Con el retórico verbo que le caracteriza, el ministro de Justicia
ha saludado la jornada del 8 de marzo con unas declaraciones sobre la
reforma de la vigente ley del aborto, que revelan la debilidad de su presunto
progresismo y la irresoluble contradicción que subyace en el programa
Partido Popular.
Para alejarse de la rancia posición de la clerigalla de su partido,
que sigue a pies juntillas las consignas de la Conferencia Episcopal, Gallardón
no ha querido mostrarse como un defensor de los insólitos derechos
de los fetos, sino como un valedor de las madres. Dando un paso más
en la judicialización de la vida, ha presentando la maternidad como
un nuevo derecho, que debe ser similar al derecho a respirar, aunque no figura
en el artículo 32 ni en el 39 de la Constitución. "No vamos
a recortar los derechos sexuales y reproductivos"- ha dicho el ministro-,
"sino que vamos a aumentar la protección del derecho reproductivo por
excelencia de la mujer, que es el derecho a la maternidad". Pero no por eso
podemos estar tranquilos, y sobre todo, tranquilas, pues parece que tras la
defensa del derecho a la maternidad se pretende restringir el derecho a la
libertad de las mujeres a decidir sobre un embarazo no deseado.
El argumento es artero, pues, en esta materia Gallardón estima que
hasta ahora ha habido "una dejación de los poderes públicos,
que se han conformado con despenalizar el aborto," pero han faltado medidas
de carácter asistencial y laboral, ayudas a la vivienda o al transporte,
que han impedido a las mujeres decidir con libertad sobre su embarazo. ¡Que
se han conformado!, dice. En el PP no se conformaron. Pues menudo jaleo armaron
los suyos en 1985, empezando por su padre, que, siendo portavoz del PP en
la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, fue el promotor de
recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley que despenalizaba el aborto.
Gallardón ya no se acuerda (debía de estar revisando las obras)
de las veces que el PP ha sacado a la calle a los defensores de los fetos
(y de las banderas, porque van juntos), para acusar de criminales a los gobiernos
del PSOE.
Según el ministro, esa dejación de funciones de los poderes
públicos ha dejado indefensas a las mujeres ante "una violencia de
género estructural por el mero hecho del embarazo," que las induce
a abortar. Y aquí está la muestra de su falso progresismo, porque
mezcla las churras -la violencia de género-, con las merinas -la estructura
social y laboral-. Pero con la pirueta dialéctica ha venido a darse
de morros con la parte neoliberal del programa de su partido, que es de una
terrible dureza con los trabajadores y con los servicios públicos.
¿Conoce Gallardón algo que no sean tópicos sobre las
condiciones laborales de este país? ¿Qué sabe de los
sueldos y de la promoción laboral de las mujeres? ¿Qué
sabe de los horarios laborales? ¿Acaso ignora que la jornada laboral
española es de las más largas de Europa? ¿Qué
sabe de los contratos y de la estabilidad en el empleo? ¿Qué
conoce de los autoritarios usos de la patronal española? ¿Sabe
que es muy difícil conciliar la vida laboral y la vida familiar? ¿Sabe
que la inmensa mayoría de las mujeres deben elegir entre seguir una
carrera profesional o tener hijos? ¿Sabe algo sobre las parcas ayudas
por tener hijos? ¿Qué sabe sobre los horarios escolares? ¿Qué
sabe sobre las becas? ¿Conoce la falta de guarderías y de residencias
de ancianos de titularidad pública? ¿Conoce las dificultades
para acceder a una vivienda? ¿Sabe que los jóvenes españoles
son los que abandonan a edad más tardía el hogar familiar? ¿Sabe
que las mujeres españolas que trabajan fuera del domicilio tienen
una doble jornada laboral como profesionales y como amas de casa?
Respóndase el señor ministro a estas preguntas integrando
en todas ellas el fundamental papel que juegan las mujeres. España,
con un retraso notable respecto a la Unión Europea en ayuda a la familia,
funciona gracias al esfuerzo desinteresado de millones de mujeres. Esta es
la estructura que condiciona la vida de las mujeres, y del resto de la población,
pero sobre todo condiciona la de las mujeres a la hora de decidir sobre la
maternidad. España es un país disuasorio para tener hijos. La
violencia estructural de la que habla Gallardón no se refleja sólo
en la cifra de abortos, sino en las bajas tasas de nupcialidad -3,67 por mil
matrimonios- y de natalidad, 1,38 hijos por mujer.
Todo esto es lo que se tendría que cambiar, pero eso es imposible
que lo pretenda Gallardón, porque este es el modelo de injusta sociedad
que prefiere el Partido Popular, en el que las mujeres ocupan un lugar secundario.
Por lo cual, en la tesitura de cambiar las estructuras o cambiar la ley del
aborto, opta por cambiar la ley. También podría estarse quieto
y dejar las cosas como están, pero le impulsa su conservadurismo. Por
algo, a pesar de su pretendido progresismo, es ministro en un gobierno que
está situado a la derecha, muy a la derecha. Y lo demás son
películas.