Lo ocurrido en Madrid en la noche del 10 de julio y en la mañana del 11 de julio de 2012 puede tener tanta importancia y alcance como lo que ocurrió el 15 de mayo de 2011. Posiblemente no habría ocurrido sin éste, que transformó la conciencia ciudadana de forma muy profunda, pero a su vez el 10-11J2012 no puede ser entendido como repetición o prolongación de las movilizaciones tipo "15M" porque en esa noche mágica el encuentro entre flujos de lucha social de diferentes orígenes y características hizo nacer algo realmente "nuevo", es decir, algo que, como escribió Ramón Gómez de la Serna, "es incierto hasta para el que lo produce".

Hace no demasiado tiempo, la llegada de 500 mineros a Madrid para defender "sus cosas", sospechosas en algunos sectores del activismo social de arcaicas y antiecológicas, y bajo el estigma de una intensa campaña en muchos medios de comunicación presentándoles como terroristas, apenas habría congregado el apoyo de unos pocos centenares de personas.
Incluso algunos días antes de su llegada imperaba la incertidumbre. En las redes sociales, tras el anuncio de las marchas, predominó al comienzo un debate sobre "la violencia" y, ante todo, sobre los costes ambientales de la minería del carbón, con cierta contraposición entre una lógica "sindicalista", defensora de los derechos laborales y los empleos, y una lógica "ecologista". Lógicas complementarias, justas y necesarias, pero a veces de encaje complejo en el corto plazo.

Sin embargo, según los y las mineros se acercaban a Madrid iba creciendo el apoyo a las marchas, así como las reflexiones en las que se buscaba acoplar las razones de los mineros y el desarrollo sostenible y energéticamente limpio de las comarcas de que procedían (*).
Finalmente, llegó la noche del 10 al 11 de julio. En Moncloa estábamos decenas de miles de personas, a altas horas de una noche pre-laborable. Muchos ciudadanos indignados y aún más ciudadanas indignadas, mucha gente joven, sindicalistas, activistas del ecologismo, con opiniones diversas sobre cual debería ser el futuro de la minería del carbón y del uso de éste. Pero allí estábamos con un fuerte sentimiento de unidad.

¿Qué había pasado?

En primer lugar, creo que comprendimos que los mineros y las mineras eran de "los nuestros", mientras que el Gobierno es de "ellos". En segundo lugar, creo que nos dimos cuenta de que los recortes a las subvenciones mineras no se destinarán a promover un desarrollo sostenible alternativo en las comarcas mineras ni en favorecer el medioambiente; el problema medioambiental vinculado a la industria carbonífera existe, pero no es el problema que enfrenta al Gobierno con las comarcas mineras. En tercer lugar, tengo la impresión de que gana terreno la idea de que aquí o nos salvamos todas o no se salva nadie, salvo "ellos", los de arriba, lo que de alguna manera es confirmado por una noticia que acabo de leer según la cual el 77% de la población rechaza la supresión de la paga extra de diciembre en el sector público, indicando cierto giro en la opinión pública respecto a las y los vilipendiados trabajadores públicos.

¿Qué pasó esa noche? Al hacer esta pregunta no me refiero a los hechos, que más o menos son conocidos pese al evidente boicot informativo realizado por la inmensa mayoría de los servicios informativos, sino a qué consecuencias ha tenido en nuestras mentes. Formularé algunas hipótesis, basadas en mis propios procesos de transformación y en lo que he hablado con algunas amistades.

En primer lugar, tengo la impresión de que se ha dado un nuevo salto cualitativo en el proceso de impregnación mutua entre los nuevos activismos vinculados a la dinámica 15M y los activismos anteriores a ella; pero eso, siendo importante, deriva de una dinámica social más general, un proceso de generación de conciencia de que es posible y necesaria una amplísima alianza social que ponga en primer plano lo que nos une porque tenemos que defendernos contra una agresión sin precedentes en España desde el fin del franquismo. Las condiciones existen: el principal obstáculo para esa alianza puede estar dentro de ella misma, si ánimos de protagonismo o de revancha, o intereses de grandes aparatos o de pequeños aparatitos, perturban el evidente impulso social que la exige y que la está construyendo. La congregación nocturna de voluntades durante la noche del 10 al 11 de julio fue una muestra evidente de la potencia de esa alianza social en marcha, simbolizada en esa emotiva fusión entre la más histórica "vanguardia proletaria" de la clase trabajadora española, los mineros, y el joven "precariado" que destacaba entre la población madrileña que participó en la acogida.
En segundo lugar, en estas jornadas de julio se ha asestado un fortísimo golpe a la reaccionaria mitología sobre la universalización de una "clase media" y la desaparición de la "clase trabajadora", una ideología que han tratado de imbuirnos durante las última décadas. Algo ha ocurrido en muy pocos días en este sentido. Muchísimas personas hemos sentido que tenemos igual identidad social que los mineros, pues nuestras vidas penden de un hilo, en la medida de que nuestros medios de subsistencia dependen de las decisiones de otros, de patrones, de gobiernos, etc., y de que esas decisiones nos pueden sumir en la precariedad más absoluta y arrojarnos a una vida miserable. Tanto carrozas que ya no usábamos ese lenguaje como jóvenes estudiantes, en paro o en condiciones precarias, gritábamos "Madrid obrero está con los mineros". Aunque, atención, afortunadamente esa nueva "obrereidad" carece de toda mitología "obrerista", por el simple hecho de que casi todas, de una u otra manera, somos "obreras" y nos estamos reconociendo como tales. En la madrugada del 10-11J2012 no babeábamos ante "heroicos proletarios", simplemente marchábamos al lado de nuestra gente, gente como nosotras, venida con gran esfuerzo desde muy lejos, por sus derechos pero también por los nuestros. No, lo que nos llenó de emoción no fueron "los huevos" ni la "intrepidez" de los mineros, pues su gran fuerza y su coraje colectivo nunca ha derivado de la testosterona ni de supuestas "cualidades masculinas" sino de la virtud colectiva de la práctica de una solidaridad mutua extraordinaria, ejemplar. Su fuerza no ha procedido nunca, ni ahora ni en 1934, de sus músculos, sino de la confianza absoluta, sin reservas, en que si caen les recogerán, a ellos y a sus familias, cueste lo que cueste, las manos de sus compañeros.
En tercer lugar, se ha confirmado, sin duda, que los de arriba "no nos representan". Pero creo que ha ocurrido algo más, que ha florecido algo que se estaba incubando desde mayo de 2011: una nueva convicción, la de que para salvar nuestros derechos HAY QUE ECHARLES. No es fácil, no será inmediato, pero si queremos vivir con derechos, hay que echarles.
Por descontado, vamos a defender nuestros derechos y haremos propuestas alternativas para demostrar que las cosas se podrían hacer de otra manera. Pero para salir del pozo sin fondo en que nos están metiendo, hay que echarles.
No quiero decir que eso sea fácil ni vaya a ocurrir de inmediato. Pero para poder pararles hemos llegado a un momento en que tenemos que "armarnos" colectivamente de la idea común de que hay que echarles. La idea ya está corriendo bajo muchas fórmulas, unas piden elecciones, otras piden que se vayan, otras un referéndum sobre los recortes. Bienvenidas sean todas, que corra la convicción de que hay que echarles.

¿Cómo? Yo no daría ahora demasiadas vueltas a esa pregunta. Corremos dos riesgos. Por un lado, el de considerar irrelevante quién gobierna a la vista de que, en el momento actual, en el momento actual echarle a "ellos" podría pasar el relevo a otros "ellos", de su propio partido o de otro partido también comprometido con los recortes sociales. Eso es cierto, pero echarles sería una victoria parcial y, al menos por cierto tiempo, obligaría a cierto cambio de rumbo. Por otro lado, está el riesgo, más peligroso aún, de empeñarse en que, en ausencia de "alternativa política", las luchas sociales no valen para nada. Eso sería, pura y simplemente, suicida.

Todo pasa hoy, precisamente, por la respuesta social, en las empresas, en los centros de estudios y, ante todo, en las plazas y en las calles. Nuestra acción común en torno a objetivos comunes es la palanca esencial a utilizar para defender derechos y también para echarles. Todo depende de ello, incluso los movimientos, cambios o novedades en el escenario de la "política oficial".
El caso griego es muy significativo al respecto. El nuevo gobierno, cuya base esencial son los dos partidos más implicados en los brutales recortes sociales, Nueva Democracia y Pasok, ha anunciado apenas investido que se propone renegociar el memorándum, justo el "pecado mortal" atribuido a Syriza en los días anteriores a la votación y que, según los políticas y medios de comunicación afines el sistema, llevaría a una catástrofe social. Por descontado, no hay que confiar en esa gente, pero el que lo digan está directamente vinculado a la persistencia y amplitud de las luchas sociales y a los resultados electorales de Syriza, que estuvo a punto de ganar las elecciones y que podría haberlo hecho si algunas otras izquierdas hubieran abandonado sectarismos. Ahora bien, el factor Syriza también deriva en gran medida de las propias luchas sociales, que han sembrado buen sentido en algunas mentes. Es la acción social, la convergencia en las luchas, la que ha creado las condiciones para la formación de una coalición tan amplia y diversa como Syriza, la que ha hecho entender a varias corrientes políticas que había que dejarse de doctrinarismos y de componendas para unirse en torno a un compromiso razonable, la que ha permitido que una parte muy significativa de la población entienda que era posible votar "otra cosa".

Sí, a mi me interesa lo que ocurra en ámbitos políticos como los de Izquierda Unida, ICV, Equo-Compromis, Izquierda Anticapitalista u otras opciones existentes o que puedan nacer; incluso me interesa lo que pueda ocurrir dentro del PSOE, donde crece lenta y calladamente el malestar hacia la estrategia de un Rubalcaba que da la impresión de querer repetir la experiencia griega con un gobierno de concentración PP-PSOE. Pero lo decisivo no es lo que ocurre dentro de esos partidos, sino la confrontación social entre la gente común y las élites políticas y económicas del capitalismo.
Así que vamos a actuar con el ánimo de echarles. Sin ignorar, claro está, que mucho más difícil que echar a un gobierno es y será "echar" a este sistema, entre otras cosas porque no hay ni puede haber otro "sistema" de repuesto listo en el almacén de "mundos posibles" para sustituir al actual régimen capitalista de apropiación privativa de la riqueza y del poder. Una sociedad mejor no es el resultado de la aplicación desde arriba de un modelo predefinido, sino consecuencia de una actividad y de una experimentación cooperativa y creativa entre las gentes. No se trata, por tanto, de que alguien "conquiste" el poder para imponer un "modelo", se trata de que conquistemos las condiciones necesarias y el poder necesario para que la capacidad de decidir qué queremos hacer no siga siendo monopolio de unas élites sino el patrimonio común de la sociedad.
¿Va para largo? Sí, yo por ejemplo creo que no lo veré. Pero no debe enloquecernos la prisa por llegar a no sabemos donde, sino guiarnos por la comprensión de que lo existe es injusto y de que podemos hacer mucho para ir mejorando las cosas, para evitar que empeoren y para crear nuevas vías de convivencia y organización social. Aunque todo esto nos llevará una y otra vez a la misma conclusión: hay que echarles. No de la sociedad, claro, son personas, pero sí del poder y de sus privilegios, privilegios que no deben traspasados a otros sino ser suprimidos. Pero, sí, eso va para largo. Pero sí, nuestros esfuerzos para defender todo lo que nos quieren quitar serán mucho más efectivos si sabemos por qué ocurre todo esto y a quien nos enfrentamos.

(*) El tema de este artículo no es el carbón, sino la lucha minera en el contexto de la lucha social. Respecto al carbón, mis opiniones son muy provisionales y las matizo según voy leyendo, realmente no he estudiado el tema a fondo. En las últimas semanas me han parecido muy razonables tanto los argumentos ecologistas sobre el poder contaminador de la energía basada en el carbón y la destrucción ambiental local provocada por algunas formas de minería, como los argumentos procedentes de las comarcas mineras, incluidas asambleas locales "15M" y sindicatos, en los que se explica el enorme daño social que causará la decisión gubernamental. Desde mi ignorancia, me inclino por la necesidad de un plan a varios años que no financie a empresarios sino que garantice los derechos laborales y sociales de los mineros, el desarrollo sostenible de las comarcas afectadas con empleos duraderos y sostenibles en otras actividades, parte de las cuales podrían seguir vinculadas a la historia carbonífera de esas zonas, y un paulatino proceso de abandono de la minería del carbón, comenzando por las minas más contaminantes. Preferentemente un plan acordado en primer lugar entre los y las trabajadores del sector, sus organizaciones, la propia población de la comarca sea cual sea su actividad y los colectivos ecologistas. Dado que tanto el empleo como el medioambiente afecta a los intereses sociales, creo que sería posible un consenso razonable en ese ámbito, y que lo difícil sería conseguir que estos planes sean asumidos por las instituciones del Estado. En todo caso, la solución no pasa por reducir las subvenciones a las comarcas afectadas, como pretende el Gobierno, sino por convertirlas en verdaderas inversiones sociales y económicas, centradas en tres objetivos: a) garantizar los derechos laborales y sociales de la población minera; b) impulsar una reorientación de la actividad económica en las comarcas, apostando por sectores con futuro, como las propias energías renovables, y teniendo en cuenta que la fuerte solidaridad propia de la tradición minera puede ser un gran punto de apoyo para experiencias cooperativas o públicas con implicación social; c) el funcionamiento de las minas, ya en sus procesos de cierre o en la marcha de que las que sigan en explotación en toda la fase de transición, dando gran importancia en ambos casos a las consideraciones ambientales. El alcance de un consenso semejante puede enfrentarse a dos fuertes obstáculos: por un lado, los intereses de una patronal bastante parasitaria, a la que no tiene sentido subvencionar, por lo que quizá debiera comenzarse por una expropiación sin indemnización; por otro lado, las políticas mantenidas por el Gobierno, que precisamente no apuntan en absoluto al impulso de nuevas fuentes de empleo, ni al apoyo a los derechos laborales, ni a la inversión en la lucha contra el cambio climático. La reducción de las subvenciones en un 63% no favorecerán en nada los esfuerzos en defensa del medioambiente, sólo llevarán a oleadas de despidos, exigencias de intensificación del trabajo en una actividad que ya es muy dura, degradación de las condiciones de seguridad y de las medidas de protección ambiental, etc. La lucha minera es justa.