Trasversales
Alfredo Carralero

La Justicia, la Democracia y Garzón


Revista Trasversales número 25 febrero 2012


Este artículo se escribió hace dos años, en febrero 2010, pero parece oportuno proceder a su recuperación





Una parte de la judicatura sintoniza con los planteamientos de la ultraderecha y utiliza la figura de Garzón como “cabeza de turco” pues ve que algunas de sus actuaciones (Memoria Histórica, lucha contra la delincuencia económica, los paraísos fiscales, en pro de la Justicia Universal) atentan contra los intereses vitales de las clases dirigentes. El alumbrar las zonas de penumbra en las que se urden los manejos de los poderosos es ensanchar la democracia real, y las clases dirigentes lo perciben como incompatible con su  “status” real. Es por el mismo motivo que viven como un ataque real la ley de la Memoria Histórica y el poner en duda el relato “canónico” de la Transición.

Independientemente de lo que se piense sobre la figura del juez Garzón, lo que parece cierto es que estamos asistiendo a la apertura de un nuevo frente por el que se ha lanzado en tromba  la derecha jurídica a atacar los postulados de justicia, progreso y democracia. Por cierto, éstos elementos no han dejado de hacer lo mismo desde los ya lejanos tiempos de la Transición. En efecto, una parte de la Judicatura y el aparato judicial se ha convertido en el ariete de la ultraderecha y de los valores más reaccionarios y rancios de la sociedad española y ello fundamentalmente por dos motivos: por historia y por procedencia social.

Por historia, porque hasta no hace mucho tiempo la judicatura servía exclusivamente para disciplinar a las masas cuando éstas pretendían dejar de ser meras comparsas de la Historia y decidían erigirse en protagonistas o poner en peligro el sacrosanto principio de la propiedad. El otro cometido básico que se asignaba la Justicia, era el ser mediador en los litigios de propiedad de los poderosos: herencias y temas similares. y esto siguió siendo así hasta mediados de los setenta del pasado siglo. Estos eran pues los cometidos que se había marcado a la judicatura, como una de las clases dirigentes en defensa de los privilegios e intereses del conjunto de estas clases sociales. Tras la eclosión del uso de la Justicia, de una forma masiva en los dichos años setenta, por una sociedad más dinámica, la judicatura, en vez de plantearse convertir la Justicia en un eficiente servicio público, vio con fastidio el problema de la clasificación y lo vive como una agresión a su santa siesta de procedimiento decimonónico: atacan el jurado, se oponen a que ingresen más jueces por el cuarto turno, impiden los procesos de modernización y racionalización con fútiles argumentos garantistas (recuérdese el problema de los secretarios de juzgado).

Y, lo que es más grave, la judialización de la vida publica, les convierte “de facto” en los árbitros de la vida política. Sólo en ese sentido se puede entender la expectación ante el fallo sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La judialización de de la política fue un terrible gol que la derecha marcó a los constituyentes, los Peces Barba, Solé Tura y otros se lo dejaron marcar con total candor a pesar de una experiencia histórica muy conocida: en la República de Weimar, los jueces de la ultraderecha prusiana boicotearon a nivel legal todos los intentos de la socialdemocracia por convertir a Alemania en un país democrático y conseguir salir de la crisis económica terrible en que se encontraban. Con todo esto, sin duda, fueron otro de los estamentos que, junto con el Ejército,  allanaron el camino al poder a Adolfo Hitler.
¿Y por qué éstas reflexiones? Porque el brutal ataque al juez Garzón tiene componentes de todo tipo, pero hay uno fundamental: la ocultación a la ciudadanía de las actividades de las clases dirigentes, en lo que luego ahondaremos. Pero el ataque es terriblemente cínico, hablando de Botín como “patrón” y “comprador” de la voluntad de Garzón. ¿Creen que se nos ha olvidado la doctrina “Botín” que impuso el Supremo? Con ella se quiso cortar de raíz iniciativas populares de justicia frente a los verdaderamente poderosos, y los jueces del Supremo, esos sí, favorecieron a Botín, negando la legitimidad de la iniciativa popular en la denuncia de los turbios delitos económicos en que supuestamente estaba metido Botín.

Pero quizá el tema que hizo saltar todas las alarmas de la ultraderecha fue el auto del juez Garzón dirigido a juzgar a los generales golpistas de 1936. Auto con fuerte carga simbólica si se quiere, pero carente de importancia práctica pues todos los posibles inculpados habían fallecido ya  hacia tiempo.

¿Entonces por qué este ataque fulminante? Aparte del cinismo de plantear que Garzón prevarica porque la ley de Amnistía, anterior a la Constitución, hizo inexistentes los delitos del fascismo que el auto comenzaba a enjuiciar. Todo ello sin entrar a considerar los nuevos derroteros del Derecho Internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra la  Humanidad. Lo cierto es que la ultraderecha vive la ley de la Memoria como un ataque frontal a su “status quo” y su hegemonía actual, como si se pretendiera reescribir la historia y, esta vez sí, derrotarla. Porque lo cierto es que la derecha fue la triunfadora clara de la Transición.

Pero vayamos por partes, la caída del régimen fascista no se produjo, por más que machaconamente se nos diga, por la “audacia” de Suarez o la “valentía” del Rey, “pilotos de la Transición” que vivían cada día con el sobresalto de si seria el día en que los fascistas les meterían en un avión y les echarían de España, o más expeditivamente, los más exaltados les pondrían contra un paredón por  “traidores”.

No, la ruptura, hasta donde fue posible, la hicieron las masas con sus entonces gigantescas movilizaciones y huelgas. El tributo de sangre fue enorme, las razias de las policías paralelas, los “disparos al aire” siempre con muertos. El pueblo pasa a ser el protagonista de la historia de España como en pocos momentos lo ha sido, el final de los años setenta, junto con 1931 y 1936, la II República y el comienzo de la Guerra Civil, es momento en que las masas exigen el protagonismo que les corresponde y exigen realmente libertad y democracia.

Y la derecha se aterroriza: el pueblo movilizado exigiendo democracia real es incompatible con su dominación real. Y empiezan a maniobrar para desmovilizar a las masas, ¿se acuerdan ustedes. de lo que de inmediato se vino a denominar “el desencanto”?, pues eso. La Constitución prohíbe expresamente la huelga de solidaridad, fundamental arma de las clases populares. En la Constitución y en las leyes posteriores se define un sistema electoral mayoritario, que impide las iniciativas electorales  y desanima la participación. Cuesta tanto ser elegido en una lista electoral que solo le es posible realizarlo a grandes organizaciones, por otra parte las listas electorales son cerradas y bloqueadas lo que hace que sean los dirigentes de los partidos los que deciden a quién y en qué lugar se vota, sin ninguna intervención de la ciudadanía. Se define un régimen político que desea que la única participación de los  ciudadanos sea para votar cada cuatro años, en un sistema configurado como bipartidista, liberales y conservadores, y ademas no es preciso que voten todos. Como se ve una estupenda reedición del periodo de la Restauración. Y cuando fue necesario se recurrió a  la “Razón de Estado” con el fin de sustraer de la opinión publica temas inconvenientes o vidriosos: la actuación de las policías  secretas, las relaciones Iglesia-Estado, la adscripción  a la OTAN, etc.
En esencia este es el quid de la cuestión, de todas las cuestiones: mantener en las penumbras los manejos políticos, económicos y personales de las clases dirigentes, pues en esa penumbra se cocinan todas las medidas contrarias a los intereses populares y que no se pueden confesar abiertamente pues supondría que se verían con claridad sus intenciones. ¿Qué otra cosa significan términos tan machaconamente repetidos hoy en día como: reducción del déficit o la "necesaria" reforma del mercado de trabajo? Traducción: acabar con  el gasto social y hacer el despido no ya libre, sino gratuito.

Y éste sí es el pecado del juez Garzón, pretender que la justicia ilumine las zonas oscuras de la “Razón de Estado” y sus tenebrosos tentáculos de las policías secretas, conseguir que se discuta públicamente de los inconfesables negocios de las clases dirigentes o los grupos mafiosos: ¿en qué paraíso fiscal terminan unos y comienzan otros? Y, finalmente, ¿cómo osa Garzón poner en duda el relato “canónico” de la Transición?, ¿cómo pretende dar dignidad a los asesinados por el fascismo y eventualmente rehacer la historia de una nueva Transición en beneficio de las clases populares? ¿Cómo se puede permitir que los amos del mundo y sus sicarios estén sometidos a la justicia ordinaria? Detener al pobre Pinochet, que vino incluso al entierro de Franco y ademas es ya un tierno viejecito. Quienes hacen eso son unos resentidos que escarban en el pasado o algo peor... ¿Qué es ese invento de la Justicia Universal, que un grupo de jueces arrojados y valientes han levantado frente a la corrupción, el secreto, la desidia y el olvido interesado?

El extender y alumbrar con una justicia igual para todos los actos delictivos de las clases dirigentes, impedir su cleptomanía, el poder de sus mafias y el disfrute y tranquila digestión en los paraísos fiscales, eso es lo verdaderamente intolerable pues ahonda en la democracia.
¿Y frente a todo esto qué hacer? Lo primero de todo, defender a Garzon con todas las armas, pues de todo lo dicho de desprende que se le ataca por ser “cabeza de turco” para ejemplarizar lo que no se desea que ocurra en democracia. Bajo ningún concepto se desea que la democracia se ensanche e ilumine las zonas de penumbra y porque el ejercicio de una justicia a la que todos estén sometidos, sin fueros especiales, es una de las garantías de la democracia.

Pero debemos dar pasos adelante contra los privilegios de quienes utilizan su posición en la judicatura para defender sus intereses corporativos y ser monaguillos  de las necesidades e intereses de las clases dirigentes. ¿Cómo?, Siendo lego en la materia, es de ver que a un déficit democrático se le combate con más democracia. Quizá el derecho anglosajón nos indique el camino: potenciación de la figura del Jurado, elección de fiscales, creación de instancias en las que actúen jueces elegidos democraticamente. En suma democratizar al estamento judicial, pues mantener la situación actual hace un daño irreparable a la democracia, es más la impide.

Madrid febrero 2010



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