La "cuestión catalana" está que arde y más arderá con pirómanos "españolizadores". Los tiras y aflojas entre CiU y PP, socios en el capitalismo salvaje que propugnan, tienen algo de parodia, pero lo que está ocurriendo no es montaje, es realidad social. Gran parte de la población de Cataluña está harta de desprecios, de cerrazón, de engaños, de campañas de boicot al cava, de incomprensión. Harta de lo ocurrido con el Estatut de Catalunya, aprobado por el Parlament, en referéndum e incluso en las Cortes españolas, pero recortado por el Tribunal Constitucional, rancia cámara política no electa. Ese malestar ha ido creciendo, no sólo en nacionalistas catalanistas sino también en nuevos independentistas que propiamente hablando no son siquiera nacionalistas.

Los nacionalismos hacen discursos sobre derechos históricos. Aunque la historia influye en los sentimientos nacionalistas, la gente debe decidir, no la historia ni las tradiciones. Si hay "nación" española o catalana es porque muchas personas tienen algún sentimiento de pertenecer a ellas (no es mi caso, no creo en las naciones), y no puede ignorarse.

El obstáculo principal para una solución democrática a un conflicto que versa sobre opciones políticas legítimas que no afectan a los derechos humanos es que la opción defendida por un amplio y creciente sector de la población catalana no es realizable en el actual marco constitucional. Eso impide tanto la independencia como un diálogo en torno a unas reglas comunes en el marco voluntario del Estado "España". O se cambia la Constitución o será inevitable un conflicto prolongado y peligroso. Simpatizo con las tesis de un "federalismo asimétrico" o confederales, pero éstas sólo podrán defenderse con vigor una vez reconocido el derecho de secesión, de la misma forma que era difícil reivindicar activamente el derecho de secesión del País Vasco mientras que ETA seguía asesinando.

Las élites españolas y catalanas utilizarán los sentimientos nacionales para desviar y dividir la lucha contra los recortes. La única manera de eludir ese riesgo es hacer ver que la "españolidad" no puede imponerse por la fuerza en territorios con fuertes aspiraciones a la independencia. Hay que prestar apoyo al reconocimiento del derecho de secesión si así se decide de modo democrático. Ese derecho debe defenderse aunque se considere que la separación no favorecería a las gentes de Cataluña o de España. No creo que la independencia de Cataluña fuese el mejor camino, pero tampoco que fuese una tragedia salvo que hubiese una respuesta brutal por parte del Estado, de la que éste sería responsable.

La movilización del 11 de septiembre no fue de apoyo a CiU. Fue expresión de un hartazgo. De hecho, lo allí ocurrido también está vinculado al proceso de deslegitimación del régimen político vigente y de sus élites. Las actuales reglas del juego no son capaces de impedir que los de arriba abusen. En consecuencia, hacen falta otras reglas, otro régimen, más democrático. Aunque, en definitiva, las reglas y su aplicación dependen del conflicto social, de la constitución material de la sociedad, es decir, de su flujos de fuerzas. Para la gente común no habrá más democracia y más "constitucionalidad" que la que seamos capaces de defender con nuestra unidad y con nuestra acción. Del cotidiano poder constituyente de las gentes dependerá que el sistema siga deteriorándose hacia formas más autoritarias, que haya una "mejora" del régimen a través de reformas parciales positivas pero insuficientes o que, en algún momento, emane del bullir constituyente social algo nuevo y mejor, otro régimen (u otros), aunque nunca debamos olvidar que todo Estado es siempre una herramienta jerárquica al servicio de minorías privilegiadas y que nos queda mucho por recorrer hacia la libre asociación de las/los iguales.