El RDL 20/2011 de 30 de diciembre incluía varias medidas fiscales relacionadas con la compra y propiedad de viviendas, dos de ellas afectando al IRPF y otra al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
La ampliación de la deducción por compra de vivienda habitual a todas las personas aunque tengan ingresos muy elevados y la prorroga un año más del IVA reducido para la compra de edificios o partes de edificios "aptas para vivienda" son medidas regresivas que bajan ingresos fiscales, lo que se usa luego como excusa para recortes contra quienes menos tienen. Las normas para el recargo sobre el IBI benefician a quienes viven en los municipios más ricos. No hay política alguna para que el derecho a techo sea un dereho humano respetado; todo lo contrario.

En este documento tratamos de analizar las decisiones tomadas por su contenido, al igual que hicimos con las adoptadas por el PSOE desde mayo de 2010. Nuestro punto de partida no es "ideológico" ni menos aún partidista. Nuestro punto de partida es social, tratamos de valorar es a quien favorecen y a quien perjudican determinadas medidas. Pensamos que tanto el anterior gobierno del PSOE, sobre todo a partir de mayo de 2010, como el actual gobierno del PP han actuado en connivencia con las élites económicas en perjuicio de la gente común. Pero esa no es la premisa de la que deriva nuestro análisis en esta nota, que se propone juzgar las medidas a partir de sus consecuencias previsibles.

1. IPRF y vivienda

El RDL 29/2011 incluye dos importantes decisiones. Una de ellas deshace una de las escasas reformas con cierto sentido progresivo hechas en la última fase la legislatura anterior, mientras que la otra prorroga una de las muchas reformas regresivas, aunque en este caso transitoria, que tuvieron lugar en los últimos 18 meses de presidencia de Zapatero.

- La deducción erorrogando así por un año el criterio, supuestamente transitorio, ya aplicado entre el 19/8/2011 y el 31/12/2011.

Nuestra evaluación de ambas medidas n el IRPF por compra de vivienda habitual vuelve a tener carácter general, sin tomar en cuenta los ingresos. Si alguien compra, como "vivienda habitual", un chalet inmenso de 300 metros cuadrados por 900.000 euros, podrá aplicarse la deducción.
Hay que recordar aquí que los Presupuestos Generales del Estado 2011, en aplicación de unos de los criterios de la Ley de Economía Sostenible,  restringieron estas deducciones de forma que sólo serían aplicables, para las compras realizadas a partir del 1/1/2011, a las personas con base imponible inferior a 24.107,20 euros. La decisión adoptada por Rajoy y los suyos no sólo afecta al periodo para el que ha sido electo, sino que ha impuesto su aplicación retroactivamente también para 2011, de forma que la reforma anterior no llegará a aplicarse, lo que genera una grave inseguridad jurídica.

- Todo 2012 se aplicará un IVA reducido (4% en vez de 8%) por compra de edificios o partes de edificios "aptas para su utilización como viviendas", pes muy negativa. Son abiertamente regresivas. En definitiva, lo que está en cuestión es si hacen falta políticas que permitan disponer de una vivienda digna a las muchas personas que no pueden alquilarla o comprarla a los precios de mercado o lo que hacen falta son políticas que premien la compra de viviendas o, en el caso del IVA, de espacios aptos para utilizarse como vivienda, las haga quien las haga y sea cual sea su situación económica. La segunda estrategia es a nuestro entender dañina socialmente y uno de los factores de la formación de burbujas inmobiliarias.

La regresividad de esta orientación es muy marcada, en el sentido de que son políticas que favorecen a quienes más tienen y perjudican a menos tienen.

- Ignora totalmente a quienes no pueden comprarse una casa por mucho que les digan que les bajan cuatro puntos del IVA y les deducen unos cientos de euros al año en el IRPF.
- Incluso entre quienes tienen derecho a esta deducción se genera una distribución regresiva, dado que su referencia en el gasto realizado y no la situación social de la persona afectada. Por ejemplo, según datos de la Agencia Tributaria, en el IRPF 2009 la deducción estatal media para personas con derecho a ello y base imponible menor que 30.000 euros estaba por debajo de 500 euros, mientras que aquellas con base imponible superior a 150.000 euros tuvieron una deducción media cercana a 800 euros: en resumen, tomando en cuenta sólo a quienes tuvieron esa deducción, al 73% con menor base imponible se le dedujeron por compra de vivienda 300 euros menos por persona que al 0,5% con mayor base imponible. En cuanto al IVA, a una persona que compre un piso de 120.000 euros se le reduce el IVA en 4800 euros, pero a una empresa que compre por 2.000.000 de euros un edifico con ocho pisos para alquilarlos o venderlos haciendo negocio se le perdonan 80.000 euros.
- El "beneficio" que, pese a todo, esto pueda representar para una supuesta "clase media" (es decir, clase trabajadora con nivel medio de ingresos) es muy cuestionable, pues estas deducciones fiscales son pagos al vendedor a costa del esfuerzo colectivo común, es decir, a costa de los impuestos, y su efecto es aumentar los precios en cantidades equivalentes al importe deducido. Son medidas a favor de quienes negocian con los pisos, no de las personas que quieren un piso digno para vivir.
- ¿Y por qué perjudica a quienes menos tienen que otros paguen menos impuestos? Las razones son evidentes, y más ahora que con el cuento de la deuda pública nos aplican todo tipo de recorte, cuando en realidad el problema es que "ellos" han derrochado mucho y que se ha ingresado muy poco porque "ellos" han pagado muy pocos impuestos. La deducción por compra de vivienda desde el año 2000 ha significado una pérdida de ingresos públicos de unos 60.000 millones euros. En 2009, por ejemplo, el coste fiscal de la deducción por compra fueron 4700 millones de euros, que suben hasta 10.000 millones de euros si tenemos en cuenta también todas las demás deducciones por inversiones en vivienda habitual, exceptuando las que corresponden a las obras de adaptación para personas con diversidad funcional.

emos sangrando los ingresos fiscales con deducciones por las casas compradas en 2011 y 2012, después será las de 2011, 2012 y 2013, etc. A medio plazo, varias estimaciones hablan de una media de 1500 millones de euros anuales de coste fiscal. La decisión adoptada por el anterior gobierno fue timorata, pero de aplicarse se garantizaba al menos que las nuevas deducciones sólo afectarían a personas de bajos ingresos y que las otras irían extinguiéndose según sus beneficiarios actuales terminasen de pagar su vivienda. En cuanto al IVA reducido, varias estimaciones cifran el coste fiscal entre 750 y 1000 millones de euros anuales.

2. IBI y vivienda: municipio pobre, municipio rico

En 2012 y 2013 el Impuesto de Bienes Inmuebles tendrá un recargo del 4%, 6% o 10% según la fecha de valoración catastral, que se aplicará a todos los inmuebles no residenciales, a los residenciales con valoración anterior a 2002 y al resto de residenciales incluidos en el 50% con mayor valor catastral en su municipio.
Este último criterio es especialmente injusto, por su base territorial. Entre los municipios de España hay extraordinarias desigualdades, con acumulaciones de riqueza en unos y de pobreza en otros. Entre los inmuebles que no pagarán el recargo en el municipio A (rico) habrá muchísimos más lujosos y valorados que otros muchos de los que sí lo pagarán en el municipio B (pobre), lo que resulta escandaloso.
La alternativa recaudadora a este recargo injusto y técnicamente engorroso de manejar es, sin embargo, muy sencilla y fácil de aplicar, ya que lo que corresponde es modificar el impuesto sobre patrimonio, eliminado hace varios años por Zapatero y semi-repuesto en los momentos finales de la legislatura en honor de la candidatura de Rubalcaba, bajo una fórmula que apenas afectaría a unos 160.000 contribuyentes, la sexta parte de los que pagaban el impuesto antes de su cancelación. Bastaría con gravar un poco más a los grandes patrimonios para obtener con justicia lo que se obtendrá con esta tasa que no trata a las personas según su riqueza sino según el lugar que ocupa en un territorio dado. El gobierno del PP estima que los ingresos fiscales que esta medida aportará a los ayuntamientos son unos 900 millones de euros, que es menos de la diferencia entre lo que el nuevo impuesto sobre patrimonio recaudará en 2012 y lo que recaudó la última vez que estuvo en vigor.
Esto lo hacen los que no se cansan de decir que "los territorios no tienen derechos", precisamente para negar aquellos derechos políticos que efectivamente están ligados hasta cierto punto al territorio, como los lingüísticos.

3. Otra política de vivienda

Las políticas de vivienda deben tener una prioridad absoluta: garantizar a toda persona el derecho a disponer de una vivienda digna, por un coste moderado y razonablemente ajustado a sus ingresos. El derecho a techo debe ser reconocido como derecho humano reclamable ante las instituciones públicas y con obligación de éstas de atenderle de forma inmediata, para que nadie deba pasar ni una noche en la calle. Sobre cómo atenderlo técnicamente cabe un diálogo y la puesta en marcha de diversas fórmulas, pero lo fundamental es articular una alianza social que reclame ese derecho. Por nuestra parte, entendemos que la fórmula más razonable, justa, barata, sostenible y duradera es una amplia red pública de viviendas de alquiler social, con pago de una renta que, según los ingresos y situaciones específicas, pueda oscilar, por ejemplo, entre el 0% y el 30% de los ingresos. Pero esto es discutible, lo que no debe serlo es que en una sociedad mínimamente humanizada nadie debe carecer de un techo y de un espacio en que vivir con dignidad. Pocas cosas peores podemos imaginar que carecer de alojamiento. Y es indecente que se regalen impuestos a ricos que pueden comprar lujosas viviendas mientras se desahucia a personas ancianas y enfermas. No es que no sea "políticamente correcto". Es que no es decente, ni con este gobierno ni lo fue con el anterior. De decencia y humanidad se trata.