Por si cabía alguna duda, esta huelga general es política. Debía ser política y, por suerte, es política. Es una respuesta política, una respuesta de clase, a un ataque político de la derecha política, colocada sin condiciones del lado del capital más intransigente. Perdonen el viejo lenguaje pero no conozco otro más adecuado al momento.

Es una huelga política porque es, en primer lugar, una respuesta a quienes ejercen el poder político, de modo bastante autoritario, por cierto, y porque en la lógica profunda de la reforma laboral está la intención de alterar las actuales relaciones de poder entre el capital y el trabajo, no sólo en las empresas, sino en toda la sociedad. La reforma laboral concede a los empresarios una potestad ilimitada para condicionar la vida de millones de personas dentro y fuera de los centros de trabajo; millones de vidas, millones de familias van a depender de las decisiones patronales en lo que respecta a sus empleos, sus salarios, sus condiciones y horarios laborales (y los horarios escolares de sus hijos), sus posibilidades de consumo, su dieta, su lugar de residencia, su futuro, e incluso su salud y su esperanza de vida. Eso es una muestra de poder ahora en España; la capacidad legal de una minoría para configurar, con arreglo a sus expectativas de beneficio, la vida de millones de personas, adultas y no adultas.

La reforma laboral ha sido un asalto en toda regla a millones de hogares de trabajadores españoles en nombre de unas razones que ya nadie se cree, que pone en manos de los empresarios la posibilidad de utilizar una legislación de excepción, que sólo cabe calificar de dictatorial.

Ha sido una brutal agresión política -extremadamente agresiva, decía con orgullo, el ministro del Lehman Brothers- a los trabajadores, que merecía una respuesta contundente.