Como ya es conocido, el ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón está preparando una reforma de la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, de la que se conocen pocos detalles dado que hasta el momento de escribir este artículo no ha mantenido contacto alguno con las organizaciones de mujeres que se lo han solicitado, aunque sí está confirmada, en principio, una entrevista de la plataforma Mujeres ante el Congreso con el Secretario de Estado de Justicia [esta entrevista ya ha tenido lugar, mi impresión personal es que ambas partes constatamos las grandes diferencias que nos separaban], que se ha reunido bastante antes con representantes de Hazte Oír y Derecho a vivir, lobbys integristas católicos que exigen la ilegalización total de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta forma de actuar junto con las declaraciones del ministro nos hacen pensar que se va a tratar de una reforma extremadamente restrictiva e ideologizada de la ley, en la que se pretende restringir aún más el aborto voluntario apartando el foco totalmente de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y del derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, en estos momentos de crisis en los que se pretende devolver a la mujer al papel más tradicional de encargada de los cuidados.

Uno de los detalles que antes salieron a la luz sobre esta reforma es su intención de suprimir el derecho a decidir de las jóvenes de 16 y 17 años sobre si continúan o no con su embarazo.

En 2003 fue aprobada la Ley de autonomía del paciente, que autorizaba a las y los menores a decidir sobre si someterse o no a intervenciones clínicas sin consentimiento de sus representantes legales, pero a la vez esta ley creaba una legislación de excepción ya que se remitía a la mayoría de edad en sólo tres casos: IVE, ensayos clínicos y reproducción asistida. “Casualmente”, dos de las tres excepciones tenían que ver con la sexualidad y la reproducción de las jóvenes.

En 2010 la reforma de la ley del aborto reconoce el derecho a decidir de las jóvenes a partir de junio de ese año, aunque se sigue manteniendo una legislación de excepción pues se obliga a las jóvenes a informar a sus representantes legales, lo que no es necesario para otras intervenciones sanitarias a no ser que impliquen un riesgo grave. Es cierto que la ley matizaba dando la posibilidad de no informar en caso de conflicto grave y si el personal que las atiende lo considera oportuno, pero esto deja la decisión fuera de la joven y retrasa la intervención, lo que puede crear problemas en una ley marcada por los plazos.

La reforma que propone Gallardón quiere dejar sin derecho a decidir a estas jóvenes. Hay que insistir mucho en esto porque, hasta el momento, muchos de los sectores que dicen defender la ley vigente callan sobre este aspecto.

Quienes se amparan en el alcance sanitario de la IVE para querer quitar el derecho a decidir a las jóvenes no ponen, curiosamente, objeción alguna a que estas jóvenes decidan sobre otras intervenciones sanitarias que pueden entrañar mayor riesgo, porque sólo se oponen en el caso de la IVE, lo que nos puede dar una pista sobre sus verdaderas motivaciones. Por otra parte, si una joven quiere abortar y esto depende de la decisión de personas que se pueden oponer la joven podría recurrir al aborto clandestino, lo que puede poner en peligro su salud e incluso su vida.

Tampoco hay motivo alguno para pensar que la decisión que tomen sus progenitores sea mejor para la joven que la que tome ella misma; por otra parte el entorno familiar no es siempre el lugar comprensivo, protector e idílico que nos gustaría, desgraciadamente bastantes veces no es así, la mayor parte de los abusos sexuales a menores se dan en el entorno familiar y también los malos tratos y la violencia machista.

Imponer un aborto a una joven que quiere parir o imponer un embarazo y la maternidad a quien no la quiere son actos de violencia física y moral contra las jóvenes.

Por todo ello, parece que las causas de los antielección no son ni la preocupación por la salud ni el bienestar de la joven, sino que esconden motivos ideológicos contra el aborto en general y en particular motivos de control de la sexualidad de las jóvenes.

Una reforma justa sería una reforma en la que las jóvenes no tengan la obligación de informar. En la mayoría de los casos, cuando existe confianza y buena relación familiar, las jóvenes se hacen acompañar durante el proceso por familiares, y en los casos que no es así obligarlas a hacerlo puede llevarlas a decisiones peligrosas.

Espacios

También ha salido a la luz la intención del Gobierno de acabar con el plazo de 14 semanas de libre decisión que da la ley actual y la de suprimir todos o algunos de los supuestos relacionados con anomalías fetales, lo que ha planteado debates en los que han quedado en evidencia, a la hora de oponerse a esta contrarreforma, las debilidades ideológicas y prácticas de la actual ley que mantiene el aborto dentro del código penal, da unos plazos muy cortos de libre decisión, otros más largos (22 semanas) en caso de grave riesgo de anomalías fetales y permite el aborto durante todo el embarazo, bajo ciertas condiciones, en caso de que esas anomalías sean incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves e incurables, a la vez que restringió el derecho a abortar por riesgos para la salud o la vida de la mujer embarazada que había sido reconocido en la ley de 1985 y que en 2010 fue quitado a las mujeres con embarazos de más de 22 semanas. Las dificultades para defender coherentemente por qué en algunos casos se puede abortar y en otros no han mostrado de nuevo que sólo la lucha por el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, su vida y su maternidad como personas con capacidad ética y moral y sin tutelajes ajenos nos puede dar la fuerza social e ideológica para parar la ofensiva de Gallardón.

Entrar en debates sobre cuáles son los plazos adecuados, cuándo comienza la vida o qué tipos de fetos pueden tener unos “derechos” que otros no tienen nos lleva a perder la batalla y a dividirnos. Todas las causas y todos los motivos que pueda tener una mujer para interrumpir un embarazo deben de ser válidos, pues son sus motivos y sólo ella puede valorarlos, mientras que en cambio resulta mucho más polémico el que un feto consecuencia de una violación o con una malformación tenga menos “derecho” a llegar a término que los de otras características. Sin embargo, cuando se da prioridad a la decisión de la propia mujer, no hay que preguntar sus motivos, todos valen.

Por todo lo anterior, la reforma que propone el ministerio de Justicia tiene que ser paralizada y, sin dejar de oponerse al recorte de cualquiera de los derechos ya reconocidos, debemos pedir también que la ley actual sea reformada pero para mejorarla, empezando por regular la IVE fuera del código penal (*). Este Gobierno no lo hará, pero hay que mirar al futuro.

(*) Aunque dentro del feminismo hay diferentes enfoques sobre la regulación del aborto, la petición de despenalización de la IVE ha sido muy compartida. Se pidió en las movilizaciones de finales de 2007 y comienzos de 2008 contra las persecuciones a mujeres y clínicas; el manifiesto firmado por muchas entidades que convocaba una manifestación el 23 de enero de 2009 en Madrid, pedía que el aborto “deje de estar considerado como delito en el Código Penal”. La carta a Bibiana Aído enviada en 2008 y firmada por unas 1100 personas decía que la IVE “debe ser tratada en un ámbito sanitario y no en el Código Penal”. El manifiesto “Mujeres ante el Congreso” de 2009 pedía “que el aborto se regule en una ley específica y deje de estar tipificado como delito regulado dentro del Código Penal, siempre y cuando no se realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia”. El manifiesto “Nosotras decidimos”, también de 2009, pedía igualmente “Una Ley específica en materia de salud sexual y reproductiva que elimine la tipificación del aborto como delito dentro del Código Penal”. La carta enviada por la plataforma Mujeres ante el Congreso a Gallardón en junio de 2012 denunciaba “La criminalización que se hace del aborto voluntario al permanecer como delito regulado dentro del Código Penal, algo injustificado salvo cuando se realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia”. El manifiesto, también de 2012, “Decidir nos hace libre” decía “denunciamos la arbitrariedad en el manejo y uso del concepto ‘derechos’ y que la aceptación de los derechos humanos de las mujeres es incompatible con su regulación en el Código Penal. Afirmamos, por el contrario, que donde hay ‘derechos’ no hay ‘supuestos’ y que el ejercicio de un derecho no es punible”.No hay razones para renunciar a la exigencia de despenalización de la IVE. En eso, parece que hay un amplio consenso feminista.