En la mayor parte de los regímenes occidentales el sufragio universal conduce, a través de elecciones periódicas, a la opción de la ciudadanía entre grandes partidos políticos. La consecuencia de ese diseño institucional es que no puede hablarse, propiamente, de representantes ya que el contenido sustantivo de las elecciones es la selección de un partido o una coalición de gobierno. En sentido propio, nuestros regímenes constituyen realmente “democracias electorales” y no “democracias representativas”. Todo ello es importante desde el punto de vista de la legitimidad política de la acción gubernamental.
En una democracia directa, o que incluye elementos de democracia directa, la legitimidad es resultado de la opción de los propios ciudadanos.  En una democracia representativa, los ciudadanos, al elegir representantes les están dotando de un contrato de confianza de tal modo que dichos representantes se deben a quienes les han elegido (con los instrumentos de control que el modelo parlamentario establezca).
En una democracia electoral, la legitimidad política (distinta de la legal) depende de forma  directa de los programas y compromisos que los partidos ofrecen a los ciudadanos en la cita electoral. Dado que no hay verdaderos representantes, no hay un contrato para que los diputados hagan en la cámara legislativa lo que consideren oportuno ya que se deben a lo que su partido ha prometido hacer a los ciudadanos para obtener el voto.

Todo ello viene a propósito del comportamiento del gobierno de Rajoy en sus primeros meses. Rajoy está aplicando un conjunto de “reformas” que constituyen un paquete enormemente agresivo contra la mayoría de la población: reforma laboral, recortes presupuestarios, contra-reforma educativa, cuestionamiento del modelo sanitario, amnistía fiscal, etc.  Como instrumento,  se ha valido de una larga serie de decretos-ley, abusando sistemáticamente de la extrema necesidad y urgencia que requiere esa vía jurídica, frente a las leyes ordinarias.
Rajoy está haciendo, en muchos casos, lo contrario de lo que dijo que haría y, en algunas cuestiones, en medidas de enorme trascendencia, ha ocultado completamente sus propósitos antes de las elecciones. Se trata, además, de medidas rechazadas ampliamente por la mayoría de los ciudadanos, según señalan todas las encuestas, tanto las realizadas antes como después del 20 de noviembre.

En el marco de una democracia electoral, como la española, ese comportamiento constituye un descomunal intento de engaño a los votantes. Y, volviendo a nuestro argumento inicial, ese comportamiento es ilegítimo políticamente (con independencia de su legalidad formal) porque ha ocultado a los votantes los propósitos y acciones fundamentales de su futura acción de gobierno.
Todo gobierno se enfrenta a situaciones imprevisibles que, en cuanto tales, no pudieron ser planteadas previamente. En esos casos, se podría acudir a la idea de una legitimidad de confianza, o de preferencia  expresada por unos gestores frente a otros. Ese argumento no es aplicable a la actuación del gobierno Rajoy ya que la situación era conocida y nada, en el escaso tiempo transcurrido desde noviembre, ha cambiado en el escenario.

Por ello, puede afirmarse que el actual gobierno está engañando a los votantes y abusando del resultado electoral al cambiar aspectos esenciales del modelo político y social sin haberlo planteado abiertamente a los ciudadanos en su oferta electoral. Asume, al hacerlo, un mandato que no tiene porque no se lo dieron los electores. Se comporta, de facto, como si tuviera un mandato de excepción.
Rajoy está traspasando una línea roja del comportamiento político al violar reglas de juego esenciales. Se trata de una situación peligrosa cuando, además, ha amenazado con utilizar la represión contra la protesta social. Todos estos elementos van a estar muy presentes en las grandes movilizaciones que se van a desarrollar en el mes de mayo.

21 de abril de 2012