El 9/6/2012 el Gobierno español, con respaldo del eurogrupo, anunció su intención de solicitar financiación europea para el saneamiento del sistema financiero español, lo que hizo el 25 de junio. El 23/7/2012 el Consejo de la Unión Europea, a propuesta de la Comisión Europea, aprobó el Memorando de Entendimiento en el que se concede un crédito de 100.000 millones de euros para ese propósito.

Este crédito lo recibe el Estado español, aunque el dinero se destine a los bancos; generará, por tanto, deuda pública. El tiempo medio de amortización se establece en 12,5 años, con un plazo máximo de 15 años para cada tramo que se solicite. Se devolverá a interés variable, revisable cada seis meses. Los intereses computarán como déficit público. También será déficit todo el dinero que se inyecte a los bancos para cubrir pérdidas; no computará como déficit aquel que se considere que ha sido utilizado como "inversión", aunque bien podría ser que parte de esas "inversiones" terminen en pérdidas.

Este crédito no tendrá prioridad de pago sobre el resto de la deuda pública del Estado español, a diferencia, por ejemplo, de los créditos que da el FMI; pero, en tanto que deuda pública, sí tendrá prioridad absoluta sobre cualquier otro gasto presupuestario, a consecuencia de la reforma constitucional impuesta, en 2011 y en muy pocos días, por la alianza PSOE-PP. Esta deuda con la UE no tendrá prioridad de pago sobre la deuda pública con capitalistas dinerarios privados, pero sí sobre la financiación de la atención sanitaria a la población y otros gastas sociales.

El Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB), entidad pública creada en junio de 2009, canalizará los fondos recibidos hacia las entidades financieras que lo necesiten, bien para proceder a una reestructuración que las haga viables, bien para lo que se ha llamado "resolución", excepcional procedimiento de desmantelamiento de la entidad que no se rige por las normas generales de aplicación en los proceso de quiebra y liquidación concursal, aunque finalmente pueda liquidarse lo que quede tras haber vendido las partes sanas del banco en crisis a otros bancos o entidades.

Hasta que entre en funciones el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), organismo intergubernamental permanente, la entidad que aportará los fondos será el Fondo Europeo de Estabilidad Presupuestaria (FEEF), sociedad anónima transitoria cuyos accionistas son los Estados de la eurozona. Formalmente el MEDE está activo desde el 8/10/2012, pero en realidad aún no está operativo; se prevé que hasta mediados de 2013 el FEEF seguirá en funcionamiento, combinando su actividad con la del MEDE.

Los criterios generales que regirán la concesión y uso del crédito para el rescate financiero en España fueron establecidos en el Memorando de Entendimiento y desarrollados, interpretándolos de manera sesgada en algunos aspectos, por el Gobierno español en el Real Decreto Ley 24/2012 del 31 de agosto. Sobre aspectos no concretados en esos textos legales, a la fecha de cierre de este artículo se conocen algunos detalles más a través del Gobierno, el FROB y medios de comunicación.

El rescate financiero tiene muchos aspectos, pero el objetivo de esta nota es centrarse en uno de ellos, la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), a la que a veces se describe como "banco malo", aunque no será precisamente un banco. En cuanto a si será "malo", lo que se va conociendo apunta a que será malo para esa sociedad anónima y bueno para grupos capitalistas que harán negocios con ella o dentro de ella.

¿Por qué un rescate financiero?

El Ministerio de Economía y Competitividad, en nota del 28 de septiembre de 2012, informaba de que se habían cifrado en más de 50.000 millones de euros las necesidades de capitalización del sistema bancario español. Requerían capitalización, ara ser viables o para ser "resueltos", BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco y Banco de Valencia, así como, en un escenario económico adverso, Banco Popular, BMN, Ibercaja, Liberbank y Caja 3. Santander, BBVA, CaixaBank, Kutxabank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja-CEISS no requerirían, según el ministerio, capitalización adicional.

Las mayores necesidades de capitalización recaen sobre Bankia, pese a la gran inversión pública ya realizada. El déficit de capital estimado oscilaría entre 13.230 y 24.743 millones de euros, a pesar de que ya están contabilizados 19.750 millones de euros en provisiones por riesgos, siendo el escenario adverso mucho más realista que el otro. La estimación de la desvalorización de la cartera crediticia y de los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas asciende a más de 42.000 millones de euros, de los que el 89% corresponde a créditos a empresas, lo que refuta a quienes, desde miradas clasistas y xenófobas, insisten en que esta crisis se debe a las familias inmigrantes que compraron viviendas y no pueden pagarlas.

Los bancos están descapitalizados por haber perdido mucho dinero. La parte de su negocio consistente en tomar dinero a muy bajo interés y prestarlo a interés mucho más alto se va a pique cuando no se produce la devolución de lo que han prestado. Quienes han perdido dinero han sido las entidades, no los banqueros, sus gestores y administradores, que han ganado mucho durante el desarrollo de la burbuja inmobiliaria, pues al calor de la aparente "prosperidad" y del crecimiento del volumen de negocio les fue fácil asegurarse el aumento desproporcionado de sus retribuciones fijas y variables, así como jubilaciones e indemnizaciones de escándalo, lo que quizá, junto a la competencia sectorial, sea uno de los factores que explican por qué se ha mantenido tanto tiempo una estrategia ineludiblemente abocada a la ruina, frente a la cual ningún gobernador del Banco de España, ningún ministro y ningún presidente del Gobierno han tomado medida alguna durante toda la época de la burbuja inmobiliaria. Más aún, una y otra vez se insistía en que era exagerado hablar de burbuja e incluso en que ésta era una señal de la prosperidad de España.

En todo caso, muchos de los créditos concedidos no se pagan, especialmente aquellos créditos relacionados con el sector inmobiliario. Según estadísticas del Banco de España (18/9/2012), referidas al segundo trimestre de 2012, el 74% del crédito concedido a empresas calificable como "dudoso" correspondía a la construcción y las actividades inmobiliarias, sector en el que el 27% del crédito total dirigido a financiar sus actividades es dudoso, frente a un 7% en el resto de los sectores productivos. En cuanto a los hogares, el 67% del crédito dudoso iba dirigido a adquisición o rehabilitación de viviendas, pero sólo era dudoso el 3% del crédito con ese destino, lo que confirma de nuevo que el corazón del problema se encuentra en la morosidad de las empresas de la construcción e inmobiliarias, que sin embargo están recibiendo mucho mejor trato de las entidades financieras y del Gobierno que las personas particulares en dificultades, abandonas a su suerte y perseguidas con saña.

El activo bancario derivado de los préstamos otorgados se ha devaluado, no sólo por la existencia de créditos directamente morosos, sino también porque ha aumentado el riesgo de aquellos que aún no son morosos, hundiendo la solvencia de los bancos afectados. En cuando al gran patrimonio inmobiliario recibido por los bancos al ejecutar las hipotecas, el problema es similar, ya que en su momento fue sobrevalorado, lo que fue tanto causa como efecto de la burbuja, y utilizado como colateral de préstamos por importe muy superior al valor de mercado que hoy podrían tener esos activos si se vendiesen. En definitiva, los activos se han desvalorizado, pero las contrapartes en el pasivo con las que se financiaron siguen presentes en tanto que obligaciones de los bancos: depósitos de personas y entidades, préstamos pedidos por los bancos españoles a otros bancos o entidades para expandir su negocio más allá de sus posibilidades, etc.

Para entender la magnitud y el alcance social del desastre hay que recordar que los bancos se cuentan entre las empresas que menos capital propio usan respecto al total del capital manejado, lo que permite obtener una tasa de ganancia sobre capital propio muy superior a la tasa de ganancia sobre capital empleado. Pero el apalancamiento multiplica las ganancias cuando las cosas van bien y multiplica las pérdidas cuando las cosas van mal. A mayor apalancamiento más fácil es que en caso de pérdidas éstas se coman no sólo el capital propio sino también el capital ajeno utilizado, por ejemplo los depósitos en cuentas. Ya en el siglo XIX Marx describió esta tendencia a que los pequeños ahorros de la población trabajadora hechos en periodos de auge se esfumen de una u otra manera en las crisis (quiebra bancaria, inflación, veloz gasto de esos ahorros ante la disminución de salarios, el paro y los recortes sociales, etc.), sin que esa población se beneficie en nada por el uso de sus ahorros como capital por los banqueros o por los capitalistas que en su momento multiplicaron beneficios gracias a los préstamos que reciben de los banqueros.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Los pisos se compran a crédito. Los pisos se construyen a crédito. El suelo se compra a crédito. Si los promotores no venden, no pagarán el préstamo. Si las personas hipotecadas no tienen ingresos suficientes, no pagarán la hipoteca. Así que el estallido de la burbuja inmobiliaria se produce en el corazón del sistema financiero en un contexto de crisis económica, de sobrecapacidad del sector bancario y de sobreproducción de viviendas.

El Memorando de Entendimiento vincula expresamente la crisis del sistema bancario español al estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que parece un diagnóstico correcto, no recogido en el RDL 24/2012. Más discutible, por parcial y monetarista, es la explicación que da a la burbuja, pues sólo cita los bajos tipos de interés.

Es muy cierto que los precios del suelo y de las viviendas tienden a subir cuando bajan los tipos de interés que el capital dinerario puede obtener en los mercados financieros. Supongamos que un promotor inmobiliario o cualquier capitalista dedicado al negocio de la vivienda tiene un piso por el que puede sacar, si lo alquila, 12.000 euros al año. En un contexto en el que el dinero puede colocarse obteniendo un 4% de interés, para obtener más de 12.000 euros al año con los ingresos por venta del piso tendría que venderlo a más de 300.000 euros, pero si el interés al que podría colocar el dinero bajase a un 3%, para obtener más de 12.000 euros de interés anual necesitaría venderlo por más de 400.000 euros. Evidentemente éste es sólo uno de los factores que influyen en el precio de los pisos y además suele haber cierta diferencia entre la tasa de intereses media y la "rentabilidad virtual" de la propiedad inmobiliaria, pero esta simplificación basta para una explicación sencilla de la relación inversa entre la evolución de los tipos de interés y el precio del suelo o de las viviendas.

Sin embargo, para comprender la burbuja hay que incluir factores políticos (pacto de intereses entre poseedores de suelo, promotores inmobiliarios, banqueros y gestores políticos del territorio) y, sobre todo, el contexto económico en el que tienen lugar los bajos tipos de interés, que no responden a meras "decisiones" subjetivas de unos u otros, sino a la dinámica objetiva del capitalismo, en una fase en la que la acumulación de capital alcanzada había desbordado las posibilidades de obtener los beneficios deseados por los capitalistas a través de la inversión productiva. Los bajos tipos de interés fueron consecuencia de una pletora de capital, esto es, de una gran acumulación de dinero con el que, considerando arriesgada o poco rentable la inversión en la producción de bienes y servicios, se busca obtener ganancias por la vía de su préstamo a cambio de un interés. Es importante tener también en cuenta que parte de ese capital "prestable" no era capital para sus dueños legales, depositantes de sus ahorros en bancos y cajas a cambio de bajísimos intereses que en muchos casos ni siquiera compensan las comisiones a pagar, pero si era/es capital generador de dividendos para las entidades financieras (que lo prestan a mayor interés que al que lo toman) y para los capitalistas que lo reciben prestado si logran invertirlo de forma que les permita obtener ganancias.

La elevada oferta de capital dinerario, que genera la bajada de los tipos de interés, expresaba una dificultad de valorización del capital al finalizar una fase expansiva más o menos con el cambio de siglo.

En todo caso, la burbuja generó superproducción inmobiliaria por los altos márgenes de ganancia que suponía, pese a no sostenerse sobre un crecimiento equiparable de la riqueza social. La mayor parte de las ganancias obtenidas en ese sector no procedían de plusvalor vinculado a la construcción de las casas sino que eran una renta del suelo. Para Marx, "En las ciudades en rápido progreso (...) es la renta del suelo y no el propio edificio lo que constituye el objeto básico propiamente dicho de la especulación inmobiliaria" (EC, vol. 8, p. 985). Así ha sido.

El mecanismo de la deuda permite posponer el momento de la crisis, pero sólo posponer. Si los promotores dejan de vender pisos en un momento dado, dejarán de pagar los créditos obtenidos para comprar suelo o para construirlos. Si las personas que han comprado pisos pierden poder adquisitivo, por disminución de los salarios reales o por desempleo, dejarán de pagar las hipotecas, y las que no los han comprado aún, no los comprarán.

Podríamos preguntarnos cómo es posible que los gestores políticos y el empresariado de los sectores inmobiliario y bancario no supiesen esto. Bueno, creo que sí lo sabían, salvo algunos cuantos especialmente incapaces (muchos administradores de cajas y bancos han declarado ahora que no sabían nada sobre el negocio financiero). Pero, además del fenómeno psicológico descrito por Marx por el cual todos se consideran ratas lo suficientemente listas para huir del barco justo antes de que comience a hundirse, hay que tener en cuenta que sus intereses residen en ganar el mayor dinero posible en el menor tiempo posible, sin que, cuando hablamos de grandes entidades, les genere la más mínima preocupación dejarlas descapitalizadas y en quiebra, ya que los patrimonios personales están totalmente protegidos salvo pruebas de actividad delictiva (difíciles de encontrar y frecuentemente sin el más mínimo empeño político en que se encuentren).

El rescate financiero

¿Qué van a hacer con el dinero pedido a la UE? ¿Qué instrumentos se utilizarán para proceder al "rescate" bancario? El objetivo es reestructurar aquellos bancos que, con ayuda, puedan capitalizarse y ser viables dentro de algún tiempo, y a aquellos que, estando aún en peores condiciones y sin que haya perspectiva de poder recuperar la ayuda que se les preste, el Banco de España considere de importancia sistémica, o bien "resolver" los bancos que se decida no salvar, esto es disolverles pero con procedimientos especiales diferentes al habitual de liquidación por quiebra, tratando de vender las "partes sanas" previamente, etc.

Para lograr todo ello, el apoyo público podrá tomar diversas formas: avales, préstamos, compra de activos de las empresas o compra de sus deudas a los acreedores, compra de acciones, compra de bonos convertibles en acciones. Esos apoyos no necesariamente serían para los bancos afectados. Por ejemplo, podrían ser para otros bancos o entidades que compren todo o parte de un banco a "resolver" (un ejemplo de eso, previo a este programa de rescate, sería el apoyo dado al Banco de Sabadell para la compra del Banco CAM: el Fondo de Garantías de Depósitos compró por 5249 millones de euros el capital del Banco CAM y se lo "vendió" por un euro al Banco de Sabadell, asumiendo además el 80% de las pérdidas que un paquete de activos tóxicos pudiera ocasionarle al Banco de Sabadell una vez absorbidas las provisiones establecidas).

Pues bien, una de las herramientas principales de este rescate es lo que se ha llamado Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), que también podría ser destinataria de las ayudas antes indicadas. La Sareb comprará a los bancos en reestructuración o resolución sus activos tóxicos.

Capital y riqueza social

Antes de entrar a comentar qué será la sociedad de gestión de activos, creo interesante detenerse un momento en el concepto de "activos tóxicos". Los activos de los que estamos hablando son bienes físicos inmobiliarios, pisos, suelos, etc., o bien son préstamos que, en la mayor parte de los casos, están respaldadao, como garantía o colateral, por bienes de ese tipo.

Si dejamos de lado los tópicos del capitalismo y recurrimos al sentido común podríamos preguntarnos, deberíamos preguntarnos, ¿por qué un bien material dado, por ejemplo un piso, pasa a ser un activo tóxico para un banco, cuando antes lo había considerado garantía suficiente para otorgar un préstamo del que incluso ya se pueden haber cobrado bastantes intereses y una parte del principal de la deuda? ¿No es el mismo bien? ¿No tiene la misma utilidad que antes? ¿Por qué un bien físico y que mantiene la misma utilidad en tanto que lugar para que vivan personas o se instalen entidades se convierte de repente en tóxico?

Un piso es una riqueza social, una riqueza material, algo que mantiene su utilidad, pero, desde el punto de vista de los bancos o del capitalismo inmobiliario, sólo importa su utilidad en tanto que medio para acumular más capital. Un piso, para ellos, no es un lugar para que vivan personas, sino una mercancía con la que ganar dinero, aunque un tanto especial ya que el suelo no es reproducible a voluntad. Si el Banco no puede recuperar el dinero prestado con sus correspondientes intereses, el activo es tóxico dentro de la lógica del capitalismo, por mucho que sea un bien útil y necesario para las personas. En la sociedad capitalista es perfectamente posible que se acumulen, en un polo, miles de casas invendibles a los precios que los capitalistas requieren, y, en otro polo, cientos de miles de personas sin casa, de la misma forma que es perfectamente posible que se subvencione la destrucción de alimentos mientras que muchas personas pasan hambre. He dicho "posible", pero es más que posible, es inherente al capitalismo. El capitalismo no produce para satisfacer lo que las personas necesitan, produce para obtener ganancias. Por descontado, si nadie compra lo producido no habrá ganancias, pero el capitalismo no produce aquello que la gente necesita sino aquello que se supone la gente puede comprar, aunque, por su propia lógica competitiva, tampoco es capaz de lograr un ajuste entre lo que se produce y lo que se compra, ya que la carrera la gana quien produce a menor coste, lo que genera fases de sobreproducción incluso en periodos en los que todo el sector sabe que hay sobrecapacidad. Si necesitas algo pero no puedes comprarlo, no cuentas. Y si se produce una cantidad excesiva de bienes respecto a la demanda solvente, el excedente no vale nada, es tóxico, aunque haya otras muchas personas que lo necesitan pero no pueden comprarlo. Estos antagonismos del sistema son permanentes, pero estallan con extraordinaria violencia y daño social en los momentos de crisis económica.

En el caso que nos ocupa, tenemos, por tanto, una masa de bienes físicos que tienen dos aspectos: por un lado, son bienes materiales útiles de primera necesidad para las personas; por otro lado, son "seudomercancías" que hay que poner al servicio de la acumulación del capital. Esta dualidad no genera excesivas tensiones cuando las dos facetas pueden conciliarse para la gran mayoría de la población, salvo franjas minoritarias y marginalizadas a las que se presta poca atención o a las que por su aspecto y modos de vida es fácil atribuir que están en la calle "porque quieren", pero cuando crece el número de personas "normales" que no pueden pagar una vivienda, ni siquiera en alquiler, se hace más evidente que, en realidad, hay un antagonismo entre ambas facetas, "valor de uso" y "valor de cambio", y que optar por una u otra es una decisión política y social, "de clase". En tanto siga dominando el modo capitalista, la producción se guiará por las ganancias, no por las necesidades humanas. Ninguna "refundación" del capitalismo cambiará eso.

La sociedad de gestión de activos: ¿qué es?

Dado que los activos tóxicos de origen inmobiliario deterioran la solvencia de los bancos, pues los coeficientes que la miden disminuyen cuando aumenta el riesgo asociado a los activos de la entidad y cuando éstos se devaluan, el Memorando de Entendimiento y el RDL Ley 24/2012 crean procedimientos para sacar esos activos de los balances de los bancos. Es decir, para enviar la supuesta "basura" a otro supuesto vertedero. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de escindir los bancos con problemas en un banco bueno y en un banco malo. De hecho, más o menos eso es lo que se pretendió hacer en la operación BFA / Bankia, pero ambos han resultado malos. El plan actual es bastante diferente, pues, mientras BFA era accionista mayoritaria de Bankia, la Sareb quedará claramente separada de los bancos "rescatados". El Memorando prevé que éstos tengan una pequeña parte de las acciones de la Sareb, pero parece que el Gobierno español no aplicará esa indicación.

¿Cómo se hará está segregación de activos? Se creará una sociedad anónima, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb). Aquellas entidades actualmente propiedad de las entidades que a 31/8/2012 estaban participadas mayoritariamente por el FROB o requieran un proceso de reestructuración o un proceso de "resolución" estarán obligadas a vender a la Sareb todos aquellos activos que determine el Banco de España y al precio que establezca éste. La Sareb tendrá un plazo de 15 años para gestionar esos activos.

Este tipo de entidad ha sido usada en otros países, por ejemplo en Suecia entre 1992 y 1997, aunque el "banco malo" sueco, Securum, tuvo características, como la de ser de propiedad pública, diferentes a las que se quieren dar a la Sareb. Dado que una gran riqueza social es "tóxica" en manos de los bancos, su concentración en un ente público podría "rescatar" esa riqueza para ponerla al servicio de fines sociales y del bien común. Eso, además, no impediría que tales bienes generen ingresos públicos, por ejemplo a través de procedimientos de alquiler social con renta adaptada a los ingresos de las personas beneficiarias, mientras que tratados como simples "mercancías" muchos pisos llevan años en manos de bancos sin que hayan generado ningún ingreso. Pero la Sareb no se ha creado para promover el bienestar social.

El Memorando de Entendimiento, es decir, el compromiso con la Unión Europea, dejaba la puerta abierta a una política que tomase en cuenta las necesidades sociales en materia de vivienda. El RDL 24/2012 emitido por el Gobierno Rajoy cierra radicalmente esa puerta. De hecho, todo apunta a que ha elegido el peor de todos los caminos posibles, el más supeditado a los intereses de grandes grupos capitalistas. Su interpretación del Memorando es la peor posible.

¿En manos de quienes estará la Sareb? Según el Memorando de Entendimiento "El FROB contribuirá en efectivo y/o en valores de alta calidad a la financiación de la sociedad de gestión hasta un determinado porcentaje del valor económico real a largo plazo de los activos adquiridos. Ese porcentaje se determinará en el momento de la creación de la sociedad de gestión. A cambio de los activos, los bancos recibirán una pequeña participación en el capital de la sociedad de gestión, o bonos emitidos por ésta y garantizados por el Estado, o dinero en efectivo o valores de alta calidad". Ese texto, ambiguo, daba a pensar en una sociedad mayoritariamente de capital público con posible participación de las propias entidades financieras "rescatadas".

Sin embargo, el RDL 24/2012 ha establecido que la participación pública debe ser inferior al 50%, quedando la mayoría del capital privado. Aunque el reparto está aún sin precisar algunos han hablado que se pretende alcanzar un 55% de participación privada. Por la parte pública, minoritaria, será accionista el FROB, por la parte privada se invita a los bancos (especialmente a los grandes bancos clasificados entre los no necesitados de rescate), entidades de capital riesgo, fondos de pensiones, fondos de inversión, compañías de seguros y otras empresas de similar ralea, mientras que el Memorando se limitaba a hablar de una pequeña participación de las entidades rescatadas, recibida como parte del pago de los activos.

Selección y valoración de los activos tóxicos a transferir

¿Qué criterio usará el Banco de España para seleccionar y establecer el precio de los activos tóxicos que se transfieran a la Sareb? Al parecer, serán activos físicos (viviendas, promociones ya en marcha, suelo) valorados en más de 100.000 euros, préstamos superiores a 250.000 euros y participaciones bancarias de control en empresas inmobiliarias. En cuanto al precio al que realizar la transferencia, hay tiras y aflojas, aunque parece que va definiéndose un criterio, calificado por el ministro de Economía como "conservador".

El Memorando habla de un "valor económico real a largo plazo". Aunque esa expresión denota cierto ánimo de objetividad y que sea un coste recuperable en los quince años de plazo dados a la Sareb, no creo que nadie pueda calcular o prever el valor económico a largo plazo de estos activos en medio de una crisis económica de la talla de la que estamos viviendo. En definitiva, es de esperar un "precio político", determinado por la estrategia gubernamental y por los intereses que se proponga defender. Esa idea de "valor económico real a largo plazo" desaparece, en todo caso, en el RDL 24/2012, y todo parece indicar que el precio de compra que se establezca será el resultado de un equilibrio entre diversos intereses empresariales, bancos, sector inmobiliario o accionistas de la Sareb, arbitrados por el Gobierno, no necesariamente neutral.

Si se fija un precio alto a los activos transferidos, las necesidades de capitalización del banco con ayuda pública se reducirán, pero esos activos le costarán más a la Sareb y tendrá más difícil recuperar lo invertido y más aún obtener beneficios. Si, por el contrario, se fija un precio bajo a los activos transferidos, aumentarán las necesidades de ayuda pública para recapitalizar las entidades o para su "resolución", pero la Sareb pagará menos por los activos tóxicos, podrá recuperar más fácilmente lo invertido en ellos y generar más beneficios. ¿Que sería más social? En realidad, ni lo uno ni lo otro, pues lo que se disputa en ello es quien saldrá beneficiado, los bancos rescatadas o los accionistas privados de la Sareb, pero siempre a costa de los fondos públicos invertidos en estas operaciones.

En estos momentos, todo apunta a una operación sesgada en favor de los accionistas privados de la Sareb, a los que se promete una rentabilidad anual media cercana al 15%, aunque de las intenciones a los hechos puede haber mucha diferencia. Desde el punto de vista de los fondos públicos, eso implicaría menor riesgo y gasto en la Sareb... pero mayor riesgo y gasto en la capitalización o resolución de la banca rescatada.

El negocio de la Sareb

Una primera objeción a hacer es que, si la Sareb puede obtener un 15% de ganancia media, ¿por qué entregar a accionistas privados más de la mitad de ese dinero, que serviría para recuperar una parte de lo mucho gastado por el Estado en apoyas al sistema financiero español? Esta pregunta no tiene respuesta técnica, ya que las decisiones son totalmente políticas y sociales: el Gobierno español, tanto el anterior como el actual aún en mayor medida, optaron por proteger a las élites.

Veamos en todo caso cómo parece estar montado el negocio de la Sareb.

La Sareb comprará activos por un coste total aún no conocido, pero que, una vez terminadas las dos primeras fases, oscilará posiblemente entre 60.000 y 90.000 millones de euros. Se habla de que se apropiará así de unos 90.000 pisos y de más de 13 millones de metros cuadrado de suelo.

Según el FROB, la compra se hará con importantes descuentos sobre el valor bruto en libros de los activos, en torno al 45% en préstamos (variando según su garantía, un 32% si es vivienda terminada, un 54% si el suelo urbano, etc.) y del 63% en activos adjudicados (80% suelo, 54% vivienda nueva...). Hay que señalar, sin embargo, que esos descuentos son menores de lo que parece, ya que en el valor bruto no se han descontado aún las provisiones ya establecidas para estos activos de riesgo. Por ejemplo, si un préstamo garantizado por suelo urbano tiene un valor bruto de un millón de euros y se han hecho para él provisiones de 200.000 euros, su valor neto contable es 800.000 euros y la Sareb lo compraría por 460.000 euros, siendo el descuento sobre valor neto un 42,5%, aunque sobre el bruto sea un 54%. Digamos que parte de ese descuento ya está reflejado en los balances de los bancos, tanto más cuanto más acordes al riesgo real sean las provisiones establecidas.

¿De dónde saldrá el dinero para esa compra? ¿Cómo obtener entre 60.000 y 90.000 millones de euros? En este punto, podría pensarse que si el capital privado es mayoritario en la Sareb también asumiría más de la mitad de ese coste, reduciendo el riesgo público. Pero eso no es así.

Según el FROB, los recursos propios de la Sareb serán en torno al 8% de los activos totales de la entidad. De ese 8% poco más del 4% sería aportado por el capital privado, que además no tendría que ser todo en capital ordinario, pues los accionistas podrían aportar una parte por medio de deuda subordinada, bonos de renta fija que pierden el derecho a cobrar los intereses acordados si se dan ciertas circunstancias establecidas en la emisión (entrada en pérdidas, bajos beneficios, etc.). Pongamos que los activos se adquieren por 75.000 millones. Los recursos propios podrían ser de sólo 6000 millones de euros, de los que los accionistas privados tendrían que haber aportado sólo algo más de 3000 millones de euros... pero no todo en efectivo, ya que una parte la pueden aportar en bonos subordinados suscritos por ellos, con el riesgo que ello implica. Así que con no mucho dinero podrían hacerse con el control mayoritario de la "mayor inmobiliaria" de España, con activos al menos 25 veces mayores que su aportación. Así consiguen dos cosas: la mayoría de los beneficios que la Sareb obtenga y el control de las decisiones tomadas para que no sean contrarias a los intereses que puedan tener fuera de la Sareb (los grandes bancos que podrían entrar como accionistas tienen sus propios activos inmobiliarios). De hecho, se sabe que el Gobierno estuvo barajando la posibilidad de que esas entidades accionistas pudiesen pagar parte de su capital entregando a la Sareb sus propios activos tóxicos. En este momento, parece haberse descartado, ya que según el FROB "Los bancos que transmitan sus activos no podrán ser accionistas de la Sareb ni estarán representados en su órgano de administración", aunque no está muy claro si eso se refiere sólo a los bancos rescatados (que, según el Memorando, sí podrían ser accionistas) o también a las entidades no rescatadas que participen en la Sareb.

Pero si los recursos propios son el 8% de los activos, ¿cómo se comprará el 92% restante del coste de la transmisión? Pues bien, todo indica que se hará con la emisión de deuda por la Sareb. Según el RDL 24/2012, "La sociedad podrá emitir obligaciones y valores que reconozcan o creen deuda sin que le resulte de aplicación el límite previsto en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital". Así, la Sareb podrá endeudarse sin cumplir el requisito habitual de que el importe total de las emisiones no sea superior al capital social desembolsado, más las reservas que figuren en el último balance aprobado y las cuentas de regularización y actualización de balances, lo que le da una excepcional capacidad de "apalancamiento". Capitales altamente especulativos financieros e inmobiliarios podrían implicarse en esta operación sobre la base de pequeñas aportaciones privadas de capital, de una fuerte inversión pública y un gran endeudamiento avalado por el FROB, lo que tal vez podría permitirles obtener importantes beneficios, incluso a corto plazo si comienzan vendiendo los mejores activos, con muy poco peligro para ellos y con una fuerte exposición pública al riesgo.

¿Por qué poco peligro para los accionistas? Si tienen más de la mitad de las acciones, ¿no tienen más de la mitad de la deuda? En primer lugar, el régimen de sociedades anónimas no carga sobre los accionistas las deudas de las sociedades, que responden con sus bienes societarios. Y, en segundo lugar, la deuda emitida por la Sareb estará avalada por el Estado. Es decir, si las cosas van mal, las pérdidas de los accionistas podrían equivaler el 4% del valor de compra de los activos, pero la sociedad (la nuestra, la común, no la "anónima") podría cargar con hasta un 96% (y más, ya se encarga el RDL 24/2012 de establecer la compensación adicional a dar a los compradores de deuda de la Sareb).

Para terminar de diseñar una situación de privilegio en favor de una Sareb bajo control privado, el RDL Ley 24/2012 excluye a la Sareb del criterio establecido por el Código Civil según el cual "Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho". Lo que esa norma establece es que si el acreedor vende a un tercero una deuda que está sometida a litigio, el deudor dispone de un plazo de nueve días, contados desde que se le notificó la cesión del crédito, para saldar la deuda sin tener que pagar su monto original sino sólo el coste de la compra para el nuevo acreedor más gastos e intereses por los días trascurridos desde el cambio de titularidad acreedora. Esta excepcionalidad es aún más llamativa cuando el objetivo marcado a la Sareb por el Memorando era recuperar lo invertido en la compra de los activos, lo que se lograría aplicando la regla general sobre recompra de deudas en litigio.

La Sareb estará al servicio de la acumulación de capital por unos cuantos grupos capitalistas. Es una acumulación no derivada de la creación de valor añadido, sino de la apropiación de valor añadido, de plusvalor en definitiva, generado en otros ámbitos. En el tipo de actividades a las que se dedicará la Sareb no se genera valor añadido. Pero será un instrumento más para que un sector del capital se apropie de parte del valor añadido global. En particular, para que esos capitalistas se apropien de parte del valor añadido que se deriva hacia los fondos públicos.

Alternativa

Habría otro camino. Desvincularse de los intereses de los grandes capitalistas y asumir la responsabilidad de que todos los fondos públicos utilizados para paliar el desaguisado financiero se destinen a proteger los intereses sociales, tanto de las personas depositantes como de las que necesitan un lugar para vivir. Concentrar en una única entidad todos los activos inmobiliarios de las entidades bancarias en las que se invierten fondos públicos es una buena idea, pero no así. Hace falta, en primer lugar, una entidad 100% pública. Hace falta, en segundo lugar, ir más allá del corto plazo y evaluar los usos que más rentabilidad social tendrían. Por ello, no habría que limitarse a un proyecto de venta de activos. En este país se necesita, cada vez con más urgencia, una red pública de alquiler social, en la que todas las personas con pocos medios encuentren una vivienda digna pagando un alquiler progresivamente proporcionado a sus ingresos. ¿Qué mejor ocasión que ésta?

En definitiva, de lo que se trata es de la contraposición entre dos lógicas: para una de ellas, la riqueza social sólo es un instrumento para la acumulación de capital y el enriquecimiento de pocos, para otra, la riqueza social lo es si sirve al bien común y a la vida de las personas.

Nuestros gobernantes son socios de los grandes capitalistas, de los más ricos. Ninguna ilusión en ellos: sólo manteniendo una continuada acción social que cada vez les deslegitime más será posible modificar o moderar sus políticas. Y sólo si les echamos y seguimos movilizándonos, con disposición de echar a cualquiera que vuelva a las andadas, podremos iniciar un verdadero cambio de rumbo al lado de los demás pueblos de Europa, que también sufren cada día ataques a sus derechos sociales.

Esto es lucha de clases. No lo olvidemos. Es posible que a alguien le parezca antiguo. Sí, tan antiguo como las condiciones de vida y trabajo manchesterianas del siglo XIX a las que quieren someternos. Sí, también tan contemporáneo como el "modelo chino" del siglo XXI pedido para España por el dueño de Mercadona. Si en China ha habido decenas de suicidios a causa de las condiciones laborales, en España ya ha habido suicidios provocados por los desahucios.

Ellos no van a rescatarnos. En nuestras manos está rescatarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, con unión y con acción. Sin ellos. Hay que echarles.