La crisis española, como la griega o la portuguesa, es una crisis de las condiciones de vida de la mayoría de la población. La oligarquía gobernante se ha marcado el objetivo de destruir derechos ciudadanos y conquistas sociales que eran el resultado de décadas de luchas y de equilibrios y compromisos entre distintos sectores de la sociedad. Lo hacen sabiendo que esas políticas no sirven realmente a la reducción del déficit pues generan unas condiciones que empeoran el consumo y la actividad económica y, por tanto, socavan los ingresos públicos.

La orientación actual de la política de la Unión Europea alimenta este desmontaje del Estado social con el entusiasmo de las élites sociales que ven la oportunidad de atacar los sueldos reales y los derechos efectivos de la gente. En España, desde mayo de 2010, cuando el gobierno de Zapatero inicio el camino de los ajustes antisociales, hemos llegado a 2012, con el gobierno de Rajoy, al ataque sistemático.

La élite social agrede las condiciones de trabajo, los salarios, la educación pública, el derecho a la salud, con una brutalidad sin precedentes. Una minoría defiende sus intereses particulares poniendo a su propio servicio todos los instrumentos de un sistema político oligárquico enajenado de las necesidades de la gente y totalmente cerrado a formas de participación popular.

La oligarquía presenta y presentará planes cada vez más agresivos e irresponsables, en un ciclo infernal donde el empeoramiento de la mayoría es contemplado como el modo de preservar privilegios y poder. Es la misma oligarquía que protege a los grandes empresarios, a los responsables de las especulaciones y a los incapaces gestores públicos que debieron proteger a la gente y sirvieron a los grandes poderes económicos.

Toda una etapa histórica de conquistas sociales está en peligro. Como hemos dicho en otras ocasiones, en millones de personas está la capacidad de detener el golpe capitalista contra la sociedad y de expulsar del poder a esa élite corrompida y corruptora. Será una lucha prolongada y de su solución depende el futuro.

La ofensiva de las élites sociales ha dejado al desnudo la naturaleza de las instituciones como instrumento de los privilegiados. Se ha iniciado una crisis del régimen político. El régimen electoral deslegitimado, los partidos mayoritarios objeto de rechazo social, las instituciones, incluida la monarquía, crecientemente desprestigiadas.

Una parte de la sociedad ha iniciado la ruptura con el actual sistema que, con sus reglas electorales, fomenta un bipartidismo que favorece la permanencia de una capa consolidada de profesionales políticos respetuosos y conniventes con quienes tienen el poder económico y social. El 15-M ha expresado el inicio de esa ruptura: esperanza social y lucha contra los depredadores, cuestionamiento del régimen de las oligarquías.

La crisis del régimen es el producto de la simultánea confluencia de diversos factores. Por una parte, crisis de legitimidad por su puesta al servicio de los intereses de una minoría social. Por otra parte, incapacidad de renovación de una élite político-económica cada vez más aislada de la sociedad tras romper los consensos del Estado de Bienestar. A ello se une la crisis territorial latente que la movilización catalana del 11 de septiembre ha desencadenado en toda su amplitud.

Avanzamos hacia una crisis institucional de gran alcance cuya salida es incierta. Cuando la sociedad inicia una ruptura con la oligarquía política se abren caminos alternativos que pueden conducir tanto a la aparición de una nueva élite populista como a la emergencia de nuevos instrumentos de poder social.

No somos futurólogos. Nuestra única intención es reflejar y colaborar con las tendencias presentes en la sociedad española que favorecen un mayor control de las instituciones por la propia sociedad. No queremos cualquier cambio sino uno que aumente el poder de la gente sobre sus propias condiciones de vida y establezca nuevas formas de participación social y de control del poder.

El nuevo régimen que deseamos sólo nacerá de la hegemonía social de la gente frente a las élites. Esa hegemonía sólo puede nacer desde el convencimiento de la mayoría de la población de que son necesarias nuevas instituciones para defender sus condiciones de vida, asegurar su derecho a una participación efectiva en las decisiones que le afectan y evitar el monopolio elitista de las instituciones.

Una hegemonía de esa naturaleza no se improvisa, su desarrollo depende del proceso de la lucha contra los proyectos elitistas. El camino de una nueva hegemonía no admite atajos, exige un proceso complejo de construcción de una mayoría social en lucha por nuevas instituciones. Necesitamos un movimiento social unitario y combativo contra las políticas antisociales cuya dinámica implique una ruptura con las actuales élites, su lógica, su forma de entender el mundo. La dinámica constituyente del movimiento social no se proclama sino que derivará precisamente de la capacidad de articular las aspiraciones de la mayoría social.

El movimiento social puede convertirse en un movimiento constituyente si en sus métodos y objetivos incorpora una lucha por un cambio político:

- Que aumente la autonomía de las instituciones respecto a los grandes poderes económicos y los intereses particulares.

- Que sea parte de un proceso europeo e internacional de revisión de las instituciones democrático-electorales para impulsar las formas de participación social y el control sobre los gobiernos.

- Que asuma un nuevo equilibrio social basado en garantizar los derechos de ciudadanía y una distribución más justa de la riqueza.

Luchar por una nueva hegemonía significa mirar con nuevos ojos los viejos problemas y plantear nuevas cuestiones. No es un programa sino un proceso de reconstrucción social del dominio de la gente sobre sus propias condiciones de vida.

Momentos antes de enviar esta revista a imprenta, se anuncia huelga general para el 14 de noviembre, con alcance transnacional. Cuenta con nuestro apoyo.