Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia del gobierno del Partido Popular, acaba de anunciar una reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la IVE en lo concerniente a la interrupción voluntaria del embarazo, como mínimo en uno de sus aspectos, aunque nos tememos que puede ir aún más lejos en la restricción del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y sobre nuestras vidas. Se trata de la negación de la autonomía de las mujeres jóvenes de 16 y 17 años para decidir si quieren someterse a una intervención sanitaria cuando esta intervención consiste en la realización de una interrupción voluntaria del embarazo. No aceptamos de ninguna de las maneras que esta reforma sea para proteger o cuidar a esas jóvenes, que tiene reconocido su poder de decisión para someterse a cualquier intervención sin informar a nadie, excepción hecha de la practica de ensayos clíninos y la práctica de técnicas de reprodución  humana asistida, y ahora quieren volver a a incluir como excepción las interrupciones voluntarias del embarazo.

No es casualidad que, de las tres excepciones, dos estén relacionadas con la sexualidad. Efectivamente, de lo que se trata es del ejercicio del control por parte de la familia sobre la sexualidad de las jóvenes, a sabiendas de que, como la experiencia confirma, con esta medida se pone en peligro la salud  de la joven, pues, si ésta ha decidido abortar y cree que no se lo van a permitir, lo va a hacer clandestinamente y por lo tanto con mucho más riesgo para su salud física y mental. También  se argumenta que es una decisión muy trascendental para que sean las jóvenes quienes autónomamente la tomen. Por descontado, es una decisión de por vida: precisamente por eso son las jóvenes y nadie más que ellas las que pueden decidir.

Las mujeres tenemos que tenerlo claro, son nuestros enemigos, la derecha ya presionó, junto con la jerarquia eclesiastica, cuando estaban en la oposición para intentar frenar que el avance en la conciencia social que habíamos conseguido con nuestras luchas se consolidase y se materializase en  leyes. En parte lo consiguió en la última legislatura del gobierno de Zapatero, con la disolución del ministerio de Igualdad, la moratoria en la entrada en vigor del permiso de paternidad y en la misma elaboración de la ley de aborto, en la que se cedió a sus presiones. Ahora, con el poder político, van a intentar hacernos retroceder todo lo que les sea posible, y para ello el control de nuestra sexualidad y de nuestra maternidad les es fundamental.

Imponer la maternidad a una joven es un acto de violencia física y moral, al igual que lo sería obligarla a abortar si no quiere.