PSOE-PP y la deuda

Revista Trasversales número 24,  otoño 2011

Textos del autor en Trasversales



La reforma: contenidos

Lo más importante, menos conocido y más peligroso es que establece que el pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública gozará de prioridad absoluta. Si no hay dinero, la Constitución de Zapatero y Rajoy obligará a pagar antes a los inversores en deuda pública que a financiar la atención sanitaria o la escolarización.
Aborda también el déficit anual del Estado y las comunidades autónomas. Introduce el límite derivado de los tratados europeos (3% PIB en este momento), compromiso ya adquirido como Estado-miembro de la UE. Crea un límite “autóctono” de déficit, a fijar en el primer semestre de 2012 por Ley Orgánica, que sólo entrará en vigor a partir de 2020.
- No es un límite absoluto al gasto, sino un límite al exceso de gastos sobre ingresos en proporciòn sobre el PIB. Por tanto, reducir gastos no será la única opción política para ajustarse a ese límite, pues podría actuarse sobre los ingresos, aunque esa no es la estrategia de las élites políticas y económicas salvo en lo que afecta al IVA, el copago sanitario y tasas que carguen sobre la gente corriente.
- El artículo 135 habla de “déficit estructural”, ambiguo concepto que se refiere al déficit que, teóricamente, no se debe a la coyuntura económica. La metodología para su cálculo se fijará en ley orgánica.
- El Congreso, por mayoría absoluta, podría esquivar el cumplimento del límite de déficit por tres vías diferentes: a) modificando al alza, en ley orgánica, ese límite hasta el margen deseado; b) estableciendo, por ley orgánica, un plazo lo suficiente amplio para la corrección de la desviación producida; c) declarando la existencia de catástrofes naturales, recesión o emergencias que escapen al control del Estado y dañen la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado.
- Hasta la aprobación de la citada ley orgánica no se conocerá ese límite de déficit. Al parecer Zapatero y Rajoy habían acordado un 0,4%. Es un límite muy estricto, pero no entraría en vigor hasta 2020, a diferencia de la disposición sobre prioridades de pago, ya en vigor y no eludible sin reforma de la Constitución.
En tercer lugar, la reforma constitucional ha abordado la deuda pública... para introducir el compromiso asumido en los tratados europeos (en esto momentos, 60% PIB), aunque con menos flexibilidad que la existente en éstos.
- La ausencia de novedades reales en cuanto al monto de la deuda es significativa. Carece de sentido plantear límites de déficit desvinculados del monto de la deuda pública (en España debe andar por unos 725.000 millones de euros, 65%-70% del PIB, proporción elevada aunque inferior a la deuda de Estados Unidos, Alemania o Francia), ya que la capacidad de financiar un déficit presupuestario está relacionada con los niveles de endeudamiento ya alcanzados. Quizá la deuda sea música de fondo puesta para que no deje entender la letra de la canción, que no dice “no a la deuda” sino “no al gasto social” y “nada más importante que pagar a los inversores, capitalistas dinerarios y banqueros que han comprado deuda pública”.
La reforma express: métodos y objetivos

La propuesta fue presentada en el Congreso el 26 de agosto de 2011. El 7 de septiembre ya había sido aprobada, aunque para su publicación tuvieron que esperar a que transcurriera el plazo previsto para la solicitud de referéndum con la firma del 10% de miembros del Congreso o 10% de miembros del Senado. La solicitud de referéndum fue realizada por las/los congresistas de IU-ICV, ERC, BNG, PNV, CC, Na-Bai y UPyD, más Antonio Gutiérrez, miembro independiente del grupo parlamentario socialista, pero no se alcanzó el 10% requerido.

La reforma se ha hecho con urgencia, evitando un debate social y haciendo de la Constitución una Constitución bipartidista a menos de dos meses de la celebración de elecciones generales. El PSOE ha sido abanderado de esta reforma, cuando hasta hace bien poco se había burlado de las iniciativas del PP en este sentido y cuando hacerla ha debilitado considerablemente la credibilidad del candidato Rubalcaba.

Normas de convivencia que pueden afectar a varias generaciones no pueden modificarse por acuerdo entre dos personas, en agosto y por urgencia... para aprobar cosas que entrarían en vigor en 2020 o que ya están en los tratados europeos. Esto no puede entenderse si sólo nos fijamos en los argumentos dados por los partidarios de la reforma sobre “no se puede gastar más de lo que se tiene”: en realidad, no se ha añadido ninguna disposición que conlleve freno a corto plazo del déficit o de la deuda. Lo que sí ha entrado en vigor de manera inmediata es la prioridad absoluta de pago a los inversores en deuda pública. Incluso eso,  nadie podría impedirlo por vía parlamentaria si hay acuerdo PP-PSOE, esté o no esté en la Constitución. Su entrada en la Constitución es más bien una declaración de principios del PSOE y PP y una operación de cierre del espacio político para el futuro. E s una declaración de principios del PP y de Zapatero, a la que se sumó todo el PSOE aún sabiendo que la iniciativa dañaba sus perspectivas electorales. No es la primera vez que una élite política decide protegerse como élite aunque dañe al partido del que emana su estatus de “políticos profesionales”.

La cúpula del PSOE durante la legislatura 2008-2011 ha optado por las élites económicas y políticas frente a las necesidades de la gente corriente. La clave de la pinza PSOE-PP para la reforma constitucional es, ante todo, una garantía de que el PSOE, sin Zapatero al frente, tendrá escaso margen para giros a la izquierda más allá de la “izquierdización” de un programa electoral, así como quitar credibilidad a toda fuerza política que proponga otra orientación. Es un pacto sagrado entre la derecha española  y el sector más neoliberal del PSOE. ¿Con qué objetivos?

- Difundir el mensaje de que la única manera de frenar la deuda es reducir gastos, eludiendo hablar de qué gastos bajar y de qué ingresos subir.
-“Limitar y orientar, con el mayor rango normativo, la actuación de los poderes públicos” (exposición de motivos de la reforma): futuros gobiernos o parlamentos no podrán posponer o renegociar el pago de deuda pública para atender gastos sociales si no cambian la Constitución, enconsertado así los márgenes de acción política futuros a partir de la voluntades de Rajoy y Zapatero en agosto de 2011.
La deuda

Lo que está en juego no es si la deuda pública es buena o mala, sino un conflicto social de gran intensidad entre las élites, que han declarado una guerra social, y la gente corriente, que comienza a responder a ella a través del movimiento “indignado”.
La deuda pública, en esencia, es una de las maneras que los Estados tienen para entregar a los capitalistas una parte de la riqueza social recaudada vía impuestos.
 La acumulación del capital de la deuda pública no significa otra cosa que el incremento de una clase de acreedores del Estado autorizados a reservarse para sí ciertas sumas sobre el monto de los impuestos” (Karl Marx, El capital, libro tercero, volumen 7, p. 614, Siglo XXI, 1977).

El beneficiario último de esa herramienta de financiación de los déficit presupuestarios es el capital dinerario,  entendiendo por tal una de las funciones y formas del capital, no un tipo humano de “capitalistas dinerarios” diferentes a los “capitalistas financieros”.
Quienes “prestan” a los Estados lo hacen para recuperar el capital más unos intereses. Así que los Estados deben devolver más de lo que reciben. Obviamente, eso es así en todos los préstamos, pero no es lo mismo un préstamo a un capitalista que un préstamo a un Estado. Si un capitalista pide un préstamo por el que debe pagar un 5% de interés lo hace con la esperanza de que si le han prestado 100 podrá invertir ese dinero y convertirlo, por ejemplo, en 110, con lo que finalmente ganará 5... sin haber puesto dinero propio; por descontado, puede fallarle la operación y que surja una pérdida, que podrá repartirse en diversas proporciones entre el capitalista y su prestamista. Si son muchos los que no pueden pagar la deuda tendremos una crisis, pero la “normalidad” es que los capitalistas que reciben un préstamo ganen con él, en otro caso el capitalismo estaría siempre en crisis y se hundiría por su propio peso.

El caso de un Estado es diferente. Si un Estado contrae deuda para pagar una renta a personas sin ingresos o para pagar los sueldos de los profesores elegidos por los obispos para que adoctrinen en los centros educativos públicos, eso puede generar beneficios sociales en el primer caso o daños éticos en el segundo, pero no generará ingresos en las cuentas públicas que permitan asumir el pago de la deuda y sus intereses, aunque una pequeña parte pueda retornar como IVA o en otros conceptos. La inversión pública, por muy beneficiosa socialmente que sea, no suele funcionar como capital capaz de acrecentarse acumulando plusvalor, aunque haya excepciones, como en el caso de la inversión en empresas públicas rentables  o cuando las inversiones públicas no generan “beneficios directos” pero contribuyen a incentivar condiciones sociales y productivas de las que deriven “beneficios indirectos” e incremento de los ingresos fiscales.
En todo caso, de una u otra manera, el grueso de la deuda tendrá que pagarse con impuestos futuros. Y la deuda pública de una u otra manera se paga, incluso cuando se alcanza una “quita” pactada o declarada unilateralmente, pues los costes sociales de esos procesos son siempre muy altos e ir acompañados de brutales recortes sociales. La financiación del déficit haciendo que los bancos centrales compren ellos mismos deuda pública del Estado o comunidad de estados (caso UE) a que representan también tiene efectos negativos, como la inflación, retroceso del poder adquisitivo de los salarios, el aumento de deudas contraídas en otras divisas, etc.

En definitiva, la resistencia alternativa a los planes de las élites no puede pasar ni por la apología de la deuda ni por la apología de la austeridad. En ocasiones un endeudamiento prudente para desarrollar planes sociales provechosos puede ser una opción a considerar, lo que no puede sostenerse es un encadenamiento indefinido de endeudamientos. El déficit, la deuda pública, la “máquina de dinero” o la “autocompra” de deuda no pueden usarse indefinidamente para eludir las crisis del capitalismo y sus costes sociales. La crítica anticapitalista y la defensa social ante los recortes no puede tener como lema “¡Viva la deuda!” ni pretender que los males derivados de un sistema basado en la apropiación privativa de la riqueza, en el mando y en la jerarquía pueden superarse con “herramientas técnicas” del propio sistema, aunque en determinados momentos convenga que se utilice una u otra de esas herramientas.

Sería peligroso pensa que estamos ante un conflicto entre un Estado y los poderes financieros o que los Estados son “impotentes” ante “los mercados” (en realidad están del lado de éstos), difuminando el verdadero conflicto subyacente, que tiene lugar entre las gentes corrientes, por un lado, y los Estados y el capital por otro. No se trata de defender el déficit y la deuda, sino de defender el bienestar social, nuestros derechos, el bien común.
Nos dicen que el Estado contrae deuda para pagar prestaciones por desempleo, pero esa es una visión interesada y deformante, pues de la misma forma se podría decir que se ha contraído deuda para subvencionar a las élites económicas por medio de la supresión del impuesto de patrimonio, de la disminución del tipo aplicable a las mayores rentas en el IRPF, de una legislación que permite que el impuesto de sociedades real pagado por las grandes empresas sea un 10% en vez del 30% teórico, de una fiscalidad de las rentas “del ahorro” que hace que los beneficios ganados comprando y vendiendo acciones tengan un tipo inferior al mínimo del IRPF, de las exenciones y bonificaciones sociales, de cotizaciones sociales, etc. Por ejemplo, el propio Rubalcaba ha declarado que desde el año 2000 se han perdido 28.000 millones de euros anuales a causa de las rebajas fiscales realizadas por los gobiernos de Aznar y Zapatero. En tal caso, sin esas rebajas, en beneficio de los más pudientes, el monto de la deuda pública podría ser ahora más o menos la mitad de lo que es.

La valoración de la deuda es, ante todo, un asunto político, no técnico. No sólo cuenta el monto de la deuda sino también para qué se contrae. Como la política imperante es la reducción de cargas fiscales sobre las élites, la deuda pública equivalente convierte en carga colectiva los beneficios de quienes más tienen.  Las políticas de “ajuste presupuestario” supuestamente antideuda tienen exactamente el mismo carácter de clase porque toman la forma de recortes sociales. La deuda pública se convierte en una cortina de humo: los regalos hechos por el Estado a los capitalistas y a las élites sociales en general conllevan un déficit que, a su vez, dada la creciente carga de la deuda, se convierte en excusa para recortes del gasto social. Como señalaba Marx, la deuda pública es la única “posesión colectiva” en las sociedades capitalistas, esa “propiedad del Estado” que, esta vez sí, se considera común.

No podemos caer en un debate abstracto que nos lleve a aparecer como defensores de la deuda pública. Lo que cabe rechazar es una política que contrae deuda con capitalistas para no aumentar los impuestos a los ricos y que toma la reducción de esa misma deuda como excusa para recortar los gastos sociales.
En vez de un discurso prodeuda o antideuda, puede explicarse que tanto Aznar como Zapatero (Rajoy propone hacer lo mismo) han logrado que quienes más tienen sean los que menos paguen, disparando el déficit en cuanto llegó la crisis y, durante la época de “vacas gordas”, rebajando el superávit posible. Hágase una reforma fiscal integral profunda y una revisión de los gastos parasitarios del Estado. Después, podría valorarse en un debate social democrático si pese a ese reequilibrio fiscal la deuda sigue siendo una carga demasiado pesada y, en tal caso, acordemos qué esfuerzos debemos hacer para reducirla. Pero mientras tanto a las gentes críticas del sistema no nos corresponde hacernos valedoras de una austeridad que se convierte en recortes sociales ni de una deuda que en gran parte financia mecanismos de reproducción del poder de las élites. Por el contrario, sí debemos ser valedoras de los sistema de educación y sanidad públicos, de los derechos laborales, de pensiones dignas, del derecho de toda persona a recibir los cuidados necesarios con respeto a su autonomía de vida, de la igualdad entre mujeres y hombres, etc.


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