El empeño mostrado por Rubalcaba (APR) en que el PP confiese su "programa oculto" roza el ridículo. Así le fue en su debate con Rajoy (MR). Tratar de sacarles los programas ocultos a los partidos es inútil; a APR le habría sido mucho más útil preguntarle a MR cómo pensaba cumplir lo de crear empleo que preguntarle machaconamente a mantener las prestaciones de desempleo. Eso no significa que no pueda decirse nada del programa del PP, pues no todo está oculto.

El programa oficial del PP es muy impreciso pero está salpicado de propuestas más concretas que permiten desvelar el proyecto derechista, lo que desde el PSOE hoy no pueden realizar por carencia de credibilidad dadas las contradicciones entre la práctica del gobierno Zapatero y las propuestas de un candidato que actuó en el debate con MR como si fuera el jefe de la oposición interpelando al presidente del Gobierno.

Por otro lado, hay un programa en ejecución en comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP. Las dificultades evidenciadas por APR a la hora de recurrir a esta parcela contrastable de realidad residen en que el PSOE ha hecho tantos disparates en esta legislatura, especialmente en los últimos 18 meses, que MR puede contestar a cualquier ataque alegando que Zapatero, o en tal o cual comunidad o municipio gobernado por el PSOE, también se ha hecho tal o cual cosa.

Sin embargo una crítica decidida al proyecto representado por el PP es absolutamente imprescindible. Esa tarea sólo puede ser cumplida hoy desde la ciudadanía y su movimiento social, en primer lugar, o desde fuerzas políticas no comprometidas con lo hecho en los últimos 18 meses, como puedan ser Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Equo, Compromis, Izquierda anticapitalista, BNG, etc. Desde el PSOE sólo estamos viendo un desesperado esfuerzo para promover el miedo con una sola idea, "los del PP son aún peores que nosotros", lo que, desde luego, no constituye un proyecto político capaz de parar a la derecha y ni siquiera sirve como fundamento para una oposición seria a un futuro gobierno del PP.

El programa escrito del PP

Fomentaremos fiscalmente el ahorro a largo plazo mediante la creación de una nueva deducción en el IRPF por el incremento anual del ahorro, que incluya la adquisición de vivienda habitual. Mejoraremos la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones.

El apoyo fiscal al ahorro y a los planes de pensiones es una política regresiva de transferencia de rentas de quienes menos tienen a quienes más tienen. Hay una correlación muy fuerte entre ahorro e ingresos. Quienes ingresan lo justo para ir viviendo, no ahorran. Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2010, el 60% de las personas llegan a fin de mes con mucha dificultad, con dificultad o con cierta dificultad. ¿Cómo van a ahorrar?

Esta brecha tiende a agrandarse. En 2011, según informe de FUNCAS, de cada 100 euros que han entrado en un hogar se han ahorrado 11, frente a los 17 que se ahorraban en 2010. La crisis generó un reflejo de ahorrar por lo que pudiese venir, pero a esa tendencia se impone la realidad de que cada vez menos personas pueden hacerlo. Más aún, hay desahorro: según la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, un 56% de las familias han tenido que recurrir a sus ahorros acumulados para cubrir gastos.

En lo que se refiere a los fondos de pensiones, son una vía de inversión a largo plazo incentivada con dinero público a través de beneficios fiscales, subvencionada por toda la población, incluida esa amplia franja que no puede ahorrar ni invertir en fondos... ni comprarse un piso. Señalo lo del piso, porque las ventajas fiscales para adquisición de vivienda habitual tampoco son una política avanzada, encarecen el precio de los pisos y deben ser sustituidas por la garantía del derecho a una vivienda digna, con coste proporcionado a los ingresos y a las características singulares de cada caso (número de hij@s, por ejemplo), a través de una red pública de viviendas de alquiler.

En definitiva, en una situación en la que crece de forma alarmante y dolorosa el número de personas sin ingresos suficientes (e incluso sin ingresos) para vivir con dignidad, requiriendo por tanto un fuerte respaldo social, el PP quiere dar más ventajas fiscales a quienes tienen de sobra, a quienes pueden ahorrar, comprar pisos o invertir en fondos "de pensiones". Ante ese programa no oculto del PP, más para quienes más tienen, menos para quienes más necesitan, hay que estar radicalmente en contra.

En el impuesto de sociedades generalizaremos la aplicación a las empresas de reducida dimensión el tipo impositivo del 20 por ciento; extenderemos el ámbito de aplicación del tipo del 25 por ciento. Simplificaremos el sistema de deducciones.

El PP se propone volver a disminuir el impuesto de sociedades, cuyo monto ya ha caído en picado en los últimos años, en parte por la crisis, en parte por las medidas tomadas por Zapatero para reducir el tipo legal en algunos casos y para reducir el tipo efectivo por medio de deducciones fiscales y modificaciones en la normativa del impuesto.

Así, según la Agencia Tributaria, en 2008 el tipo efectivo medio de tributación fue 18,4%, 6,5 puntos menos que en 2007; se dedicaron 8120 millones, un 0,8% PIB, a políticas de reducción de la carga impositiva de las empresas, de forma que el 46% del descenso de los ingresos por el impuesto de sociedades se debió a "estímulos normativos". El tipo efectivo de tributación en 2009 bajó al 18% y, según la AT, los cambios normativos fueron la causa de un descenso de 1600 millones en los ingresos en caja. Las estimaciones para 2010 establecidas por la Agencia señalaban que pese a un aumento de beneficios previsto en un 2,5%, la base imponible caería en torno a un 15,5%. Algunas de las últimas estimaciones conocidas señalan que el tipo efectivo medio en 2010 del impuesto de sociedades cayó hasta el 16,4%, cuando el tipo mínimo del IRPF es el 24%. Pero además hay que tener en cuenta que el tipo efectivo del que estamos hablando se calcula sobre la base imponible, no sobre las ganancias. El tipo medio referido a éstas habría estado en 2010 en torno a un ridículo 10%.

Muy recientemente Zapatero respondió a una pregunta de Durán i Lleida sobre el impuesto de sociedades diciendo que "No hay ningún Gobierno en España que haya bajado más este impuesto", lo que es muy cierto pero no motivo de orgullo para pretenda hacerse pasar como de "izquierdas". La política anunciada por Rajoy es, por tanto, continuista respecto a la de Zapatero, pero no en el sentido de conservar las cosas como están, sino en el de seguir rebajando aún más los impuestos de las sociedades, entidades que gozan del extraordinario privilegio de que los patrimonios personales de sus grandes accionistas quedan totalmente protegidos en caso de quiebra, mientras que a trabajadores asalariados o emprendedores no societarios les echan de su casa o les embargan una parte de su salario si no pueden pagar sus deudas.

Se trata de uno de los proyectos más reaccionarios entre los reconocidos por el PP, pues socialmente es absolutamente necesario que suban el monto total de ingresos y el tipo medio efectivo del impuesto de sociedades sobre las ganancias, aunque podría y debería estudiarse una redistribución del impuesto de sociedades que tuviese en cuenta aspectos como la dimensión de las empresas, su responsabilidad social y ambiental, la reinversión o la creación de empleo. Los regalos a las empresas en el impuesto de sociedades no ayudan en nada a las pymes que tienen pérdidas reales, ni contribuyen a frenar la sangría de puestos de trabajo que sus quiebras y cierres están suponiendo.

Se está imponiendo la lógica antisocial del "si ganas, gana más; si no tienes y necesitas ayuda, que te zurzan". Las bajadas de impuestos tienen siempre dos caras: una, la de quien se beneficia de pagar menos; otra, la de quien va a pagar el pato de los recortes en el gasto público a causa de la reducción de ingresos. El proyecto fiscal de MR es que paguen menos (aún) quienes más tienen, a costa de los derechos sociales de quienes menos tienen. Eso viene pasando ya desde hace muchos años, en una tendencia creciente a la regresividad del sistema fiscal, fomentada tanto por el PSOE como el PP; pero el PP pretende ahora dar más pasos en ese camino y dado que todo el mundo le da por ganador es a quien hay que pararle ahora los pies.

Simplificaremos la tipología de contratos laborales para reducir la temporalidad y dar expectativas de estabilidad, flexibilidad y seguridad a todos los trabajadores y empresas.

La propuesta es ambigua y puede sonar bien eso de "reducir la temporalidad". Pero en este caso disponemos de numerosas declaraciones respecto a la reforma laboral por parte de dirigentes del PP y de su entorno, lo que permite saber de qué va eso.

"Reducir la temporalidad" es el mantra recitado por los que quieren facilitar el despido y precarizar el empleo. La reforma laboral de Zapatero se hizo bajo pretexto de fomentar la estabilidad en el empleo, a lo que sin duda no ha contribuido porque era imposible lograrlo con medidas que apuntaban por otro camino muy diferente. MR se propone ir más allá con una nueva reforma laboral. ¿Cómo? El detalle quizá ni siquiera lo tengan decidido, pero todo apunta a que la línea general consiste en "reducir la dualidad del mercado laboral"... precarizando todo. Es cierto que la reforma laboral del PSOE ha hecho ya mucho camino en esa vía, incluyendo la reciente suspensión de las limitaciones a la concatenación de contratos temporales, pero la patronal quiere más y MR pretende dárselo. La idea que manejan en los medios derechistas viene a ser, más o menos, crear contratos "indefinidos" en los que el despido no cueste más que la indemnización por finalización de contratos temporales, con la ventaja de no estar sometidos a los controles y límites que afectan a los diversos tipos de contratos temporales. Más que "indefinidos" serían contratos poco protegidos de duración sometida al puro arbitrio de la patronal.

Reformaremos la estructura y contenidos de la negociación colectiva de modo que cada materia se negocie en un ámbito territorial o sectorial óptimo para asegurar la competitividad económica, la sostenibilidad del empleo y la unidad de mercado. Tendrán prevalencia en cuestiones salariales y condiciones de trabajo los convenios o acuerdos de empresa que pacten los empresarios y los trabajadores.

Los convenios colectivos, los sindicatos y toda forma de articulación de la clase trabajadora en tanto que tal clase y no como meros individuos aislados que "acuerdan un contrato" con el empresario, son la bestia negra de la patronal, que apuesta abiertamente por la reducción de los ámbitos de negociación. Ese el proyecto "oculto" tras la prioridad de los acuerdos de empresa, un proyecto que el PP recoge en su programa electoral.

Ahora bien, esa prevalencia de los acuerdos de empresa en una amplia gama de ámbitos ya ha sido establecida por Zapatero con su reforma de la negociación colectiva, rechazada por todas las centrales sindicales. ¿A qué viene prometer lo que ya es ley? Pues sólo puede venir a que el PP tenga la voluntad de empeorarlo aún más, de ampliar la ya muy amplia lista de ámbitos en los que los acuerdos de empresa tienen prioridad sobre los acuerdos de sector, aunque empeoren las condiciones marcadas en éstos últimos. En definitiva, se trata de dinamitar la negociación colectivo y feudalizar las empresas, especialmente las pequeñas y aquellas en que haya escasa capacidad de presión sindical.

Fomentaremos que la pensión sea más proporcional a las cotizaciones efectivamente realizadas a lo largo de la vida laboral.

Esa es exactamente la excusa utilizada por el PSOE para una reforma de las pensiones que retrasará la edad de jubilación y disminuirá las pensiones de toda persona que si jubile con más de 15 y menos de 37 años cotizados, además de crear la figura de pensiones contributivas inferiores a lo que hasta ahora se denominaba "pensión mínima". Esta reforma tiene ya un plan de aplicación hasta 2027 y, a partir de ahí, fija planes quinquenales para nuevos recortes si se producen aumentos en la esperanza de vida.

Dado que no parece razonable pensar que el programa electoral del PP se refiera a lo que hará a partir de 2027, de esta propuesta sólo puede deducirse que piensa contrarreformar esa contrarreforma. Empeorar aún más el sistema sin esperar a 2027, dentro de la legislatura 2011-2015.

¿Pero no es justa la idea de que la pensión sea más proporcional a las cotizaciones efectivamente realizadas a lo largo de la vida laboral? No, no lo es, pero además no es eso lo que ha hecho Zapatero ni lo que quiere hacer Rajoy. Pondré un ejemplo que aclara el uso engañoso que se está haciendo de determinadas expresiones: para justificar calcular la pensión con las cotizaciones de los últimos 25 años, en vez de con los últimos 15 años, el gobierno Zapatero alegó precisamente que era para mejorar la proporcionalidad entre el esfuerzo de cotización y la pensión. Veamos sus consecuencias en la realidad: a una persona que haya cotizado durante los últimos 25 años por el máximo, por tener siempre un salario alto, prácticamente no le afecta esa reforma. Por el contrario, a una persona que haya ido mejorando poco a poco su base de cotización, gracias a los complementos de antigüedad, promoción profesional y mejoras de empleo, le puede suponer un recorte muy significativo. Esa es la realidad de los hechos ocultos bajo palabrería técnica.

Lo que está en juego es si logramos mantener un sistema de reparto más o menos equilibrado o se impone la tendencia hacia sistemas de capitalización. Si ya resultan excesivas e insultantes las diferencias salariales existentes, que no paran de crecer, mucho más lo sería aumentar las diferencias en las pensiones, cuyo fin debe ser asegurar una vida digna a todas las personas mayores. La proporcionalidad que habría que instaurar es la proporcionalidad entre cotizaciones sociales y salarios, ya que actualmente el tipo real aplicado a un sueldo de 1000 euros multiplica por diez el tipo real aplicado a un sueldo de 30.000 euros.

Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores.

La legislación vigente sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es muy restrictiva e impone tutelajes políticos, profesionales y familiares sobre la voluntad de las mujeres. En particular, la última reforma de la ley arrebató a los mujeres en grave riesgo para su vida o salud el derecho a abortar tras las primeras 22 semanas de su embarazo, derecho que había sido reconocido en su momento por el Tribunal Constitucional.

Como sabemos, el PP tiene recurrida la ley vigente ante el TC, pero no a causa de los recortes que introdujo respecto a la ley de 1985 sino a causa de sus aspectos más positivos. En su programa electoral, como vemos, se propone cambiar la ley. No precisa en qué sentido. En todo caso, parece seguro que se propone limitar el derecho de las chicas de 16 y 17 años a decidir sobre su maternidad, que quizá fue lo más progresista de la reforma realizada en 2009, pese a las limitaciones que se introdujeron a última hora. Quedaría por ver qué entienden por "reforzar la protección del derecho a la vida", aunque sin duda quiere decir limitar el derecho a decidir de las mujeres.

¿En qué sentido? ¿Estará en riesgo tal vez el periodo de 14 semanas de libre decisión? Ese riesgo no es menor. La suma de la reforma Zapatero más una reforma Rajoy que mantuviese lo negativo de aquella y quitase lo positivo daría como resultado una restricción histórica del derecho al aborto, muy por detrás de la ley de 1985, pues, respecto a aquella, podría perderse el derecho a abortar en las primeras 12 semanas en caso de violación (imprudentemente eliminado en la última reforma con el pretexto de que quedaba subsumido en el supuesto de las 14 primeras semanas de libre decisión) y el derecho a hacerlo en caso de grave riesgo para la vida o salud de la mujer una vez pasadas las 22 primeras semanas, mientras que el derecho a hacerlo en ese mismo caso pero durante las 22 primeras semanas quedaría muy tocado porque la insistencia mostrada por el PSOE en que ese supuesto era antes un "coladero" abre las puertas a su aplicación por el PP con criterios muy restrictivos.

Ésta es una de las más graves amenazas contra la democracia, contra los derechos civiles y contra los derechos de las mujeres inscrita en el programa del Partido Popular.

Reformaremos el sistema de penas del Código Penal, introduciendo la pena de prisión permanente revisable...

Sería otro gravísimo retroceso en la construcción de una sociedad democrática, civilizada y basada en valores humanistas. Aterroriza la mera posibilidad de que una persona esté en la cárcel de forma continuada desde los 18 años hasta, por ejemplo, los 80 años. No es así como se defiende la seguridad ciudadana ni se hace prevención de la criminalidad. No basta con introducir la coletilla de que sería "revisable", pues eso implica también que podría no revisarse. Una persona, haya hecho lo que haya hecho, tiene derecho a conocer el tiempo máximo que durará su condena, a planificar su vida conociendo esa información.

No tengo duda alguna de que hay personas que, a partir de un momento dado, podrán representar un grave riesgo social durante toda su vida. Así, por ejemplo, los violadores y los agresores machistas son muy difícilmente "reinsertables", pero esos casos deberían regularse con otros tipos de medidas de seguridad o vigilancia, no con la cadena perpetua. De ella a la pena de muerte sólo hay un paso.

Restableceremos el recurso previo de inconstitucionalidad en la tramitación de las reformas de los Estatutos de autonomía.

Sobre la conveniencia del recurso previo de constitucionalidad podría discutirse mucho, en principio no estoy de acuerdo, pues puede paralizar la actividad legislativa con una avalancha de recursos, pero tiene sus pros y sus contras. Ahora bien, el PP se limita a proponerlo para los Estatutos de autonomía. Eso encaja en un proyecto político recentralizador que nada bueno puede traer. Lo que está en juego no es una visión general sobre los recursos de inconstitucionalidad sino una estrategia para poner dificultades a la reforma de los estatutos de autonomía, pese a que, como recordemos, éstos no se aprueban unilateralmente sino que requieren aprobación en Cortes.

Puestos a eso, ¿por qué no piden también el recurso de anticonstitucionalidad para las reformas de la Constitución? ¿No sería más grave que entre en vigor una Constitución inconstitucional? Eso puede sonar extraño, pero es posible, podría darse, por ejemplo, que un pacto PSOE-PP introduzca un artículo que contradiga derechos fundamentales reconocidos por la propia Constitución. De hecho, yo creo que el nuevo artículo 135 de la Constitución es anticonstitucional.

¿Por qué quiere el PP poner trabas a las comunicades autónomas, si controla tantas? Lo cierto es que se trata de una propuesta que mira a Galicia, País Vasco y, sobre todo, a Cataluña. Una vez más, seguir liando una tensión de ya dura siglos y que requiere soluciones razonables, abiertas y consensuadas en vez de manipulación política patriotera que busca el enfrentamiento y que busca votos en vez del acuerdo y la concordia. Eso sí, PP y CiU no dudan a la hora de ponerse de acuerdo para expoliar derechos sociales.

El programa en acción

También puede evaluarse el proyecto del PP desde su comportamiento al frente de comunidades autónomas como la madrileña, la valenciana, la murciana, la balear, etc., y de muchos ayuntamientos. Revisar todas esas políticas excede el alcance de este artículo, pero citaré algunos aspectos generales de ellas.

a) En Educación se combina una tendencia general, que mantienen desde hace muchos años, de detrimento de la enseñanza pública en favor de los centros privados, con la ofensiva lanzada en los últimos meses en muchas de las comunidades que gobiernan contra los centros públicos, reduciendo brutalmente la plantilla de profesorado, recortando servicios y atenciones al alumnado, obligando a impartir asignaturas ajenas a la especialidad propia, etc. Además, se están produciendo numerosas represalias y prohibiéndose actos, etc. Todo aquello acompañado de escandalosas calumnias. Su proyecto es descaradamente clasista, tanto porque busca consolidar tres vías educativas (pública degradada para la gente corriente, concertada para la acomodada y una de élite para la élite) como porque hace de ese servicio público esencial una fuente de ganancias para la patronal de la enseñanza privada.

b) En Sanidad, donde en estos momentos CiU es la punta de lanza de la degradación del sistema, el PP tiene planteamientos similares y varias de las comunidades que gobierna están en la cola de la calidad de prestaciones prestadas. La experiencia en Madrid es particularmente lamentable y gira en torno a la extensión llamada "gestión privada del servicio público", que conlleva la entrega a patronal privadas, en muchas casos sin trayectoria previa en el sector, de un dinero público que debería servir para reforzar el propio sistema y no para incrementar beneficios capitalistas. Creo casi seguro que el PP va a protagonizar una escalada de recortes.

c) Las políticas de la derecha respecto a la articulación del territorio, el medio ambiente, la movilidad, los espacios urbanos o rurales, el agua, etc. es depredadora y dañina para la convivencia y la salud. Lo ocurrido en la Comunidad Valenciana o la mofa continua de Ana Botella a cuento de una altísima contaminación en Madrid, que según especialistas podría estar arrebatándonos dos años de vida, es muestra sobrada de lo que nos espera si el PP termina apropiándose de la mayor parte del poder político. Por descontado, también en comunidades y municipios gobernados por el PSOE hay prácticas similares, pero hoy estoy evaluando el programa del PP y además éste va unos cuantos pasos por delante en este enloquecido camino que han seguido o que no han combatido los dos grandes partidos. La concentración del poder municipal, autonómico y estatal en el PP, sobre todo si es con mayorías absolutas, multiplicaría los peligros.

d) El PP es particularmente reticente a la ampliación de los derechos ciudadanos. Casi todas las leyes de tipo liberal (en el buen sentido) han tenido en contra al PP, que ha llevado muchas de ellas al Tribunal Constitucional. Una hegemonía derechista en las instituciones pone en peligro muchos derechos ciudadanos y resulta especialmente peligrosa en un periodo en el que se prevé la intensificación de la guerra social declarada por las élites, en la que éstas se verán tentadas a responder con la represión a la contestación social en alza, cuya expresión más profunda es el 15M.

20-N y más allá

De una u otra forma, un PSOE desarbolado, sin norte, ha pasado ya al PP, incluso antes de las elecciones, el timón de mando de los ataques sociales con los que los sectores más privilegiados quieren aprovecharse de la crisis creada por la dinámica de su sistema. De hecho, Zapatero habla las cosas importantes antes con MR que con APR. Defender nuestros derechos es una tarea irrenunciable si no queremos asistir a una degradación social que nos llevaría muchas décadas atrás.

¿Quién puede parar hoy los pies al PP? El PSOE no, desde luego, aunque parte de sus miembros estén participando ya en la resistencia social y aunque sería positivo que lo hagan aún más e incluso el partido se sume en tanto que tal, aunque sólo sea parcial y tímidamente. En todo caso, frente al espíritu de la calle Génova lo único que se alza en España es el espíritu del 15M. Esa es la clave.

¿Y el 20N? Yo voy a votar. No votaré ni al PP, claro está, ni al PSOE, tanto por lo que ha hecho durante esta segunda legislatura como porque ellos han abierto las puertas al PP y porque han demostrado una incapacidad absoluta de ser una barrera al avance derechista.

Por eso votaré distinto. Lo que ocurra en las elecciones no es lo decisivo, pero sí influirá en las condiciones en que se da la lucha decisiva, la que enfrenta a las élites económicas y políticas con el movimiento social en alza que quiere más democracia y más justicia. A veces, tal o cual ley depende de cómo se muevan uno o dos votos. Si en el Congreso hubiera habido 35, sólo 35, diputad@s que rechazasen someterse a los deseos de los mercados, podría haberse forzado un referéndum sobre la reforma constitucional. Es muy difícil romper el bipartidismo, dado el sistema electoral que nos han impuesto PSOE y PP. Pero no es imposible avanzar en ello. Depende de lo que hagamos día a día, pero también depende en parte de lo qué votemos. El voto útil es el voto libre, emitido sin miedo, no dado a quienes pensemos que "pueden salir" sino a quienes queramos que salgan.

Sin embargo, el 21N ya no importará qué hayamos votado. El 21N se impondrá unir fuerzas, sin sectarismos, vengamos de donde vengamos, votemos lo que votemos. Vivimos tiempos difícile, y se van a hacer más difíciles. Para unirnos en la acción no hace falta estar de acuerdo en todo, es mucho lo que tenemos que defender. Más que nunca, se impone un gran abrazo colectivo.