Si alguien me hubiera preguntado antes de producirse mi opinión sobre la acción llevada por miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores que entraron en dos supermercados andaluces, creo que habría dicho que no me parecía muy adecuada.
Una vez realizada, sin embargo, debo reconocer que su impacto social ha sido en líneas generales positivo, pues, por mérito propio y también por los despropósitos de la derecha gubernamental y mediática, ha puesto de relieve la situación de pobreza en que vive cada vez más población y la urgencia de medidas de apoyo a los sectores más necesitados que no se basen en la caridad sino en el reconocimiento de derechos humanos irrenunciables, entre ellos el derecho a comer. Además, el debate social creado favorece el planteamiento político de medidas urgentes como la creación de un ingreso mínimo garantizado.

Como acción dirigida a conseguir por ella misma alimentos para atender de inmediato a personas necesitadas, creo que habría sido poco eficaz, pues con otras formas de presión se podría lograr más alimentos, un tanto improvisada en lo que se refiere al destino a darles y un tanto "sustitutiva" en la medida de que no había un proceso de auto-organización de las personas destinatarias de la comida. Pero esa acción ha sido un acto político y sindical de desobediencia civil cuyo propósito, o al menos cuyo resultado, no era juntar unos kilos de alimentos sino generar conciencia social sobre lo inadmisible de lo que está ocurriendo y favorecer la lucha por el reconocimiento de derechos que deben ser atendidos.
Todo acto de desobediencia civil se caracteriza porque no se oculta. Por el contrario, su propósito es decir "hago esto consciente de que es ilegal y lo hago a cara descubierta contra una ley injusta o a favor de una ley justa". Es un acto totalmente diferente de quien obtiene comida por medios legales para atender comedores sociales y también es diferente del de quien robase en un banco para con ese dinero comprar comida para personas necesitadas.

En tanto que acto de desobediencia civil, pienso hoy que ha sido un acierto con resultados muy positivos, pese a que algunos aspectos particulares de la acción no me convencen. Ha sido un acto colectivo anticapitalista, no en tanto que "expropiación", de lo que apenas sería parodia, sino por desenmascarar la lógica de un sistema que propicia la acumulación de bienes sin uso a la vez que se acumula pobreza por fatla de acceso a esos bienes. Ha sido un acto ético, que pone al descubierto la hipocresía de unas élites y de unos medios de comunicación que protegen a los grandes defraudadores y a los corruptos mientras que piden la cabeza de trabajadores que nos llaman la atención sobre la pobreza que crece y sobre sus causas.

Contra su linchamiento mediático y contra la persecución que están sufriendo, estoy del lado del SAT. Cuando los diputados del PP votan en el Congreso recortar las prestaciones a las personas desempleadas, su acto es legal pero ilegítimo; cuando miembros del SAT sacan algunos carritos llenos de un super de una gran cadena, su acto es ilegal pero legítimo. E incluso dentro de la legalidad vigente, la represión subsiguiente y las detenciones son desmesuradas, más acto de venganza que aplicación de la ley. Mientras tanto, a los defraudadores a los que el Gobierno ha decidido amnistiar les advierte de que pueden mentir sobre la fecha origen del dinero que blanqueen porque no será investigada.
El carácter positivo e incluso "ejemplar" de esta acción no quiere decir que la estrategia a seguir sea su imitación indefinida, que derivaría en farsa mesiánica salvo si es ejecutada directamente por las personas que necesitan esa comida. Aquello de lo que las élites debe ser expropiadas no consiste en unos cuantos bienes de consumo. Lo que hay que erradicar es la apropiación privativa del poder, de la riqueza y de los medios de producirla. La acción del SAT no ha disminuido el poder económico de las grandes empresas capitalistas, pero ha erosionado un poco más un imaginario social hegemónico para el que la organización jerárquica, estatalista y capitalista de la sociedad es un horizonte irrebasable. Incluso puede haber incidido en la decisión final del Gobierno del PP de, por el momento, no eliminar el subsidio temporal de 420 euros.

A mi entender, el siguiente paso a dar sería la organización de una amplia campaña de presión, incluyendo quizá una iniciativa legislativa popular, para lograr un ingreso mínimo garantizado, en torno a la cual, claro está, diversos colectivos sociales podrían organizar iniciativas divulgativas de diversa índole. Una acción como la del SAT no pretende que una y otra vez hagamos lo mismo, sino impulsarnos para seguir camino o, mejor aún, para hacer caminos.
Las sociedades que permiten que algunos de sus miembros malvivan en la miseria, o incluso mueran de miseria, no son sociedades civilizadas, por mucho desarrollo técnico que tengan.