Trasversales
Luis M. Sáenz

Cajas de ahorro y destrucción de lo común

Revista Trasversales número 26,  julio 2012 (web)

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Este texto es provisional y está en proceso de revisión. No siendo experto en temas financieros pido excusas por los errores técnicos que pueda haber cometido. Agradeceré comentarios y críticas.




Cuando hace ya bastante semanas leí el libro "Las dos próximas recesiones" (Juan Ignacio Crespo, Ediciones Deusto) pensé que quizá el autor exagerase un tanto al declarar que "buena parte de esa riqueza común se ha perdido y otra parte previsiblemente se va a malograr en años futuros", refiriéndose a la riqueza colectiva que encarnaban diversas cajas de ahorro, esa especie de "monstruos" financieros sin propietarios pero con administradores y gestores.
Sin embargo, los acontecimientos posteriores confirman esa afirmación, que el autor completaba con una estimación de esa riqueza perdida, en torno a 60.000 millones de euros. Una parte de ellos se encuentran en los bolsillos de los propios administradores y gestores y otra, de mucha mayor cuantía, ha sido pura y simplemente dilapidada, destruida y perdida en una gestión altamente irresponsable, invertida en macroproyectos al servicio de la gloria de los políticos de turno, en favores hechos a empresarios influyentes, en promociones inmobilarias no concluidas o casi deshabitadas y en montones de préstamos incobrables.

Sí, en gran parte de lo que antes fueron "cajas de ahorro" no queda nada de aquella riqueza colectiva, "pública" por no ser de nadie y por generar beneficios colectivos a través de la "obra social", aunque en demasiadas ocasiones la gestión de esos "bienes comunes" ha sido escandalosamente "privatista" y puesta al servicio de las redes del "capitalismo de amigotes". Esa idea de que "no queda nada" es puesta en duda a veces por quienes señalan que los bancos en que se han convertido las cajas tienen dinero en caja o depositado en el Banco Central Europeo, poseen edificios, solares, viviendas o locales, también cuentan en su activo con los préstamos hechos (aunque una parte significativa sea de dudoso cobro, sobre todo en la parte prestada a promotores inmobiliarios), etc. Ante eso hay que decir, en primer lugar, que en muchos casos estas cajas han sido descapitalizadas totalmente o casi totalmente, lo que no quiere decir que no "tengan dinero" o propiedades sino que las pérdidas se han comido los fondos propios e incluso que pueden estar mordiendo los fondos ajenos, procedentes de depósitos de clientes, de préstamos de otros bancos o del BCE, etc.

Repasemos el caso del Banco CAM, creado a partir de la Caja de Ahorros del Meditarráneo. Sobre el estado en que la entidad pasa a manos privadas da buena idea el hecho de que el Banco de Sabadell la ha adquirido pagando un euro al Fondo de Garantía de Depósitos; cierto es que ha procedido también a una ampliación de capital, pero eso no tiene nada que ver con lo que fue una peculiar entidad de carácter público (pero de la que no era propietaria ninguna administración pública) sino con lo que ya es una entidad privada. Para comprender el grado de destrucción de la CAM, hay que recordar que esa "valoración" por un euro fue acompañada por la aportación de más de 5000 millones de euros por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantías de Depósitos, y que éste se ha comprometido con el Banco de Sabadell a asumir hasta el 31 de julio de 2021 el 80% de las pérdidas que, por encima de las provisiones constituidas al efecto, genere un selectivo paquete de activos tóxicos (en buena parte formado por préstamos a promotores inmobiliarios) de cerca de 25.000 millones de euros y que, según algún analista, podría llegar a costar al FGD entre 7000 y 8000 millones de euros, con una morosidad esperada cercana al 50%. En definitiva, de la riqueza colectiva que estaba encarnada en la CAM no sólo no ha quedado nada sino que además a esa pérdida se ha sumado y sumará más riqueza pública dilapidada. Una operación basada en similares criterios fue realizada con la venta al BBVA del "Banco Unnim", formado a partir de Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrassa.

La situación de lo que en otros tiempos fue "Caja Madrid" es en realidad similar, aunque aún está pendiente la "operación limpieza" que permita regalarla (o casi regalarla) al sector privado. El Banco Financiero y de Ahorros, BFA, es la matriz de Bankia, de la que a 31/12/2011 poseía el 52% de las acciones, aunque actualmente parece tener sólo algo más del 45%, ampliable al 48,4%. Pues bien, cuando la empresa encargada de auditar al BFA se negó a valorar en 12.000 millones de euros la participación de BFA en Bankia salió a la luz que BFA tenía valor patrimonial nulo, y muy posiblemente negativo porque el "patrimonio cero" se obtenía atribuyendo a esa participación un valor contable de 8.500 millones euros, lo que en ese momento multiplicaba por cuatro su valor en bolsa. Del hilo salió todo el ovillo, aunque éste era un "secreto a voces". Tanto BFA y Bankia tuvieron que reformular las cuentas de 2011, en las que se habían atribuido beneficios, pasando a reconocer que BFA perdió 3.318 millones de euros y que Bankia perdió 2.979 millones, de los que 1.561 millones corresponderían a la participación en Bankia. Y muchas personas tenemos la impresión de que los activos inmobilarios en manos de BFA/Bankia siguen estando sobrevalorados mientras que posiblemente se han venido minusvalorando los riesgos de los créditos de imposible o muy difícil cobro.
Ante tal grado de descapitalización y riesgo de quiebra, un par de semanas antes del citado reconocimiento de pérdidas, el FROB pidió la conversión en acciones de los 4.465 millones de euros aportados en diciembre de 2010 para la fusión de las siete cajas que dieron lugar al BFA, en concepto de participaciones preferentes  al 7,75% de interés, convertibles en acciones, a devolver en cinco años ampliables a siete, salvo si, como ha ocurrido, se convertían en capital. Ese tipo de aportación pública a los bancos y cajas es la sofisticada manera de poner dinero público en entidades financieras privadas de manera que cuente como capital de cara al cálculo de las ratios de solvencia pero sin dar derechos de participación en las decisiones de la entidad a las administraciones públicas. Sin embargo, eso no fue suficiente y finalmente las participaciones preferentes se han convertido en acciones y el 100% de las acciones de BFA, y por tanto la participación de éste en Bankia, pasan a ser propiedad del FROB. Una operación calificada por algunos de "nacionalización", pese a que ni BFA ni Bankia son empresas públicas, pero que en realidad forma parte de los procesos de conversión de la deuda privada en deuda pública y que ha resultado mucho más costosa que lo que habría sido una operación de saneamiento efectuada directamente sobre las cajas de ahorro cuando existían y eran entidades no-privadas sin propietario definido. Por otra parte, el Banco de España y el FROB se han comprometido ha aportar 19.000 millones de euros más de capital al BFA, tras lo que éste procedería a una ampliación de capital de 12.000 millones en Bankia.

Sin duda, todos los administradores y gestores de BFA/Bankia tienen una grave responsabilidad por lo ocurrido en esta fase de transición desde lo público a lo privado para terminar en la situación de una entidad jurídicamente privada pero cuyas acciones pertenecen provisionalmente 100% (BFA) o 45% (Bankia) a una entidad pública de confusa identidad y también endeudada, ya que el FROB ha emitido bonos por importe de más 9.000 millones de euros con tipos de interés oscilando entre el 3% y el 5,5% y vencimientos entre 2013 y 2016, lo que puede venir a costar unos 11.000 millones. Igualmente, tienen una grave responsabilidad en la campaña de venta masiva de participaciones preferentes con presuntos engaños, no a los grandes inversores, que sabían lo que hacían, pero sí a personas privadas con nulos conocimientos financieros que ahora denuncian que no se enteraron de que esa inversión era a "perpetuidad", sin poder retirar los fondos, y que dejarían de cobrar los intereses ofrecidos si la entidad no tenía beneficios. También debe investigarse sus responsabilidades en la emisión de acciones de esta entidad, que a fecha 19/6/2012 valen un bolsa un 22% de su precio de emisión original, ya que, aunque comprar acciones es una inversión que en cuanto tal no merece especial protección, salvo la que se refiere a cumplimiento de la legalidad, no puede ignorarse la intensa campaña de venta de acciones que se realizó sobre personas modestas y poco versadas en temas financieros para que invirtieran sus ahorros, en unas condiciones en las que la información aportada sobre el estado real de Bankia no era cierta, como se ha demostrado después, sin que en este momento pueda decirse si eso se produjo por incompetencia profesional o por engaño consciente.

Todo esto requiere una investigación ciudadana, parlamentaria y judicial sobre lo ocurrido en este periodo, pues si se prueba que se ocultó información sobre el estado de la entidad podría haber responsabilidad penal o al menos irresponsabilidad profesional, lo que también resultaría escandaloso a la vista de unas retribuciones que ya serían escandalosas aunque correspondiesen a la mejor gestión imaginable. Por ejemplo, Ropdrigo Rato fue retribuido con 743.000 euros entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2011 y con 763.000 euros durante el resto del año, es decir, 1.506.000 euros en un año, a lo que hay que añadir 522.000 euros en "sistemas de ahorro a largo plazo". En total, 2.028.000 euros en un año, algo así como los ingresos anuales de 225 personas que cobren el salario mínimo. Ninguna persona merece ganar lo mismo que otras 225, y menos aún con semejante gestión.
Sin embargo, quedarse en lo ocurrido en esta última fase impediría comprender lo acontecido. Caja Madrid ya estaba gravemente herida cuando se fusiono con otras seis cajas para formar BFA, aunque manteniendo las identidades anteriores de cara a la relación con el público y la gestión de la obra social ("fusión fría"). Los problemas que han llevado al momento actual ya estaban presentes entonces. Esos problemas se han ido acumulando a lo largo de muchos años, bajo la dirección de Terceiro y Blesa. Algunos de quienes fueron administradores de Caja Madrid han declarado, para exculparse, que ellos no saben nada sobre el negocio financiero, lo que, por otra parte, podría ser cierto, pero eso no puede considerarse una disculpa, pues en todo caso habría estado cobrando altísimas remuneraciones por un "oficio" que ahora dicen desconocer.

Un amigo mio me dijo que, en su opinión,  en Caja Madrid se cometieron los mismos disparates que en otras muchas entidades financieras, pero en peor. En el corazón de lo sucedido está, sin duda, la orgía inmobiliaria, la alianza entre las entidades finacieras y los promotores inmobiliarios  para, con protección y complicidad política, obtener altos beneficios en muy corto plazo, aunque llevando a las entidades hacia una inevitable crisis de solvencia que antes o después tenía que estallar. Podría decirse que la sobreproducción de viviendas, la "sobreproducción" de préstamos, la "sobrecapacidad" del sector fomentada por la competencia entre entidades y la sobretasación de las casas por las propias entidades financieras, junto a una legislación y una política de vivienda que habían colocado el coste de los alquileres al mismo nivel o más que el coste de las hipotecas, han ido de la mano en la creación de la burbuja inmobiliaria.

Desde las esferas políticas, tanto en la legislatura anterior como en los inicios de ésta, se ha insistido en que el sistema financiero español tenía crisis de liquidez, no de solvencia, pero en realidad hay mucha menos solvencia que liquidez, ya que para ésta hay barra libre en el Banco Central Europeo; lo que ocurre es que la liquidez sin solvencia no dura mucho y no puede sostenerse ante una crisis de confianza. El verdadero problema es, por tanto, de solvencia y de descapitalización, una vez que sale a la luz la alta cantidad de préstamos a empresas o a personas que son incobrables o de muy difícil cobro, sin que la saña desahuciadora con que se trata a las hipotecas familiares sirva para resolver esa situación, ya que la morosidad entre los promotores inmobiliarios y algunas grandes empresas es bastante mayor, más aún de lo que parece  por estar ocultada por las refinanciaciones, y porque un inmenso patrimonio inmobiliario en manos de una entidad financiera es hoy más fuente de gastos que de ingresos, salvo que se articulen vías de utilización en la línea de las redes de alquiler social, lo que sería especialmente factible en entidades "nacionalizadas" como BFA/Bankia, aunque posiblemente eso requiera asumir los problemas derivados del reconocimiento formal de la realidad de unos activos sobrevaluados en los balances de las entidades, lo que siempre será mejor que mantener una mentira que todo el mundo sabe que es mentira.

¿Cómo se ha producido esta situación? Se denuncia, y hay que denunciar, las enormes remuneraciones de administradores y directivos, las fabulosas "jubilaciones", los autopréstamos sin garantías o a interés cero o muy bajo, casos "ejemplares" como la línea de crédito de 26,6 millones de euros que Caja Madrid concedió a su consejero Díaz Ferrán cuando era de sobra conocida la situación de sus empresas. Todo eso  fue y es inadmisible, ética y políticamente. No excluyo, creo más bien, que en algunos casos haya tomado formas perseguibles penalmente. Sin embargo, eso no explica la descapitalización de cajas y otras entidades financieras. Una cantidad mucho mayor ha sido dilapidada, perdida, a través de una acumulación de préstamos irresponsables, algunos de ellos claramente en la lógica del "capitalismo de amigotes" y el "hoy por ti y mañana por mí", pero en su inmensa mayoría insertos claramente en una opción que apostaba por aprovechar la ocasión mientras dure, así como por la presión de la competencia en un sector sobresaturado de oferta: "si no damos esta hipoteca, la dará otra entidad". Además, el hecho de que "a mayor hipoteca, mayores beneficios" (mientras se cobren las cuotas) propició una sobretasación de las garantías, lo que era tanto efecto como causa de la vertiginosa subida de los precios de la vivienda.

En todo esto hay mucha incompetencia, pero también hay que tener en cuenta que los intereses personales de los administradores, accionistas mayoritarios y gestores de las grandes sociedades no se atienen necesariamente a proyectos de continuidad y sostenibilidad de las empresas, ya que los patrimonios personales están a cubierto por la legislación sobre responsabilidad de las sociedades. Lograr una apariencia de que todo marcha bien y es rentable permite mientras dure, e incluso después si se firman los contratos adecuados, asegurarse altas retribuciones, bonus, puestos en varios consejos, "jubilaciones" doradas. Con esto no quiero decir que la crisis actual derive de una crisis financiera causada solamente por la gestión de bancos y cajas, ni que esto no sea una crisis, sino sólo una estafa, pues estoy convencido de que el origen principal de la crisis financiera, como parte de una crisis económica general, se encuentra en las contradicciones inherentes a lo que algunos llaman "economía real", expresión que no comparto porque en el capitalismo la "economía productiva" y el sistema financiero van de la mano y no es concebible capitalismo real sin una estrecha interrelación entre ambas componentes: si los promotores que pedían préstamos para construir y las personas que compraron viviendas hubieran podido seguir pagando los préstamos, la burbuja se habría deshinchado un tanto pero no explotado tan brutalmente; si la "economía productiva" tuviese los sufientes nichos de alta rentabilidad para el capital, no habría habido tanto capital tratando de rentabilizarse por otras vías, apostando por la apropiación anticipada de plusvalor futuro en vez de por la apropiación de plusvalor presente. Pero, en todo caso, el sistema financiero tiene una influencia muy importante en los tiempos, ritmos, alcances e intensidades de las crisis. Que eso no podía seguir así, se sabía y se había advertido. Pero aquellos directivos que en alguna entidad financiera osaron dar la señal de alarma, ante signos preocupantes como el desequilibrio enorme entre crecimiento de los préstamos y crecimiento de los depósitos, fueron llamados inmediatamente al orden, invitados a acatar o a irse. No tanto por "maldad" de algunos, ni porque, como dicen algunos "conspiracionistas", un pequeñísimo puñado de personas agrupadas en algún club semisecreto manejen los hilos del mundo, sino por la lógica propia del sistema capitalista, que en definitiva es la que explica por qué se dan estas situaciones y por qué seguirán dándose mientras el capitalismo domine.

Volviendo al tema que nos ocupa, lo cierto es que esta dinámica ha llevado en muchas entidades financieras, posiblemente en más de las que se reconoce, a una situación "sin salida", o con salidas que todas son socialmente malas, lo que no quiere decir que sean malas para los banqueros ni para la estabilidad de sistema capitalista, pero sí malas para la gente. Lo más detestable de lo ocurrido es que en gran parte no tiene arreglo, pues gran parte de lo perdido, perdido está, irrecuperable. Y se ha perdido bastante más de lo que ya se reconoce.
Es imprescindible no olvidar un hecho muy conocido: los bancos manejan fondos propios y fondos ajenos. Más fondos ajenos que propios, muchos más. Por ejemplo, en el balance de Bankia a 31/12/2011, para un activo (lo que se tiene, incluyendo derechos) de unos 298.000 millones de euros, en el pasivo (procedencia de lo que se tiene) figuraban 161.000 millones procedentes de depósitos de clientes, 45.000 millones de depósitos de otras entidades de crédito y sólo 12.078 millones de fondos propios (un 4% del activo), con un patrimonio neto de unos 11.500 millones (lo que tampoco parece ser cierto, posiblemente el patrimonio neto real sea negativo).

Por descontado, todo el negocio de "banca comercial" se basa en la idea, habitualmente cierta, de que gran parte de los depósitos recibidos pueden ser utilizados por el banco o caja, por ejemplo para realizar préstamos, porque sólo una pequeña parte del dinero depositado será retirado más o menos simultáneamente. Ningún banco o caja puede soportar una retirada masiva de fondos, pero eso sólo ocurre en momentos críticos de pánico y de perdida total de la confianza en las entidades y en las garantías que el Estado pueda dar según la legislación vigente. Si un banco solvente tiene en un momento dado un problema de liquidez, siempre puede resolverlo, además, a través del banco central correspondiente, en este caso el Banco Central Europeo, o del mercado interbancario. Que una entidad financiera tenga en un momento dado demasiado dinero no disponible por haberlo invertido en préstamos o en otra operaciones y eso le cree problemas coyunturales de liquidez es un problema menor si tales inversiones van a dar beneficios; pero que un banco, aunque disponga de liquidez para atender el día a día en un momento dado, tenga mucho invertido en operaciones que van a fracasar, ya sean préstamos que no van a ser devueltos, ya inversiones directas en empresas que no van a dar dividendos, es un problema que augura gravísimos problemas. Y esa es la situación de la que estamos respecto a muchas cajas españolas y a gran parte del sistema financiero, con grandes problemas, agravados por la táctica del avestruz y por una estrategia de fusiones frías totalmente equivocada, en la que se rechazó la mucho más razonable fusión entre la Caixa y Caja Madrid por razones claramente políticas marcadas por un rancio nacionalismo españolero anticatalán. No se trata tanto de que Bankia esté metida en demasiados negocios, sino de que está metida en malos negocios.

Aunque se lograse realizar una investigación a fondo e incluso atribuir responsabilidad patrimonial a administradores y gestores incompetentes, irresponsables o directamente falsificadores, lo cierto es que impedir una socialización de las pérdidas es casi imposible, más cuando en casos como la CAM o Caja Madrid/Bankia hablamos de entidades que no eran privadas en el periodo en que se fraguaron gran parte de las operaciones en las que se ha perdido tanta riqueza colectiva.
No parece posible evitar la quiebra de Bankia sin capitalizar la entidad, y tampoco parece que ninguna entidad privada esté dispuesta a hacerlo sin previo saneamiento. Dejarla quebrar, además del coste social en empleo que tendría (mayor al que sin duda querrán imponer en todo caso antes de vender la entidad de nuevo una vez saneada), conllevaría que el Fondo de Garantías de Depósitos cubra hasta un máximo de 100.000 euros por cada titular y entidad, siendo muy dudoso que cuente con medios suficientes para ello, más aún si hay más situaciones de quiebra en el sistema financiero. La otra "solución", no cubrir la garantía, sería también una catástrofe social, afectando a los ahorros a muchas personas modestas, aunque por mi parte lo que no comparto es que una persona con cuenta en varias entidades pueda recuperar 100.000 euros por entidad. Todo esto no lleva precisamente a que haya que "pasar página", sino, por el contrario, hace más necesaria y urgente la exigencia de responsabilidades profesionales, patrimoniales, políticas y penales. No es admisible que quienes provocan males sociales irreversibles salgan de rositas de ello, prestos a encontrar otra aventura con la que seguir forrándose.

En ese contexto, comparto la furia y el ánimo de movilización de quienes han invitado a dar de baja las cuentas en Bankia, pero no comparto su propuesta. No se trata de que esté a favor o en contra de que tal o cual persona o entidad mantenga cuenta en Bankia, eso es una decisión a tomar por cada persona, la mia es no cancelarla pero no propongo que todo el mundo haga lo mismo. Lo que digo es que la cancelación de cuentas no es una estrategia colectiva, que nos una en una acción común. Pura y simplemente, sabemos que si ese movimiento se generalizase, pronto sería imposible que Bankia devuelva el dinero y las personas que se "hayan atrasado", la gran mayoría, se verán en serias dificultades, dependiendo del Fondo de Garantías de Depósitos para poder recuperar en algún momento hasta un máximo de 100.000 euros. Todo hace pensar que esa propuesta sólo es sostenible y "radical" en la medida que no sea seguida, pero si tuviese seguimiento significativo más que generar una acción colectiva daría lugar a un resquebrajamiento del frente a construir entre la población madrileña, las trabajadores y trabajadores de Caja Madrid, las personas que tienen ahí sus ahorros y aquellas que, sin ser grandes inversores capitalistas, fueran engañadas para la compra de acciones y de participaciones preferentes. Por razones muy similares, tampoco comparto el lema #cierrabankia, pues es una propuesta que no evitaría la socialización de unas pérdidas generadas por una gestión irresponsable y que dividiría a las personas damnificadas por lo ocurrido, que somos casi todas porque casi todas pagaremos el pato incluso aunque no tengamos cuenta en ninguna entidad, ya que las operaciones de saneamiento del sistema financiero están contribuyendo a crear esa deuda pública a cuento de la cual nos están quitando todos nuestros derechos.

A mi entender, hay sin embargos objetivos que pueden unirnos.

En primer lugar, la exigencia de investigación de lo ocurrido y de responsabilidades de todo tipo. En esta exigencia hay que mantener que si se demuestra delito se llegue a las responsabilidades patrimoniales y penales, pero también hay que reclamar que, aunque los tribunales no juzgasen delito, se llegue hasta el fondo en la evaluación de los hechos, pues hay prácticas que, aunque no sean declaradas delictivas, deslegitiman a sus autores. Y aunque en algunos casos pueda doler, hay que pedir que la investigación incluya a todos los administradores y miembros de la alta dirección desde hace bastantes años.

En segundo lugar, estando en manos de una entidad pública el 100% del BFA y más o menos la mitad de Bankia, es inadmisible que un gran patrimonio inmobilario no esté recibiendo más uso que inflar el balance de esas entidades por encima de su valor real. También lo es que desde esas entidades se proceda a desahuciar a las personas que no pueden asumir deudas que en muchos casos son bastantes superiores al precio actual de las viviendas y que, encima, se les siga exigiendo el pago de una plusdeuda. En consecuencia, considero que hay que reclamar desde toda la sociedad la puesta en uso de ese patrimonio, a través de redes de alquiler social, así como la apertura de negociaciones con aquellas personas hipotecadas que no puedan pagar la cuota correspondiente, para encontrar soluciones no traumáticas que, en cualquier caso, garanticen que nadie se queda en la calle sin un sitio digno en que vivir. Todo ello en el marco del apoyo a la iniciativa legislativa popular que está actualmente en marcha proponiendo alternativas que abarcarían a todo el sistema financiero y no sólo al sector provisionalmente "nacionalizado".

En tercer lugar, sea cual sea la opinión que tengamos sobre la mejor manera de gestionar la situación de Bankia, no podemos dejar al margen la situación de sus miles de trabajadoras y trabajadores. De la misma forma que a toda persona solidaria el repudio a las prácticas del sector inmobilario no le podía hacer indiferente al destino de los trabajadores y trabajadoras de la construcción, lo mismo debemos decir respecto al sector financiero. La defensa de los puestos de trabajo y, en aquellos casos en que esa batalla se pierda, el logro de las mejores condiciones, tiene que formar parte de los esfuerzos de quienes creemos que lo ocurrido en Caja Madrid/BFA/Bankia no debe quedar impune.

En cuarto lugar, hay que reclamar que la gestión de las entidades "nacionalizadas" se base en una estrategia que trate de minimizar el daño colectivo y que busque convertir la entidad es un instrumento estable del bienestar social y del bien común, aunque sólo sea parcialmente. Esto implica rechazar toda operación por la cual las pérdidas sean asumidas con fondos públicos si eso se hace para después pasar el "buen negocio" a manos privadas sin resarcir el daño social sufrido. También hay que rechazar que, pese a la propiedad pública de las acciones de estas entidades, se entregue la dirección a gestores totalmente vinculados al sistema financiero privado, personajes como José Ignacio Goirigolzarri, que salió del BBVA en 2009 con 55 años de edad y acogiéndose a una "jubilación anticipada" que le aportó entre 50 y 70 millones de euros. Poco le ha durado la jubilación. ¿Saldrá de Bankia con otra "jartá" de millones?

Todo esto dicho sin ilusiones en la moralización del capitalismo. Mientras que la gestión política de este país esté en manos de quienes está, no cabe esperar que actúen con buenas intenciones, pues sus intereses están orgánicamente vinculados a los de las élites económicas. Lo que queramos obtener tendremos que obtenerlo haciéndoles insoportable nuestra presencia en la calle, profundizando su deslegitimación y preparando el momento en el que podamos echarles, a ellos, lo que puede estar más cerca, y a su sistema, lo que parece más lejano. Si nos movilizamos podemos defender nuestros derechos, y eso es lo que tenemos que hacer ahora; lo que no podemos esperar es que el capitalismo no vuelva a sus andadas y no haga falta volver a defender esos derechos una y otra vez. Pensar que hay conquistas irreversibles que ya no necesitarán ser defendidas es bonito, pero es una peligrosa ilusión. 


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